A continuación se reproduce la segunda parte del Capítulo 1 del libro Atenco: seis años de impunidad, seis años de resistencia, el cual se puede descargar gratuitamente en el blog del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Italia, Claudia,
Edith, Patricia, Cristina, Ana María, Yolanda, Norma, Mariana, María Patricia,
Suhelen y 36 mujeres más siguen sin obtener justicia por los abusos y tortura
sexual en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006. La policía estatal, a cargo de
Peña Nieto del PRI; la municipal, del PRD y la federal, del PAN, todos muy
coordinados, perpetraron en 2006 el ataque represivo sobre el pueblo de Atenco
y los integrantes de la Otra Campaña que solidariamente acompañaban al FPDT.
Como no han encontrado justicia en México, las Mujeres de Atenco se
vieron obligadas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), instancia que admitió el caso en noviembre del 2011 y que próximamente
dará una sentencia.
1.2 LA TORTURA
SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE REPRESIÓN ESTATAL
“La violencia sexual contra la mujer tiene
por objeto enrostrar la victoria a los hombres del otro bando, que no han
sabido proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación del enemigo.
Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres” 8.
El caso de la
tortura sexual perpetrada contra las mujeres de Atenco se inserta en un
contexto de exigencia de derechos y de lucha social. Los hombres y las mujeres
que se organizaban por la exigencia de sus derechos fueron identificados como
enemigos o detractores del Estado, quien vio necesario silenciarlos de forma
brutal. Atenco fue el espacio de una violencia particularmente dirigida en
contra de las mujeres. A través de las fuerzas policiacas, el Estado buscó
desmovilizar y generar miedo con la perpetración de la tortura psicológica,
física y sexual, como un claro castigo por haber retado al patriarcado y por no
encontrarse en el lugar históricamente asignado a las mujeres.
De acuerdo con el
Informe del Secretario General de la ONU, “la violencia contra la mujer
cometida o tolerada por el Estado, — ya sea por conducto de sus agentes o
mediante políticas públicas — puede perpetrar violencia física, sexual y psicológica
contra la mujer. Se entiende por agentes del Estado todas las personas
facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado – miembros de los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley,
funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de los
lugares de detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas
militares y de seguridad”9.
Además, ha
caracterizado este tipo de actos como susceptibles de constituir torturas,
especialmente cuando las mujeres se encuentran privadas de su libertad. Al
respecto ha determinado que “La violencia contra la mujer en situaciones de privación
de libertad en celdas policiales, prisiones, instituciones de bienestar social,
centros de detención de inmigración y otras instituciones del Estado constituye
violencia cometida por el Estado. La violencia sexual, en particular la
violación, cometida contra las mujeres detenidas se considera una violación
particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de
su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir
tortura”10.
Sin embargo,
ciertas formas de violencia contra la mujer no están suficientemente
documentadas. Esto es así el feminicidio, la violencia sexual contra la mujer
en los conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos, el
acoso sexual y la violencia en situaciones de privación de libertad, entre
otras 11. Así lo ha considerado también la Relatora especial sobre
Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, al referir
que “Si bien hay información anecdótica, se dispone de pocos datos acerca de la
violencia contra la mujer en los establecimientos de salud, en particular los
establecimientos de salud mental. Análogamente, la información acerca de la
violencia contra la mujer en las prisiones, centros de detención y otros
establecimientos penitenciarios no es de fácil acceso. Tal información debería
ser reunida principalmente por los ministerios de salud pública y justicia, así
como por instituciones independientes de investigación”.12
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) ha retomado lo establecido por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que señala que
la “[…] discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir, la
violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de
índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y
otras formas de privación de la libertad”13. Además, ha reconocido
la particular gravedad de algunas formas de violencia que afectan de manera
especial a las mujeres14.
En relación a la
violencia sexual, la CorIDH ha manifestado que ésta es una forma de violencia
específicamente dirigida contra la mujer y ha referido que “[…] siguiendo la
línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
considera que la violencia sexual se configura con “acciones de naturaleza
sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de
comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no
involucren penetración o incluso contacto físico alguno 15.
Además,
agrega que: “en particular, la violación sexual constituye una forma
paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso,
trascienden a la persona de la víctima”16. Precisamente, una de las
formas más reprochable de agresión sexual es la violación sexual, en especial
cuando ésta es cometida por un agente del Estado. En palabras ese Tribunal
Interamericano, es “un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta
la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”17.
Las once mujeres
denunciantes de tortura sexual que han persistido en su lucha durante seis años
han sido conscientes de las consecuencias y afectaciones a raíz de las graves
violaciones a los derechos humanos en contra de su dignidad. De manera
reiterada, ellas han manifestado estar conscientes de que la estrategia del
Estado aquel mayo de 2006 fue desmovilizar a una comunidad fuerte y quebrantar
un movimiento que tenía exigencias legítimas de lucha por sus derechos, sus
tierras y la igualdad.
________________________________________
7 Ibidem.
8 Informe de
la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,
Radhika Coomaraswamy, E/CN.4/1998/54 (1998), párr. 12.
9 Informe del
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Estudio a
fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, A/61/122/Add.1,
6 de julio de 2006, párr. 139
10 Ibid., párr.
140 y 141
11 Ibid., párr.
222
12 Op. Cit.,
Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y
consecuencias, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de enero de 2006, párr.
235
13 Cfr. CorIDH. Caso
del Penal Miguel Castro Castro v. Perú. Sentencia de 26 de noviembre de
2006. Serie C No. 160., párr. 303.
14 Op. Cit.,
Informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, párr.
290, 298 y 306.
15 Op. Cit.,
CorIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro v. Perú, párr. 306.
16 Corte IDH. Caso
Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie
C No. 216, párr.
109; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de
2010 Serie C No.
215, párr. 119.
17 Op. Cit., Caso
del Penal Miguel Castro Castro v. Perú, párr. 311.
Mujeres
y la Sexta
Abajo y
a la Izquierda con Todo el Corazón
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