María
Fernanda Arellanes*
Durante
el mes de enero de 2019 se registraron 10 mujeres asesinadas por día.
Al gobierno de la Cuarta Transformación lo recibían simultáneamente
una ola de feminicidios y desapariciones de mujeres en el metro de la
Ciudad de México. Esta ola de los mal llamados “secuestros”
(pues la intención nunca fue devolver a las chicas a cambio de un
rescate) comenzó a tener eco mediático en Facebook y otras redes
sociales en donde las víctimas denunciaban públicamente. Hubo quien
lanzó la pregunta de si en consecuencia con las acciones tomadas por
AMLO para acabar con el huachicoleo, tal serie de crímenes pudiera
deberse a un cambio de giro en los negocios ilícitos de las personas
que antes vivían del robo de petróleo y ahora estaban buscando
solvencia en otras actividades criminales. Cuales fueran las razones,
el escándalo que se desató en redes sociales hizo que se reabriera
un debate público sobre la desaparición de mujeres y empujó a las
“nuevas” autoridades a tomar cartas en el asunto. Este artículo
es un breve recuento reflexivo sobre los hechos y la respuesta de las
autoridades ante este hecho.
El
fenómeno de la desaparición de mujeres es antiguo y doloroso.
México se encuentra en guerra desde el año 2007, y en los contextos
de guerra las mujeres siempre son daños colaterales, botín y piezas
de cambio. Fue en medio de esta militarización llevada a cabo
durante el gobierno de Felipe Calderón que las desapariciones de
mujeres se incrementaron y normalizaron.
En
2013 me tocó escuchar muchas anécdotas de parte de familiares y
compañeras de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad
Juárez, Matamoros, etc. Una rápida búsqueda en internet despliega
cientos de historias periodísticas al respecto.
Estas
desapariciones siguen sucediendo hasta la fecha en el Estado de
México, el estado más cercano a la Ciudad de México. Varias amigas
se han encontrado en esta situación en los últimos cuatro años.
No
todas las desapariciones son iguales, ya que se puede hacer una clara
diferenciación, por ejemplo, entre las desapariciones políticas y
lo que en el contexto mexicano actual se refiere a desapariciones de
mujeres, niñas y niños. Durante más de una década el número de
personas desaparecidas se ha incrementado exponencialmente, y en el
caso de las mujeres, se perfilan como un negocio lucrativo que
encubre grandes redes políticas y económicas en el negocio de la
trata con fines de explotación sexual y laboral, la prostitución,
los vientres de alquiler y la venta de órganos. El aumento
exponencial de las desapariciones significa un incremento en las
ganancias multimillonarias de estos negocios.
Si
bien sabemos que las desapariciones de mujeres no son algo nuevo, es
cierto que hay ciertos factores que cambiaron durante esta ola de
desapariciones en la Ciudad de México. El primero a destacar es el
lugar: el metro. Estamos acostumbradas a la narrativa de que las
desapariciones ocurren en calles sin gente, durante la noche y sin
testigos, y si bien éste puede ser el caso en muchos estados, aquí
los perpetradores eligieron el transporte público más usado de la
ciudad, actuar siempre o casi siempre durante el día y frente a
docenas de testigos.
Cabe
subrayar que irónicamente no hay testimonios de testigos en Facebook
ni videos de los secuestros que pudieran haber sido proporcionados
por las autoridades aunque es evidente que el sistema de vigilancia
del metro tiene estas imágenes.
El
cinismo con el que actúan los captores es también de sorprenderse.
Buscan víctimas en lugares con una alta concentración de personas,
esperan, intentan y si no funciona pueden retirarse e intentarlo de
nuevo. Es decir, pareciese que no existe crimen alguno en jalar,
golpear, intimidar, mentir, amenazar y tratar de inmovilizar con el
fin de desaparecer si el crimen no se consuma. Así lo expresaron las
autoridades del metro al declarar que (ignorando las denuncias
públicas) no podían actuar ya que no había denuncias “formales”,
y cuando las primeras víctimas se atrevieron a jugar el sucio juego
de la justicia patriarcal respondieron diciendo que sus denuncias no
podían ser procesadas porque a pesar de los jaloneos y el trauma no
se había consumado crimen alguno.
En
las diversas denuncias está el mismo relato sobre las autoridades
que intentan lavarse las manos antes que procurar a las víctimas y
donde no existe ni la vaga intención de perseguir a los
perpetradores una vez que escapan. De los arrestos, sólo se supo de
dos hombres que, en palabras de la procuradora capitalina Ernestina
Godoy, ya estaban “plenamente identificados por las víctimas”.
La
inacción de las autoridades es claro síntoma de una grave crisis
política, de lo poco que importamos las mujeres, de la impunidad, de
la maquinaria que mantiene hasta hoy la posibilidad de asesinar a 9
mujeres por día en el país sin consecuencia alguna. Esta confianza
para actuar explica el amplio margen de horario y la poca precaución
para escoger el lugar donde cometer el crimen.
Otro
factor por considerar es el impacto de las denuncias. No hay que
olvidar que vivimos en un país muy centralizado, que las mujeres en
la Ciudad de México están dispuestas a denunciar públicamente y
que sus denuncias son más difundidas. Lo anterior es una buena señal
de los cambios políticos, de las campañas feministas emprendidas en
los últimos años y de la presión ejercida por el movimiento
feminista para hacerse oír ante el gobierno. Después del escándalo
desatado en redes y la convocatoria a una amplia marcha feminista el
dos de febrero para exigir justicia ante las desapariciones e
inmediatas medidas de seguridad para garantizar la vida de las
mujeres, el gobierno de la metrópoli convocó la mañana del primero
de febrero a una “reunión” con organizaciones civiles,
colectivas y diversas autoridades capitalinas para tratar el asunto.
