lunes, 6 de junio de 2016

Nuevo embate contra las mujeres en México: la Comisión de la Familia en el Senado



Lucía Melgar*

Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, celebrada como un gran logro del feminismo y de la sociedad civil, se ha ido desarrollando en México lo que, en mi opinión, es ya una guerra contra las mujeres. En efecto, 16 estados han aprobado modificaciones a sus constituciones y leyes para “proteger la vida desde la concepción (o fecundación) hasta la muerte natural”, que ya han sido usadas para acusas a las mujeres que abortan de una aberración legal como el “homicidio agravado en razón de parentesco” que implica condenas de 2 años y más. En 2014 quedó en suspenso una posible despenalización del aborto en Guerrero. Por otra parte, el feminicidio se ha extendido y agravado a lo largo y ancho del país, la “guerra contra el narco” ha propiciado brutales formas de violencia contra mujeres y niñas —violaciones tumultuarias , trata de personas, y desapariciones. Y, para colmo, la crisis económica ha deteriorado tanto el ámbito laboral como el sistema de salud y la calidad de vida en general. Así, pese a ciertos avances en materia legislativa, cuya letra promueve la igualdad y el derecho a vivir sin violencia, las mexicanas enfrentan un ambiente por demás hostil.
            En este contexto, la creación de una Comisión ordinaria de “La familia y el desarrollo humano” en el Senado de la República el año pasado es un golpe más contra las mujeres, las personas no heterosexuales y cualquiera que no viva conforme a los preceptos de la moral tradicional. Esa moral, impulsada con particular fervor por el Vaticano, que en México pretenden instalar en el ámbito público quienes confunden sus creencias religiosas y personales con la “verdad”, “olvidando” que México es una República laica y que nuestra sociedad es cada vez más diversa. Lo grave, en este sentido, no es sólo que el presidente de esta Comisión haya expresado su intención de actuar contra la “moda” de las familias homoparentales y contra la despenalización del aborto; resulta indignante también que todos los partidos hayan sido cómplices en cuanto representantes de todos ellos aprobaron y aceptaron integrar una instancia discriminatoria, oscurantista desde su nombre mismo. Así, aunque algunos y algunas legisladoras se deslinden, los partidos son responsables, de discriminación, imposición de creencias de sesgo religioso, y violación de preceptos constitucionales. Sin ir más lejos, los artículos 1ero. y 4to. constitucionales garantizan la igualdad de derechos para todas las personas y el derecho a elegir libremente la maternidad y el número de hijos.
            Hablar en el siglo XXI de “la familia”, una, homogénea, idealizada, es desconocer la realidad de las familias mexicanas, donde menos de la mitad es unidad nuclear tradicional, un cuarto están encabezadas por mujeres, y van en aumento las familias homoparentales,(gracias a logros legislativos producto también de importantes luchas sociales). Hablar de “fortalecer a la familia” no anuncia nada bueno puesto que suele implicar una visión autoritaria que niega derechos a la infancia, la juventud y las mujeres, busca preservar la autoridad del paterfamilias, y le adjudica a la unión heterosexual fecunda la virtud de “inculcar Valores” . Todo esto cuando la realidad obliga a cuestionar la ”bondad” esencial de las familias en un país con una alta tasa e violencia familiar y de pareja: por ejemplo, cerca del 50% o más de las mexicanas ha sido violentada alguna vez por su pareja, según datos oficiales (ENDIREH 2011). Hablar de “la familia” supone también, como lo explicitara el Senador Martínez, excluir de la convivencia social “respetable” y sobre todo del ejercicio de sus derechos civiles y humanos a miles de parejas homosexuales, con o sin hijos e hijas. Legislar desde esa visión de la vida social sería institucionalizar la violencia y la injusticia.
            En un país donde las leyes y los discursos correspondieran con las prácticas políticas, ni siquiera habría sido posible instalar , con dinero público, una instancia legislativa que, como se deriva del concepto de “familia”, excluye, constriñe y afrenta a más de la mitad de la sociedad. Si en México esto se ha hecho es, en parte, porque los grupos conservadores y políticos oportunistas se han ido convirtiendo desde hace unos años en voceros y cómplices de un estado confesional, el Vaticano, cuya agenda promueven; y porque gran parte de la clase política sigue creyendo que los derechos de las mujeres son secundarios y pueden canjearse por otros “bienes” políticos, ya sean reformas económicas o garantías de impunidad.
A las feministas nos corresponde afrontar con energía estos embates cada vez más frecuentes. La lista de tareas es larga: desde revertir las reformas “provida” y sus efectos nefastos y apoyar en cambio las nuevas propuestas de despenalización como la que se presentó a principios de año en Coahuila, hasta exigir una política integral contra la violencia de género. Disolver la Comisión de la familia sería un primer paso contra la cruzada que se ha desatado contra las mexicanas; pero hay que ir más allá. Lo que está en juego es la libertad de las mujeres, la viabilidad de una sociedad diversa y plural , y , en última instancia, la posibilidad de vivir en un país donde la igualdad y la justicia social no sean palabras vacías.

* Feminista, profesora e investigadora, integrante de Académicas en Acción Crítica.


No hay comentarios.: