domingo, 7 de julio de 2019

La 4T para las mujeres ¿un retroceso anunciado o un cambio de luces y esperar?

 

Sara Lovera

Durante casi 50 años, desde la aparición del feminismo de los años 70, las feministas queríamos ir más allá de la búsqueda de derechos formales dentro del sistema, por eso interpelamos sus instituciones básicas: la familia, el matrimonio, la iglesia, la prohibición del aborto y la negativa a la libertad sexual y la libre opción. Y la denuncia sistemática de la violencia contra las mujeres. Queríamos transformar el mundo patriarcal, sus bases económicas y consecuencias sociales y culturales.
Demandamos el cese a todas las instituciones de explotación de los seres humanos y el fin de la opresión femenina. Empujamos hacia un real Estado Laico. Fue así como el feminismo de los años 70 tuvo su halo revolucionario en el sentido más profundo de la tradición comunista.
Si hacemos un balance, veremos que en esa crítica y demanda a la vez logramos casi nada. No sólo porque no derribamos al sistema capitalista/patriarcal, sino porque la propuesta de cambio revolucionario no tuvo perspectivas o no tuvo futuro. Aunque sería reflexión para otro espacio, hay que decir, que si bien en aquel momento, que parecía crucial en México, se erigía el sueño con aires libertarios en todas partes, no teníamos idea del sincretismo religioso, ni del profundo carácter subordinado de nuestra sociedad, ni entendíamos los resortes del poder en distintos niveles de la cotidianidad mexicana: la familia y el padre; el valor de las mujeres y el control social lentamente construido en las distintas etapas históricas de nuestro país.
De ahí que de la agenda feminista de esa época, apenas conseguimos el aborto legal en la Ciudad de México, el matrimonio gay en tres de las 32 entidades del país, una tímida política de educación sexual, el reconocimiento político y declarativo de los derechos a la diversidad y ya!!!!!
En cambio, hemos presenciado la incapacidad social y gubernamental para parar la violencia contra las mujeres; ni pensar en hacer justicia a las víctimas de violencia feminicida y castigar a los criminales. Tampoco conseguimos caminar mucho en la educación para la igualdad, la no discriminación y el respeto de los Derechos Humanos, por más que todo ello esté dibujado en leyes, reglamentos y discursos. Incluso con la edificación de instituciones, que acaban por ser burocráticas e ineficaces.
Por ejemplo, es una situación lamentable que a 30 años (1989) de la creación de las primeras agencias de delitos sexuales en la capital del país, no sirvan para nada en cuestión de investigación y solución de casos; de las primeras políticas públicas de colaboración con el feminismo, sobre todo el institucionalizado, no ha podido eliminar, como quisiéramos el pensamiento y la acción patriarcal que mantiene la base ideológica de las instituciones del sistema: matrimonio, heterosexualidad, iglesia, delito de aborto, maternidad y sacrificio y negativa al placer de las mujeres. Pocos cambios en ello. Además vemos que la violencia contra las mujeres es cotidiana. Incluso en los espacios festinados como un gran logro, los de la política y el ascenso a los puestos de decisión.
De cara a esta situación, ¿qué es lo que si sucedió? En poco más de 30 años, casi 20 después de un cambio en la Constitución sobre la igualdad de las mujeres, efectivamente se ha transformado todo el andamiaje jurídico legal que “garantiza derechos a las mujeres” en la perspectiva de quienes hoy se identifican como “la mafia del poder”, así como en la ruta de la primera mitad del siglo XX esa de la igualdad de jure pero no de facto. Algunos cambios eran necesarios para la sobrevivencia del capitalismo, como la política del control natal que no, la libre decisión sobre el embarazo.
Cambios jurídicos necesarios para el desarrollo de lo que hoy también se conoce como neoliberalismo o capitalismo avanzado. Los brazos femeninos son necesarios para el trabajo de las grandes corporaciones y no para mecer la “maravillosa vida de un bebé”. No ha operado el cambio de mentalidades. No hubo una revolución cultural. Nos seguimos enfrentando a un pensamiento mágico y retrogrado, donde la “mujer es divina” pero no es libre; donde es la “santa y buena” siempre que yo la controle.
En esas circunstancias llegó la Cuarta Transformación (4T). Dicen que es poco tiempo para juzgar al gobierno. No lo creo. Está muy clara la ruta. El programa está fundado en los sueños, intenciones, deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre bien intencionado, cristiano, deseoso de que haya paz y concordia, a través de sus deseos, alejado del marco legal y constitucional establecido. Incomparable con cualquier gobernante “hipócrita” que tampoco respetaba el marco constitucional establecido.
El anuncio es eliminar todo el sistema. Cambiarlo todo. Me parece que es claro que así será. Cambios todos de práctica política y formas de organización, pero no atenta contra las bases sólidas del sistema capitalista. Con el agravante particular de un pensamiento atrasado del papel de las mujeres, de su libertad. Por tanto pensando en los pobres, ni siquiera de le ocurre suponer que habría que librar de la opresión a las mujeres.
Como sustento de lo anterior se exponen datos que explican como la 4T no está considerando, ni siquiera dentro del sistema, la condición social, económica y política de las mujeres. Como dentro del capitalismo patriarcal, no se está contra su esencia; por eso digo: estamos respecto de las mujeres en franco retroceso. No se trata de palabras, sino de hechos, pues se disminuyó el presupuesto y han desaparecido algunas instituciones (véase Paréntesis antiguas reflexiones).
El contexto
Hoy las mexicanas siguen discriminadas social, laboral, familiar y políticamente. Son las más pobres y están en condiciones totalmente desiguales en la economía.
Al 14 de febrero último, en comunicado de prensa INEGI informó sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, dijo que la Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo en esa circunstancia (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) cerró en 30.7 millones de personas. El 55 por ciento son mujeres.
La Población Ocupada en el Sector Informal (que se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa) alcanzó un total de 14.9 millones de personas en el último trimestre de 2018
Para el especialista David Kaplan Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 24.1% de las mujeres trabajadoras son independientes fuera del sector agropecuario con una tasa de informalidad de 80.7%, versus 19.8 % de hombres trabajadores con una tasa de informalidad de 70.5 %. Él hace otra lectura con excepciones, quedándonos con 55.8 % del empleo femenino y 59.6% del masculino, llegamos a una tasa de informalidad de 32.0% de las mujeres y 40.3% de los hombres.
Sobre desigualdad, la CEPAL afirma que, aunque entre 2002 y 2016 se lograron avances en términos de inclusión social y laboral, persisten brechas estructurales que afectan mayormente a las mujeres, los jóvenes, indígenas, afrodescendientes, y personas con discapacidad. En este escenario, México, junto a Brasil y Panamá, aparece como uno de los países con mayor desigualdad entre las familias, respecto a la distribución de la riqueza, seguida de la desigualdad por ingresos, y la desigualdad en la propiedad de activos financieros (préstamos bancarios, contratos de alquiler, acciones).
En el caso de México, la CEPAL plantea que, con base en las condiciones actuales, sería hasta 2035 cuando nuestro país alcance las metas de reducción de pobreza, siempre y cuando mantenga un desempeño similar al histórico en materia de crecimiento y reducción de la desigualdad.
La pobreza y la pobreza extrema afectan de distintas formas a la población según el área en que reside y sus características sociodemográficas. Por ejemplo, la tasa de pobreza es 20% mayor para la población que reside en las áreas rurales, en comparación a la que reside en zonas urbanas. El documento también explica que, tanto la pobreza como la pobreza extrema tienen una mayor incidencia entre las mujeres que entre los hombres, en el rango de 20 a 59 años.
El segundo grupo más afectado por la pobreza son los niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años; seguido de las personas de entre 35 y 44 años, y las personas de 65 años y más. En las personas indígenas, la tasa de pobreza duplica la de las personas no indígenas ni afrodescendientes. El último factor relacionado con la pobreza es la actividad económica que realizan las personas.
Una de las medidas, plantea la CEPAL, para reducir los índices de pobreza, desigualdad y los déficits de la inclusión social, es reforzar las políticas sociales y laborales, además de abordar de manera explícita las desigualdades de género para evitar su profundización y avanzar en su superación.
Hace poco, en víspera del Día Internacional de la Mujer, las 87 organizaciones que participan en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y la internacional Save of Children llamaron, por separado, a las autoridades mexicanas a emprender políticas públicas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con ello cumplir con las normas nacionales y los tratados internacionales.

