Andrea Medina Rosas*
Una premisa básica de los diferentes
feminismos, y también de los derechos humanos, es la apuesta por cambios
sociales que garanticen un orden social sustentado en el respeto y
reconocimiento de la dignidad y la libertad en igualdad para todas las personas.
Para ello, desde el reconocimiento de nuestra libertad, respetamos, promovemos
y apelamos a la capacidad humana de cambio.
Cada persona, asumimos,
no está determinada por biologías, destinos o suertes, sino que tiene la
capacidad de decidir sobre sí misma, en el contexto de sus condiciones y
circunstancias. Aún más, hemos definido obligaciones políticas y sociales de
los Estados para que se consoliden las garantías que faciliten el cambio de
cada persona y de las relaciones sociales hacia ese horizonte de dignidad y
libertad en igualdad.
Sin embargo, siempre
llegan momentos o situaciones en que personas que creíamos que actuarían acorde
a dichos principios no lo hacen, y eso nos coloca ante la disyuntiva de tener
que tomar posición: defender la premisas y dejar claro a la persona que
requiere modificar su actuar o, contradecir las premisas y dejar (o avalar) que
la persona siga con su actuar.
En la pasada primavera
del 2014, se nos presenta en la ciudad de México una situación compleja y
confrontante para nuestras premisas feministas y de derechos humanos, y como
tal, ya ha propiciado posicionamientos con mucha fuerza sin que,
desafortunadamente, se construyan los espacios para hacer diálogo y reflexión.
Al calor de esa situación y ocupando un lugar en ella —represento legalmente a
las víctimas— quiero compartir algunos puntos para pensar juntas.
Breve resumen de los hechos del caso
El coordinador del posgrado en Derechos
Humanos de una universidad pública es denunciado por hostigamiento sexual y
hostigamiento laboral por dos profesoras colegas suyas. Después de un largo y
sinuoso proceso al interior de la Universidad es encontrado responsable de los
hechos y despedido. En tanto el proceso se llevó de manera confidencial, al
hacerse pública la resolución de la universidad, los argumentos con los que el
acusado había sustentado su defensa, se comenzaron a hacerlos públicos:
a.
Negó los hechos por los que se le acusa, y
al asumir como cierta su negativa, afirma que la denuncia, por el sólo hecho de
presentarse, es un acto de difamación y calumnia contra él (aun cuando las
víctimas solicitaron y respetaron la confidencialidad para que, sólo hasta que
la autoridad investigara y resolviera, se hablara del caso).
b.
Puesto que el hostigamiento sexual es de
realización oculta, el dicho de la víctima y su coherencia, es prioritaria. Su
defensa ante esto ha sido, no hablar sobre los hechos, sino explícita y
deliberadamente a desacreditar y a calumniar a las dos profesoras que
denunciaron.
c.
En tanto su defensa es calumniar a las
denunciantes, sus pruebas y argumentos dieron más evidencia del abuso de poder
que continúa realizando. Ahora que la resolución lo encuentra responsable toma
la misma actitud: desacreditar al Abogado General de dicha universidad, así
como el procedimiento institucional.
d.
Además de defenderse atacando a las
víctimas, ha buscado distraer de los hechos de hostigamiento sexual, aduciendo
diversos motivos políticos que según él están en el fondo de la denuncia: que
lo querían dejar fuera de ser candidato a rector, o que es una campaña de
desprestigio que busca llevarlo a la muerte por suicidio. En el proceso no sólo
me responsabilizó a mi, como abogada de las denunciantes, de su integridad
física, sino que en sus alegatos amenazó con denunciarnos por tentativa de
homicidio, pues dice, esta resolución y proceso lo puede llevar a un infarto.
Estos argumentos han
sido retomados por los demás profesores y una parte del alumnado de dicho
posgrado. Para todos ellos, reconocidos defensores de derechos humanos, el fondo
del asunto tiene que ver con intenciones políticas de “malas feministas” (han
escrito que somos feminazis y feministas antihombres) que hacen un “inadecuado”
uso de los derechos humanos de las mujeres. En su estrategia y argumentos,
buscan insistentemente que las víctimas y quienes las defendemos salgamos
públicamente a confrontar nuestro dicho con el de ellos, como si no existieran
procesos e instituciones; como si se tratara del peso de la palabra de una
frente al otro.
