lunes, 6 de junio de 2016

Presentación



Este número de Cuadernos Feministas inicia con una reflexión en torno a la necesidad de repensar la autonomía de las mujeres a la luz de diversas experiencias y prácticas feministas. En esta entrega algunas colaboradoras contribuyen en este sentido, desde distintos enfoques y motivaciones.
Lina Berrio, propone tres líneas reflexivas: el cuerpo y las decisiones sobre la propia vida como “la primera dimensión autonómica a conquistar”, las luchas por el territorio y la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y los procesos de organización de las mujeres indígenas.
            Silvia Marcos nos brinda una amplia reseña del libro, Más allá del feminismo: caminos para andar, una polifonía de catorce personas y voces diversas que reflexionan en torno a la “descolonización del feminismo”.
Sara Lovera, a partir de una mirada histórica, señala los grandes vacíos y carencias, a pesar de los logros obtenidos en diversos momentos de la historia de las luchas feministas, y pone el acento en el descuidó de la transformación cultural, que dejó de lado a la autonomía y la organización de las mujeres.
Aimé Jezabel, reflexiona la autonomía de las mujeres como parte de un proceso y como perspectiva para recuperar el poder individual y colectivo, como estrategia política para el ejercicio de un feminismo crítico que tome distancia del Estado, sus normas y de las prácticas institucionales que se vuelven funcionales al sistema.
Marcela Lagarde, cuestiona en torno a qué país es necesario para la erradicación de la pobreza, la marginación y explotación y violencia feminicida en la que viven la mayoría de las mexicanas. Apela a un nuevo modelo de desarrollo humano sustentable que supere el capitalismo patriarcal.
Liz Maier, comparte una reflexión en torno al aborto y las sexualidades como elementos claves de significados culturales que marcan la época en el contexto de los Estados Unidos y de una política y estrategia muy agresiva que esta minando el derecho de las mujeres a decidir.
Lucía Melgar desmenuza el significado de la creación —en el Senado, en la legislatura pasada—, de la Comisión ordinaria de “La Familia y el Desarrollo Humano” como parte de la ofensiva de sectores conservadores con la complicidad de legisladores oportunistas que han avalado políticas confesionales que atentan en contra del estado laico.
En los dos últimos años diversos casos de acoso sexual han salido al espacio público en varias universidades, movimientos, organizaciones sociales, en todos los casos han surgido tensiones internas, falta de mecanismos para enfrentar estas violencias en un marco de seriedad y compromiso, así como descalificaciones a las mujeres que han denunciado. Andrea Medina dialoga en torno a la congruencia frente a estas violencias en los movimientos.
La lucha en contra del feminicidio enfrenta una etapa crítica, llegó a un punto límite, después de años de luchar en contra de la burocracia del Estado para que se diera curso a la Alerta de Violencia de Género, hace apenas unos meses fue decretada para varios municipios del Estado de México y del estado de Morelos, Circe López, Paloma Duarte Muñoz, Juliana Quintanilla, Josefina Chávez y Verónica Cruz abordan este tema.

En todas las colaboraciones, sea explícito o no, está presente una gran preocupación por la situación de profunda crisis que vivimos en el país. La desaparición de miles de mujeres en varias regiones del país, el incremento sistemático del feminicidio y la impunidad nos atraviesan el corazón día con día. A esta terrible realidad se ha sumado la desaparición de los 47 normalistas de Ayotzinapa mostrando al país y al mundo a que grado de ignominia hemos llegado en este país. La corrupción y la complicidad de las diversas fuerzas gubernamentales y de seguridad y militares ahora están en el escrutinio público e internacional. Tenemos la esperanza de que este país se levante y diga junto con nosotras, ¡Basta!

Las primeras declaratorias de Alerta de Género: un triunfo parcial


Josefina Chávez Rodríguez*

La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la aprobó el Congreso de la Unión en 2006, el decreto por el cual entró en vigor fue publicado en enero de 2007. A partir de esta fecha surgieron múltiples escollos burocráticos y políticos que han enfrentado las mujeres, para, finalmente, lograr por primera vez, el 28 de julio de 2015, la Alerta de Violencia Género (AVG) en el Estado de México y en Morelos el 10 de agosto de 2015, después de años de lucha y presión política de organizaciones no gubernamentales, sociales, feministas y de derechos humanos, de la CEDAW e instancias internacionales.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) desde el mes de diciembre de 2010, solicitó la Alerta de Violencia de Género fundamentada en el registro desarrollado por esa organización: 922 casos de 2005 a 2010. En enero de 2011 las instancias integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) negaron la declaratoria de Alerta. Posteriormente, un juez de distrito determinó que se habían vulnerado los derechos de las organizaciones solicitantes de la Alerta y ordenó dejar sin efectos esa determinación aprobada en la misma institución!!!
A partir de las protestas de las organizaciones y de la movilización en varios estados, la presión logró que se realizaran modificaciones al reglamento de este Sistema y es a partir de este momento que varias solicitudes fueron aceptadas. El mecanismo al que se recurrió fue en primer lugar generar una lista de recomendaciones que los estados tienen que cumplir en un lapso de seis meses, y si no lo hacen, se declara la Alerta. En el caso de Guanajuato la Alerta no ha sido declarada aún porque han valorado que el gobierno está implementando las recomendaciones.
Los estados de Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Baja California y Sonora, han solicitado la Alerta y esta pendiente su declaratoria.
En el caso de Chiapas, Estado de México y Nuevo León se ha llevado una ruta jurídica debido a que ante la negativa sistemática para la aplicación de la Alerta, las compañeras tuvieron que recurrir al litigio jurídico para demostrar la ilegalidad en la que estaba incurriendo el SNPASEVM, y obligar al Estado y a las instituciones —que incluyen, entre otras, a los Institutos Estatales de la Mujer—, a aceptar la Investigación de la violencia feminicida y la aplicación de la Alerta.
Con la nueva Ley de Acceso que incorporó la Alerta de Violencia de Género, en varios estados de la república diversas organizaciones la solicitaron como una herramienta de último recurso para presionar, con la ley en la mano a las instituciones del Estado. En un contexto generalizado en el país en donde la violencia, militarización, corrupción e impunidad  ha generado costos sociales muy altos. Para miles de mujeres ha implicado la desaparición y la esclavitud sexual  con el incremento del fenómeno de la trata de mujeres que le proporciona altos rendimientos económicos al crimen organizado y sus cómplices. Hoy tenemos en el país miles de mujeres desaparecidas y zonas de la república en donde las mujeres están en peligro de muerte cotidianamente.