A ella acudimos muchas mujeres pensando que al fin podríamos tener
un diálogo honesto con las autoridades para presentar nuestras
demandas y preocupaciones.
Dicha
reunión terminó siendo una manipuladora rueda de prensa que la
primera mujer alcaldesa, Claudia Sheinbaum, usó para hacer
declaraciones políticas de lo diferente que era su nuevo gobierno,
además de anunciar medidas de seguridad como reforzar la vigilancia
y poner Ministerios Públicos ambulantes en 5 estaciones de metro,
donde se habían registrado casos de secuestros.
También
se expuso públicamente a dos víctimas, que creyeron que se
reunirían con autoridades y organizaciones pero que acabaron dando
su testimonio ante docenas de medios dando su consentimiento momentos
antes de iniciada la rueda de prensa. Después, ambas sufrieron un
proceso de revictimización al recibir de las autoridades, en vez de
una garantía integral de su seguridad, comentarios acusándolas de
crear “psicosis” entre la población y de “hablar de más”
cuando hacían referencia a los feminicidios o la trata con fines de
explotación, además de filtrar datos confidenciales sobre las
víctimas e información de sus carpetas de investigación sin su
consentimiento.
Los
secuestros siguen sin resolverse a cabalidad, y con las autoridades
del nuevo gobierno trabajando en nuestra contra, nos encontramos con
los problemas de siempre, sin suficiente información. Además del
centenar de denuncias que fueron compiladas principalmente por
feministas de la ciudad que elaboraron un cuestionario de Google para
difundirlo en redes sociales, no sabemos casi nada de estos casos.
Por
ahora sólo tenemos muchas especulaciones y pocas certezas. A más de
dos meses de los hechos, existen varias hipótesis de por qué el
modus
operandi
de desapariciones en el metro ha disminuido, o al menos eso podemos
deducir de la disminución de denuncias en redes sociales. Una es el
alto índice de fracasos como ya mencioné, otra son las medidas
gubernamentales implementadas: incrementar la vigilancia, el
alumbrado y los Ministerios Públicos móviles, otra es la presión
del movimiento feminista que tal vez logró frenar con presión
social y actuar político una amenaza que afecta a la mayoría de las
mujeres en esta ciudad.
Muchas
otras especulaciones existen respecto a los motivos de estas
desapariciones. El celular de la joven Diana Itzel Cuevas Uribe, a
quien su madre dejó a la entrada del metro UAMI la mañana del 11 de
enero y que nunca llegó a la escuela, fue localizado por última vez
en el municipio de Cadereyta en Nuevo León. María Guadalupe “N”
relató por su parte que luego de que la subieran por la fuerza a un
carro Chevy negro y tras media hora de tortura psicológica y
tocamientos sus agresores la dejaron ir al darse cuenta de que tenía
una cicatriz de cesárea, diciendo que “así ya no nos sirve”.
Como
sabemos, una de las mayores problemáticas respecto a los
feminicidios y las desapariciones es que no tenemos datos confiables
de estos crímenes y no existe un seguimiento que de certeza de
cuántas mujeres han desaparecido ni el contexto en el que ha sido
cometido el crimen. Tampoco tenemos datos certeros de cuántas
mujeres son asesinadas en México y si éstos tienen alguna relación.
No tener estadísticas representa un problema aún mayor para el
Estado cuando se trata de garantizar la seguridad de las mujeres.
Sobre
el modus
operandi
En
muchos medios de comunicación, incluso antes del 2019, este tipo de
casos se conoció como secuestros “cálmate mi amor”, aludiendo a
la forma en que raptaban a las chicas frente a los ojos de muchos
testigos. Una vez que la chica ponía resistencia, el raptor
justificaba la negativa de la chica a ir con él, a su mal humor, o a
un berrinche con su padre o a una pelea entre novios.
Esto
nos abre la oportunidad de reflexionar muy detalladamente sobre por
qué la táctica de nombrarse novio o pariente de la víctima con
excusas como "está drogada", "está haciendo
berrinche", "no se ha tomado sus medicamentos", "
está de necia" o "tuvimos una discusión" resulta
útil para los secuestradores, siendo una forma creíble de adquirir
autoridad, legitimidad y poder sobre las víctimas y frente a
testigos de tal crimen.
La
poca credibilidad que se les da a las mujeres, lo fácil que es
descreditar su salud mental o emocional y la increíble autoridad que
un hombre que la nombra de su propiedad puede tener sobre ella,
propició que muchas de estas chicas fueran desaparecidas sin que
nadie pusiera atención a sus gritos de ayuda.
No
sabemos dónde las llevan después de subirlas a los carros o su
destino final porque no han atrapado a los responsables, no hay
testimonios de testigos que hayan presenciado uno de estos secuestros
que sí hayan sido exitosos, no sabemos si quienes se las llevan
forman parte de una misma red criminal o si son células
independientes, no sabemos si están ligados al crimen organizado o
no, ni siquiera podemos saber si el número de desaparecidas es mayor
al número de las que lograron escapar o si el método de intentarlo
en el metro terminó por no ser rentable debido al alto índice de
fracasos.
Finalmente,
estamos en una emergencia nacional desde hace años, y urgen medidas
drásticas en todo el país para salvaguardar la vida de las mujeres.
No
podemos tolerar más la inseguridad a la que nos vemos sometidas,
necesitamos de la organización de un movimiento feminista amplio que
responda con acciones masivas y concretas ante las políticas
feminicidas, que ponga al centro nuestras vidas. Esa es, en mi
opinión, la esperanza política donde tenemos las mejores
posibilidades de mantenernos vivas.
*Feminista,
integrante de la Comisión de Trabajo Feminista del Partido
Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), e integrante del
Colectivo Feminista Voces de Lilith.
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