Construir
autonomía es defender el territorio y los derechos.
Lina
Rosa Berrío Palomo*
Hablar de autonomía es siempre un
ejercicio desafiante pues es un concepto polisémico respecto del cual existen
múltiples enfoques y maneras de abordarlo como bien se observa en este número
especial sobre la autonomía de las mujeres.
En este caso me interesa
recuperar la conceptualización que utilizan Margarita Gutiérrez y Nellys Palomo
en uno de los textos pioneros en abordar el tema desde las mujeres indígenas.
Gutiérrez y Palomo (1999) señalan tres elementos para hablar de la autonomía
desde la identidad genérica y de pertenencia étnica: desde el cuerpo o el
ámbito personal, desde lo comunitario y, finalmente, lo organizativo.
En esta perspectiva
tridimensional el cuerpo aparece como el territorio en el cual se expresan
múltiples formas de violencia y despojo en tanto las mujeres tenemos cada vez
menos poder de decisión sobre nuestra capacidad reproductiva. La percepción de
las mujeres como “dadoras de vida” o como las responsables de preservar la
cultura y la tradición (Mani, 1999) genera una negación del cuerpo como espacio
de realización personal y fuente de placer en tanto se exalta la capacidad
reproductiva y la maternidad asociada a la misma, o bien situaciones como la
violencia física, sexual o el matrimonio a temprana edad, los cuales han sido
ampliamente señalados por las mujeres indígenas como costumbres que deben ser
cambiadas. En este sentido, la primera dimensión autonómica a conquistar es la
del propio cuerpo, el espacio vital asociado al mismo, la dimensión del gozo y
las decisiones sobre la propia vida.
El segundo componente de
la autonomía lo constituye la dimensión colectiva, la comunitaria. En ésta se
inserta todo lo relacionado con los procesos de los pueblos indígenas y sus
comunidades; las luchas por el territorio, la autonomía, los derechos
colectivos. Uno de los ámbitos donde más énfasis se ha colocado desde el
movimiento indígena mixto y en el cual las mujeres han participado activamente
reivindicándolo como derecho y construyéndolo en la práctica.
La tercera dimensión de
la autonomía señalada por Gutiérrez y Palomo se refiere a los procesos
organizativos de las mujeres indígenas en torno a sus demandas de género. Tales
procesos han tenido un importante incremento durante las últimas tres décadas,
comenzando desde los grupos pioneros derivados de las organizaciones mixtas
como la Macegual Sihuamej de Puebla, el equipo de mujeres que sale de Ucizoni
para constituir su propia organización (Naxwiin A.C) y quienes actualmente
tiene un amplio proceso organizativo en varios municipios del istmo que han
dado como resultado una Casa de la Mujer Indígena, una diputada local en Oaxaca
(la compañera Zoila José Juan) y un importante espacio de promoción de derechos
para las mujeres de la región.
Además de esas
organizaciones con trayectoria de décadas, de la rica experiencia de las
mujeres al interior del Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional
Indígena Plural por la Autonomía, las cuales fueron claves en el proceso de
discusión de los derechos indígenas al comenzar la primera década del siglo
XXI, y que abrieron brecha en el posicionamiento de las demandas específicas de
género al interior del movimiento, hoy encontramos también una multiplicidad de
procesos organizativos de diversos niveles y temáticas. Organizaciones
vinculadas a lo productivo, a la promoción de la salud sexual y reproductiva y
la prevención de la violencia de género como las Casas de la Mujer indígena
—Camis—; la red de jóvenes indígenas, las organizaciones de profesionistas
indígenas, las de turismo, las nacionales y las internacionales. Al mismo
tiempo, cada vez más mujeres indígenas en espacios de decisión y cargos de
elección popular a nivel local, presidentas municipales elegidas por usos y
costumbres, compañeras indígenas al frente de las instancias municipales de la
mujer y profesionistas de diversos pueblos impulsando programas específicos
desde instancias de gobierno, entre otras.
Es evidente que ninguno
de estos logros ha sido fácil ni se construyeron en camino de pétalos de rosa.
Ganar cada uno de ellos pasa por un proceso de apropiación de espacios que
tradicionalmente han sido vedados y, por tanto, generan resistencias, rechazo,
descalificaciones e incluso abierta confrontación. Es frente a este contexto
complejo como se construye autonomía, la personal de asumir lo que ello
implica, la colectiva de rodearse y trabajar conjuntamente por una agenda común,
la organizativa que implica aliarse con otras mujeres que caminan en la misma
sintonía y con varones que de a poco se van sumando a este proceso.
Al mismo tiempo y de
forma paralela a las experiencias institucionales de participación, encontramos
otro grupo de mujeres vinculadas a procesos organizativos que en la práctica
apuntan a la construcción de nuevas formas de relación con el Estado desde la
autonomía en la impartición de justicia y la seguridad como es el caso de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), más conocida como
Policía Comunitaria de Guerrero. En esta experiencia, surgida en 1997 en la
Montaña de Guerrero, y que en la actualidad aglutina a 50 comunidades de diez
municipios en la región de la Costa chica-montaña organizados en cuatro sedes
regionales, las mujeres han estado presentes desde su creación y en los últimos
años han ejercido cargos de máxima autoridad desempeñándose como Coordinadoras
Regionales y Consejeras. Son los casos de las compañeras Felicitas Martínez y
Asunción Ponce Ramos; mujeres meph´aa y tun saavi, respectivamente, quienes
fungieron como coordinadoras de la sede de San Luis.
¿Qué significa para las
mujeres construir autonomía en un contexto de creciente acoso por parte del
Estado y los poderes fácticos, especialmente los económicos vinculados a la
explotación de los recursos naturales como las mineras que desde hace años
pugnan por instalarse en la región con la complicidad del gobierno de Guerrero
que ha otorgado ya decenas de permisos? ¿Qué significa impartir justicia cuando
los delitos que se llevan a esta instancia comunitaria rebasan los
tradicionales de las comunidades para incorporar asuntos mayores como
asesinatos, narcotráfico o conflictos por linderos territoriales? ¿Qué
significa mantener propuestas como ésta en un contexto donde se habla
genéricamente de “las autodefensas” y se pretende meter en el mismo costal
experiencias organizativas de las comunidades que poseen lógicas distintas y
responden a realidades muy específicas de cada región? ¿Qué significa para las
mujeres ser figuras públicas y autoridades reconocidas en un momento de
creciente criminalización de la protesta social, de trato diferenciado por
parte del Estado respecto a los procesos organizativos incluso al interior de
la propia CRAC que traen como resultado la detención de prácticamente todas las
autoridades de la sede de El Paraíso incluyendo a la comandanta Néstora
Salgado?
¿Cuáles son los delitos
que se les imputa? Defender el territorio, el derecho de los pueblos a organizarse,
impartir justicia y hacerse cargo de la seguridad cuando el Estado no asume
estas tareas? Allí están en el territorio comunitario las mujeres construyendo
autonomía, las coordinadoras, las consejeras, las comandantas, las promotoras
de justicia, las de salud, las de los comités en cada comunidad, los grupos de
la sede de Zitlaltepec que luego de un proceso de reflexión largo, complejo, a
contracorriente, aprobaron su carta de derechos de las mujeres que en mucho
recuerda la experiencia pionera de las zapatistas. Allí están también las
compañeras y compañeros parteras y promotores de la Casa de la Mujer indígena
Nellys Palomo de San Luis Acatlán.
Allí están ellas todas
distintas, únicas, irrepetibles, cada una con su especificidad construyendo
autonomía en la práctica. La del cuerpo, de asumirse como protagonistas de su
propio destino, la comunitaria defendiendo un proyecto de los pueblos con más
de 15 años de existencia como es la CRAC. La organizativa, juntándose con otras
y otros, tejiendo redes, alianzas, poniendo al centro las demandas de las
mujeres y hombres de la región. El derecho a existir, a tener un territorio, a
producir y vender los alimentos en condiciones que no sean las desiguales
impuestas por el mercado, a preservar el agua, los recursos, la tierra que se
vería gravemente afectada si se aprueban las concesiones a las mineras
canadienses que pugnan por entrar. Allí están construyendo el derecho al
cuerpo, al placer, al ejercicio de la sexualidad, a la reproducción como un
derecho y no como obligación, a atenderse durante su embarazo y parto como las
mujeres lo decidan, incluyendo sus formas tradicionales y la preservación de
sus saberes en esta materia.
En este nuevo contexto
de militarización y control de la vida cotidiana, de cierre de espacios
democráticos, la autonomía de las mujeres pasa por la defensa de la vida, de la
existencia y del asumirnos libremente como seres políticos. Acompañar los
procesos organizativos de los pueblos, con el respeto que merecen sus dinámicas
y definiciones internas pero sabiendo que lo que se juega en cada pequeño
territorio es, en última instancia, la posibilidad de existencia para cada una
y cada de nosotros. Esa mirada multidimensional y la posibilidad de la
reflexión en la acción, es una de las herencias del feminismo que hoy sin duda,
está más vigente que nunca.
*Investigadora feminista, integrante de
Kinal Antzetik.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario