Quienes
suscribimos la presente -mujeres representantes de la academia, la
sociedad civil, personas expertas en derechos humanos y violencia de
género- exponemos nuestra postura frente al clima que se ha generado
sobre el #MeTooMx y sus hashtags vinculados.
Reconocemos
la situación de violencia sistemática que ataca la seguridad y vida
de las mujeres, limitando el pleno ejercicio de sus derechos, en este
caso particular, los relativos a la educación y al trabajo en
condiciones de igualdad y dignidad.
La ola
de denuncias hechas en estos días desde los diferentes hashtags del
#MeTooMx, son solo un ejemplo del carácter estructural de la
violencia de género. Dan cuenta de cómo la violencia en espacios
laborales y escolares son prácticas presentes y normalizadas en
diferentes ámbitos de la vida social. Son testimonio también de que
las instituciones han fallado en garantizar el acceso de las víctimas
a la justicia, preocupación que por cierto fue externada por el
Comité CEDAW en julio de 2018, en ocasión del informe del Estado
mexicano.
Las
respuestas agresivas que se han hecho contra las denuncias, son
muestra de cómo la violencia en general, pero estas formas
particulares, están profundamente normalizadas de manera que se
siguen reproduciendo formas históricas que promueven la impunidad y
perpetuación de la violencia contra las mujeres.
Valoramos
el rompimiento del silencio por parte de las mujeres que se han
atrevido a hablar y suscribimos la postura de la Colectiva
Periodistas Unidas Mexicanas1
al reconocer la diferencia entre “confidencialidad” y
“anonimato”. Nos pronunciamos a favor del derecho que tienen las
víctimas de brindar su testimonio de manera confidencial.
Afirmamos
categóricamente que los efectos que está teniendo el rompimiento
del silencio son producto de la violencia y omisión de las
autoridades, no de las mujeres que alzaron la voz.
Nuestra
posición además enfatiza que la presunción de inocencia va
acompañada de la presunción de buena fe de la víctima, tal como se
establece en la Ley General de Víctimas.2
Ambas presunciones cobran sentido y relevancia dado que es la
autoridad la que está obligada a investigar.
En este
sentido, afirmamos que el Estado está cometiendo una grave omisión
al no investigar los hechos que están siendo denunciados.
Consideramos al Estado en un sentido amplio, sin limitarnos a las
funciones del Ministerio Público, ya que en todos los casos, las
autoridades tienen la obligación de garantizar una vida libre de
violencia, cumplir con la debida diligencia y en su caso, por lo
menos, iniciar de oficio las investigaciones por delitos como la
violación sin parte querellante. Los testimonios recabados por los
hashtags del #MeTooMx dan muestra que hay un amplio margen de
denuncias que deberían ser investigadas, por las instituciones e
industrias de donde emergen, de acuerdo a sus procedimientos internos
y con las obligaciones reforzadas que ya establecen las normas
vigentes por el propio interés de garantizar espacios laborales,
escolares y sociales dignos y libres de toda discriminación y
violencia.
Entre
las obligaciones señaladas por las leyes, además de la
investigación, se encuentra la prevención, con el objetivo de
consolidar relaciones sociales sustentadas en los derechos humanos.
El silencio de las autoridades ante estas denuncias está propiciando
el encono y la confrontación social, por lo que urgimos a su
respuesta integral y oportuna ante las denuncias y en este contexto.
( Pronunciamiento firmado por más de 300 mujeres publicado el 3 de
abril de 2019)
1 Ver
Comunicado 3. Sobre las denuncias CONFIDENCIALES de acoso,
hostigamiento y violencia sexual publicadas en @PeriodistasPUM. 1
de abril de 2019.
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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