El Estado de México una historia de violencia e impunidad
En este estado hay una historia de impunidad en contra de las mujeres desde hace décadas, que se muestra en el registro de niveles muy altos de violencia contra las mujeres, además, del feminicidio. El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Peña Nieto era gobernador tuvo lugar la represión en el pueblo de Atenco en donde 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en su modalidad de tortura. El caso dio la vuelta al mundo, varias de ellas estuvieron presas por meses, injustamente. Este caso aún esta en la impunidad pues si bien el gobierno mexicano admitió en una audiencia (marzo de 2013) llevada a cabo ente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, que se habían cometido “excesos” contra los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y propuso una “solución amistosa”. Recientemente en mayo de 2015, en declaraciones públicas las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual hace nueve años, han sostenido el reclamo de que se investiguen los grados de responsabilidad de las cadenas de mando entre ellos a Peña Nieto. La reparación del daño a través de la creación de un fideicomiso, propuesta del gobierno, no sustituye en este caso el reclamo de justicia. El caso aún se encuentra en litigio en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 2005 los datos de la investigación llevada a cabo por la Cámara de Diputados arrojó diversas cifras de feminicido en ese estado y los resultados no fueron del agrado del gobierno. Esta investigación diagnóstica fue necesaria para conocer cuales eran los aspectos que estaban impidiendo el acceso a la justicia para las mujeres; asimismo, generó propuestas y recomendaciones para los distintos gobiernos locales.
Finalmente, fue hasta el 28 de abril de 2014, cuatro años después de un periplo desgastante en donde las organizaciones civiles del Estado de México no retrocedieron, que el Sistema admitió la solicitud. Y se anunció que procedería una investigación por parte de un grupo interinstitucional y multidisciplinario para verificar que realmente esa Alerta procedía para el Estado de México. Mientras el pantano institucional se hacía bolas, la cifra de mujeres víctimas del feminicidio se había incrementando.
A partir de la solicitud de Alerta para el Estado de México, que coincidió con un contexto preelectoral, inmediatamente se manejó que esta Alerta estaba “politizada”,  porque el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, era el candidato del PRI a la presidencia. Posteriormente, gobernantes de varios estados como en el de Morelos, Graco Ramírez, asumieron una actitud política defensiva, que evidentemente está ligada a este precedente del Estado de México. En lugar de ver la Alerta como una oportunidad para combatir la violencia contra las mujeres. Por el contrario se evidenció que el discurso de estos políticos  naturaliza de la violencia.
Cuando el gobernador del Estado de México anunció que “solicitaba” la Alerta de Género, el 9 de abril de 2015, fue una experiencia sorprendente y la oportunidad de ver en vivo y a todo color cómo  el cinismo es parte de las formas y estilos de gobernar.  El escenario para dar la “audaz” noticia fue en el marco de la firma de un convenio con Inmujeres. Esta mascarada sirvió para que recibiéramos la señal de que Peña Nieto ya “palomeo” las Alertas y dio el “permiso”. Cuando las cosas llegaron a un punto límite; ¿pues cómo iba, el sistema burocrático y kafkiano, poder justificar la negativa de alerta?

Retos, lecciones y perspectivas
En los logros obtenidos, hay que reconocer la labor de las compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que lograron arrinconar al gobernador del Estado de México. Asimismo reconocer el trabajo de movilización estatal, alianzas y presión realizada por Las Libres en Guanajuato, la acciones sostenidas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos y en Chiapas en donde se generaron nuevas alianzas y acciones para involucrar a la ciudadanía. Al apoyo de quienes desde el periodismo contribuyen con solidaridad y compromiso a documentar y visibilizar. A todas las compañeras que están empujando acciones en lugares en donde la Alerta aún no ha sido declarada: Colima, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca. Es importante visibilizar y potenciar el trabajo que se esta haciendo en todos los estados en donde están luchando por la Alerta de Violencia  de Género.
La lucha por lograr las declaratorias de Alerta, ha requerido de un gran esfuerzo y movilización, hay que destacar que en este camino se han desarrollado alianzas importantes entre las organizaciones feministas, ciudadanas, académicas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, se han probado diversas tácticas para promover la visibilidad y el reconocimiento social del feminicidio y de la violencia contras las mujeres como un problema que  atañe a toda la sociedad y que requiere de ser asumido colectivamente.
Todas estas acciones, sin embargo, no son suficientes para desplegar una mayor movilización social en la defensa de la vida y libertad de las mujeres. Habrá que generar tácticas que se dirijan a construir procesos de organización y autorganización de las mujeres y de fortalecer los espacios de lucha independientes del control estatal, único camino que puede garantizar a abonar y profundizar alianzas más sólidas. Este es un gran reto y una urgente necesidad, para recolocarnos en un terreno de lucha distinto, veamos a las mujeres, trabajemos con las mujeres, organicemos a las mujeres; presionemos desde una postura de independencia política del Estado, hagamos una horizontalidad democrática. Esta reorientación es fundamental para enfrentar la etapa de lucha que continua, hacer el seguimiento de las acciones de los gobiernos en donde se ha declarado Alerta de Violencia de Género en los estados en donde están desarrollando las recomendaciones. ¿Cómo se va a realizar desde una perspectiva de independencia política esta vigilancia?
Tiene que ser a partir de involucrar a amplios sectores sociales en la vigilancia ciudadana y pública de las acciones; todo lo que se haga debe ser puesto a consideración pública. Nada que ver con los consejos funcionales al sistema. Al contrario. Hay que involucrar a las mujeres y a la población y comunidades de los municipios en donde se aplicará la Alerta, generar asambleas populares y de mujeres de seguimiento, solidaridad, vinculación e involucramiento con familiares de las víctimas. El reto es que la Alerta sea una herramienta para generar nuevos e inéditos procesos de poder alternativo, de autonomía feminista. Hay que tener claro que las Alertas por sí mismas no lograrán la erradicación de la violencia contra las mujeres; necesitamos generar procesos más profundos de cuestionamiento de las verdaderas causas patriarcales de la violencia contra las mujeres. Mantener la denuncia, la vigilancia y la presión política.

* Feminista, investigadora de temas de género y directora de Cuadernos Feministas.


Morelos: se declara la Alerta de Violencia de Género.

