Atenco: la tortura sexual como estrategia de represión estatal

A continuación se reproduce la segunda parte del Capítulo 1 del libro Atenco: seis años de impunidad, seis años de resistencia, el cual se puede descargar gratuitamente en el blog del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. 

Italia, Claudia, Edith, Patricia, Cristina, Ana María, Yolanda, Norma, Mariana, María Patricia, Suhelen y 36 mujeres más siguen sin obtener justicia por los abusos y tortura sexual en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006. La policía estatal, a cargo de Peña Nieto del PRI; la municipal, del PRD y la federal, del PAN, todos muy coordinados, perpetraron en 2006 el ataque represivo sobre el pueblo de Atenco y los integrantes de la Otra Campaña que solidariamente acompañaban al FPDT.  Como no han encontrado justicia en México, las Mujeres de Atenco se vieron obligadas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que admitió el caso en noviembre del 2011 y que próximamente dará una sentencia.

1.2 LA TORTURA SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE REPRESIÓN ESTATAL

 “La violencia sexual contra la mujer tiene por objeto enrostrar la victoria a los hombres del otro bando, que no han sabido proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación del enemigo. Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres” ⁸.

El caso de la tortura sexual perpetrada contra las mujeres de Atenco se inserta en un contexto de exigencia de derechos y de lucha social. Los hombres y las mujeres que se organizaban por la exigencia de sus derechos fueron identificados como enemigos o detractores del Estado, quien vio necesario silenciarlos de forma brutal. Atenco fue el espacio de una violencia particularmente dirigida en contra de las mujeres. A través de las fuerzas policiacas, el Estado buscó desmovilizar y generar miedo con la perpetración de la tortura psicológica, física y sexual, como un claro castigo por haber retado al patriarcado y por no encontrarse en el lugar históricamente asignado a las mujeres.

De acuerdo con el Informe del Secretario General de la ONU, “la violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado, — ya sea por conducto de sus agentes o mediante políticas públicas — puede perpetrar violencia física, sexual y psicológica contra la mujer. Se entiende por agentes del Estado todas las personas facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado – miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de seguridad”⁹.

Además, ha caracterizado este tipo de actos como susceptibles de constituir torturas, especialmente cuando las mujeres se encuentran privadas de su libertad. Al respecto ha determinado que “La violencia contra la mujer en situaciones de privación de libertad en celdas policiales, prisiones, instituciones de bienestar social, centros de detención de inmigración y otras instituciones del Estado constituye violencia cometida por el Estado. La violencia sexual, en particular la violación, cometida contra las mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir tortura”¹⁰.

Sin embargo, ciertas formas de violencia contra la mujer no están suficientemente documentadas. Esto es así el feminicidio, la violencia sexual contra la mujer en los conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos, el acoso sexual y la violencia en situaciones de privación de libertad, entre otras ¹¹. Así lo ha considerado también la Relatora especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, al referir que “Si bien hay información anecdótica, se dispone de pocos datos acerca de la violencia contra la mujer en los establecimientos de salud, en particular los establecimientos de salud mental. Análogamente, la información acerca de la violencia contra la mujer en las prisiones, centros de detención y otros establecimientos penitenciarios no es de fácil acceso. Tal información debería ser reunida principalmente por los ministerios de salud pública y justicia, así como por instituciones independientes de investigación”.¹²

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) ha retomado lo establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que señala que la “[…] discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”¹³. Además, ha reconocido la particular gravedad de algunas formas de violencia que afectan de manera especial a las mujeres¹⁴.

En relación a la violencia sexual, la CorIDH ha manifestado que ésta es una forma de violencia específicamente dirigida contra la mujer y ha referido que “[…] siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, considera que la violencia sexual se configura con “acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno ¹⁵.

 Además, agrega que: “en particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”¹⁶. Precisamente, una de las formas más reprochable de agresión sexual es la violación sexual, en especial cuando ésta es cometida por un agente del Estado. En palabras ese Tribunal Interamericano, es “un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”¹⁷.

Las once mujeres denunciantes de tortura sexual que han persistido en su lucha durante seis años han sido conscientes de las consecuencias y afectaciones a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de su dignidad. De manera reiterada, ellas han manifestado estar conscientes de que la estrategia del Estado aquel mayo de 2006 fue desmovilizar a una comunidad fuerte y quebrantar un movimiento que tenía exigencias legítimas de lucha por sus derechos, sus tierras y la igualdad.

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 7 Ibidem.

8 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Radhika Coomaraswamy, E/CN.4/1998/54 (1998), párr. 12.

9 Informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, A/61/122/Add.1, 6 de julio de 2006, párr. 139

10 Ibid., párr. 140 y 141

11 Ibid., párr. 222

12 Op. Cit., Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de enero de 2006, párr. 235

13 Cfr. CorIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro v. Perú. Sentencia de 26 de noviembre de 2006. Serie C No. 160., párr. 303.

14 Op. Cit., Informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, párr. 290, 298 y 306.

15 Op. Cit., CorIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro v. Perú, párr. 306.

16 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie

C No. 216, párr. 109; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de

2010 Serie C No. 215, párr. 119.

17 Op. Cit., Caso del Penal Miguel Castro Castro v. Perú, párr. 311.

 Mujeres y la Sexta

 Abajo y a la Izquierda con Todo el Corazón

Resolución de las jueces de conciencia del Tribunal Permanente de los Pueblos

Reunidas los días 7 y 8 de marzo 2012 en el Teatro de la Ciudad, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Durante dos días, hemos escuchado los valientes y dolorosos testimonios en torno a la violencia feminicida, feminicidios y contrainsurgencia, violación al debido proceso, violencia feminicida, sexual y doméstica, y violencia estructural, que se han presentado en esta preaudiencia del TPP en San Cristobal de Las Casas, Chiapas, los dias 7 y 8 de marzo de 2012.

1. Considerando que :

- la violencia en contra de las mujeres es un problema extremadamente grave e histórico en el país, en la región, en el continente y en el mundo. 

- esta violencia opera de manera articulada y forma parte del sistema discriminatorio patriarcal, racista y capitalista-neoliberal, por lo cual asumimos que se debe visibilizar la interdependencia, tanto del conjunto de los derechos humanos de las mujeres, como de sus violaciones.  

-  la violencia masculina en contra de las mujeres, incluyendo los feminicidios como una de sus expresiones extremas, es un problema estructural, profundizado por las políticas neoliberales en especial a partir de la firma del TLC en 1994, la cual a su vez prosigue las catastróficas consecuencias de las políticas de ajuste estructural de los años 80 propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y el « consenso de Washington ». Esa violencia afecta la vida de las mujeres en todos sus aspectos y, en este caso de las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas, se expresa y es parte del contexto de marginación social y pobreza extrema en que viven.

- la pobreza, que afecta desproporcionadamente a las mujeres de las diferentes culturas, propicia la privación sistemática y grave a los derechos humanos, siendo la expresión mas fehaciente del incumplimiento a los derechos sociales y económicos y constituyéndose en sí misma en una violación multiple a las libertades  fundamentales y un ataque a la dignidad humana de las mujeres.

            - el Estado mexicano, como parte de la comunidad international, es omiso en sus obligaciones de garantizar el respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos originarios.

- todos los casos presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y estigmatizaciones de género, racistas y clasistas y que, por tanto, el Estado mexicano no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones legales de difundir en todos los idiomas y en todos los lugares y comunidades del país, las leyes, los tratados y las normativas nacionales e internacionales, ni de erradicar dichos estereotipos y estigmatizaciones.

- que el contexto actual está marcado por una mezcla de elementos de  « guerra de baja intensidad » y lucha contra la delincuencia organizada. Nuevas  formas de violencia contra las mujeres se despliegan, incluyendo la creacion de nuevos delitos, violencias policiacas-carcelarias, desplazamiento y migración forzada, en un contexto de grave   impunidad.

2. Declaramos en relación a los cuatro ejes, en base a los testimonios de las mujeres, investigados y documentandos por las diferentes organizaciones :

Violación al debido proceso : El acceso a la justicia para las mujeres, es uno de los muchos pendientes históricos del sistema patricarcal. El Estado Mexicano no ha garantizado el debido proceso.

Chiapas, en especial, se caracteriza por niveles de exclusión, pobreza y racismo extremadamente elevados. Ciertas normas comunitarias de los pueblos indígenas, de los ejidos, y de nuevas comunidades creadas en el marco del “desarrollo contrainsurgente”, son claramente contrarias a los derechos de las mujeres, sin que esto se haya corregido como es debido y es exigido por las propias mujeres indígenas. En otras ocasiones, se han manipulado para intentar desacreditar a los pueblos indigenas o a las comunidades campesinas, en vez de respetar las prácticas de justicia y el sistema de usos y costumbres, aun cuando son favorables a las mujeres.

De forma general, la justicia está atravesada por la influencia de los poderes fácticos (políticos, militares, económicos, eclesiásticos, delincuenciales). No existen medidas adecuadas y eficaces para cumplir el deber del Estado de investigar, detener y enjuiciar a los perpetradores de violencia contra las mujeres, como tampoco existen medidas eficaces para prevenir, reparar y proteger a  las mujeres contra la violencia. Muy raras veces se les provee como es debido, de traducción y apoyo en sus propios idiomas.

Las mujeres procesadas no solamente enfrentan un sistema judicial que les exige demostrar su inocencia, sino que enfrentan un ambiente de discriminación y coacción bajo valores morales esterotipados, ante un sistema que constituye una suerte de inquisición.

Esta situación se agrava ante la ausencia o deficiencia de imparcialidad de los jueces, que en sus sentencias consideran con mayor valor las actuaciones del ministerio público que las pruebas desarrolladas ante el propio juez.

En total, la justicia es en la inmensa mayoría de los casos, inaccesible para las mujeres

La falta de procuración de justicia, la discriminación a las mujeres indígenas, la utilización facciosa de la ley y el encarcelamiento injusto, son lastres que se acarrean de siglos atrás y que se ven incrementados en un contexto de supuesta lucha contra el crimen organizado, donde apremia elevar el número de detenciones y sentencias.

Violencia sexual y doméstica :La violencia sexual y doméstica, ocurre como consecuencia de condiciones estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género. En la mayoría de los casos vemos que esta violencia es reiterada y alimentada por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican con argumentos que desacreditan la “buena moral y conducta de las mujeres violentadas”. Es claro que la violencia intrafamiliar y doméstica, afecta a las mujeres en sus distintas etapas de vida, se encuentra naturalizada dentro de la sociedad y nuestras subjetividades. Objetiva a las mujeres indígenas y mestizas, convirtiéndolas en blanco de violencias acumuladas de carácter feminicida.

Feminicidio y contrainsurgencia :Los casos que se presentaron, evidencian la existencia de un contexto de “guerra de baja intensidad”, o “guerra sucia”, en Chiapas, que se expresa en forma de politicas 

contrainsurgentes que generan violencia militar y paramiliar, como practica habitual y sistematica. Existe una estrategia deliberada y planificada que usa la violencia contra las mujeres, incluyendo a la violencia sexual y a la tortura sistemática, como un instrumento central para aterrorizar a la poblacion, destruir el tejido social y limitar la movilidad, la vida y el aceso a los elementos materiales, sociales y espirituales necesarios para la vida de las mujeres, individual y colectivamente. 

Violencia estructural : La colonización, las políticas de ajuste estructural y finalmente el TLCAN, han desembocado en el desmantelamiento de políticas públicas y en la creación de otras políticas, que no garantizan a las mujeres, en especial indígenas y campesinas, una vida digna. El programa PROCEDE en especial, dejó a las mujeres excluidas del derecho a la propiedad de la tierra y por ende a la reconstitución del territorio como pueblos indígenas.

Las políticas de Estado colocan a las mujeres en condiciones de aguda y creciente pobreza, viviendo con miedo, temor y sin voz, teniendo que trabajar siempre más, hasta realizando trabajo de maquila a domicilio, o empujadas a la migracion. Sus problemas de salud y los de su familia, se agudizan, provocando mas enfermedades, muertes tempranas y suicidios. Las mujeres quedan sin la posibilidad de desarrollar sus potencialidades y hasta despojadas, ellas y sus familiares, de los territorios ancestrales y de los bienes naturales colectivos, a pesar de que esten garantizados por el convenio 169 de la OIT, particularmente el derecho a la autodeterminacion y a la consulta popular libre e informada.

