Karina M. Ortiz Guerrero
Aunque en
este caso más bien se trata de “el Presidente dice…”. ¿Y qué dice el
Presidente? ¡Ah! Pues dice que todas las entidades y dependencias de la
Administración Pública Federal (APF) tienen hasta el próximo mes de junio de
2012 para obtener la certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad
Laboral entre Mujeres y Hombres[1] (en adelante la Norma).
La
NMX-R-025-SCFI-2008, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) en coordinación con instancias del sector público, privado y social, se
desarrolla en el marco de la Política para la Igualdad Laboral que se
desprende de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
(2006). Esta Norma representa un gran logro para las mujeres en materia de
derechos laborales y se suma al marco jurídico internacional y nacional que
protege sus derechos humanos, apuntalando un nuevo ejercicio institucional libre
de prácticas discriminatorias, violentas, desiguales e inequitativas en función
del género.
Su objetivo
es: “Establecer los requisitos para obtener la certificación y el emblema que
comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la
igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral
adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y hombres”[2].
De tal
manera que, a través de este instrumento, las organizaciones públicas, privadas
y sociales pueden autenticar que cuentan con una política integral y
transversal en los siguientes aspectos (que son los ejes contemplados en la
Norma): igualdad y no discriminación; previsión social y conciliación
trabajo-familia; un clima laboral adecuado; accesibilidad y mobiliario
ergonómicos, así como libertad sindical.
Es así que,
el 8 de marzo de 2011, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres, el Presidente Felipe Calderón instruyó a las dependencias y
entidades de la APF para que, en un plazo no mayor a cuatro meses, “se sometan
a la certificación, para garantizar así que no incurran en prácticas
discriminatorias”[3]. Para aquellas dependencias y entidades que no
lograron cumplir la meta, se dio como plazo el mes de junio del presente año, y
alguien inocentemente preguntó “¿Por qué junio?”.
Pues a
colación de este tema, en un foro al que acudí hace un par de semanas, comencé
a hacerme algunas preguntas –que creo no debí de haber compartido en voz alta,
porque parte de la audiencia no las recibió con mucho agrado-: ¿Un mandato
presidencial puede transformar la realidad? Es decir, el hecho de que toda
(pero toda) la APF cuente con dicho certificado ¿garantiza que en sus espacios
se respetan los derechos de las mujeres? ¿Qué los casos de maltrato laboral,
acoso y hostigamiento sexual están siendo atendidos conforme al debido proceso?
¿Qué los permisos para la formación profesional del personal no se otorgan a
discreción? ¿Qué el salario es proporcional con la carga laboral? ¿Qué los
ingresos y promociones se otorgan con base en el mérito y la experiencia? ¿Qué
cualquier trabajador/a se puede afiliar a un sindicato sin ser visto/a como
subversivo/a?
Por otro
lado, un tema que también puse en la mesa fue el del personal contratado bajo
el régimen de honorarios, ya que esta Norma solamente aplica para el personal
de estructura, cuando un buen porcentaje del sector público se conforma por
personal de honorarios, quienes ven minadas sus condiciones laborales frente a
la incertidumbre y vulnerabilidad que representa la falta de derechos y
garantías. Entonces, lo que yo dije en aquella reunión fue que tal vez en
algunos casos, repito, sólo en algunos casos, la certificación en la Norma para
la igualdad laboral no es más que un acto de obediencia al mandato
presidencial, es decir, un papel más, no un acto de voluntad política y
compromiso con la igualdad y equidad de género que se traduzca en condiciones
laborales dignas para toda la plantilla de personal.
¿Cuál fue
la respuesta? Por supuesto hubo una mala interpretación de mis palabras, como
si yo estuviera descalificando los diversos logros que se han tenido en ciertas
dependencias federales, como si no valorara los avances en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, o los esfuerzos de servidoras y servidores públicos
que se comprometen con la causa, que promueven, impulsan, negocian y que van
abriendo brecha a los temas de género hasta lograr su inserción, paso a pasito,
en la medida que el desconocimiento, los prejuicios, los temores y los
intereses personales y grupales lo permiten. Pues estos procesos son paulatinos
y de largo plazo.
De ninguna
manera estoy anulando el trabajo de mis compañeras y compañeros, al contrario,
llevo algunos años en la lucha por reivindicar los derechos humanos de las
mujeres y tratando de dar vida a los logros de nuestras predecesoras en
diferentes espacios. Soy feminista y me formé en los estudios de género, pero
como manifesté en un escrito anterior, no sólo soy feminista fuera de mi
horario laboral. Con esto quiero decir que el feminismo y la perspectiva de
género me han transformado de tal manera que no puedo separar mi ideología del
servicio público, o mis conocimientos teóricos de la vida en pareja, o dejar en
un cajón mi postura política mientras veo una película un domingo por la tarde.
No es así.
Al
contrario, se me haría una total incongruencia promover la transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género (PEG) y mantener una visión
acrítica de los que sucede en la esfera pública, aceptando y asumiendo como
dado lo que acontece en nuestra sociedad. La PEG no sólo es una mirada crítica
de la realidad, es una visión revolucionaria pues trastoca los modos de ver,
ser y hacer de mujeres y hombres que se toman como naturales, cuestiona los
fundamentos de la cultura patriarcal, del contrato social que, en parte, se
arraiga en un contrato sexual permeado por el desequilibrio de poder. Desde
luego, el feminismo no va aparejado con la PEG (aunque yo pienso que debería,
en fin), pero la visión de género nos invita a ir más allá de lo evidente, a
cuestionarnos, a revisar de manera aguda nuestras prácticas, a tener conciencia
de los intereses desde los que se generan los cambios, a poner en tela de
juicio lo que diversos actores políticos enuncian, aunque se trate del Rey.
No se vaya
a prestar a confusiones, como suele pasar, que estoy a favor de una actitud de
desobediencia, por supuesto que no, como servidoras/es públicas/os es nuestra
responsabilidad atender los asuntos que afectan a la sociedad y cumplir con
profesionalismo, honradez y transparencia las tareas que nos han sido
asignadas, además “donde manda capitán…”. Lo único que me interesa recalcar es
lo relevante de esta certificación que, según lo marca el objetivo de la Norma,
tanto el certificado como el emblema dan fé (comprueban) que la organización
acreditada respeta y vela por los derechos laborales de sus trabajadoras/es,
¿y esto verdaderamente es así? Las instituciones públicas, más allá de la
evidencia documental que presentan o de la encuesta de satisfacción que se
aplica a ciertas/os trabajadoras/es, deben de proteger los derechos laborales,
no en el papel sino en los hechos.
Que no se
me malinterprete, me parece que la instrucción del presidente bien puede
aprovecharse como un momento coyuntural que haga efectivas las necesidades,
demandas e intereses de las mujeres para lograr la igualdad con los hombres en
el ámbito laboral. Lo interesante será que después de la certificación, se le
de un seguimiento puntual a las organizaciones que hayan cumplido con los
requisitos, además de que en una recertificación también se puedan revisar las
condiciones del personal de honorarios. Esperemos que la siguiente
administración continúe con esta tan ardua como impostergable tarea.
[1] Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2008 que establece
los Requisitos para la Certificación de las Prácticas para la Igualdad Laboral
entre Mujeres y Hombres, STPS, 2008, México. Disponible en: http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf
[3] Melgar Ivonne, “México sigue en deuda con las
mujeres, reconoce Calderón”, Excélsior, Nacional, 8 de marzo de 2011,
México. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=1&id_nota=720457
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