Segundo estado en donde se aprueba

Juliana Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz*

Desde el año 2003 se inició la documentación, el análisis y la denuncia pública de los feminicidios en Morelos. Ante el vacío legal y la Violencia Institucional a la que se enfrentaban las familias de las mujeres victimizadas, se solicitó a la entonces PGJE la creación de la Unidad de Atención Especializada para Atender los Homicidios contra Mujeres, misma que se creó en 2005.
Sin embargo, autoridades de rangos distintos demeritaban los homicidios de mujeres al comparar su número menor al de hombres; los desvalorizaban con actitudes misóginas, acusaban a las mujeres y no trabajaban con profesionalismo en su esclarecimiento.
Ni las desapariciones ni los asesinatos de mujeres eran identificados como un grave problema. Tampoco se reconocía la responsabilidad del gobierno en los sucesos, y su erradicación no era un eje prioritario de la política de desarrollo social y de gobernabilidad.
Nosotras señalábamos que los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se daban en el vacío. Sucedían en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Los feminicidios eran la consecuencia y sucedían tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia. La muerte, en muchos casos, no fue límite para dañar a las mujeres, pues aún después de haber sido asesinadas, sus cuerpos eran objeto de agresión.
Las mujeres victimizadas y sus familias, sólo obtenían como respuesta un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituía Violencia Institucional y contribuyó a la impunidad.

Feminicidas
Hay dos tipos: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hicieron permisible el delito. El primer causante es quien con su violencia consumó el acto de muerte. El más visible, aunque no por ello menos exonerado en esta cultura machista que permite que los hombres posean todo, incluso la vida y destino de las mujeres. Además del hecho comisivo de la muerte violenta, está en algunos casos, la desaparición del cadáver y su exposición en un lugar público, con las consecuencias de agravio a la dignidad de las personas.
El segundo, menos visible, normalmente es un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión y desdén incurrieron en Violencia Institucional. Esta violencia se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, atender los protocolos de investigación y aplicar las leyes en materia de Derechos Humanos de las mujeres.
Algo era real y contundente: la Violencia Feminicida se debía a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los Derechos Humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus Derechos Humanos.
Después de realizar un arduo trabajo de investigación por más de 10 años, ya no había duda de que los feminicidios eran reales y que se tenía que generar acciones tendientes a prevenirlos y erradicarlos, así como un marco legal para la protección de todas las mujeres. Así, se continuó con la gestión legislativa para aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos (2007). En 2011 se reformó el Código Penal de Morelos, en su Artículo 213 Quintos, del Capítulo III sobre el feminicidio, que establece hasta cinco causales del delito.

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis:
I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;
II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida;
V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o
VII. La víctima haya sido incomunicada.

Pero pese a este gran marco legal, a las morelenses las seguían asesinando. Por lo que en 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Después de más de un año de haberse solicitado la Declaratoria de la AVG en Morelos por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., y miles de ciudadanas, ciudadanos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil Estatales, Nacionales e Internacionales, finalmente el 10 de agosto fue DECRETADA LA ALERTA en 8 de los 33 Municipios.

Por lo cual, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).
Consideramos que es, sin duda, una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años, sabiendo que la AVG es el último recurso legal establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para garantizar la vida, la libertad, la dignidad, la justicia y la atención integral para las mujeres en Morelos.
Por todo ello, a la vez que celebramos la emisión de esta AVG y le damos las GRACIAS a todas las personas y organizaciones por sumarse a esta exigencia, también expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG.
Asimismo recomendamos al Estado Mexicano y en particular al de Morelos a:
1. Restitución Integral. Tomar acciones por parte del Estado para hacer valer el artículo 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres victimizadas, como una medida de restitución integral del daño y garantía de no repetición. Así como asegurar que, en casos necesarios, se deben aplicar medidas cautelares y/o provisionales a favor de sus familiares, así como la atención psico-social que permita enfrentar los duelos por muertes violentas o por desaparición/desaparición forzada.
2. Acceso Pleno a la Justicia. La Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos.
3. Garantías Efectivas de no Repetición. Las Garantías de no Repetición son acciones, medidas y procesos encaminados a evitar repetición de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres; generar cambios en el funcionamiento de las instituciones; transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política de la población y de las autoridades; con el fin de fortalecer la política de prevención general en contra de la violencia feminicida.
4. Plan de Atención y Prevención. Se observó que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de Atención a la Violencia contra las mujeres que permita una prevención de esta problemática desde sus primeras manifestaciones y evitar un escalamiento de la violencia.

En caso de mujeres desaparecidas
Primero: Atender de inmediato las demandas de las y los familiares de personas desaparecidas.
Segundo: Llevar a cabo todas las medidas de investigación tendientes a localizar y presentar con vida a las personas desaparecidas.
Tercero: Que la Fiscalía General del estado de Morelos aplique los Protocolos de Investigación adecuados al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la aprobada para el Estado de Morelos.
Cuarto: Que se implemente la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (2015), así como subsanar las deficiencias de la Ley.

Finalmente, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de la Declaratoria de AVG en Morelos, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.



* Feministas integrantes de la Comisión Independiente de derechos Humanos de Morelos, A.C.

Alerta de Violencia de Género en Guanajuato: una oportunidad para eliminar el feminicidio


Verónica Cruz*

Para nosotras, Las Libres, la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) significa una oportunidad para responsabilizar al gobierno del estado de Guanajuato de no prevenir los feminicidios y no atender la violencia feminicida, lo anterior con el propósito de que las mujeres víctimas accedan a la justicia, así como sus familias y comunidad a la reparación del daño Integral.
Durante año y medio, es decir, desde que ingresamos la solicitud: 20 de marzo de 2014, hasta la notificación, 22 de julio de 2015, de que no se declararía por ahora la AVG, no cejamos de exigir justicia para las mujeres. Aprendimos que la alianza entre organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, lograremos que todo un estado se ponga a trabajar en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Un indicador importante de este avance es, por ejemplo, que en 2015, la mayoría de los asesinatos violentos contra las mujeres han sido tipificados como feminicidios, y la mayoría de los feminicidas están encarcelados y sentenciados. Si logramos que la procuración y administración de justicia contribuyan para que continúe disminuyendo la impunidad, en 2016 se tendrá que ver reflejado en menor número de feminicidios. Más muertes violentas de mujeres se habrán prevenido.
Otro ejemplo concreto, en los seis meses en los que el gobierno de Guanajuato tenía que llevar a cabo las 13 recomendaciones mandatadas por el grupo de trabajo, logramos prevenir 10 feminicidios, y sacamos a las mujeres del lugar de riesgo;  por esas mujeres valió la pena la solicitud de AVG.
Con alerta y sin alerta vamos a seguir exigiendo que el gobierno de Guanajuato cumpla con su mandato legal de garantizarnos a todas las mujeres una vida libre de violencia, si o si.

