Segundo Informe sobre la Situación de las y los defensores de derechos humanos en las Américas Grupos de Defensoras y Defensores en especial situación de riego

Participación de Lucha Castro del Centro de Derechos de las Mujeres de Chihuahua, México

 Agradecemos el gesto de  solidaridad al compartir el trabajo profesional, objetivo y sensible realizado por la CIDH, que refleja el cumplimiento de su misión  en la defensa de los DDHH. Sabemos de la tensión  que viven,  por  la presión de nuestros gobernantes  latinoamericanos quienes insisten en que se comporten con más “prudencia“, y se limiten a hacer actividades de promoción en lugar de protección y denuncia.  Qué bueno que han resistido, como nosotras lo hacemos cada día. 

Es una alegría contar con el informe  que da cuenta de que nuestras historias de vida personal y comunitaria importan, que la vida cotidiana que sufrimos en soledad y temor está acompañada y es validada por una instancia de tanto prestigio,  pese a los intentos de arrancar sus alas de libertad.

La emoción me embargó  cuando recibí la invitación, seguida de la preocupación por  cumplir con las expectativas  de un informe  tan amplio y útil que abarca todas  las temáticas del continente, solo en 15 minutos.  El tiempo asignado me da un buen pretexto para ubicarme en el contexto mexicano, que no es ajeno a la realidad de Latinoamérica.

 El informe no tiene desperdicio alguno en la enumeración de la realidad de las y los defensores en el continente: líderes sindicales, campesinos, indígenas,  afro descendientes, del  medio ambiente sano,  los derechos de las personas LGTBI y por supuesto las defensoras de derechos humanos cuyo testimonio ocupará mayoritariamente mi atención. 

Este informe  si bien no particulariza,  nos ilustra sobre qué cosas podemos exigir a nuestros gobiernos  y que recomendaciones son pertinentes, tiene valor porque además la realidad plasmada fue  retroalimentada por  el testimonio de los sueños, el sufrimiento y la sangre de quienes tomaron  la decisión de defender los derechos humanos.   

Los testimonios de las luchas de los pueblos latinoamericanos en la defensa de sus derechos, contenidos en este informe,  si bien no abarca los miles de casos que permanecen en el anonimato, son una excelente aproximación de la cotidianidad de obstáculos que enfrentamos las y los protagonistas. Asimismo, el capítulo da cuenta de la respuesta de los estados, lo mismo Guatemala que Colombia, Honduras o México. Parecería que todos los gobiernos  coinciden en  la estrategia de deslegitimar, no investigar y criminalizar.

Por lo amplio del tema comentaré algunos de los incisos de este capítulo, esperando dejarles la inquietud de leer todo el amplio texto.

El especial riesgo de quienes tutelan  los derechos laborales.  El informe señala que cito textualmente: “el continente americano continúa siendo el más peligroso del mundo para quienes ejercen la defensa de los DDHH laborales. A manera de ejemplo, en el 2010 de la cifra mundial de 90 asesinatos, el 83% se cometió en  América, el informe muestra la preocupación en  países como Colombia, Honduras, Guatemala y Venezuela “.  Este tema me hizo recordar las luchas sindicales en México de los electricistas, Mexicana de Aviación, los mineros y los maestros que integran el SNTE, el más grande sindicato de las América, obligados a conseguir votos para su lideresa Elba Esther Gordillo y venderlos al mejor postor.  Tiene razón la CIDH en cuanto al  uso abusivo del derecho, ayer  unos  maestros  de CONALEP  de Chihuahua fueron despedidos por el cuñado del gobernador (Director de CONALEP) al intentar registrar un sindicato independiente.

En relación al riesgo especial de quienes luchan por un ambiente sano,

Como lo reconoce el informe los proyectos desarrollados por industrias extractivas se da como consecuencia de la conclusión de tratados de libre comercio y los compromisos de aumento de la inversión extranjera, por lo que las y los defensores enfrentan a trasnacionales que buscan: la privatización del agua, explotación de  minas, y bosques. Para “garantizar”  esta explotación, las transnacionales contratan guardias privados o grupos paramilitares quienes aniquilan, amenazan y hostigan a quienes  defienden el medio ambiente. Además, es frecuente que se usen a los medios de comunicación para estigmatizar a estos defensores de la madre tierra como enemigos del desarrollo. Gobiernos que manipulan el derecho  para encarcelar a defensores y defensoras casos documentados de Brasil, Salvador, Guatemala, Honduras,  Ecuador,  Panamá, Perú y por supuesto, México.  Según datos del TPP capitulo México, el 25 % del territorio nacional fue entregado a empresas mineras para su explotación.  