En ningún momento se han
acercado a las víctimas para preguntar cómo están, ni para allegarse de
información que les permita contrastar su posicionamiento. La respuesta ha sido
el ataque a ellas, y denunciarlas públicamente como enemigas, cuando un minuto
antes de que presentaran su denuncia eran sus colegas y amigas.
Desafortunadamente no
sorprende que nuestros colegas de derechos humanos nos calumnien y discriminen
por ser feministas, pero la conciencia de su histórico antifeminismo no es
razón para guardar silencio y no cuestionarles que sólo reconozcan los derechos
de las mujeres cuando no les atañe a ellos mismos, pues cuando ellos los
violentan quieren que sólo por “amistad” los avalemos.
Lo que a mi todavía me
entristece es que dentro del movimiento feminista muchas colegas prefieran dar
automática credibilidad al hombre denunciado que a las mujeres que denuncian,
que retomen los argumentos que él aduce o que cuestionen en sus características
personales a las mujeres que denunciaron, sólo porque no han sido parte activa
del movimiento feminista de la ciudad de México.
Colegas feministas han
cancelado la posibilidad de escucha y de diálogo con las víctimas y con quienes
las apoyamos, porque asumen que tomar posición es excluir a “las contrarias”,
olvidando, no sólo nuestras premisas feministas, sino lo que implica para las
mujeres hacer una denuncia como ésta (por la represalia y calumnia que
implica).
No entraré en los
detalles del juicio y procedimiento, pues no somos nosotras ningún juzgado ni
tenemos facultad para revisarlo. Tampoco me interesa entrar en una
argumentación que busque una sola opinión frente al caso. Lo que me importa
cuestionar es el posicionamiento automático y sin mayor escucha en favor de
“nuestro hombre”; me importa cuestionar la forma maniquea de posicionarse en
uno u otro “lado” sin siquiera preguntar y escuchar. Lo que quiero es
cuestionarnos sobre cómo seguimos relacionándonos a través de construir
“enemigas”, sólo porque no piensan como nosotras.
¿Cómo podemos hacer
cambios en nuestras prácticas y concepciones si negamos el espacio de escucha y
reflexión frente a lo que la otra dice? ¿Cómo podremos consolidar nuestras
premisas de cambio hacia la igualdad si nuestros posicionamientos son
excluyentes y destructivos de quien no coincide con nosotras o nosotros? ¿Cómo
nos damos la oportunidad de nosotras mismas cambiar si ante las disyuntivas nos
aferramos a una sola posición y al orden social conocido (aunque sea misógino)?
Es obvio que hay quienes
han tenido la humanidad de dudar y escuchar en este caso. A pesar de haber
tomado una posición pública, se dieron la posibilidad de escuchar y cambiar —y
decirlo públicamente también. Pero, más allá de indicar una posición como la
“correcta” frente a las partes del caso, lo que me interesa compartir aquí es a
partir de este ejemplo reflexionemos cómo sostener una congruencia feminista
incluso de quienes menos esperamos la contradicción, o con nosotras mismas.
De manera particular,
desde el feminismo hemos sostenido algo fundamental para la libertad: que quien
ejerce violencia es responsable de ella. Que la violencia sexual contra las
mujeres no es un acto reflejo instintivo, sino la imposición de relaciones de
poder discriminatorio y de dominación que pasan por la decisión de quien la
ejerce.
Muchas veces la
desilusión, la confusión y el dolor de vernos en contradicción es profunda,
tanto que a veces preferimos no ver la falta de congruencia; preferimos
traicionar nuestras premisas con tal de no reconocer que la persona querida, o
nosotras mismas, estamos actuando de manera contraria a lo que decimos y
promovemos.
Cuando quien ejerce la
violencia contra las mujeres es colega de nuestros movimientos y espacios,
considero que es momento de apegarse aún más a la premisa libertaria de que
todas y todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras conductas. Y más allá de
condenar al ostracismo, pienso que lo que importa es garantizar condiciones
para que esa persona pueda cambiar, para que deje de ejercer violencia,
acompañar para que aprenda a relacionarse en igualdad y en respeto a la
libertad de todas y todos. Por lo menos este es el primer y último objetivo de
esta denuncia, y no se realiza sólo por las víctimas sino por la forma en cómo
acompañemos como movimiento a las partes del caso.
* Abogada feminista, consultora
independiente e integrante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, A.C.
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