* Feminista defensora de los derechos de las mujeres. Integrante del Grupo de Las libres de Guanajuato.


La Alerta de Violencia de Género en Michoacán, reflexiones de un contexto adverso para su declaratoria


Lucero Circe López Ríofrío*

Michoacán no sólo es un estado convulsionado por la violencia y el narcotráfico, sino porque también ha sido el centro de diversas estrategias de intervención federal (2006), políticas y de combate al narcotráfico, ahí está el “Operativo conjunto Michoacán” que derivo en el “Michoacanazo”, hasta llegar al levantamiento de los Autodefensas que llegaron a tener presencia en más 30 municipios del estado, principalmente en Tierra Caliente y otras regiones de importancia económica y productiva para el mismo. Sin embargo, de manera permanente y constante, sin que sea significativo para el gobierno estatal, del 2008 a mayo de 2015, han asesinado a más de 750 mujeres, reconociendo la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) sólo 7 de éstos como feminicidios en el 2014.
Este contexto de violencia ha dejado en una mayor vulnerabilidad a las mujeres, existe una gran cantidad de mujeres viudas, hijos e hijas huérfanos, mujeres y familias desplazados por la violencia, migrantes sin tierra en su propia tierra, así como una mayor pobreza ya que son principalmente las mujeres las que encabezan y sostienen los hogares de casi un 20% de la población y un 60%  viven en pobreza. Las opciones de trabajo se han reducido al máximo en este tipo de contextos donde se cobra piso por vender fruta en la calle o semillas, es el sector informal, el trabajo doméstico y el sexo servicio, los que crecen y se visibilizan públicamente en las calles no sólo en los municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Uruapan, sino en municipios que son rurales y campesinos en su mayoría.
Estas son las razones de contexto por las cuales se solicitó la Alerta de Violencia de Género en Michoacán,1 además, hay que destacar la brutalidad con que han sido asesinadas mujeres como: Erika Kassandra Bravo violada y desollada; Yoselin Pérez Granados degollada; Malinalli Saucedo violada y asesinada, y así muchas más mujeres que merecen ser nombradas no contadas. Sabemos que del 2008 a mayo del 2015 hay 203 mujeres desaparecidas, que en ese mismo periodo han sido abusadas sexualmente 1,823, que han sido violadas 2,442 y que 4,832 ha dicho haber vivido violencia y con valentía han puesto una denuncia. Y que tan sólo en el 2014 hubo más mil embarazos en menores de 15 años y más de 12 mil en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, todas de primera vez.
Con la solicitud de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán (AVG), a petición de nosotras como feministas de la organización Humanas sin Violencia, A.C. hemos logrado, pese a su renuencia, sentar al Gobierno del estado y sus dependencias que le conforman, así como también a los Poderes Legislativo y Judicial, a discutir sobre su quehacer que les obliga comprender, analizar y actuar para garantizar la vida, seguridad e integridad de las Mujeres Michoacanas. Con la Alerta de Violencia de Género hemos demostrado que no hay una política pública de género, que no hay Acceso a la Justicia para las Mujeres, que este sistema no funciona, que la impunidad y la corrupción también son situaciones que abonan para que se agudice la Violencia Feminicida, los feminicidios y las violencias contra las mujeres.
Y aunque todo indica que no se va a declarar la AVG en Michoacán, porque probablemente sea más importante atender la situación de “los autodefensas” y bajar aunque sea con goma y lápiz los índices de delincuencia en el Estado para atraer la inversión y superar el quebranto financiero, lo cierto es que las mujeres subyacen con sus cuerpos vivos o muertos, una demanda que es real, seguridad, integridad y vida para todas las Mujeres Michoacanas, ¡¡¡ni una muerta más, justicia ya!!!

* Feminista, directora de la organización “Humanas sin violencia de Michoacán”.

Nota a pie
1. La solicitud de Alerta de Género para las Mujeres (AVGM) en el estado fue presentada el 19 de diciembre de 2014 por la organización Humanas Sin Violencia, A.C. El 6 de enero fue admitida la solicitud formalmente y  15 de enero se realizó la primera reunión del grupo de trabajo. El 7 de abril de 2015  la CONAVIM envió el informe elaborado por el grupo de trabajo al Gobernador del estado de  Michoacán. Este informe contiene nueve conclusiones y en cada una de ellas una serie de acciones que deben ser implementadas, así como indicadores para medir el cumplimiento a las recomendaciones presentadas en el informe.


