Reunidas los días 7 y 8 de marzo 2012 en el Teatro de la Ciudad, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Durante dos días,
hemos escuchado los valientes y dolorosos testimonios en torno a la violencia feminicida,
feminicidios y contrainsurgencia, violación al debido proceso, violencia
feminicida, sexual y doméstica, y violencia estructural, que se han presentado
en esta preaudiencia del TPP en San Cristobal de Las Casas, Chiapas, los dias 7
y 8 de marzo de 2012.
1.
Considerando que :
- la violencia en
contra de las mujeres es un problema extremadamente grave e histórico en el
país, en la región, en el continente y en el mundo.
- esta violencia
opera de manera articulada y forma parte del sistema discriminatorio
patriarcal, racista y capitalista-neoliberal, por lo cual asumimos que se debe
visibilizar la interdependencia, tanto del conjunto de los derechos humanos de
las mujeres, como de sus violaciones.
- la
violencia masculina en contra de las mujeres, incluyendo los feminicidios como
una de sus expresiones extremas, es un problema estructural, profundizado por
las políticas neoliberales en especial a partir de la firma del TLC en 1994, la
cual a su vez prosigue las catastróficas consecuencias de las políticas de
ajuste estructural de los años 80 propiciadas por el Fondo Monetario
Internacional y el « consenso de Washington ». Esa violencia afecta la vida de las mujeres en
todos sus aspectos y, en este caso de las mujeres indígenas y campesinas de
Chiapas, se expresa y es parte del contexto de marginación social y pobreza
extrema en que viven.
- la pobreza, que
afecta desproporcionadamente a las mujeres de las diferentes culturas, propicia
la privación sistemática y grave a los derechos humanos, siendo la expresión
mas fehaciente del incumplimiento a los derechos sociales y económicos y
constituyéndose en sí misma en una violación multiple a las libertades
fundamentales y un ataque a la dignidad humana de las mujeres.
- el Estado mexicano, como parte de la comunidad international, es omiso en sus
obligaciones de garantizar el respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos originarios.
- todos los casos
presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y
estigmatizaciones de género, racistas y clasistas y que, por tanto, el Estado
mexicano no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones legales de difundir en
todos los idiomas y en todos los lugares y comunidades del país, las leyes, los
tratados y las normativas nacionales e internacionales, ni de erradicar dichos
estereotipos y estigmatizaciones.
- que el contexto
actual está marcado por una mezcla de elementos de « guerra de baja
intensidad » y lucha contra la delincuencia organizada. Nuevas
formas de violencia contra las mujeres se despliegan, incluyendo la
creacion de nuevos delitos, violencias policiacas-carcelarias, desplazamiento y
migración forzada, en un contexto de grave impunidad.
2. Declaramos en relación a los cuatro ejes, en base a
los testimonios de las mujeres, investigados y documentandos por las diferentes
organizaciones :
Violación al
debido proceso : El
acceso a la justicia para las mujeres, es uno de los muchos pendientes
históricos del sistema patricarcal. El Estado Mexicano no ha garantizado el
debido proceso.
Chiapas, en
especial, se caracteriza por niveles de exclusión, pobreza y racismo
extremadamente elevados. Ciertas normas comunitarias de los pueblos indígenas,
de los ejidos, y de nuevas comunidades creadas en el marco del “desarrollo
contrainsurgente”, son claramente contrarias a los derechos de las mujeres, sin
que esto se haya corregido como es debido y es exigido por las propias mujeres
indígenas. En otras ocasiones, se han manipulado para intentar desacreditar a
los pueblos indigenas o a las comunidades campesinas, en vez de respetar las
prácticas de justicia y el sistema de usos y costumbres, aun cuando son
favorables a las mujeres.
De forma general,
la justicia está atravesada por la influencia de los poderes fácticos
(políticos, militares, económicos, eclesiásticos, delincuenciales). No existen
medidas adecuadas y eficaces para cumplir el deber del Estado de investigar,
detener y enjuiciar a los perpetradores de violencia contra las mujeres, como
tampoco existen medidas eficaces para prevenir, reparar y proteger a las
mujeres contra la violencia. Muy raras veces se les provee como es debido, de
traducción y apoyo en sus propios idiomas.
Las mujeres
procesadas no solamente enfrentan un sistema judicial que les exige demostrar
su inocencia, sino que enfrentan un ambiente de discriminación y coacción bajo
valores morales esterotipados, ante un sistema que constituye una suerte de
inquisición.
Esta situación se
agrava ante la ausencia o deficiencia de imparcialidad de los jueces, que en
sus sentencias consideran con mayor valor las actuaciones del ministerio
público que las pruebas desarrolladas ante el propio juez.
En total, la
justicia es en la inmensa mayoría de los casos, inaccesible para las mujeres
La falta de
procuración de justicia, la discriminación a las mujeres indígenas, la
utilización facciosa de la ley y el encarcelamiento injusto, son lastres que se
acarrean de siglos atrás y que se ven incrementados en un contexto de supuesta
lucha contra el crimen organizado, donde apremia elevar el número de
detenciones y sentencias.
Violencia
sexual y doméstica :La
violencia sexual y doméstica, ocurre como consecuencia de condiciones
estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género.
En la mayoría de los casos vemos que esta violencia es reiterada y alimentada
por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que
minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican con argumentos
que desacreditan la “buena moral y conducta de las mujeres violentadas”. Es
claro que la violencia intrafamiliar y doméstica, afecta a las mujeres en sus
distintas etapas de vida, se encuentra naturalizada dentro de la sociedad y
nuestras subjetividades. Objetiva a las mujeres indígenas y mestizas,
convirtiéndolas en blanco de violencias acumuladas de carácter feminicida.
Feminicidio y
contrainsurgencia :Los
casos que se presentaron, evidencian la existencia de un contexto de “guerra de
baja intensidad”, o “guerra sucia”, en Chiapas, que se expresa en forma de
politicas
contrainsurgentes que generan violencia militar y paramiliar, como
practica habitual y sistematica. Existe una estrategia deliberada y planificada
que usa la violencia contra las mujeres, incluyendo a la violencia sexual y a
la tortura sistemática, como un instrumento central para aterrorizar a la
poblacion, destruir el tejido social y limitar la movilidad, la vida y el aceso
a los elementos materiales, sociales y espirituales necesarios para la vida de
las mujeres, individual y colectivamente.
Violencia
estructural : La colonización, las políticas de ajuste
estructural y finalmente el TLCAN, han desembocado en el desmantelamiento de
políticas públicas y en la creación de otras políticas, que no garantizan a las mujeres, en especial
indígenas y campesinas, una vida digna. El programa PROCEDE en especial, dejó a
las mujeres excluidas del derecho a la propiedad de la tierra y por ende a la
reconstitución del territorio como pueblos indígenas.
Las políticas de
Estado colocan a las mujeres en condiciones de aguda y creciente pobreza,
viviendo con miedo, temor y sin voz, teniendo que trabajar siempre más, hasta
realizando trabajo de maquila a domicilio, o empujadas a la migracion. Sus
problemas de salud y los de su familia, se agudizan, provocando mas
enfermedades, muertes tempranas y suicidios. Las mujeres quedan sin la
posibilidad de desarrollar sus potencialidades y hasta despojadas, ellas y sus
familiares, de los territorios ancestrales y de los bienes naturales
colectivos, a pesar de que esten garantizados por el convenio 169 de la OIT,
particularmente el derecho a la autodeterminacion y a la consulta popular libre
e informada.
En este sentido,
es evidente que el Estado ha dejado de lado su labor de garantizar a las
mujeres una vida digna y se ha convertido en impulsor de políticas neoliberales
que se han transformado en una especie de lápida sobre todo para las mujeres
indígenas y campesinas.
Finalmente,
afirmamos que el gobierno
mexicano que jurídicamente representa al pueblo, vela por los intereses de las
transnacionales y grandes capitales financieros que constituyen los poderes
operantes del sistema capitalista y no garantiza, como debería, el ejercicio y
cumplimiento de los DDHH de la población, especialmente los de las mujeres, los
menores y los pobres.
Por ello nuestra acusación recae en primer lugar en el
gobierno, sus instituciones y fuerzas represoras en los tres niveles (federal,
estatal y municipal), sin obviar que los autores concretos de las violaciones a
los DDHH de las mujeres también deben ser juzgados.
3.
Recomendamos :
Que se garantice
la seguridad y protección a todas las mujeres que participan en las
preaudiencias y audiencias en este Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo
México.
Exigimos la
inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal y en especial de
las comunidades indígenas.
Exigimos el
castigo inmediato a todos los responsables intelectuales y materiales de
violación a los derechos humanos de las mujeres.
Cese a las
políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las
violencias anteriormente denunciadas.
Cumplir las
normativas internacionales y nacionales con respecto al acceso a la justicia.
Diseñar una
política integral y coordinada a todos los niveles del Estado, para garantizar
a todas las mujeres una adecuada protección judicial, para remediar y proteger
sus derechos, y en el caso de mujeres indígenas, proveerles traducción en todos
los momentos, tomando en cuenta la pertinencia cultural.
Respetar la
presunción de inocencia para todas las mujeres y las garantías al debido
proceso. Revisión de todos los casos de las mujeres privadas de su libertad.
Calificar
adecuadamente los delitos de tortura y de feminicidio.
Establecer todas
la medidas pertinentes para garantizar una efectiva defensa pública a todas las
mujeres que así lo requieren.
Establecer todas
las políticas de prevención, de protección y de reparación necesarias, bajo
estandares internacionales de derechos humanos, en especial el caso de las
mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia a mano de funcionarios
públicos y de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado o particulares
con la tolerancia de las autoridades estatales.
Garantizar el derecho
de las mujeres a la autonomía, a la decisión sobre su propio cuerpo y en todos
los ámbitos de su vida.
Prevenir la
re-victimización de las mujeres que denuncian la violencia.
Implementar a
nivel del estado de Chiapas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Dicriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), en especial el
artículo 5 que obliga los Estados partes a modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres de mujeres.
Nuestra
posición política ante la situación expresada en esta preaudiencia, es la de
proponer al TPP – Capítulo México que, con base en los análisis y casos
presentados, condene al Estado Mexicano y a los Gobiernos Federal y Estatal
como directos responsables de los feminicidios y de las diferentes formas de
violencia de género que vivimos las mujeres de Chiapas.
Y respeto a la
lucha contra la violencia masculina hacia las mujeres y en relación a la
sociedad que queremos y por la que luchamos :
¡No queremos
una rebanada más grande del pastel : queremos cambiar la receta del pastel!
Juezas :
Alda Facio, Edda Gaviola, Julio Falquet, Pilar Noriega, Estela Mux Mux.
Asesoras: Teresa Pérez, Sylvia Marcos, Mariana
Mora, Morna Macleod
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