Las y los defensoras / es de los trabajadores migratorios y sus familias.

La comisión y la Corte en su opinión consultiva se han pronunciado sobre el tema. Destacan las detenciones y la falta del debido proceso. 

Sobresale México, por ser  uno de los principales países de origen, transito, destino y retorno de migrantes.  Según la Secretaría de Gobernación al año ingresan 150 mil migrantes indocumentados, según las organizaciones de la sociedad civil, son 400 mil.

Por supuesto que a  las detenciones que realiza el estado mexicano violatorios del debido proceso y libertad personal, se  suma el contexto de militarización y presencia del crimen organizado con la complicidad de cuerpos policíacos que participan en  secuestros, desapariciones y asesinatos de miles de indocumentados.

La CNDH informó  que entre  septiembre de 2008 a febrero de 2009 conocieron de la privación de la libertad a 9,758 migrantes. 

¿Cómo no indignarse ante la pasividad del gobierno mexicano, frente a  las madres que este 10 de mayo  marcharon para exigir que busquen a sus hijos e hijas, muchos de ellos migrantes centroamericanos? ¿Cómo no indignarse cuando grupos criminales y el propio estado manipulando el tipo penal de tráfico de personas procesa  a defensoras y defensores de derechos humanos que ofrecen albergue a migrantes y además los estigmatizan como  protectores de delincuentes?  

Despliegan a los cuerpos policíacos para investigar y encarcelar a estos defensores o defensoras, como a Concepción Moreno, de Querétaro, pero no actúan con esa diligencia cuando se trata de investigar a quienes abusan de los migrantes, incluyendo a los funcionarios que trafican con ellos o son cómplices de los abusos. 

La impunidad es una violación autónoma, se lo acabo de aprender a Silvia Serrano, en el taller de hace dos horas.

México ofrece una amplísima gama de casos, tal vez los más conocidos son  los de los sacerdotes Pedro Pantoja y José Alejandro Solalinde, ambos con medidas cautelares desde abril del 2010, como no indignarnos si no cierra le herida de San Fernando, donde se encontraron más de 70 cuerpos de migrantes, cuando se abre otra cada día como la de Cadereyta, Nuevo León.

Todo este horror, en medio de la política de simulación del estado mexicano y  el especial riesgo lo constatamos  con la ausencia que duele del padre Solalinde.

El especial riesgo de las defensoras de derechos humanos.

Como el de Blanca Velásquez de Puebla; Betina y Alba Cruz de Oaxaca, Lidya Cacho de Cancún, las compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, que acompañamos y litigamos a víctimas de violencia feminicida, trata, violencia sexual y familiar, tortura, desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales, todo esto en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Abrazadas por  las convenciones de Belén Do Pará y  la CEDAW, las defensoras de derechos humanos enfrentamos riesgos particulares, bajo el alentador  reconocimiento a la especificidad de la resolución AG/RES 2579 ( XL-0-10) de la Asamblea General de la OEA.

El precio que se paga por ser una defensora de derechos humanos tiene un altísimo costo al menos en Chihuahua, desde donde vengo. La oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, señala en su informe entre el compromiso y el riesgo, que este es el lugar más peligroso de México para defender los derechos humanos. 

Vivimos en un mundo patriarcal en donde a diario luchamos por cuestionar y cambiar los roles y estereotipos de género, llevamos a cuesta  los riesgos particulares  a raíz de la discriminación histórica. Sin duda, esto  agrava las causas que promovemos, la participación de las defensoras desafía el patriarcado y convoca a construir nuevos  paradigmas, y eso no les gusta a muchos.

Es muy importante el énfasis que señala el informe sobre las dificultades del trabajo de las defensoras en situación de conflicto armado, tal como sucede actualmente en Chihuahua, en donde las madres, las hermanas, las hijas y las mujeres en general, han asumido un rol activo en la defensa de los derechos humanos de los varones de la familia que han sido torturados, desaparecidos, asesinados. 

El informe de la CIDH habla de Josefina y Malena  Reyes, de Susana Chávez  y por supuesto de mi querida compañera Marisela Escobedo.  No es casual  que los feminicidios cometidos en vs. de defensoras de Chihuahua, es el lugar del planeta que mas asesinan mujeres en el mundo. Según las cifras del INEGI, tan sólo en 2010, Chihuahua presentó una tasa de 34 asesinatos por cada 100 mil mujeres, el promedio mundial es de menos de 3. 

La Comisión acierta en ubicar la problemática en la aplicación de estereotipos de género en el lenguaje y razonamiento de los operadores del sistema de justicia, a cargo de investigar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, tal como lo relaciona la Corte con la sentencia de campo algodonero,  y por supuesto  la fuerte estigmatización en sus comunidades,  de quienes se convierten de victimas en defensoras de derechos humanos como el caso de Inés y Valentina que además cargaron con el  obstáculo adicional por su calidad de indígenas. 

Por ejemplo se nos acusa de atentar contra los valores morales y  de la familia al defender los derechos sexuales y reproductivos o a la personas lésbico-gay. Nos acusan los gobiernos conservadores, las iglesias que desde el  púlpito condenan a personas, partidos u organizaciones  propiciando un ambiente de linchamiento para las y los defensores de las personas LGTBI. Esto lo saben bien las católicas por el derecho a decidir,  

Por eso aplaudo la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Atala, la mujer, jueza, chilena y lesbiana a quien se le negó la custodia de sus hijas por su orientación sexual. La Corte no hubiera resuelto este caso, de no ser por la valentía de la Comisión de aceptarlo y luego enviarlo a la Corte. Es el primer caso en el que el sistema interamericano se pronuncia sobre una discriminación por razones de orientación sexual.

Las defensoras que levantamos nuestra voz ante la CIDH nos exponemos a un riesgo adicional a los ya cotidianos de hombres violentos con sus parejas, o  violadores, tratantes de personas, agentes estatales y no estatales, todo esto  en un contexto militarizado  y machista, con gobiernos que simulan y manipulan como la del gobernador Duarte de Chihuahua, que presumió  el reconocimiento de la CIDH por haber erradicado la tortura y el feminicidio en Chihuahua. Nosotras respondimos con cifras, y entonces el Fiscal General  del estado nos acusó de inventar desapariciones forzadas para acudir a la CIDH y  el gobernador Duarte nos acusó de vivir de exhibir al estado y de lucrar. 

La respuesta a mi presencia en este informe fueron las declaraciones  de antier, los que viven de hablar mal de chihuahua que se vayan, dijo el gobernador.  Con esta situación de linchamiento, cómo hacer posible  las recomendaciones del informe? ¡Es una buena pregunta¡

Finalmente leer y releer el informe me hizo enfrentarme a las luces y sombras que acompañan los pasos de los y las defensores de derechos humanos, en cada párrafo me encontré  a alguien conocido, al menos sabía de su lucha por las redes  que las y los defensores hemos tendido, como manera de saber que no estamos solas…, hoy mismo los correos se encuentran saturados de peticiones de acciones urgente por defensores en riesgo, muchas de ellas  y ellos son parte de este auditorio.

Termino con algunas frases que les escuché a dos defensoras de DDHH entrañables, con quienes compartí  la utopía de que otro mundo es posible, y con quienes hasta hace poco compartí también pláticas, risas y foros como éste. Tiempo después las mataron. 

A Marisela Escobedo le escuché decir: “no quiero que la sangre de  mi hija  sea en vano, ojala que sea el último femincidio en Ciudad Juárez”.  Su asesinato y el de su hija Rubí continúan impunes. 

Hago mías las palabras de Bety Cariño:  “Documentamos  la violación de derechos humanos para no  olvidar, para conservar la memoria histórica en la cabeza y en el corazón de quienes están torturando, quienes queman  nuestras casas, nos amenazan,  violan, desaparecen y asesinan a nuestros hijos e hijas”.

Gracias  a la CIDH para el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua la invitación a presentar el informe es un logro, es un reconocimiento a la labor que realizamos.

Ante la situación especialmente difícil que hoy nos encontramos las y los defensores de derechos humanos en México,  nosotras somos parte del aumento de las estadísticas del 42%  de medidas cautelares a las que se refirió el subsecretario Max Alberto Diener, por lo que a  pesar de contar con las MC 55 -2008  como en nuestro caso y la importancia de este informe la pregunta obligada es  QUIEN SIGUE? 

Muchas gracias.