Autonomía y modernidad


 Aime Jezabel Pérez Godínez*

En el presente texto se aborda el término de autonomía como estrategia política de las mujeres, situándola en el contexto de la sociedad moderna.
La modernidad se proclama heredera de un siglo de revoluciones científicas y del conocimiento, de la razón y el pensamiento en abierta confrontación con el poder divino y religioso, refutando sus tesis fundamentales por poco más de un siglo —el XVIII—, particularmente en Europa Occidental. Varios son los hechos que contribuyeron a la Modernidad como forma de vida, en este caso me interesa la relevancia de la Revolución Francesa en términos políticos, a saber porque: constituye un poder civil independiente, juzga a la Corona y la sentencia a la guillotina degollándola públicamente por graves crímenes cometidos contra el pueblo; proclama al pueblo libre, independiente y soberano del poder divino en todo sentido y para ello asume el poder legítimo que es el poder político en su territorio-Nación; constituye poderes público civiles, sus órganos y estructuras; constituye al Estado como ente del poder  civil representativo y democrático que se basa en el derecho1 para regular este pacto cívico entre ciudadanos que tiene por fin preservar la vida y la propiedad para garantizar el bienestar común, el desarrollo con justicia y paz.
Fue la misma revolución que negó la ciudadanía a las mujeres e institucionalizó a través del Código Civil de Francia, la sumisión de la mujer respecto del hombre definiéndola de por vida como “menor de edad” y, por tanto, bajo la tutela de un hombre: padre, hermano, esposo, cuñado, sobrino, hijo, pariente y, en su caso, el Estado asumía la tutela.
Todo lo anterior, aderezado con la primer dosis de ola romántica sobre la feminidad, los mismos pensadores que habían teorizado sobre el Estado, su carácter y en general caracterizaron a la sociedad moderna, promueven estándares sociales sobre el “ser mujer”, “el amor romántico”, “la ama de casa”, la “familia moderna”, el “ser mamá”, “lo bello y la belleza”, “la pareja” heterosexual y una serie de tópicos y construcciones sociales sobre el sexo y la sexualidad que sistemáticamente reproduce la idea de las mujeres como objetos sexuales, de servidumbre y reproducción al servicio de la sociedad. La misma revolución política que tuvo fuerza de voluntad para degollar a la nobleza y proponerse el desarrollo, bienestar, justicia y paz, fue incapaz de reconocer a las mujeres como iguales, libres y soberanas como ciudadanas.
Nos referimos a este aspecto de la historia por considerar que expresa el carácter de la opresión sexual en la relación establecida por el Estado moderno con las mujeres, donde en fondo y forma expresa la política de someter a las mujeres usando los medios de los que dispone. Si bien desde una perspectiva histórica las mujeres han conquistado derechos, desde una perspectiva política, el poder político está altamente concentrado en el ente del Estado.
La lucha es frontal, y la autonomía es estratégica como perspectiva y proceso para recuperar el poder de decisión: en lo general y en lo particular, en lo político y en lo privado, de pensamiento y de acción, de creencia y posición. Porque hemos conquistado derechos, mas es irrenunciable el análisis de nuestra situación actual, el devenir de las instituciones modernas y las tareas del feminismo en el momento actual, donde la vida en general y la política en particular se encuentran institucionalizada.
Es irreductible la crisis que como humanidad vivimos, donde si bien el grueso de los pactos que la modernidad se planeta como centrales para su desarrollo son vigentes  también viven una profunda crisis de legitimidad. Frente a lo cual la reacción del poder político ha sido la imposición normativa, de leyes, así como el uso de la violencia en contra los pueblos y sus luchas en nombre del progreso, el desarrollo, la democracia, el medio ambiente, la equidad de género y cualquier discurso que pueda ser usado como unificador, como una cortina de humo que encubre los intereses de la gente que concentra el poder de decisión sobre la vida, la muerte y el futuro de la sociedad moderna.  
El problema con la institucionalidad es que tiene por fin controlar y vigilar el comportamiento de las personas en algún espacio, siendo por definición la institución expresión de normas y reglas, ideas dada por válidas. La modernidad toma por base la conciencia humana y el poder que representa para la creación del futuro y es, en efecto, pero la modernidad ha fallado y el conjunto de las banderas políticas que sostiene son ilegítimas.
Por fortuna ese es problema de la modernidad; la crisis es abierta, está en juego el devenir de la humanidad.
Hay quienes señalan que el feminismo es la hija incómoda de la modernidad, me resulta muy incómodo establecer relaciones parentales con algo más que con la familia consanguínea y sus ramificaciones. Lo explico más como una lucha política por nuestro poder político, el poder ser. La historia del feminismo es la historia de miles, millones de vidas transgredidas, la posibilidad de realizar una crítica radical al status quo de la sociedad moderna y crear, a través del pensar y hacer, formas de vida donde las mujeres experimentamos libertad, independencia, soberanía, el poder ser.
La decisión política que es el feminismo en la modernidad ha construido un caudal innumerable de ideas y acciones de la liberación y emancipación de las mujeres, otras posibilidades de ser mujer y de construir socialmente el espacio común, herramientas y recursos de pensamiento indispensables para pensar, luchar y crear futuro.
En un país como México, donde el grueso de la participación política de las mujeres y, en general, la participación política es institucional, la autonomía es una estrategia política en la medida que anima a la conformación del poder individual y colectivo; el poder ser, conformando a través de la vivencia del espacio, formas sociales sororarias, sin violencia. Una estrategia que permite tomar distancia de la norma, lo normal y el Estado para resolver un problema social, de todos los problemas por excelencia complejo, en forma creativa, en afirmativo para la humanidad.
Por esa posibilidad posible, ese pensar libertario, en abierta ruptura con los pactos de violencia y creando otros mundos.

* Feminista socialista, militante del PRT.

Nota a pie
1. Particularmente los principios del Derecho Romano.


La experiencia de las mujeres en el territorio comunitario de Guerrero

Construir autonomía es defender el territorio y los derechos.