En este sentido, es evidente  que el Estado ha dejado de lado su labor de garantizar a las mujeres una vida digna y se ha convertido en impulsor de políticas neoliberales que se han transformado en una especie de lápida sobre todo para las mujeres indígenas y campesinas.

Finalmente, afirmamos que el gobierno mexicano que jurídicamente representa al pueblo, vela por los intereses de las transnacionales y grandes capitales financieros que constituyen los poderes operantes del sistema capitalista y no garantiza, como debería, el ejercicio y cumplimiento de los DDHH de la población, especialmente los de las mujeres, los menores y los pobres.  

Por ello nuestra acusación recae en primer lugar en el gobierno, sus instituciones y fuerzas represoras en los tres niveles (federal, estatal y municipal), sin obviar que los autores concretos de las violaciones a los DDHH de las mujeres también deben ser juzgados.

3. Recomendamos :

Que se garantice la seguridad y protección a todas las mujeres que participan en las  preaudiencias y audiencias en este Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.

Exigimos la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal y en especial de las comunidades indígenas. 

Exigimos el castigo inmediato a todos los responsables intelectuales y materiales de violación a los derechos humanos de las mujeres.

Cese a las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias anteriormente denunciadas.

Cumplir las normativas internacionales y nacionales con respecto al acceso a la justicia. 

Diseñar una política integral y coordinada a todos los niveles del Estado, para garantizar a todas las mujeres una adecuada protección judicial, para remediar y proteger sus derechos, y en el caso de mujeres indígenas, proveerles traducción en todos los momentos, tomando en cuenta la pertinencia cultural.

Respetar la presunción de inocencia para todas las mujeres y las garantías al debido proceso. Revisión de todos los casos de las mujeres privadas de su libertad.

Calificar adecuadamente los delitos de tortura y de feminicidio.

Establecer todas la medidas pertinentes para garantizar una efectiva defensa pública a todas las mujeres que así lo requieren.

Establecer todas las políticas de prevención, de protección y de reparación necesarias, bajo estandares internacionales de derechos humanos, en especial el caso de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia a mano de funcionarios públicos y de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado o particulares con la tolerancia de las autoridades estatales.

Garantizar el derecho de las mujeres a la autonomía, a la decisión sobre su propio cuerpo y en todos los ámbitos de su vida. 

Prevenir la re-victimización de las mujeres que denuncian la violencia.

Implementar a nivel del estado de Chiapas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dicriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), en especial el artículo 5 que obliga los Estados partes a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres de mujeres.

Nuestra posición política ante la situación expresada en esta preaudiencia, es la de proponer al TPP – Capítulo México que, con base en los análisis y casos presentados, condene al Estado Mexicano y a los Gobiernos Federal y Estatal como directos responsables de los feminicidios y de las diferentes formas de violencia de género que vivimos las mujeres de Chiapas.

 Y respeto a la lucha contra la violencia masculina hacia las mujeres y en relación a la sociedad que queremos y por la que luchamos : 

¡No queremos una rebanada más grande del pastel : queremos cambiar la receta del pastel!

Juezas : Alda Facio, Edda Gaviola, Julio Falquet, Pilar Noriega, Estela Mux Mux.

Asesoras: Teresa Pérez, Sylvia Marcos, Mariana Mora, Morna Macleod  

Segundo Informe sobre la Situación de las y los defensores de derechos humanos en las Américas Grupos de Defensoras y Defensores en especial situación de riego

Participación de Lucha Castro del Centro de Derechos de las Mujeres de Chihuahua, México

 Agradecemos el gesto de  solidaridad al compartir el trabajo profesional, objetivo y sensible realizado por la CIDH, que refleja el cumplimiento de su misión  en la defensa de los DDHH. Sabemos de la tensión  que viven,  por  la presión de nuestros gobernantes  latinoamericanos quienes insisten en que se comporten con más “prudencia“, y se limiten a hacer actividades de promoción en lugar de protección y denuncia.  Qué bueno que han resistido, como nosotras lo hacemos cada día. 

Es una alegría contar con el informe  que da cuenta de que nuestras historias de vida personal y comunitaria importan, que la vida cotidiana que sufrimos en soledad y temor está acompañada y es validada por una instancia de tanto prestigio,  pese a los intentos de arrancar sus alas de libertad.

La emoción me embargó  cuando recibí la invitación, seguida de la preocupación por  cumplir con las expectativas  de un informe  tan amplio y útil que abarca todas  las temáticas del continente, solo en 15 minutos.  El tiempo asignado me da un buen pretexto para ubicarme en el contexto mexicano, que no es ajeno a la realidad de Latinoamérica.

 El informe no tiene desperdicio alguno en la enumeración de la realidad de las y los defensores en el continente: líderes sindicales, campesinos, indígenas,  afro descendientes, del  medio ambiente sano,  los derechos de las personas LGTBI y por supuesto las defensoras de derechos humanos cuyo testimonio ocupará mayoritariamente mi atención. 

Este informe  si bien no particulariza,  nos ilustra sobre qué cosas podemos exigir a nuestros gobiernos  y que recomendaciones son pertinentes, tiene valor porque además la realidad plasmada fue  retroalimentada por  el testimonio de los sueños, el sufrimiento y la sangre de quienes tomaron  la decisión de defender los derechos humanos.   

Los testimonios de las luchas de los pueblos latinoamericanos en la defensa de sus derechos, contenidos en este informe,  si bien no abarca los miles de casos que permanecen en el anonimato, son una excelente aproximación de la cotidianidad de obstáculos que enfrentamos las y los protagonistas. Asimismo, el capítulo da cuenta de la respuesta de los estados, lo mismo Guatemala que Colombia, Honduras o México. Parecería que todos los gobiernos  coinciden en  la estrategia de deslegitimar, no investigar y criminalizar.

Por lo amplio del tema comentaré algunos de los incisos de este capítulo, esperando dejarles la inquietud de leer todo el amplio texto.

El especial riesgo de quienes tutelan  los derechos laborales.  El informe señala que cito textualmente: “el continente americano continúa siendo el más peligroso del mundo para quienes ejercen la defensa de los DDHH laborales. A manera de ejemplo, en el 2010 de la cifra mundial de 90 asesinatos, el 83% se cometió en  América, el informe muestra la preocupación en  países como Colombia, Honduras, Guatemala y Venezuela “.  Este tema me hizo recordar las luchas sindicales en México de los electricistas, Mexicana de Aviación, los mineros y los maestros que integran el SNTE, el más grande sindicato de las América, obligados a conseguir votos para su lideresa Elba Esther Gordillo y venderlos al mejor postor.  Tiene razón la CIDH en cuanto al  uso abusivo del derecho, ayer  unos  maestros  de CONALEP  de Chihuahua fueron despedidos por el cuñado del gobernador (Director de CONALEP) al intentar registrar un sindicato independiente.

En relación al riesgo especial de quienes luchan por un ambiente sano,

Como lo reconoce el informe los proyectos desarrollados por industrias extractivas se da como consecuencia de la conclusión de tratados de libre comercio y los compromisos de aumento de la inversión extranjera, por lo que las y los defensores enfrentan a trasnacionales que buscan: la privatización del agua, explotación de  minas, y bosques. Para “garantizar”  esta explotación, las transnacionales contratan guardias privados o grupos paramilitares quienes aniquilan, amenazan y hostigan a quienes  defienden el medio ambiente. Además, es frecuente que se usen a los medios de comunicación para estigmatizar a estos defensores de la madre tierra como enemigos del desarrollo. Gobiernos que manipulan el derecho  para encarcelar a defensores y defensoras casos documentados de Brasil, Salvador, Guatemala, Honduras,  Ecuador,  Panamá, Perú y por supuesto, México.  Según datos del TPP capitulo México, el 25 % del territorio nacional fue entregado a empresas mineras para su explotación.  

Las y los defensoras / es de los trabajadores migratorios y sus familias.

La comisión y la Corte en su opinión consultiva se han pronunciado sobre el tema. Destacan las detenciones y la falta del debido proceso. 

Sobresale México, por ser  uno de los principales países de origen, transito, destino y retorno de migrantes.  Según la Secretaría de Gobernación al año ingresan 150 mil migrantes indocumentados, según las organizaciones de la sociedad civil, son 400 mil.

Por supuesto que a  las detenciones que realiza el estado mexicano violatorios del debido proceso y libertad personal, se  suma el contexto de militarización y presencia del crimen organizado con la complicidad de cuerpos policíacos que participan en  secuestros, desapariciones y asesinatos de miles de indocumentados.

La CNDH informó  que entre  septiembre de 2008 a febrero de 2009 conocieron de la privación de la libertad a 9,758 migrantes. 

¿Cómo no indignarse ante la pasividad del gobierno mexicano, frente a  las madres que este 10 de mayo  marcharon para exigir que busquen a sus hijos e hijas, muchos de ellos migrantes centroamericanos? ¿Cómo no indignarse cuando grupos criminales y el propio estado manipulando el tipo penal de tráfico de personas procesa  a defensoras y defensores de derechos humanos que ofrecen albergue a migrantes y además los estigmatizan como  protectores de delincuentes?  

Despliegan a los cuerpos policíacos para investigar y encarcelar a estos defensores o defensoras, como a Concepción Moreno, de Querétaro, pero no actúan con esa diligencia cuando se trata de investigar a quienes abusan de los migrantes, incluyendo a los funcionarios que trafican con ellos o son cómplices de los abusos. 

La impunidad es una violación autónoma, se lo acabo de aprender a Silvia Serrano, en el taller de hace dos horas.

México ofrece una amplísima gama de casos, tal vez los más conocidos son  los de los sacerdotes Pedro Pantoja y José Alejandro Solalinde, ambos con medidas cautelares desde abril del 2010, como no indignarnos si no cierra le herida de San Fernando, donde se encontraron más de 70 cuerpos de migrantes, cuando se abre otra cada día como la de Cadereyta, Nuevo León.

Todo este horror, en medio de la política de simulación del estado mexicano y  el especial riesgo lo constatamos  con la ausencia que duele del padre Solalinde.

El especial riesgo de las defensoras de derechos humanos.

Como el de Blanca Velásquez de Puebla; Betina y Alba Cruz de Oaxaca, Lidya Cacho de Cancún, las compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, que acompañamos y litigamos a víctimas de violencia feminicida, trata, violencia sexual y familiar, tortura, desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales, todo esto en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Abrazadas por  las convenciones de Belén Do Pará y  la CEDAW, las defensoras de derechos humanos enfrentamos riesgos particulares, bajo el alentador  reconocimiento a la especificidad de la resolución AG/RES 2579 ( XL-0-10) de la Asamblea General de la OEA.

El precio que se paga por ser una defensora de derechos humanos tiene un altísimo costo al menos en Chihuahua, desde donde vengo. La oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, señala en su informe entre el compromiso y el riesgo, que este es el lugar más peligroso de México para defender los derechos humanos. 

Vivimos en un mundo patriarcal en donde a diario luchamos por cuestionar y cambiar los roles y estereotipos de género, llevamos a cuesta  los riesgos particulares  a raíz de la discriminación histórica. Sin duda, esto  agrava las causas que promovemos, la participación de las defensoras desafía el patriarcado y convoca a construir nuevos  paradigmas, y eso no les gusta a muchos.

Es muy importante el énfasis que señala el informe sobre las dificultades del trabajo de las defensoras en situación de conflicto armado, tal como sucede actualmente en Chihuahua, en donde las madres, las hermanas, las hijas y las mujeres en general, han asumido un rol activo en la defensa de los derechos humanos de los varones de la familia que han sido torturados, desaparecidos, asesinados. 

El informe de la CIDH habla de Josefina y Malena  Reyes, de Susana Chávez  y por supuesto de mi querida compañera Marisela Escobedo.  No es casual  que los feminicidios cometidos en vs. de defensoras de Chihuahua, es el lugar del planeta que mas asesinan mujeres en el mundo. Según las cifras del INEGI, tan sólo en 2010, Chihuahua presentó una tasa de 34 asesinatos por cada 100 mil mujeres, el promedio mundial es de menos de 3. 

La Comisión acierta en ubicar la problemática en la aplicación de estereotipos de género en el lenguaje y razonamiento de los operadores del sistema de justicia, a cargo de investigar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, tal como lo relaciona la Corte con la sentencia de campo algodonero,  y por supuesto  la fuerte estigmatización en sus comunidades,  de quienes se convierten de victimas en defensoras de derechos humanos como el caso de Inés y Valentina que además cargaron con el  obstáculo adicional por su calidad de indígenas. 

Por ejemplo se nos acusa de atentar contra los valores morales y  de la familia al defender los derechos sexuales y reproductivos o a la personas lésbico-gay. Nos acusan los gobiernos conservadores, las iglesias que desde el  púlpito condenan a personas, partidos u organizaciones  propiciando un ambiente de linchamiento para las y los defensores de las personas LGTBI. Esto lo saben bien las católicas por el derecho a decidir,  

Por eso aplaudo la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Atala, la mujer, jueza, chilena y lesbiana a quien se le negó la custodia de sus hijas por su orientación sexual. La Corte no hubiera resuelto este caso, de no ser por la valentía de la Comisión de aceptarlo y luego enviarlo a la Corte. Es el primer caso en el que el sistema interamericano se pronuncia sobre una discriminación por razones de orientación sexual.

Las defensoras que levantamos nuestra voz ante la CIDH nos exponemos a un riesgo adicional a los ya cotidianos de hombres violentos con sus parejas, o  violadores, tratantes de personas, agentes estatales y no estatales, todo esto  en un contexto militarizado  y machista, con gobiernos que simulan y manipulan como la del gobernador Duarte de Chihuahua, que presumió  el reconocimiento de la CIDH por haber erradicado la tortura y el feminicidio en Chihuahua. Nosotras respondimos con cifras, y entonces el Fiscal General  del estado nos acusó de inventar desapariciones forzadas para acudir a la CIDH y  el gobernador Duarte nos acusó de vivir de exhibir al estado y de lucrar. 

La respuesta a mi presencia en este informe fueron las declaraciones  de antier, los que viven de hablar mal de chihuahua que se vayan, dijo el gobernador.  Con esta situación de linchamiento, cómo hacer posible  las recomendaciones del informe? ¡Es una buena pregunta¡

Finalmente leer y releer el informe me hizo enfrentarme a las luces y sombras que acompañan los pasos de los y las defensores de derechos humanos, en cada párrafo me encontré  a alguien conocido, al menos sabía de su lucha por las redes  que las y los defensores hemos tendido, como manera de saber que no estamos solas…, hoy mismo los correos se encuentran saturados de peticiones de acciones urgente por defensores en riesgo, muchas de ellas  y ellos son parte de este auditorio.

Termino con algunas frases que les escuché a dos defensoras de DDHH entrañables, con quienes compartí  la utopía de que otro mundo es posible, y con quienes hasta hace poco compartí también pláticas, risas y foros como éste. Tiempo después las mataron. 

A Marisela Escobedo le escuché decir: “no quiero que la sangre de  mi hija  sea en vano, ojala que sea el último femincidio en Ciudad Juárez”.  Su asesinato y el de su hija Rubí continúan impunes. 

Hago mías las palabras de Bety Cariño:  “Documentamos  la violación de derechos humanos para no  olvidar, para conservar la memoria histórica en la cabeza y en el corazón de quienes están torturando, quienes queman  nuestras casas, nos amenazan,  violan, desaparecen y asesinan a nuestros hijos e hijas”.

Gracias  a la CIDH para el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua la invitación a presentar el informe es un logro, es un reconocimiento a la labor que realizamos.

Ante la situación especialmente difícil que hoy nos encontramos las y los defensores de derechos humanos en México,  nosotras somos parte del aumento de las estadísticas del 42%  de medidas cautelares a las que se refirió el subsecretario Max Alberto Diener, por lo que a  pesar de contar con las MC 55 -2008  como en nuestro caso y la importancia de este informe la pregunta obligada es  QUIEN SIGUE? 

Muchas gracias.