Juliana
Farias*
Traducción
del portugués de Tania Sairi Gómez Hernández
Hay
quien dice que la última noche vieja marcó, para Brasil, un retorno
del año 2018 a 1964. Aunque es larga la lista de elementos que
permiten la comparación entre la dictadura empresarial-civil-militar
que inició en 1964 y el actual momento histórico, el balance
automático no hace justicia al cuadro político que se vivió antes,
durante y después de las últimas elecciones presidenciales en
Brasil.
Durante
los veinte días transcurridos entre la primera y la segunda vuelta
electoral, cuatro asesinatos evidenciaron los perversos efectos de la
campaña bolsonarista: 1) en la madrugada del día 8 de octubre, en
el barrio da Federação, en el estado de Salvador da Bahia (BA),
Romualdo Rosário da Costa, conocido como “Mestre Moa do Katende”,
fue apuñalado hasta la muerte luego de declarar públicamente que
había votado por el candidato del PT (Partido de los Trabajadores);1
2) en la madrugada del día 16 de octubre, en la plaza Largo do
Arouche, ubicada en pleno centro de São Paulo (SP), Priscila fue
asesinada a cuchilladas mientras se escuchaban gritos de “Bolsonaro
presidente” y “con Bolsonaro presidente, la caza de venados será
legalizada”;2
3) la noche del día 18 de octubre, en el centro del municipio de
Aracaju, estado de Sergipe (SE), Laysa Fortuna fue apuñalada hasta
la muerte por un hombre que amenazaba a trasvestis por las calles de
la región, exhibiendo sus genitales y afirmando que si Bolsonaro
fuese electo presidente, todas las personas trans serían
asesinadas;3
4) el día 21 de octubre, en Santo André, región metropolitana de
São Paulo (SP), Kharoline fue acuchillada por un grupo de hombres
que también exaltaban a Bolsonaro.4
De
los casos mencionados, una de las víctimas era un hombre cisgénero
negro, las otras víctimas eran mujeres transexuales cuya pertenencia
racial no fue divulgada y los victimarios, en todos los casos, eran
hombres cisgénero cuya pertenencia racial tampoco fue divulgada.5
Este conjunto de crímenes se suman a los plasmados en el Atlas
de la Violencia 2018 sobre la
desigualdad racial en Brasil y los homicidios contra la población
negra: “En 2016, por ejemplo, la tasa de homicidios a negros fue
dos veces y media superior a la de no negros (16% contra 40.2%).
Entre 2006 y 2016, la tasa de homicidios a negros creció 23.1%, y en
los no negros tuvo una reducción de 6.8%. La tasa de homicidios a
mujeres negras fue 71% superior respecto al de no negras”.6
Es
necesario mencionar que los datos publicados en el Dossier de
Asesinatos y violencia contra trasvestis y transexuales en Brasil en
2018, se comprueba la afirmación de que Brasil es hoy el país que
más personas transexuales mata en el mundo, también señalado por
la ONG Transgender Europe (TGEU) que revela que entre el 01 de
octubre de 2017 y el 30 de septiembre del año pasado, 167 personas
transexuales fueron asesinadas en Brasil.7
Los
cambios con Jair Bolsonaro
En
la primera medida provisoria firmada por el nuevo presidente, el 1 de
enero de 2019, la población LGBTI+ fue retirada de las directrices
ministeriales. El antiguo Ministerio de Derechos Humanos fue
transformado en Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos
Humanos, con la medida provisoria No. 870, que estableció la
reestructuración de los órganos de la presidencia y los
Ministerios.8
Además, se nombró ministra a Damares Alves, mujer que se declara
públicamente contraria a la legalización del aborto,9
fue coordinadora del Movimiento Nacional de la Ciudadanía Brasil sin
aborto y del Movimiento Nacional Brasil sin Drogas; ocupó la
posición de asesora jurídica del Frente Parlamentario Mixto por la
Familia y a Favor de la Vida, del Frente Parlamentario de Combate a
las Drogas y del Frente Parlamentario Evangélico en el Congreso
Nacional.