Lina Rosa Berrío Palomo*

Hablar de autonomía es siempre un ejercicio desafiante pues es un concepto polisémico respecto del cual existen múltiples enfoques y maneras de abordarlo como bien se observa en este número especial sobre la autonomía de las mujeres.
En este caso me interesa recuperar la conceptualización que utilizan Margarita Gutiérrez y Nellys Palomo en uno de los textos pioneros en abordar el tema desde las mujeres indígenas. Gutiérrez y Palomo (1999) señalan tres elementos para hablar de la autonomía desde la identidad genérica y de pertenencia étnica: desde el cuerpo o el ámbito personal, desde lo comunitario y, finalmente, lo organizativo.
En esta perspectiva tridimensional el cuerpo aparece como el territorio en el cual se expresan múltiples formas de violencia y despojo en tanto las mujeres tenemos cada vez menos poder de decisión sobre nuestra capacidad reproductiva. La percepción de las mujeres como “dadoras de vida” o como las responsables de preservar la cultura y la tradición (Mani, 1999) genera una negación del cuerpo como espacio de realización personal y fuente de placer en tanto se exalta la capacidad reproductiva y la maternidad asociada a la misma, o bien situaciones como la violencia física, sexual o el matrimonio a temprana edad, los cuales han sido ampliamente señalados por las mujeres indígenas como costumbres que deben ser cambiadas. En este sentido, la primera dimensión autonómica a conquistar es la del propio cuerpo, el espacio vital asociado al mismo, la dimensión del gozo y las decisiones sobre la propia vida.
El segundo componente de la autonomía lo constituye la dimensión colectiva, la comunitaria. En ésta se inserta todo lo relacionado con los procesos de los pueblos indígenas y sus comunidades; las luchas por el territorio, la autonomía, los derechos colectivos. Uno de los ámbitos donde más énfasis se ha colocado desde el movimiento indígena mixto y en el cual las mujeres han participado activamente reivindicándolo como derecho y construyéndolo en la práctica.
La tercera dimensión de la autonomía señalada por Gutiérrez y Palomo se refiere a los procesos organizativos de las mujeres indígenas en torno a sus demandas de género. Tales procesos han tenido un importante incremento durante las últimas tres décadas, comenzando desde los grupos pioneros derivados de las organizaciones mixtas como la Macegual Sihuamej de Puebla, el equipo de mujeres que sale de Ucizoni para constituir su propia organización (Naxwiin A.C) y quienes actualmente tiene un amplio proceso organizativo en varios municipios del istmo que han dado como resultado una Casa de la Mujer Indígena, una diputada local en Oaxaca (la compañera Zoila José Juan) y un importante espacio de promoción de derechos para las mujeres de la región.
Además de esas organizaciones con trayectoria de décadas, de la rica experiencia de las mujeres al interior del Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, las cuales fueron claves en el proceso de discusión de los derechos indígenas al comenzar la primera década del siglo XXI, y que abrieron brecha en el posicionamiento de las demandas específicas de género al interior del movimiento, hoy encontramos también una multiplicidad de procesos organizativos de diversos niveles y temáticas. Organizaciones vinculadas a lo productivo, a la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención de la violencia de género como las Casas de la Mujer indígena —Camis—; la red de jóvenes indígenas, las organizaciones de profesionistas indígenas, las de turismo, las nacionales y las internacionales. Al mismo tiempo, cada vez más mujeres indígenas en espacios de decisión y cargos de elección popular a nivel local, presidentas municipales elegidas por usos y costumbres, compañeras indígenas al frente de las instancias municipales de la mujer y profesionistas de diversos pueblos impulsando programas específicos desde instancias de gobierno, entre otras.
Es evidente que ninguno de estos logros ha sido fácil ni se construyeron en camino de pétalos de rosa. Ganar cada uno de ellos pasa por un proceso de apropiación de espacios que tradicionalmente han sido vedados y, por tanto, generan resistencias, rechazo, descalificaciones e incluso abierta confrontación. Es frente a este contexto complejo como se construye autonomía, la personal de asumir lo que ello implica, la colectiva de rodearse y trabajar conjuntamente por una agenda común, la organizativa que implica aliarse con otras mujeres que caminan en la misma sintonía y con varones que de a poco se van sumando a este proceso.
Al mismo tiempo y de forma paralela a las experiencias institucionales de participación, encontramos otro grupo de mujeres vinculadas a procesos organizativos que en la práctica apuntan a la construcción de nuevas formas de relación con el Estado desde la autonomía en la impartición de justicia y la seguridad como es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), más conocida como Policía Comunitaria de Guerrero. En esta experiencia, surgida en 1997 en la Montaña de Guerrero, y que en la actualidad aglutina a 50 comunidades de diez municipios en la región de la Costa chica-montaña organizados en cuatro sedes regionales, las mujeres han estado presentes desde su creación y en los últimos años han ejercido cargos de máxima autoridad desempeñándose como Coordinadoras Regionales y Consejeras. Son los casos de las compañeras Felicitas Martínez y Asunción Ponce Ramos; mujeres meph´aa y tun saavi, respectivamente, quienes fungieron como coordinadoras de la sede de San Luis.

¿Qué significa para las mujeres construir autonomía en un contexto de creciente acoso por parte del Estado y los poderes fácticos, especialmente los económicos vinculados a la explotación de los recursos naturales como las mineras que desde hace años pugnan por instalarse en la región con la complicidad del gobierno de Guerrero que ha otorgado ya decenas de permisos? ¿Qué significa impartir justicia cuando los delitos que se llevan a esta instancia comunitaria rebasan los tradicionales de las comunidades para incorporar asuntos mayores como asesinatos, narcotráfico o conflictos por linderos territoriales? ¿Qué significa mantener propuestas como ésta en un contexto donde se habla genéricamente de “las autodefensas” y se pretende meter en el mismo costal experiencias organizativas de las comunidades que poseen lógicas distintas y responden a realidades muy específicas de cada región? ¿Qué significa para las mujeres ser figuras públicas y autoridades reconocidas en un momento de creciente criminalización de la protesta social, de trato diferenciado por parte del Estado respecto a los procesos organizativos incluso al interior de la propia CRAC que traen como resultado la detención de prácticamente todas las autoridades de la sede de El Paraíso incluyendo a la comandanta Néstora Salgado?
¿Cuáles son los delitos que se les imputa? Defender el territorio, el derecho de los pueblos a organizarse, impartir justicia y hacerse cargo de la seguridad cuando el Estado no asume estas tareas? Allí están en el territorio comunitario las mujeres construyendo autonomía, las coordinadoras, las consejeras, las comandantas, las promotoras de justicia, las de salud, las de los comités en cada comunidad, los grupos de la sede de Zitlaltepec que luego de un proceso de reflexión largo, complejo, a contracorriente, aprobaron su carta de derechos de las mujeres que en mucho recuerda la experiencia pionera de las zapatistas. Allí están también las compañeras y compañeros parteras y promotores de la Casa de la Mujer indígena Nellys Palomo de San Luis Acatlán.
Allí están ellas todas distintas, únicas, irrepetibles, cada una con su especificidad construyendo autonomía en la práctica. La del cuerpo, de asumirse como protagonistas de su propio destino, la comunitaria defendiendo un proyecto de los pueblos con más de 15 años de existencia como es la CRAC. La organizativa, juntándose con otras y otros, tejiendo redes, alianzas, poniendo al centro las demandas de las mujeres y hombres de la región. El derecho a existir, a tener un territorio, a producir y vender los alimentos en condiciones que no sean las desiguales impuestas por el mercado, a preservar el agua, los recursos, la tierra que se vería gravemente afectada si se aprueban las concesiones a las mineras canadienses que pugnan por entrar. Allí están construyendo el derecho al cuerpo, al placer, al ejercicio de la sexualidad, a la reproducción como un derecho y no como obligación, a atenderse durante su embarazo y parto como las mujeres lo decidan, incluyendo sus formas tradicionales y la preservación de sus saberes en esta materia.
En este nuevo contexto de militarización y control de la vida cotidiana, de cierre de espacios democráticos, la autonomía de las mujeres pasa por la defensa de la vida, de la existencia y del asumirnos libremente como seres políticos. Acompañar los procesos organizativos de los pueblos, con el respeto que merecen sus dinámicas y definiciones internas pero sabiendo que lo que se juega en cada pequeño territorio es, en última instancia, la posibilidad de existencia para cada una y cada de nosotros. Esa mirada multidimensional y la posibilidad de la reflexión en la acción, es una de las herencias del feminismo que hoy sin duda, está más vigente que nunca.

