28 de mayo

Sara Lovera

México, mayo (SEMlac).- En México, donde el aborto hasta las 12 semanas está legalizado en la capital del país, grupos del Pacto Nacional por la Vida , la libertad y los Derechos de las Mujeres se han propuesto poner un "hasta aquí" este 28 de mayo a los candidatos presidenciales, para que se definan y despenalicen esta práctica.

Los candidatos de los tres principales partidos con vistas a las elecciones presidenciales del 1 de julio no han tocado el tema de los derechos de las mujeres, ni de sus derechos sexuales y reproductivos; mucho menos el aborto.

Las cifras confirman que las afectadas son las más pobres. La prohibición del aborto y la andanada contra las mujeres se define por el Pacto como "crimen de Estado".

Luego de 15 años, desde que la Red de la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) definió el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el panorama no es mejor para ellas.

Hilda, con síndrome de Down, cumplía con las tres causales despenalizadas en Chiapas, México, para abortar: fue violada, su embarazo ponía en riesgo su vida y el producto tenía alteraciones genéticas. Sin embargo, las instituciones de “procuración de justicia” y “salud” en esa entidad del sur mexicano le negaron esa posibilidad.

En Tamaulipas permanecen encarceladas 22 mujeres por interrumpirse un embarazo y la legislación que lo prohíbe no ha podido cambiarse.

Verónica Cruz, del grupo Las Libres, integrante del Pacto, contó a SEMlac en una reunión en Celaya, Guanajuato, que en la zona central mexicana --de viejos resabios conservadores y batallas cristianas-- todo está prohibido y se vive una situación inédita de lucha contra los derechos sexuales de las mujeres.

La resumió de esta manera: las mujeres que sufren algún abuso sexual son despreciadas, y si quedan embarazadas las denuncian los médicos cuando quieren practicarse un aborto legal amparadas por la ley, no obstante a que la ley sostiene que no es delito cuando es resultado de un abuso.

"Vivimos en un ambiente hostil, de vigilancia, de persecución", acotó Cruz. “En Guanajuato nos juzgan y nos humillan, nos denuncian médicos, policías, párrocos, autoridades escolares y las autoridades del Instituto de las Mujeres. Todas y todos", subrayó.

Una manifestación organizada por el Pacto este lunes 28 de mayo, en la capital del país, se ha propuesto retar a los candidatos: "queremos una República feminista", es una de las consignas escogidas.

El Pacto, un frente de organizaciones y mujeres que incluye a 20 de los 32 estados del país, ha hecho cada mes, durante dos años y medio, una movilización para demandar la despenalización del aborto, el cese de los encarcelamientos de mujeres y la abrogación de las leyes que han puesto al feto en las constituciones con derechos civiles, relató a SEMlac Georgina Martínez, del Comité Organizador de la Marcha.

Estas demandas se encuadran en la lucha democrática y en el respeto a los derechos humanos que hoy están escritos en el artículo primero de la Constitución.

Sus dirigentes sostienen que despenalizar el aborto en todo el país es un acto de contundencia democrática y de derechos humanos que se traduce en suscribir de manera irrenunciable el compromiso para que las mujeres vivamos una vida plena y en libertad.

Desde hace años que la sociedad mexicana opina, en encuestas e investigaciones de campo, que las mujeres son las únicas en decidir sobre ese derecho. No obstante, hay una negativa de los dirigentes, socialdemócratas, conservadores, de centro, hombres o mujeres.

Hacer realidad compromisos

Casi 20 años después de comprometerse los gobiernos a promover la salud sexual y reproductiva en toda la región, la salud femenina está deteriorada, el aborto clandestino cobra vidas, muchas mujeres son perseguidas por sus ideas y en varios países la interrupción del embarazo --parcialmente despenalizada-- es una realidad para al menos 110 millones de mujeres que se lo han practicado.

Actualmente en América Latina y el Caribe las mujeres de Canadá, Cuba, Estados Unidos de América, Guyana, Puerto Rico y de la Ciudad de México tienen acceso, sin restricciones, a la interrupción legal del embarazo.

A excepción de Chile, El Salvador y Nicaragua, países donde el aborto está totalmente prohibido, en el resto de la región se tiene acceso al aborto legal bajo diversos supuestos, como son salvar la vida de la mujer, por razones de grave riesgo en la salud, por embarazos producto de una violación, por inseminación artificial no consentida, por razones eugenésicas o por razones socioeconómicas.

La Red de la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe ha hecho un llamado especial para este 28 de mayo y recuerda que en 2014 se cumplirán 20 años desde la realización de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD, El Cairo), que estableció el Programa de Acción, la promoción de los derechos de las mujeres, en especial aquellos relativos a la salud integral y la sexual y reproductiva y los derechos correlativos.

La red subraya que en 2014 concluye el plazo fijado para la ejecución total de esos acuerdos, por lo que llama a las mujeres que generen nuevas alianzas y estrategias para que los gobiernos cumplan los compromisos firmados.

Denuncia, además, que en estos casi 20 años los gobiernos han restringido financiamientos y no se han adoptado las políticas y programas; que las leyes ofrecidas no son acordes con los compromisos y que, por el contrario, en algunos países se coartan las libertades y los derechos.

Pero son las amenazas y la persecución de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos las que más preocupan. Además de los denunciados casos de México, hay amenazas en Colombia y otros países.

"Los cortes de luz son frecuentes en Bogotá, por lo que Mónica Roa no se preocupó cuando su oficina se quedó sin electricidad alrededor de las cinco de la tarde del 7 de mayo, víspera del sexto aniversario de la despenalización parcial del Aborto en Colombia”, se narra en el blog del Grupo de Información en Reproducción Elegida, difundido el miércoles 23 de mayo. 

Y continúa: “Sin embargo, alrededor de las seis y media de la tarde hubo seis disparos contra la oficina de Mónica. Una bala dio en la ventana que está junto a su escritorio. Hace tiempo que esta abogada defensora de los derechos sexuales y reproductivos había recibido amenazas."

Las movilizaciones y ceremonias oficiales en torno al 28 de mayo se harán en muy diversas naciones, ya que hechos y cifras revelan que el 40 por ciento de las gestaciones en todo el mundo no son deseadas.

En América Latina, una alta proporción de los embarazos se presentan como no deseados: 60 por ciento en Perú, 50 en Colombia, 56 en Chile y 40 en México.

Estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señalan que hay escasas investigaciones confiables sobre las condiciones de clandestinidad y precariedad en que se practica el aborto.

Sin embargo, es ampliamente conocido que en países como México, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú se realizan estas intervenciones quirúrgicas ilegales en lugares clandestinos e inadecuados, a donde acuden las mujeres de más bajos recursos. En México, se calcula que 42 por ciento de los abortos se complica y en Perú esta cifra asciende a 47 por ciento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo cada año, y que 99,9 por ciento de la mortalidad materna por aborto ocurre en países en desarrollo.

La incidencia de muertes por aborto en la región sigue siendo excesivamente alta: en Perú se estima que se producen 60 por cada 100.000 nacimientos vivos; en Ecuador 40; y en Bolivia cerca de 150 .El aborto inducido en condiciones de ilegalidad es una de las cuatro principales causas de mortalidad materna en muchos países.

En naciones como Colombia y Perú, donde la legislación restringe la interrupción voluntaria del embarazo se calcula hoy día un número aproximado a los 400.000 abortos cada año. En Brasil y México esta cifra bordea el millón y medio.

En América Latina, la tasa de muertes por abortos mal practicados oscila entre los 50-150 por cada 100.000 abortos.