Declaratoria Foro #MeTooMx

Mujeres, feministas, integrantes de la academia, la sociedad civil, las artes, el periodismo, personas expertas en derechos humanos y violencia de género, reconocemos el valor social y jurídico, así como la legitimidad de las denuncias que de forma confidencial se han hecho públicas a través del hashtag #MeTooMx, sus hashtags asociados y el trabajo realizado por quienes administran esas cuentas.

Las personas que han publicado su testimonio sobre actos de violencia han sido principalmente mujeres, pero también algunos hombres. Quienes han sido señalados como responsables de esos actos de violencia han sido principalmente hombres. En todos ellos se leen conductas y omisiones que constituyen actos de violencia de género –en particular contra las mujeres– que ya están reconocidas y definidas en la normatividad vigente tanto laboral, penal como administrativa.

La respuesta pública y general ha sido de descrédito a lo testificado, se ha cuestionado la legalidad y legitimidad de quienes acompañan y facilitan estos espacios de señalamiento, se han posicionado comentarios de odio y maldiciones en contra, no sólo de quienes valientemente pusieron fin a silencios, sino también a quien habla en apoyo a ellas. Hasta ahora son prácticamente excepciones las autoridades que han dado una respuesta efectiva y oportuna para garantizar los derechos de quienes han denunciado y quienes están sufriendo represalias. Las declaraciones y creación de mecanismos formales que no traen resultados efectivos sólo abonan a la simulación y son, en sí mismas, un incumplimiento de obligaciones.

Muchos hombres denunciados han recurrido a instancias públicas para defender su honor y prestigio, o han amenazado con demandar a quienes los denuncian formalmente. En muchos estados, incluida esta Ciudad de México, se ha dado más valor a mantener el honor masculino sustentado en privilegios, que al deber de garantizar la justicia, verdad y reparación en los casos de violencia denunciada, fallando en consolidar un orden social libre de discriminación, libre de privilegios y sustentado en los derechos humanos.

Quienes aquí nos reunimos, que no representamos sino somos parte, como todas las demás personas que exigimos un mundo sustentado en los derechos humanos y la igualdad de género, decidimos acompañar la palabra de quienes se han pronunciado en las redes sociales, pero también de quienes cuerpo a cuerpo han denunciado en sus espacios escolares, laborales, comunitarios y sociales a quienes les han agredido. A su palabra y experiencia aportamos nuestro respaldo profesional y acompañamiento sororal para dar densidad a la legitimidad social y legal de su actuar.

Desde la base de la ley vigente y del Estado laico y obligado internacionalmente en materia de derechos humanos, juntas, demandamos que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias cumplan con lo ya establecido de manera inmediata y progresiva, con transparencia y garantizando mecanismos pertinentes de participación social y ciudadana, así como de protección ante las represalias, y de reparación y restitución. Los indicadores de cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, en particular los definidos por el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres deben ser el estándar mínimo de lo que realicen y presenten.

Identificamos de manera particular a las siguientes instancias del Estado como obligadas ante ello y pedimos que el día lunes 6 de mayo, a partir de las 10 am, informen sobre las acciones que van a realizar en cumplimiento de sus obligaciones ante la violencia de género contra las mujeres, en particular, respecto del hostigamiento y acoso sexual y otras formas de violencia sexual. Las principales dependencias que identificamos son:

1. Organismos públicos de derechos humanos.
2. Secretaría de Gobernación y sus homólogos estatales, no sólo a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), también en relación a los acuerdos que sostiene con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y otras instancias que deben cumplir con las obligaciones definidas en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Su papel en la coordinación de los Sistemas Nacionales y Estatales para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y de Prevención, Atención, Sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, son fundamentales.
3. El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y sus homólogos estatales.
4. Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogos estatales.
5. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogos en las entidades federativas.
6. Las Fiscalías o procuradurías generales de justicia, tanto de la República como de cada entidad federativa.
7. Hacemos un llamado urgente al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y sus homólogos estatales para que coordinen las acciones con las instituciones adecuadas, en particular las vinculadas a la educación, para garantizar que las niñas, niños y adolescentes no sólo aprendan los principios de los derechos humanos, sino que los vivan y se les respete en todo su proceso educativo. Para ello, todas las instituciones autónomas que tienen incorporadas escuelas preparatorias, deben dar prioridad a que ninguna niña, niño o adolescente vea afectada su integridad ni su desarrollo escolar por la violencia de género sea por compañeros, autoridades o familiares.
8. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus homólogos en las entidades federativas.
9. A las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y tribunales laborales federales.
10. La Secretaría de la Función Pública, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus homólogos en las entidades federativas.
11. La Secretaría de Educación Pública y sus homólogos en las entidades federativas.
12. A los centros de educación superior y de investigación tanto en el sector público como en el privado.
13. Al Poder Judicial en cada entidad federativa, pero también a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB).
14. El poder legislativo, que ha señalado su interés de hacer reformas en normas sustantivas en esta problemática. Exigimos un proceso transparente y amplio, así como una clara fundamentación y armonización con los más altos estándares de derechos humanos en la materia.
15. Empresas, sociedades civiles, asociaciones civiles, agrupaciones gremiales y demás instituciones sociales, pues están obligadas, como las instancias públicas a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. 11 de abril de 2019, Ciudad de México.