*Investigadora feminista, integrante de Kinal Antzetik.


Nuestro balance: feministas si / feministas no


 Sara Lovera*

Hace 40 años, cuando un puñado de mexicanas nos juntamos y decidimos ser feministas, en México, detrás de décadas de reflexión y búsqueda para lograr los derechos de las mujeres, había una sensación de que en nuestro país eran reivindicadas la condición y el estatus femenino en decenas de aspectos, se sentía y decía: gracias a la revolución mexicana somos personas. Todo parecía estar en paz, luego entonces, las nuevas feministas éramos incómodas.
En México el programa liberal/autoritario en que devino el movimiento armado de 1910, había construido un andamiaje jurídico y un programa social que apuntaba hacia un país donde la tendencia era conseguir el estado de derecho y los derechos y la reivindicación para las y los desposeídos: campesinado y mundo indígena sustantivamente.
Por miles de miles, las mujeres habían participado en el movimiento revolucionario, sin embargo, aún hoy no se reconoce a las más de 4 mil mujeres que estuvieron en los campos de batalla, como correos y estrategas; además, en ese ambiente de transformación, maestras, feministas e intelectuales elaboraron un programa de reivindicaciones femeninas, surgido en los dos encuentros feministas de 1916, el primero en enero  y el segundo en septiembre  de ese año realizados en el estado de Yucatán. Los tres ejes fundamentales acordados, se decía, sacarían del marasmo a las mexicanas: educación, libertad sexual y participación política.
Mas, los constitucionalistas de 1917 negaron el voto ciudadano para las mujeres, solicitado 14 veces durante las discusiones de la nueva Constitución en la ciudad de Querétaro. El nuevo pacto social recogió e incorporó cuestiones sustantivas: el derecho al trabajo, el libre tránsito, la educación laica y científica y un programa para evitar los monopolios económicos. Era único y revolucionario el contenido del artículo 123 que describía el derecho de los obreros, el salario mínimo y la seguridad social. Por supuesto se pretendía y esperaba el reparto de la tierra. Pero negó la ciudadanía de las mujeres mexicanas.
Sin hacer cuentas alegres, la nueva Constitución Política de 1917, entre otras cosas, había dado a las mexicanas la sensación de tener derechos; proporcionaba un espacio de felicidad para las familias y para las madres. Fueron los tiempos de ascenso social y  la educación el mecanismo de incorporación al progreso. No obstante, las mujeres no fueron consideradas como actoras políticas. Se tienen evidencias que desde finales del siglo XIX las mujeres demandaron  derechos políticos que fueron dándose a cuenta gotas, por ejemplo, en 1925 en Yucatán se concedió el voto municipal, más tarde otras entidades caminaron en el mismo sentido, pero fue hasta los años 40 cuando se consiguió el voto municipal en todas las entidades del país y hasta 1955 se ejerció por primera vez el voto universal.
¿Qué significó esto? Nada menos que un camino andado al lado de lo que hoy definiríamos como “instituciones”; hombres de poder o razones de la economía nacional, liberal, burguesa y limitada.
Quizá ahí se halle el fondo cultural y perverso de pensarnos ciudadanas y llenas de oportunidades hasta los años 60 del siglo XX. Ya entonces en el Congreso, se empezaron a discutir el derecho a no vivir violencia, el tráfico de personas, la participación política, incluso las cuotas de participación dentro del partido oficial. Igual se modernizó el divorcio que se había decretado en 1915, así como asuntos centrales donde las mujeres eran primero madre/esposas: la patria potestad, la canasta básica, los derechos sociales de las mujeres, su derecho indiscutible a ir a la escuela y poco a poco el derecho a trabajar como reivindicación.
Las intelectuales de ese tiempo afirmaban que había un progreso para la mitad de la población. Las maestras, políticas en boga, escribieron que habían logrado salir adelante. Este sentimiento es lo que ha definido y dividido en dos al camino feminista: unas, las liberales, colaboracionistas, medianamente satisfechas en un bloque y, las otras, las demandantes, marginadas, desoídas y discriminadas, feministas y socialistas que pedían otras reivindicaciones y el cambio de mentalidad como base, además del aborto (años 30), el cambio ideológico con que se construía el matrimonio y otros derechos como darle nacionalidad a sus maridos, cuidados oficiales para sus hijos, escuela laica y mixta, anticonceptivos, etc.
Y como sólo existía el partido oficial, aquel de la revolución mexicana, el que monopolizó el programa de reivindicaciones de todas y todos los mexicanos, con una vida interna que se basó en un acuerdo interclasista, considerado único en el mundo en aquellos tiempos. Tal vez por ello las agrupaciones femeniles o movimientos de mujeres —que propiciaron la realización de una decena de encuentros y análisis de la condición de las mujeres— jamás se cuestionaron cómo actuar fuera de las reglas del Estado, hecho que construyó una cultura y una conducta dependiente de las instituciones. Las mujeres también fueron integrantes de las organizaciones corporativas y, con mucha frecuencia las promotoras de los programas y acciones oficiales.
Podemos observar incluso que las socialistas y comunistas se aliaron con las mujeres de la revolución mexicana para conseguir algunas de sus demandas. Acordaron un solo frente, el Único pro Derechos de la Mujer en 1935, también interpartidario e interclasista.
¿Qué discurso tenía el Estado liberal y neoburgués? Que todas las personas de la nación mexicana tenían oportunidades. El sistema abrió miles de escuelas para niñas y niños; las misiones culturales de los años 20 se convirtieron en el siempre repetido programa social, oportunidades a mujeres para ser profesionales: escuelas normales, de enfermería, de trabajo social, de puericultura, todas profesiones, es obvio, para eternizar el papel de las mujeres como madres.
Asimismo crecieron la educación básica, de administración y lentamente las aulas universitarias, cientos de mujeres se formaron en las tareas administrativas del Estado, en fábricas de textiles y del vestido; recolectoras de jitomate en los campos de Sinaloa y Sonora; nacieron gremios feminizados con destacada, pero oculta, lucha sindical.
A muchas de estas mujeres les debemos el estatuto de los derechos sociales y de algunos contratos de trabajo que habrían de significar verdaderos avances para la clase trabajadora, a donde llegaban día a día, más y más mujeres.
La estrategia seguida por costumbre fue discutir, demandar y sentarse con los poderes para conseguir las nuevas reivindicaciones.

El nuevo feminismo
En dicho contexto, en los años 70, apareció en la escena política el nuevo feminismo con reivindicaciones que alertaron y pusieron en la picota a las INSTITUCIONES.
El nuevo movimiento emergente se planteó la auto organización, se diría la autonomía. Por primera vez, las mujeres analizamos colectivamente el significado del autoritarismo y lo que hoy llamamos patriarcalismo. El ejercicio de poder en la vida cotidiana, en las relaciones laborales, y sobre todo en el control familiar y social de nuestros cuerpos. Habíamos interrumpido de un sólo golpe la paz REVOLUCIONARIA.
Lo anterior significó un proceso riquísimo en experiencias sólo entre mujeres, pero, enseguida, saltó el gran tema: la doble militancia: partidaria/ feminista; social/ feminista, sindical/ feminista y la búsqueda de encuentros y acuerdos donde no fuéramos excluyentes. Cuestión dificilísima que remontamos a finales de los años 70 con la creación del Frente por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Ahí tuvimos una larga discusión sobre la aparición de los grupos autónomos feministas y las antiguas organizaciones del sistema.
El trayecto ha sido arduo. Que las mujeres se sintieran libres, felices y capaces de darse a sí mismas un estamento propio, ha sido una batalla ideológica e histórica que implicaba romper esquemas tradicionales. Nos salimos de las organizaciones mixtas. Nos planteamos la crítica al patriarcado como fuente de discriminación, opresión y desigualdad.
Este proceso planteó una profunda contradicción: ser feminista sólo desde nosotras o mirar a las otras no feministas. ¿Una nueva alianza como en los años 30?
Mientras tanto, en el mundo, operaba internacionalmente un pacto entre los gobiernos, 189 al menos: incluir a las mujeres en el desarrollo capitalista, siempre en crisis. Postergar nuestra emancipación, en favor de sus planes poblacionales, organizativos, económicos. Surgieron las ONG y los grupos temáticos. Ahora nuestra dependencia venía de la mundialización. ¿Éramos libres?
Al parecer todavía no hallamos la salida a la contradicción o ¿la hay? En los años 80 nos internacionalizamos como movimiento. Estuvimos discutiendo en los espacios gubernamentales de la ONU, decidimos “incidir”, pelear juntas, divididas, con distintas perspectivas algunos caminos: las demandas fueron cambiando de nombre. Los derechos sexuales y reproductivos; la no violencia contra las mujeres en la casa y del Estado, surgió la definición de los derechos humanos; construimos alternativas económicas y la inclusión de la mitad del mundo en las políticas públicas.
Todos los noventa nos adherimos a las propuestas internacionales. Recién la urgencia por participar políticamente, es decir, en los espacios donde se tomaran decisiones de cúpula y parlamentarismo.
En esa misma época las feministas y su bolsa de premisas culturales, filosóficas y sociales nos llevaron a pactos claros, eficientes y/o difusos y dolorosos; se hizo una nueva crítica a quienes empezaron a acompañar a los movimientos sociales, sindicales, campesinos e indígenas.
Se fustigó a las adherentes a las tareas de los gobiernos. Crecieron las asociaciones civiles y en el mundo los gobiernos con grandes recursos fueron subvencionando nuestras luchas, organización y demandas. ¿Crecía la contradicción? Claro que sí.
Toda esta parafernalia para preguntarnos: ¿cuándo accedimos a una libertad autónoma? ¿Nada ha cambiado? ¿Nuestra postura de peticionarias o incidentes sirvió para algo? Empujamos la institucionalización del feminismo, claro que sí, desde distintas vertientes. Nuestra crítica contradictoria intervino de manera sistemática para los cambios legislativos, que hoy decimos y sabemos que son papel mojado en la vida real y cotidiana de millones de mexicanas; demandamos la creación de las instancias oficiales que atendieran y dieran salida a la problemática de las mujeres; creamos los primeros refugios de mujeres violentadas; las asociaciones de trabajadoras domésticas; los servicios para atender la violencia contra las mujeres; pedimos presupuestos etiquetados, al tiempo íbamos perdiendo capacidad y fuerza para de salir a la calle, gritar y demandar. Fuimos posponiendo la transformación cultural y dejamos pendiente, otra vez, la organización masiva de mujeres. Hicimos una tarea colectiva que hizo visible lo que hoy conocemos como violencia feminicida, pero no hemos logrado desestructurar la impunidad y la violencia contra las mujeres; tampoco conseguimos salarios y trabajo decente, pero desde distintas vertientes insistimos en las reformas legales y aplaudimos con entusiasmo cada cambio, cada nueva ley, cada tramo reivindicativo. Nada más, pero nada menos.
La pregunta es si esto ha valido la pena o no. Si existe o no un piso, al que todas llegamos, desde las más comunes e institucionales hasta las más radicales y contestatarias. Si tenemos espacios propios; si hemos o no construido una nueva cultura feminista, si el análisis de la condición femenina y todos los diagnósticos son fundamento de cambios por venir, si para algo sirve la enseñanza del feminismo o del género, y en donde están cuestionadas las políticas públicas.
¿Es verdad que? sin la tarea de alianzas y trabajo institucional no habría derecho al aborto en la ciudad de México, ni una red de refugios que salvan vidas, ni tampoco estaríamos peleando por el cumplimiento de algunas leyes; no habrían como los hay, a pesar del mundo y de todo, diagnósticos y datos, desde muy diversas esquinas.
¿Realmente? obligamos a los gobiernos a realizar cambios, políticas, planes o sencillamente hemos formado parte de la orquesta del sistema económico, hoy sólo capitalista. ¿Para algo sirven los diagnósticos, medidas de inclusión? Dónde está nuestra incidencia en el Sistema Educativo Nacional y los Medios de Comunicación de Masas para crear otros sentimientos, saberes y modos de vivir.
¿Dónde hemos estado? El feminismo y sus distintas vertientes ha producido el bagaje ideológico, político y de propuestas emancipadoras: sin duda, pero a dónde vamos.

* Periodista mexicana, preocupada por la condición social de las mujeres. Feminista moderada. Apasionada por el cambio cultural y los medios de comunicación. Integrante del Consejo Editorial de esta revista.