lunes, 6 de junio de 2016

Las primeras declaratorias de Alerta de Género: un triunfo parcial


Josefina Chávez Rodríguez*

La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la aprobó el Congreso de la Unión en 2006, el decreto por el cual entró en vigor fue publicado en enero de 2007. A partir de esta fecha surgieron múltiples escollos burocráticos y políticos que han enfrentado las mujeres, para, finalmente, lograr por primera vez, el 28 de julio de 2015, la Alerta de Violencia Género (AVG) en el Estado de México y en Morelos el 10 de agosto de 2015, después de años de lucha y presión política de organizaciones no gubernamentales, sociales, feministas y de derechos humanos, de la CEDAW e instancias internacionales.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) desde el mes de diciembre de 2010, solicitó la Alerta de Violencia de Género fundamentada en el registro desarrollado por esa organización: 922 casos de 2005 a 2010. En enero de 2011 las instancias integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) negaron la declaratoria de Alerta. Posteriormente, un juez de distrito determinó que se habían vulnerado los derechos de las organizaciones solicitantes de la Alerta y ordenó dejar sin efectos esa determinación aprobada en la misma institución!!!
A partir de las protestas de las organizaciones y de la movilización en varios estados, la presión logró que se realizaran modificaciones al reglamento de este Sistema y es a partir de este momento que varias solicitudes fueron aceptadas. El mecanismo al que se recurrió fue en primer lugar generar una lista de recomendaciones que los estados tienen que cumplir en un lapso de seis meses, y si no lo hacen, se declara la Alerta. En el caso de Guanajuato la Alerta no ha sido declarada aún porque han valorado que el gobierno está implementando las recomendaciones.
Los estados de Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Baja California y Sonora, han solicitado la Alerta y esta pendiente su declaratoria.
En el caso de Chiapas, Estado de México y Nuevo León se ha llevado una ruta jurídica debido a que ante la negativa sistemática para la aplicación de la Alerta, las compañeras tuvieron que recurrir al litigio jurídico para demostrar la ilegalidad en la que estaba incurriendo el SNPASEVM, y obligar al Estado y a las instituciones —que incluyen, entre otras, a los Institutos Estatales de la Mujer—, a aceptar la Investigación de la violencia feminicida y la aplicación de la Alerta.
Con la nueva Ley de Acceso que incorporó la Alerta de Violencia de Género, en varios estados de la república diversas organizaciones la solicitaron como una herramienta de último recurso para presionar, con la ley en la mano a las instituciones del Estado. En un contexto generalizado en el país en donde la violencia, militarización, corrupción e impunidad  ha generado costos sociales muy altos. Para miles de mujeres ha implicado la desaparición y la esclavitud sexual  con el incremento del fenómeno de la trata de mujeres que le proporciona altos rendimientos económicos al crimen organizado y sus cómplices. Hoy tenemos en el país miles de mujeres desaparecidas y zonas de la república en donde las mujeres están en peligro de muerte cotidianamente.

El Estado de México una historia de violencia e impunidad
En este estado hay una historia de impunidad en contra de las mujeres desde hace décadas, que se muestra en el registro de niveles muy altos de violencia contra las mujeres, además, del feminicidio. El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Peña Nieto era gobernador tuvo lugar la represión en el pueblo de Atenco en donde 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en su modalidad de tortura. El caso dio la vuelta al mundo, varias de ellas estuvieron presas por meses, injustamente. Este caso aún esta en la impunidad pues si bien el gobierno mexicano admitió en una audiencia (marzo de 2013) llevada a cabo ente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, que se habían cometido “excesos” contra los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y propuso una “solución amistosa”. Recientemente en mayo de 2015, en declaraciones públicas las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual hace nueve años, han sostenido el reclamo de que se investiguen los grados de responsabilidad de las cadenas de mando entre ellos a Peña Nieto. La reparación del daño a través de la creación de un fideicomiso, propuesta del gobierno, no sustituye en este caso el reclamo de justicia. El caso aún se encuentra en litigio en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 2005 los datos de la investigación llevada a cabo por la Cámara de Diputados arrojó diversas cifras de feminicido en ese estado y los resultados no fueron del agrado del gobierno. Esta investigación diagnóstica fue necesaria para conocer cuales eran los aspectos que estaban impidiendo el acceso a la justicia para las mujeres; asimismo, generó propuestas y recomendaciones para los distintos gobiernos locales.
Finalmente, fue hasta el 28 de abril de 2014, cuatro años después de un periplo desgastante en donde las organizaciones civiles del Estado de México no retrocedieron, que el Sistema admitió la solicitud. Y se anunció que procedería una investigación por parte de un grupo interinstitucional y multidisciplinario para verificar que realmente esa Alerta procedía para el Estado de México. Mientras el pantano institucional se hacía bolas, la cifra de mujeres víctimas del feminicidio se había incrementando.
A partir de la solicitud de Alerta para el Estado de México, que coincidió con un contexto preelectoral, inmediatamente se manejó que esta Alerta estaba “politizada”,  porque el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, era el candidato del PRI a la presidencia. Posteriormente, gobernantes de varios estados como en el de Morelos, Graco Ramírez, asumieron una actitud política defensiva, que evidentemente está ligada a este precedente del Estado de México. En lugar de ver la Alerta como una oportunidad para combatir la violencia contra las mujeres. Por el contrario se evidenció que el discurso de estos políticos  naturaliza de la violencia.
Cuando el gobernador del Estado de México anunció que “solicitaba” la Alerta de Género, el 9 de abril de 2015, fue una experiencia sorprendente y la oportunidad de ver en vivo y a todo color cómo  el cinismo es parte de las formas y estilos de gobernar.  El escenario para dar la “audaz” noticia fue en el marco de la firma de un convenio con Inmujeres. Esta mascarada sirvió para que recibiéramos la señal de que Peña Nieto ya “palomeo” las Alertas y dio el “permiso”. Cuando las cosas llegaron a un punto límite; ¿pues cómo iba, el sistema burocrático y kafkiano, poder justificar la negativa de alerta?

Retos, lecciones y perspectivas
En los logros obtenidos, hay que reconocer la labor de las compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que lograron arrinconar al gobernador del Estado de México. Asimismo reconocer el trabajo de movilización estatal, alianzas y presión realizada por Las Libres en Guanajuato, la acciones sostenidas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos y en Chiapas en donde se generaron nuevas alianzas y acciones para involucrar a la ciudadanía. Al apoyo de quienes desde el periodismo contribuyen con solidaridad y compromiso a documentar y visibilizar. A todas las compañeras que están empujando acciones en lugares en donde la Alerta aún no ha sido declarada: Colima, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca. Es importante visibilizar y potenciar el trabajo que se esta haciendo en todos los estados en donde están luchando por la Alerta de Violencia  de Género.
La lucha por lograr las declaratorias de Alerta, ha requerido de un gran esfuerzo y movilización, hay que destacar que en este camino se han desarrollado alianzas importantes entre las organizaciones feministas, ciudadanas, académicas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, se han probado diversas tácticas para promover la visibilidad y el reconocimiento social del feminicidio y de la violencia contras las mujeres como un problema que  atañe a toda la sociedad y que requiere de ser asumido colectivamente.
Todas estas acciones, sin embargo, no son suficientes para desplegar una mayor movilización social en la defensa de la vida y libertad de las mujeres. Habrá que generar tácticas que se dirijan a construir procesos de organización y autorganización de las mujeres y de fortalecer los espacios de lucha independientes del control estatal, único camino que puede garantizar a abonar y profundizar alianzas más sólidas. Este es un gran reto y una urgente necesidad, para recolocarnos en un terreno de lucha distinto, veamos a las mujeres, trabajemos con las mujeres, organicemos a las mujeres; presionemos desde una postura de independencia política del Estado, hagamos una horizontalidad democrática. Esta reorientación es fundamental para enfrentar la etapa de lucha que continua, hacer el seguimiento de las acciones de los gobiernos en donde se ha declarado Alerta de Violencia de Género en los estados en donde están desarrollando las recomendaciones. ¿Cómo se va a realizar desde una perspectiva de independencia política esta vigilancia?
Tiene que ser a partir de involucrar a amplios sectores sociales en la vigilancia ciudadana y pública de las acciones; todo lo que se haga debe ser puesto a consideración pública. Nada que ver con los consejos funcionales al sistema. Al contrario. Hay que involucrar a las mujeres y a la población y comunidades de los municipios en donde se aplicará la Alerta, generar asambleas populares y de mujeres de seguimiento, solidaridad, vinculación e involucramiento con familiares de las víctimas. El reto es que la Alerta sea una herramienta para generar nuevos e inéditos procesos de poder alternativo, de autonomía feminista. Hay que tener claro que las Alertas por sí mismas no lograrán la erradicación de la violencia contra las mujeres; necesitamos generar procesos más profundos de cuestionamiento de las verdaderas causas patriarcales de la violencia contra las mujeres. Mantener la denuncia, la vigilancia y la presión política.

* Feminista, investigadora de temas de género y directora de Cuadernos Feministas.


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