La
designación de Damares Alves se conecta con las movilizaciones
iniciales del Senado Federal, que aprobó por mayoría de votos la
reactivación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) No. 29
de 2015, que “altera la constitución federal para agregar, en el
artículo 5º, la explicitación inequívoca de la inviolabilidad del
derecho a la vida, desde la concepción”.10
Tal articulación entre diferentes segmentos del gobierno federal se
coloca como un obstáculo a una de las más fuertes banderas del
movimiento feminista nacional e internacional, que defiende el aborto
legal, seguro y gratuito.
Otras
transformaciones nocivas, desde el punto de vista de la garantía de
derechos, son las extinciones del Ministerio de Cultura, del
Ministerio de Desenvolvimiento Social y del Ministerio de Deportes; y
la asignación de sus competencias a un único ministerio, el actual
Ministerio de la Ciudadanía. También fueron extintos el Ministerio
del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planeación,
Desenvolvimiento y Gestión y el Ministerio de Comercio Exterior y
Servicios; cuyas competencias fueron reducidas a un otro nuevo
ministerio, el Ministerio de Economía.
Ante
este contexto político, es imprescindible que estemos atentas en la
actualización de determinadas tecnologías gubernamentales del
control de los cuerpos que se ejercen tanto a través de enmiendas
constitucionales como de prácticas rutinarias de agentes del Estado
que actúan como punta de lanza –un proceso de actualización
continua de políticas de estado, marcadas por la conexión histórica
entre violencia de género y racismo. Para avanzar en este aspecto
del debate, vale incorporar al texto el argumento de la defensora
pública Lívia Casseres, cuando afirma que en el caso de la
criminalización del aborto, “el derecho está al servicio de
proyectos de discriminación sistemática" y que "más allá
de una selectividad racista, la incriminación del aborto para las
mujeres brasileñas significa el ejercicio de un poder de muerte".
Un
régimen de Estado: discriminación, crimen… terror
Al
crear las condiciones para la discriminación sistemática, la
elección legislativa por una política penal para el aborto refuerza
los mecanismos que sujetan a las mujeres negras a un régimen
político de sub-ciudadanía, y alimenta la continuidad del racismo,
entendido como proceso histórico y político.11
Considerando la lógica racista del Estado y su conexión con la
violencia, es importante resaltar la firma de un decreto que
flexibiliza las reglas para la posesión de armas; el decreto No.
9.685, del 15 de enero de 2019, redactado por el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública y finalizado en la Casa Civil.12
A
partir de este decreto, se amplia la validez del registro de armas,
la validación de la necesidad de la posesión que antes era
realizada por la Policía Federal, deja lugar a un examen
simplificado de la declaración
de efectiva necesidad,13
producida por la propia persona interesada en la adquisición de
armas de fuego de uso permitido; además de la nueva exigencia de que
“en la hipótesis de residencia habitada también por niños,
adolescentes o personas con deficiencia mental, presentar una
declaración de que la residencia cuenta con una caja de seguridad o
un lugar seguro con cerradura, para su almacenamiento”.14
Más
allá de los cambios legislativos y burocrático-administrativos, son
muy preocupantes los efectos al incentivar la utilización de armas
de fuego en un país que ya lidera el ranking
de muertes por armas de fuego en el mundo, seguido por Estados
Unidos, México, Colombia, Venezuela, Guatemala, de acuerdo con el
estudio Global
Mortality from firemans 1990-2016.15
Entre los años de 1980 y 2016, 910 mil personas fueron asesinadas
con el uso de armas de fuego en Brasil;16
dato más terrorífico si no hubiese entrado en vigor, en el año
2003, el Estatuto de Desarmamento, según los cálculos realizados
por Cerqueira y De Mello.
