Lucero
Circe López Riofrio*
El tema del
aborto siempre ha estado envuelto en polémicas e históricas luchas.
Hay personas que siguen pensando que estamos en el siglo XIII, en la
Edad Media, pues sus argumentos son verdaderamente absurdos, mientras
otros grupos, haciendo gala de la violencia verbal e institucional a
través de la discriminación, pretenden regular “el uso indebido
de un derecho” y también estamos los grupos de feministas que
queremos que se despenalice el aborto en este país, así de simple.
Para la
feministas, el aborto es un tema de salud pública, por la alta
mortalidad materna debido a la clandestinidad que presenta esta
práctica, alimentado por la ignorancia, la represión social y el
abuso de poder de quien se dice saber hacer un aborto. Como ejemplo
de lo anterior tenemos el caso de una menor de edad, quien en
compañía de su madre buscaron en el gremio “médico” a quien
pudiera ayudarle a interrumpir el embarazo, encontrándolo en Morelia
y por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos) lo que le realizó
fue una verdadera barbaridad, pues le introdujo vía vaginal una
sustancia para el tratamiento de meningitis y durante la aplicación
de este líquido le decía a la chica que le “prometiera que nunca
se volvería a embarazar”. Un acto de barbarie y de una forma
actualizada de tortura medieval, afortunadamente la chica nos
contactó en compañía de su madre que siempre la apoyó, ahora la
chica está bien, a salvo, ya que la pusimos en manos de
profesionales que le ayudaron a interrumpir el embarazo, y
actualmente retoma su vida y proyectos.
Desde mi punto
de vista el acceso a un aborto seguro y gratuito por parte del Estado
podría ser una forma de reparación del daño ante la agresión
sexual y por la inacción administrativa para investigar y sancionar,
específicamente por violación, situación que enfrentan niñas y
adolescentes en el país. En Michoacán, tan sólo en 10 años del
2008-2018 fueron víctimas del delito de violación 1,663 niñas
aproximadamente de 1 a 15 años.1
Además del 2011 al 2018 fueron agredidas sexualmente 2,940 mujeres;
el agresor casi siempre es un familiar, ya sea padre, abuelo,
padrastro, tío, etc. En el 2017, a 618 niñas de 10 a 14 años y a
17,086 mujeres adolescentes de 15 a 19 años las obligaron a parir
contra su voluntad; los datos para el 2018, fueron de 439 niñas de
10 a 14 años y 13,003 adolescentes de 15 a 19 años.2
El aborto debe
despenalizarse porque no se puede seguir culpando y criminalizando a
las niñas, adolescentes y mujeres de ser las responsables de que
sean agredidas sexualmente, siendo esto una aberración y una doble
victimización, institucional y social, que se ejerce en contra de
quien ha sido agraviada y humillada, pero nunca en contra de quien la
agredió. En ese sentido, resulta difícil entender la posición de
los grupos de derecha y de los partidos políticos como el PAN y
MORENA en Michoacán que pretenden, por un lado, criminalizar y
endurecer las penalidades contra las mujeres que se practiquen un
aborto y, por otro, regular el ejercicio del derecho al aborto. En
realidad, estos grupos pretenden seguir justificando social y
jurídicamente al agresor, sus argumentos esconden una posición
verdaderamente ruin, podrida e inconcebiblemente inhumana que
pretende justificar que a este acto le precede la vida y eso no es
verdad, ya que lo anterior refuerza estigmas y mitos orientados a la
criminalización y encarcelamiento de niñas, adolescentes y mujeres
por ejercer su derecho al aborto.
El estado de
Michoacán tiene un código penal progresista que permite el aborto
por las siguientes causales: cuando haya habido violación; por
inseminación artificial o procreación asistida sin su
consentimiento; cuando haya precariedad económica (pobreza,
vulnerabilidad o marginación); cuando corra peligro la salud de la
mujer; cuando el producto presente malformaciones graves en su
desarrollo, por ejemplo: que no tenga extremidades ni cerebro; y
cuando haya una imprudencia, por ejemplo: accidente, caídas,
desconocimiento de que estaba embarazada, cualquier actividad que
implique un riesgo para la mujer.
Pero está
información no la saben las mujeres ni la población, no está en
las conversaciones comunes, no se ha convertido en un discurso
oficial que se de a conocer a través de programas de salud sexual y
reproductiva, campañas de difusión, carteles en los hospitales y
clínicas, por ello muy pocas personas tienen información de que el
aborto en Michoacán no se castiga. Otro aspecto esencial es la
regulación de las clínicas privadas, pues éstas contribuyen a la
disparidad e injusticia social entre quienes pueden pagar un aborto
seguro en un hospital privado y quienes asisten a uno público y este
se les niega o se somete al famoso comité de bioética que en
realidad es un grupo de control para la discriminación, que define
quién sí y quién no.
En la
actualidad hay un gran avance en materia de ética, medicina,
tecnología médica a favor del aborto, que señalan y fundamentan
que el hecho de que haya un cigoto eso no quiere decir que sea
persona, lo cual es muy cierto a nivel jurídico. Nuestra lucha como
grupo está centrada en la despenalización y descriminalización
social del aborto no sólo en Michoacán sino en todo el país, hace
exactamente 10 años luchamos por lo mismo y se acerca una nueva
lucha contra los mismos fundamentalismos, así que aquí estaremos
dando la batalla por defender el derecho humano de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo y por su vida.
* Feminista,
Directora de Humanas sin Violencia, A.C.
Notas a pie
1
Fuente: Análisis propio con datos de la Fiscalía General de
Michoacán.
2
Datos obtenidos a partir de bases de datos del sector salud y Coespo
Michoacán.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario