lunes, 4 de junio de 2012

Resolución de las jueces de conciencia del Tribunal Permanente de los Pueblos


Reunidas los días 7 y 8 de marzo 2012 en el Teatro de la Ciudad, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.


Durante dos días, hemos escuchado los valientes y dolorosos testimonios en torno a la violencia feminicida, feminicidios y contrainsurgencia, violación al debido proceso, violencia feminicida, sexual y doméstica, y violencia estructural, que se han presentado en esta preaudiencia del TPP en San Cristobal de Las Casas, Chiapas, los dias 7 y 8 de marzo de 2012.

1. Considerando que :
- la violencia en contra de las mujeres es un problema extremadamente grave e histórico en el país, en la región, en el continente y en el mundo. 

- esta violencia opera de manera articulada y forma parte del sistema discriminatorio patriarcal, racista y capitalista-neoliberal, por lo cual asumimos que se debe visibilizar la interdependencia, tanto del conjunto de los derechos humanos de las mujeres, como de sus violaciones.  

-  la violencia masculina en contra de las mujeres, incluyendo los feminicidios como una de sus expresiones extremas, es un problema estructural, profundizado por las políticas neoliberales en especial a partir de la firma del TLC en 1994, la cual a su vez prosigue las catastróficas consecuencias de las políticas de ajuste estructural de los años 80 propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y el « consenso de Washington ». Esa violencia afecta la vida de las mujeres en todos sus aspectos y, en este caso de las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas, se expresa y es parte del contexto de marginación social y pobreza extrema en que viven.

- la pobreza, que afecta desproporcionadamente a las mujeres de las diferentes culturas, propicia la privación sistemática y grave a los derechos humanos, siendo la expresión mas fehaciente del incumplimiento a los derechos sociales y económicos y constituyéndose en sí misma en una violación multiple a las libertades  fundamentales y un ataque a la dignidad humana de las mujeres.

            - el Estado mexicano, como parte de la comunidad international, es omiso en sus obligaciones de garantizar el respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos originarios.

- todos los casos presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y estigmatizaciones de género, racistas y clasistas y que, por tanto, el Estado mexicano no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones legales de difundir en todos los idiomas y en todos los lugares y comunidades del país, las leyes, los tratados y las normativas nacionales e internacionales, ni de erradicar dichos estereotipos y estigmatizaciones.

- que el contexto actual está marcado por una mezcla de elementos de  « guerra de baja intensidad » y lucha contra la delincuencia organizada. Nuevas  formas de violencia contra las mujeres se despliegan, incluyendo la creacion de nuevos delitos, violencias policiacas-carcelarias, desplazamiento y migración forzada, en un contexto de grave   impunidad.

2. Declaramos en relación a los cuatro ejes, en base a los testimonios de las mujeres, investigados y documentandos por las diferentes organizaciones :

Violación al debido proceso : El acceso a la justicia para las mujeres, es uno de los muchos pendientes históricos del sistema patricarcal. El Estado Mexicano no ha garantizado el debido proceso.
Chiapas, en especial, se caracteriza por niveles de exclusión, pobreza y racismo extremadamente elevados. Ciertas normas comunitarias de los pueblos indígenas, de los ejidos, y de nuevas comunidades creadas en el marco del “desarrollo contrainsurgente”, son claramente contrarias a los derechos de las mujeres, sin que esto se haya corregido como es debido y es exigido por las propias mujeres indígenas. En otras ocasiones, se han manipulado para intentar desacreditar a los pueblos indigenas o a las comunidades campesinas, en vez de respetar las prácticas de justicia y el sistema de usos y costumbres, aun cuando son favorables a las mujeres.

De forma general, la justicia está atravesada por la influencia de los poderes fácticos (políticos, militares, económicos, eclesiásticos, delincuenciales). No existen medidas adecuadas y eficaces para cumplir el deber del Estado de investigar, detener y enjuiciar a los perpetradores de violencia contra las mujeres, como tampoco existen medidas eficaces para prevenir, reparar y proteger a  las mujeres contra la violencia. Muy raras veces se les provee como es debido, de traducción y apoyo en sus propios idiomas.

Las mujeres procesadas no solamente enfrentan un sistema judicial que les exige demostrar su inocencia, sino que enfrentan un ambiente de discriminación y coacción bajo valores morales esterotipados, ante un sistema que constituye una suerte de inquisición.

Esta situación se agrava ante la ausencia o deficiencia de imparcialidad de los jueces, que en sus sentencias consideran con mayor valor las actuaciones del ministerio público que las pruebas desarrolladas ante el propio juez.

En total, la justicia es en la inmensa mayoría de los casos, inaccesible para las mujeres

La falta de procuración de justicia, la discriminación a las mujeres indígenas, la utilización facciosa de la ley y el encarcelamiento injusto, son lastres que se acarrean de siglos atrás y que se ven incrementados en un contexto de supuesta lucha contra el crimen organizado, donde apremia elevar el número de detenciones y sentencias.

Violencia sexual y doméstica :La violencia sexual y doméstica, ocurre como consecuencia de condiciones estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género. En la mayoría de los casos vemos que esta violencia es reiterada y alimentada por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican con argumentos que desacreditan la “buena moral y conducta de las mujeres violentadas”. Es claro que la violencia intrafamiliar y doméstica, afecta a las mujeres en sus distintas etapas de vida, se encuentra naturalizada dentro de la sociedad y nuestras subjetividades. Objetiva a las mujeres indígenas y mestizas, convirtiéndolas en blanco de violencias acumuladas de carácter feminicida.

Feminicidio y contrainsurgencia :Los casos que se presentaron, evidencian la existencia de un contexto de “guerra de baja intensidad”, o “guerra sucia”, en Chiapas, que se expresa en forma de politicas 
contrainsurgentes que generan violencia militar y paramiliar, como practica habitual y sistematica. Existe una estrategia deliberada y planificada que usa la violencia contra las mujeres, incluyendo a la violencia sexual y a la tortura sistemática, como un instrumento central para aterrorizar a la poblacion, destruir el tejido social y limitar la movilidad, la vida y el aceso a los elementos materiales, sociales y espirituales necesarios para la vida de las mujeres, individual y colectivamente. 

Violencia estructural : La colonización, las políticas de ajuste estructural y finalmente el TLCAN, han desembocado en el desmantelamiento de políticas públicas y en la creación de otras políticas, que no garantizan a las mujeres, en especial indígenas y campesinas, una vida digna. El programa PROCEDE en especial, dejó a las mujeres excluidas del derecho a la propiedad de la tierra y por ende a la reconstitución del territorio como pueblos indígenas.

Las políticas de Estado colocan a las mujeres en condiciones de aguda y creciente pobreza, viviendo con miedo, temor y sin voz, teniendo que trabajar siempre más, hasta realizando trabajo de maquila a domicilio, o empujadas a la migracion. Sus problemas de salud y los de su familia, se agudizan, provocando mas enfermedades, muertes tempranas y suicidios. Las mujeres quedan sin la posibilidad de desarrollar sus potencialidades y hasta despojadas, ellas y sus familiares, de los territorios ancestrales y de los bienes naturales colectivos, a pesar de que esten garantizados por el convenio 169 de la OIT, particularmente el derecho a la autodeterminacion y a la consulta popular libre e informada.

En este sentido, es evidente  que el Estado ha dejado de lado su labor de garantizar a las mujeres una vida digna y se ha convertido en impulsor de políticas neoliberales que se han transformado en una especie de lápida sobre todo para las mujeres indígenas y campesinas.

Finalmente, afirmamos que el gobierno mexicano que jurídicamente representa al pueblo, vela por los intereses de las transnacionales y grandes capitales financieros que constituyen los poderes operantes del sistema capitalista y no garantiza, como debería, el ejercicio y cumplimiento de los DDHH de la población, especialmente los de las mujeres, los menores y los pobres.  

Por ello nuestra acusación recae en primer lugar en el gobierno, sus instituciones y fuerzas represoras en los tres niveles (federal, estatal y municipal), sin obviar que los autores concretos de las violaciones a los DDHH de las mujeres también deben ser juzgados.


3. Recomendamos :
Que se garantice la seguridad y protección a todas las mujeres que participan en las  preaudiencias y audiencias en este Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.

Exigimos la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal y en especial de las comunidades indígenas. 

Exigimos el castigo inmediato a todos los responsables intelectuales y materiales de violación a los derechos humanos de las mujeres.

Cese a las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias anteriormente denunciadas.

Cumplir las normativas internacionales y nacionales con respecto al acceso a la justicia. 

Diseñar una política integral y coordinada a todos los niveles del Estado, para garantizar a todas las mujeres una adecuada protección judicial, para remediar y proteger sus derechos, y en el caso de mujeres indígenas, proveerles traducción en todos los momentos, tomando en cuenta la pertinencia cultural.

Respetar la presunción de inocencia para todas las mujeres y las garantías al debido proceso. Revisión de todos los casos de las mujeres privadas de su libertad.

Calificar adecuadamente los delitos de tortura y de feminicidio.

Establecer todas la medidas pertinentes para garantizar una efectiva defensa pública a todas las mujeres que así lo requieren.

Establecer todas las políticas de prevención, de protección y de reparación necesarias, bajo estandares internacionales de derechos humanos, en especial el caso de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia a mano de funcionarios públicos y de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado o particulares con la tolerancia de las autoridades estatales.

Garantizar el derecho de las mujeres a la autonomía, a la decisión sobre su propio cuerpo y en todos los ámbitos de su vida. 

Prevenir la re-victimización de las mujeres que denuncian la violencia.

Implementar a nivel del estado de Chiapas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dicriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), en especial el artículo 5 que obliga los Estados partes a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres de mujeres.

Nuestra posición política ante la situación expresada en esta preaudiencia, es la de proponer al TPP – Capítulo México que, con base en los análisis y casos presentados, condene al Estado Mexicano y a los Gobiernos Federal y Estatal como directos responsables de los feminicidios y de las diferentes formas de violencia de género que vivimos las mujeres de Chiapas.

 Y respeto a la lucha contra la violencia masculina hacia las mujeres y en relación a la sociedad que queremos y por la que luchamos : 

¡No queremos una rebanada más grande del pastel : queremos cambiar la receta del pastel!
Juezas : Alda Facio, Edda Gaviola, Julio Falquet, Pilar Noriega, Estela Mux Mux.
Asesoras: Teresa Pérez, Sylvia Marcos, Mariana Mora, Morna Macleod  

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