Retomando,
entonces, los datos sobre los homicidios en Brasil explicitados en la
parte inicial del texto, agrego otras dos informaciones para dar
continuidad a la línea de razonamiento que se ha ido desarrollando
aquí: si, por un lado, la violencia en el país es evidente por el
número de hombres negros jóvenes que son ejecutados por agentes del
Estado armados y en servicio; por otro lado, también destaca el
número de mujeres víctimas de agresión por arma de fuego,
cometidas por personas con las que ellas mantenían o habían
mantenido relaciones sexo-afectivas. Dos semanas después de la firma
del decreto que flexibilizó las reglas para la posesión de armas,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público
un comunicado de prensa en el que expresaba “su preocupación por
la prevalencia alarmante de asesinatos a mujeres por motivo de
estereotipos de género en Brasil”.17
Según este comunicado, en los primeros 34 días del año 2019,
ocurrieron, en Brasil, 126 asesinatos de mujeres en razón de su
género y 67 tentativas de asesinato.
Aun
cuando las armas de fuego no sean el único instrumento utilizado
para tales asesinatos, el incremento del número de personas que
tienen armas de fuego en sus casas es extremadamente preocupante, por
la posibilidad del aumento de otros tipos de violencia que atañen
mayoritariamente a las mujeres. Según se puede ver en los datos del
Sistema de Informaciones de Agravios de Notificación (Sinan, por sus
siglas en portugués), a partir de los registros de las agresiones
con presencia de armas de fuego por el Ministerio de Salud, la mayor
parte de las notificaciones de violencia psicológica (93%), tortura
(71%) y violencia sexual (96%), se concentra en las mujeres.
La
actuación de las mujeres
Mujeres
movilizadas ante los riesgos que representa el Decreto 9.685,
publicaron, en todo el país, relatos de episodios de violencias
sufridas por ellas o por sus familiares, acompañados del hashtag
#SeEleEstivesseArmado (si él estuviese armado), que figuró entre
los trending
topics de
Twitter.18
El protagonismo de las mujeres en las críticas al nuevo decreto
confirmó los resultados de las investigaciones según las cuales la
mayoría de las mujeres se oponía a la posesión de armas. De
acuerdo con las encuestas del Instituto de Investigaciones Datafolha,
realizadas en diciembre de 2018, entre las mujeres entrevistadas, 71%
pensaban que las armas deberían ser prohibidas, porcentaje que
caería hasta el 51% entre los hombres; del total de personas
entrevistadas, 61% se posicionaron en contra de la liberación de la
posesión de armas de fuego.19
El
impulso a la utilización de armas de fuego –marca de la campaña
bolsonarista–, sumado al comportamiento misógino y de fobia a las
comunidades LGBT por parte del presidente de la república, son
denunciados constantemente por los defensores de los Derechos Humanos
local y global. Los organismos de Derechos Humanos internacionales
siguen atentos a cada paso dado por el actual gobierno; más allá
del posicionamiento de la CIDH sobre el número de asesinatos a
mujeres durante los dos primeros meses de mandato de Bolsonaro, la
ONU también se pronunció, solicitando al jefe del ejecutivo la
continuidad de los programas destinados a las mujeres.20
Las
críticas a las medidas del gobierno bolsonarista se multiplican en
las paredes de las calles, en los medios de comunicación, en
actividades universitarias o en las parodias de los desfiles del
carnaval. El mes de marzo, día internacional de la mujer, y a un año
de la ejecución de la concejal carioca Mireille Franco, se preparó,
una extensa agenda feminista de actividades. Para el día ocho,
especialmente, los actos públicos y marchas lanzan convocatorias con
consignas como: “¡Mujeres contra Bolsonaro! ¡Vivas por Mireille!
¡En defensa de la seguridad social, la democracia y los derechos
humanos!” seguidas del hashtag
#8MContraBolsonaro.
Aprendemos
las unas con las otras, discutiendo los feminismos en su pluralidad.
Elegimos a 77 mujeres como diputadas federales (26 más que en 2014);
de estas, trece son mujeres negras y una indígena (Joenia Wapichana,
la primer mujer indígena electa al Congreso Nacional de Brasil). En
las legislaturas estatales, el nuevo formato de mandatadAs colectivAs
conquistó espacio en el estado de Penanbuco, con JUNTAS (grupo
legislativo formado por cinco mujeres del PSOL), y en el estado de
São Paulo con la Bancada Activista (formada por siete mujeres y dos
hombres).
Cada
día surgen nuevos colectivos feministas en las favelas, en las
universidades, en las escuelas secundarias. Seguimos con la frente en
alto por nosotras mismas y por todas las que ya no están. Por
Mateusa y Mireille. Por Priscila, Laysa y Kharoline. Por Claudia,
Luana, Dandara y Herika. Por Iolanda, Maria Rosa, Rejane, Caroline,
Selma, Ana Célia, Tamires, Milena, Vanilma, Maria Dalvina,
Jocelaine, Eliane, Amanda, Maria Lucia, Jocimara, Mariana, Simone,
Santina, Geanne, Josilene, Cássia, Cíntia e Débora, seguimos en
pie de lucha.
*
Juliana Farias es
doctora en Sociología por el Programa de Sociología y Antropología
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ, por sus
siglas en portugués).
2
El
apellido de Priscila no fue dado a conocer, la víctima no llevaba
documento de identificación y el Movimiento LGBT local tuvo que
intervenir para que ella no fuera enterrada como indigente.
Ver: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/grupo-se-mobiliza-para-evitar-que-travesti-seja-enterrada-como-indigente-em-sp.shtml.
5.
Asociación Nacional de Trasvestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y
el Instituto Brasileño Trans de Eucación (IBTE). El
informe de la TGEU está disponible
en: https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1O4mvhh3OTAFp61U4sUb5hArN4r5uEYBX&ll=-12.81728684546615%2C-47.43337159999999&z=5
6
IPEA, FBSP, 2018.
7
Publicada en el Diario Oficial brasileño. Disponible en:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
8
Publicada
en el Diario Oficial Brasileño y está disponible
en:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
9
Estoy
en contra del aborto. Ninguna mujer quiere abortar. Ellas llegan
hasta el aborto porque, posiblemente, no tuvieron ninguna otra
opción. La mujer aborta creyendo que se está desembarazando (sic)
pero no lo está”. Testimonio disponible
en: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/gravidez-e-problema-que-dura-so-9-meses-diz-nova-ministra-das-mulheres.shtml.
10
El
contenido de la PEC, así como su tratamiento, pueden ser revisados
en:
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120152.
11
Casseres, 2018.
12
El
documento está disponible
en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9685.htm
13
Decreto No. 9.685,
del 15 de enero de 2019.
14
Idem.
16
Véase Atlas de Violencia 2018, disponible en:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33410&Itemid=432
18
Véase:https://hashtag.blogfolha.uol.com.br/2019/01/16/seeleestivessearmado-um-dia-apos-flexibilizacao-da-posse-de-armas-mulheres-relatam-agressoes/
Referencias
Benevides,
Bruna; Nogueira, Sayonara (2019). Dossiê
ASSASSINATOS e violência contra TRAVESTIS e TRANSEXUAIS no Brasil em
2018. Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil
(ANTRA). Instituto Brasileiro Trans de
Educação (IBTE), Brasil, 2019.
Casseres,
Livia. “Racismo estrutural e criminalização do aborto no Brasil.”
en SUR –
Revista Internacional de Direitos Humanos.
Edição 28. Conectas: São Paulo, dez/2018.
Cerqueira,
Daniel y De Mello, João Manuel (2012). Menos
armas, menos crimes. Textos para
discussão No. 1721. IPEA, Brasília, março/2012.
Efrem-Filho
(2016). Corpos brutalizados: conflitos e
materializações nas mortes de LGBT.
Cadernos Pagu, n. 46. Campinas. pp. 311 – 340.
GBD
2016 Injury Collaborators. Global Mortality From Firearms,
1990-2016. JAMA.
28 Aug 2018; 320(8):792-814.
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