Josefina
Chávez Rodríguez*
La Ley General de Acceso a una Vida Libre
de Violencia, la aprobó el Congreso de la Unión en 2006, el decreto por el cual
entró en vigor fue publicado en enero de 2007. A partir de esta fecha surgieron
múltiples escollos burocráticos y políticos que han enfrentado las mujeres,
para, finalmente, lograr por primera vez, el 28 de julio de 2015, la Alerta de
Violencia Género (AVG) en el Estado de México y en Morelos el 10 de agosto de
2015, después de años de lucha y presión política de organizaciones no
gubernamentales, sociales, feministas y de derechos humanos, de la CEDAW e
instancias internacionales.
El Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) desde el mes de diciembre de 2010,
solicitó la Alerta de Violencia de Género fundamentada en el registro
desarrollado por esa organización: 922 casos de 2005 a 2010. En enero de 2011
las instancias integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) negaron la
declaratoria de Alerta. Posteriormente, un juez de distrito determinó que se
habían vulnerado los derechos de las organizaciones solicitantes de la Alerta y
ordenó dejar sin efectos esa determinación aprobada en la misma institución!!!
A partir de las
protestas de las organizaciones y de la movilización en varios estados, la
presión logró que se realizaran modificaciones al reglamento de este Sistema y
es a partir de este momento que varias solicitudes fueron aceptadas. El
mecanismo al que se recurrió fue en primer lugar generar una lista de
recomendaciones que los estados tienen que cumplir en un lapso de seis meses, y
si no lo hacen, se declara la Alerta. En el caso de Guanajuato la Alerta no ha
sido declarada aún porque han valorado que el gobierno está implementando las
recomendaciones.
Los estados de Nuevo
León, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Baja California y Sonora, han
solicitado la Alerta y esta pendiente su declaratoria.
En el caso de Chiapas,
Estado de México y Nuevo León se ha llevado una ruta jurídica debido a que ante
la negativa sistemática para la aplicación de la Alerta, las compañeras tuvieron
que recurrir al litigio jurídico para demostrar la ilegalidad en la que estaba
incurriendo el SNPASEVM, y obligar al Estado y a las instituciones —que
incluyen, entre otras, a los Institutos Estatales de la Mujer—, a aceptar la
Investigación de la violencia feminicida y la aplicación de la Alerta.
Con la nueva Ley de
Acceso que incorporó la Alerta de Violencia de Género, en varios estados de la
república diversas organizaciones la solicitaron como una herramienta de último
recurso para presionar, con la ley en la mano a las instituciones del Estado.
En un contexto generalizado en el país en donde la violencia, militarización,
corrupción e impunidad ha generado costos sociales muy altos. Para miles
de mujeres ha implicado la desaparición y la esclavitud sexual con el
incremento del fenómeno de la trata de mujeres que le proporciona altos
rendimientos económicos al crimen organizado y sus cómplices. Hoy tenemos en el
país miles de mujeres desaparecidas y zonas de la república en donde las mujeres
están en peligro de muerte cotidianamente.
El Estado de México una historia de
violencia e impunidad
En este estado hay una historia de
impunidad en contra de las mujeres desde hace décadas, que se muestra en el
registro de niveles muy altos de violencia contra las mujeres, además, del
feminicidio. El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Peña Nieto era gobernador tuvo
lugar la represión en el pueblo de Atenco en donde 11 mujeres fueron víctimas
de violencia sexual en su modalidad de tortura. El caso dio la vuelta al mundo,
varias de ellas estuvieron presas por meses, injustamente. Este caso aún esta
en la impunidad pues si bien el gobierno mexicano admitió en una audiencia
(marzo de 2013) llevada a cabo ente la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en Washington, que se habían cometido “excesos” contra los
derechos humanos por las fuerzas de seguridad y propuso una “solución
amistosa”. Recientemente en mayo de 2015, en declaraciones públicas las mujeres
que fueron víctimas de tortura sexual hace nueve años, han sostenido el reclamo
de que se investiguen los grados de responsabilidad de las cadenas de mando
entre ellos a Peña Nieto. La reparación del daño a través de la creación de un
fideicomiso, propuesta del gobierno, no sustituye en este caso el reclamo de
justicia. El caso aún se encuentra en litigio en la Comisión y en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 2005 los datos de
la investigación llevada a cabo por la Cámara de Diputados arrojó diversas
cifras de feminicido en ese estado y los resultados no fueron del agrado del
gobierno. Esta investigación diagnóstica fue necesaria para conocer cuales eran
los aspectos que estaban impidiendo el acceso a la justicia para las mujeres;
asimismo, generó propuestas y recomendaciones para los distintos gobiernos
locales.
Finalmente, fue hasta
el 28 de abril de 2014, cuatro años después de un periplo desgastante en donde
las organizaciones civiles del Estado de México no retrocedieron, que el
Sistema admitió la solicitud. Y se anunció que procedería una investigación por
parte de un grupo interinstitucional y multidisciplinario para verificar que
realmente esa Alerta procedía para el Estado de México. Mientras el pantano
institucional se hacía bolas, la cifra de mujeres víctimas del feminicidio se
había incrementando.
A partir de la solicitud
de Alerta para el Estado de México, que coincidió con un contexto preelectoral,
inmediatamente se manejó que esta Alerta estaba “politizada”, porque el
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, era el candidato del PRI a
la presidencia. Posteriormente, gobernantes de varios estados como en el de
Morelos, Graco Ramírez, asumieron una actitud política defensiva, que
evidentemente está ligada a este precedente del Estado de México. En lugar de
ver la Alerta como una oportunidad para combatir la violencia contra las
mujeres. Por el contrario se evidenció que el discurso de estos políticos
naturaliza de la violencia.
Cuando el gobernador del
Estado de México anunció que “solicitaba” la Alerta de Género, el 9 de abril de
2015, fue una experiencia sorprendente y la oportunidad de ver en vivo y a todo
color cómo el cinismo es parte de las formas y estilos de gobernar.
El escenario para dar la “audaz” noticia fue en el marco de la firma de
un convenio con Inmujeres. Esta mascarada sirvió para que recibiéramos la señal
de que Peña Nieto ya “palomeo” las Alertas y dio el “permiso”. Cuando las cosas
llegaron a un punto límite; ¿pues cómo iba, el sistema burocrático y kafkiano,
poder justificar la negativa de alerta?
Retos, lecciones y perspectivas
En los logros obtenidos, hay que reconocer
la labor de las compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,
que lograron arrinconar al gobernador del Estado de México. Asimismo reconocer
el trabajo de movilización estatal, alianzas y presión realizada por Las Libres
en Guanajuato, la acciones sostenidas de la Comisión Independiente de Derechos
Humanos en Morelos y en Chiapas en donde se generaron nuevas alianzas y
acciones para involucrar a la ciudadanía. Al apoyo de quienes desde el
periodismo contribuyen con solidaridad y compromiso a documentar y visibilizar.
A todas las compañeras que están empujando acciones en lugares en donde la
Alerta aún no ha sido declarada: Colima, Nuevo León, Baja California, Sinaloa,
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca. Es importante visibilizar y potenciar el trabajo que
se esta haciendo en todos los estados en donde están luchando por la Alerta de
Violencia de Género.
La lucha por lograr las
declaratorias de Alerta, ha requerido de un gran esfuerzo y movilización, hay
que destacar que en este camino se han desarrollado alianzas importantes entre
las organizaciones feministas, ciudadanas, académicas, periodistas,
organizaciones de derechos humanos, se han probado diversas tácticas para promover
la visibilidad y el reconocimiento social del feminicidio y de la violencia
contras las mujeres como un problema que atañe a toda la sociedad y que
requiere de ser asumido colectivamente.
Todas estas acciones,
sin embargo, no son suficientes para desplegar una mayor movilización social en
la defensa de la vida y libertad de las mujeres. Habrá que generar tácticas que
se dirijan a construir procesos de organización y autorganización de las
mujeres y de fortalecer los espacios de lucha independientes del control
estatal, único camino que puede garantizar a abonar y profundizar alianzas más
sólidas. Este es un gran reto y una urgente necesidad, para recolocarnos en un
terreno de lucha distinto, veamos a las mujeres, trabajemos con las mujeres,
organicemos a las mujeres; presionemos desde una postura de independencia
política del Estado, hagamos una horizontalidad democrática. Esta reorientación
es fundamental para enfrentar la etapa de lucha que continua, hacer el
seguimiento de las acciones de los gobiernos en donde se ha declarado Alerta de
Violencia de Género en los estados en donde están desarrollando las
recomendaciones. ¿Cómo se va a realizar desde una perspectiva de independencia
política esta vigilancia?
Tiene que ser a partir
de involucrar a amplios sectores sociales en la vigilancia ciudadana y pública
de las acciones; todo lo que se haga debe ser puesto a consideración pública.
Nada que ver con los consejos funcionales al sistema. Al contrario. Hay que
involucrar a las mujeres y a la población y comunidades de los municipios en
donde se aplicará la Alerta, generar asambleas populares y de mujeres de
seguimiento, solidaridad, vinculación e involucramiento con familiares de las
víctimas. El reto es que la Alerta sea una herramienta para generar nuevos e
inéditos procesos de poder alternativo, de autonomía feminista. Hay que tener
claro que las Alertas por sí mismas no lograrán la erradicación de la violencia
contra las mujeres; necesitamos generar procesos más profundos de
cuestionamiento de las verdaderas causas patriarcales de la violencia contra
las mujeres. Mantener la denuncia, la vigilancia y la presión política.
* Feminista, investigadora de temas de
género y directora de Cuadernos Feministas.
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