La
despenalización del aborto en Estados Unidos, en 1973, no sólo
representó una respuesta a las demandas del emergente movimiento
feminista, también marcó el nacimiento de una corriente antiaborto
de resistencia, que durante décadas ha logrado restringir el acceso
al aborto legal a nivel federal y estatal, ser un actor significativo
del escenario político nacional, alimentando el discurso de la
derecha religiosa, consolidando la alianza entre dicha tendencia y el
Partido Republicano,1
tener cierto éxito en resignificar la noción de persona
y, finalmente, hoy en día, ser la corriente hegemónica del
gobierno. La complementariedad entre el movimiento antiaborto, el
fundamentalismo religioso, la ultra derecha populista y nativista, y
como el Partido Republicano entregó la victoria presidencial a
Donald Trump, nuevamente abre el cauce a una época misógina de
políticas institucionalizadas en contra del aborto despenalizado y,
en algunos casos, aun impugnando programas de planificación
familiar.2
La
decisión de la Suprema Corte en el caso de Roe v. Wade (1973)3
objetado inicialmente por la Iglesia Católica y sus organizaciones
afines; empero, para finales de la década de los setenta, el
fundamentalismo cristiano –sobre todo en su versión evangélica–
fue el culto hegemónico del movimiento anti-aborto, siempre en
alianza con otras expresiones religiosas.
Originalmente
su exigencia fue la plena re criminalización del aborto, pero con la
progresiva aceptación del derecho a decidir por parte de la mayoría
de la población, las fuerzas antiaborto adoptaron una estrategia de
incrementalismo
paulatino,
cuyo objetivo es de restringir progresivamente el acceso al aborto
legal por vías económicas. Su decisión de volverse una fuerza
política en apoyo al Partido Republicano se manifestó a finales de
los 70, con la candidatura de Ronald Reagan. Desde entonces
representan el núcleo de lo que Reagan llamó la revolución
conservadora.
Las
subsecuentes decisiones de la Suprema Corte en torno al tema del
aborto, advierten del cambio político-ideológico de la Corte hacia
el conservadurismo y su disposición de debilitar las premisas de Roe
v. Wade. La Enmienda Hyde, inicialmente aprobada por la Cámara de
Diputados (1976) y luego reconfirmada por la Suprema Corte en 1980,
prohibió el empleo del presupuesto federal para abortos, lo que
impactó en el derecho de mujeres de menores ingresos y, finalmente,
contribuyó a enriquecer el concepto de derechos
reproductivos
con la categoría de justicia
reproductiva,
al referirse a la diferencia de condiciones y posibilidades de acceso
a la salud reproductiva de distintos sectores de mujeres.
La
segunda decisión de la Corte en el caso de Webster v. Reproductive
Health Services (1989), extendió el interés del Estado en la vida
fetal durante todo el embarazo, contradiciendo su anterior interés
por los derechos y el bienestar de las mujeres hasta la viabilidad
del producto. La tercera decisión (Casey v. Planned Parenthood of
Sotheastern Pennsylvania, 1992), que reafirma la primacía del
interés de los estados en la vida fetal si no fuese un “peso
indebido” para la mujer, abrió cauce a la avalancha de nuevas
leyes estatales que condicionan el acceso a un aborto legal y
progresivamente
carcomen el derecho a decidir de las mujeres. Múltiples estrategias
legales motivadas por las creencias religiosas de funcionarios
estatales electos incluyen a: obligados periodos de larga espera;
varias visitas al médico o, en ocasiones, los médicos fuerzan a la
mujer embarazada a ver el ultrasonido y escuchar el latito de
corazón del feto; asesoría requerida de parte de personas sin
calificación que objetan el aborto por razones religiosas;
condicionamientos de construcción de las clínicas y la obligada
adscripción de médicos a hospitales. Estas y otras medidas tienen
el objetivo de favorecer el nacimiento sobre el aborto, recreando una
biopolítica estatal en que los cuerpos femeninos son sometidos a
mandatos religiosos y donde la noción de ciudadanía de las mujeres
pierde su especificidad de derechos, subsumiéndose de nuevo al marco
masculino hegemónico desde la subordinación y la desigualdad.
Desde
que el tsunami del Tea Party dio a los Republicanos la mayoría en la
Cámara de Diputados en 2010 y contribuyó a su hegemonía en
congresos estatales y gobernadores en 25 estados, no sólo se
incrementó la legislación contra el aborto, sino también se
restringió el acceso a programas de anticoncepción, entablando una
guerra legislativa frontal –federal y estatal– contra Planned
Parenthood, la organización que durante más de un siglo ha sido la
proveedora de servicios de salud reproductiva a mujeres de menores
ingresos.
Entre
2011-2013, discursos religiosos sustentaron 285 mediadas antiaborto
(Boonstra & Nash, 2014), mientras que, entre 2010-2015, 31
estados condicionaron el derecho al aborto garantizado a nivel
federal (Nash, Benson, Gold, Rathburn & Ansari-Thomas, 2015).
Durante 2017, el primer año de la administración de Trump, la
embestida contra el aborto legal se intensificó, registrándose 63
nuevas restricciones en 19 estados, la mayor cantidad desde 2013.
Adicionalmente, en 2017, Kentucky, Iowa y Carolina del Sur redujeron
de forma significativa el financiamiento público para programas de
planificación familiar y sus proveedoras, como Planned Parenthood,
sumándose en total a 15 los estados que desde 2015 han intentado
herir de muerte a dicha organización
(https://www.guttmacher.org/article/2018/01/policy-trends-states-2017).
La
propia campaña de Donald Trump y su primer año de gobierno
enaltecen lo estratégico de su alianza con las fuerzas de la derecha
religiosa fundamentalista. A pesar de sus dos divorcios y tres
matrimonios, las múltiples demandas entabladas en su contra por
violación, acoso y hostigamiento sexual, el video que se publicó
donde admitió que puede “agarrar a las mujeres por el panocho”
porque era famoso, su empleo público de lenguaje crudo, su posición
anterior en defensa del aborto legal, sus infinitas mentiras
cotidianas, su patente desinterés en cualquier práctica religiosa y
su desconocimiento de la Biblia, en paralelo a su promesa de cumplir
con las agendas religiosas, nombrar fieles a puestos claves y achicar
los muros de separación entre el Estado y la religión, fue
suficiente para que las coaliciones cristianas fundamentalistas le
concedieran su beneplácito.
No
se equivocaron. La asesoría de asociaciones religiosas antiaborto,
como Focus on the Family; de líderes religiosos fundamentalistas,
como Franklin Graham; organizaciones jurídicas conservadoras, como
la Sociedad Federalista (Federalist Society); y el vicepresidente,
Mike Pence, quien durante su carrera como congresista federal y
gobernador de Indiana fielmente defendió posiciones políticas del
conservadurismo cristiano, declarando alguna vez que era “cristiano,
conservador y republicano, en este orden”
(https://religionnews.com/2016/07/14/5-faith-facts-on-mike-pence-a-born-again-evangelical-catholic/),
forjó un gobierno nacionalista, cristiano-ultra conservador, con
cierto sustento bíblico de limitada interpretación, cuya mitología
se rige por una visión del mundo que informa sobre ciertas
decisiones políticas. Una parte significativa de dicha mirada
descansa en resistir y revertir los cambios más equitativos del
orden de género que emergió en la transición entre el modelo
capitalista industrial y el orden neoliberal globalizado, retornando
en esencia a una biopolítica de controles y subordinación
patriarcal que haga del cuerpo de las mujeres una incubadora obligada
y delimita las expresiones de la sexualidad a la heterosexual para
garantizar la reproducción del orden mismo.
Algunos
ejemplos de las políticas que ha promovido la administración Trump
son: la aplicación de la llamada Política de la CDMX (“Gag Rule”)
que niega fondos a organizaciones internacionales con cualquier
vínculo al aborto (2017); la firma de una ley cuyo objetivo es
cortar el financiamiento a Planned Parenthood; prohibir a personas
transgéneros en las Fuerzas Armadas; negar o posponer el aborto
legal solicitado por adolescentes reclamantes de refugio, que habían
sido violadas o presionadas sexualmente en su trayectoria; prometer
la firma presidencial a una ley actualmente en el Congreso que limita
el aborto legal a un periodo más corto. Para asegurar el avance de
estas políticas, Trump ha nombrados 12 jueces al circuito federal en
su primer año de presidencia. Asimismo, nombró a Neil Gorsich como
magistrado de la Suprema Corte, cuya decisión, en el caso Hobby
Lobby (2016), reconoció el derecho a dueños de la empresa a negar
planificación familiar a sus empleadas por razones de creencia
religiosa, lo que no sólo afecta a la salud reproductiva de las
empleadas, sino que codifica relaciones jerárquicas capitalistas en
la repartición de derechos, otorgando a los empresarios, por encima
de sus empleadas, el derecho a la libertad de creencia.
Muchos
adeptos a Donald Trump afirman que es el presidente más provida
en la historia de los Estados Unidos, constatando la efectividad de
su estrategia de mantener el patrocinio del sector fundamentalista
religioso. Su discurso sobre el Estado de la Unión dejo claro dicha
estrategia, enfatizando su defensa de la libertad religiosa y
afirmando que “En América, sabemos que la fe y la familia, no el
gobierno ni la burocracia, son el centro de la vida americana.
Nuestro lema es ‘en Dios confiamos’”. De tal manera, el
presidente, que seguramente es el menos creyente de la historia del
país, se muestra plenamente dispuesto a deconstruir las barreras de
separación entre estado y religión, con tal de mantenerse en el
poder.
Notas
a pie:
1
En 1980, el Partido Republican incorporó “la protección al
derecho a la vida para los no nacidos” como un principio
fundamental de su plataforma presidencial (Republican Party Platform,
1980).
2
La administración de George W. Bush (2001-2009) también promovió
políticas antiaborto; sin embargo, actualmente no sólo se cuenta
con una franja significativa de las y los congresistas y senadores
que comparten dicha posición ideológica-religiosa, sino que el
vicepresidente, una mayoría del gabinete y múltiples altos
funcionarios cuentan con una historia activista en torno a dicha
causa.
3
La
decisión de Roe v. Wade estableció el derecho a la privacidad como
principio constitucional de regir las decisiones reproductivas de las
mujeres y la viabilidad de vivir fuera del útero como límite al
aborto legal, con la excepción de la amenaza a la vida de la madre o
grave daño al feto en un momento posterior a dicho término.
*Feminista,
investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, integrante del
Comité Editorial de Cuadernos
Feministas.
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