Nueva York, mayo
(SEMlac).- La violencia sexual sistemática perpetrada por miembros del clero de
la Iglesia Católica en este y otros países llevó al no gubernamental ni
confesional Centro de Derechos Constitucionales de los Estados Unidos (CCR por
sus siglas en inglés) a representar a víctimas denunciantes de esas presuntas violaciones
a los derechos humanos en un caso ante la Corte Internacional Penal.
El CCR representa a la Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), creada en Chicago en 1988. La Red no gubernamental nació hace dos décadas en Ohio, Estados Unidos, y se extendió por el mundo, hasta contar hoy día con más de 9.000 afiliadas y afiliados.
Barbara Blaine, trabajadora social estadounidense, fundadora y presidenta de SNAP, explicó a SEMlac que hace apenas dos semanas presentaron un suplemento adicional del caso a la Corte Internacional Penal, porque la respuesta ha sido tan grande que ya cuentan con 500 casos adicionales provenientes de 65 países más.
El CCR es dirigido por sobrevivientes "para proteger a niños y adultos vulnerables, poner fin a la violencia sexual e impedir que otros vivan los graves daños sufridos por víctimas y sobrevivientes y los riesgos que corren muchos católicos mientras no se haga justicia", dice su pronunciamiento.
Cinco querellantes individuales -víctimas y sobrevivientes de esa forma de violencia- presentaron el 13 de septiembre del año pasado los primeros casos ante la Fiscalía de la Corte Internacional.
Sus testimonios concretos documentan tres décadas de tales abusos contra más de 100.000 personas que, durante su niñez y adolescencia, fueron presuntamente abusadas por sacerdotes.
El número de casos va en aumento cada año desde que se presentó el primero y se hizo público para que la gente pudiera acudir a presentar sus querellas.
"Ha sido masiva la respuesta", dijo Blaine, también una sobreviviente que fue molestada sexualmente por un sacerdote en su infancia. Cuando quiso denunciarlo, las posibilidades legales ya habían proscrito de acuerdo con las leyes en su Estado.
"Nos fuimos a la corte internacional porque, después de años de trabajo individual de sanación y de buscar que las iglesias locales se responsabilizaran, nos dimos cuenta de que el único interés de los jerarcas y sacerdotes es cuidar su prestigio, no a las niñas y niños", sostuvo.
Aclaró que se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer justicia era llevar los casos al más alto nivel para que esto no les ocurriera a otras personas. "Hemos intentado todo en los países y nada ha funcionado, además de que sigue ocurriendo; por eso queremos llevarlo a la justicia para que allí se les impugne y se les impida seguir ejerciendo un cargo que les permite continuar en lo mismo", argumentó.
Una de las querellantes es una mujer de 21 años de edad que reside actualmente en el estado de Minnesota, Estados Unidos, quien narra que a los 14 y 15 años de edad fue violada reiteradamente por un cura católico visitante en su parroquia.
Pese a que el caso fue presentado en las cortes locales por la sobreviviente y sus familiares y el sacerdote fue buscado por la INTERPOL (Policía Internacional) para extraditarlo, luego de una investigación, las autoridades de la Iglesia rehusaron colaborar para que el cura pudiera ser procesado en el lugar de los hechos.
El caso en Corte busca asegurar que se reconozca la responsabilidad individual de los autores de esos delitos para que no puedan seguirlos cometiendo. Pretende exigir la imputación de responsabilidad de quienes perpetraron esos actos, pero también de quienes los ocultaron, ignoraron y encubrieron, que aparecen nombrados en los documentos.
Entre los mencionados como responsables de violencia sexual en la Iglesia Católica aparece, en primer lugar, el propio Papa Benedicto XVI, por ser el máximo jerarca de la institución desde 2005 y por haber estado al frente, entre 1981 y 2005, de la Congregación para la Doctrina de Fe, la entidad eclesial responsable del manejo de los casos de violencia sexual denunciados ante la Iglesia. Otros cardenales de menor rango están también nombrados por omisión.
Blaine piensa que el caso internacional es lo único que pude obligar a los responsables a hacer lo que les correspondía como autoridad: parar los crímenes, sacar a los perpetradores de sus cargos o difundir un edicto advirtiendo que cualquier obispo que contrate a un sacerdote abusador será castigado.
El Papa también puede publicar la lista de perpetradores de los delitos para que los padres y madres sepan quiénes son y protejan a sus hijos; impugnar a las iglesias que protegen fugitivos de la justicia, y premiar a quienes denuncian los abusos.
Existe presunta evidencia de que los altos jerarcas de la Iglesia Católica mantuvieron un silencio cómplice y, en muchos casos han obstruido la posibilidad de justicia, destruyendo pruebas y desplazando a los curas denunciados ante las cortes locales de diversos países a otras regiones o naciones donde también continuaron incurriendo en los delitos de violencia sexual contra infantes.
"Ahora, en la desesperación por la masividad de las denuncias, están persiguiendo a la gente con el fin de solicitar legalmente los archivos de pruebas e intimidar", dijo Blaine, quien afirma tener pruebas de que ello ha ocurrido en Illinois y Kansas City en Missouri, Estados Unidos.
Los tribunales de la Corte Internacional Penal con sede en La Haya, Holanda, son de carácter independiente de cortes locales y cuentan con su propio estatuto, conocido como el Estatuto de Roma, por el lugar en que fue diseñado.
Poseen un cuerpo de 18 jueces y un fiscal. Los Tribunales fueron creados en 2002 y tienen jurisdicción para procesar delitos graves que producen preocupación transnacional, más allá de las fronteras nacionales de cualquier país y para juzgar los males cometidos contra delitos tipificados por los derechos humanos.
Paralelamente al caso en la Corte Internacional, el grupo SNAP permanece activo en cada uno de los países, denunciando a sacerdotes pedófilos y demandando justicia. En México, en marzo pasado, miembros del SNAP y víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en ese país habían solicitado audiencia al Papa Benedicto XVI en su visita a la nación azteca, pero ni siquiera recibieron respuesta.
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