Nueve asesinatos al día
En México cada día son asesinadas nueve mujeres y seis de cada 10, incluidas menores de edad, aseguran haber sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo con datos de ONU Mujeres.
La Red TDT subrayó que la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública mostró que la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres es de 2 mil 733 abusos por cada 100 mil mujeres, cifra significativamente mayor a los mil 764 que se cometieron en 2016: “Los datos confirman que la violencia contra las mujeres no sólo no ha disminuido en el último año, sino que se observa la persistencia en el incremento al menos desde 2015 (…) El Estado mexicano no ha sido capaz de establecer estrategias eficaces que combatan adecuadamente este fenómeno tan grave”, advirtió.
Save of Children, en su informe Las niñas y las adolescentes en México frente a la violencia, reporta que cuatro de cada 10 delitos sexuales en el país se cometen contra menores de edad, que una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza por causas relacionadas con la violencia sexual y la nupcialidad temprana, entre otras causas.
Con sólo estos informes generales, la 4T debería lanzar una cruzada para la igualdad entre hombres y mujeres. Por el contrario, en los primeros seis meses del nuevo gobierno identifique nueve hechos que señalan la enorme falta de interés social y político para enfrentar la condición social de las mujeres, con rasgos más atrasados que los vistos en los últimos tres sexenios, dos encabezados por la derecha formal y el último por el PRI, los tres nos bañaron de sangre, pero el actual no ve ni oye a las mujeres.
Además, en el discurso del presidente de la República de las conferencias “mañaneras” televisadas, cuidadosamente observadas las primeras 30, es evidente que le es imposible al presidente hablar de las mujeres pensando en el pueblo; nunca menciona sus derechos, por ninguna razón. Sólo el 7 de marzo habló de feminicidio en un marco especial donde la Secretaria de Gobernación y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron un plan emergente para atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Plan del cual hasta ahora, no se conocen metas, ni indicadores, ni políticas.
Asimismo, peligra el Programa Nacional de Igualdad que debe o debería derivar del Plan Nacional de Desarrollo o será totalmente distinto, ese plan tenía metas para cada dependencia, e involucraba con recursos a “expertas”, organizaciones y enlaces de género.
Pero además, el gobierno de la 4T y sus asesores y asesoras, pretende dar un vuelco total a la política de género, sin considerar los acuerdos internacionales firmados. Pone en crisis un modelo de los países que controlan al mundo, sobre la organización y derechos de las mujeres. Interesante, pero, no se ve nada racional a cambio. A continuación las nueve hechos observados:
1. La reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, donde desaparecían los enlaces de género de las dependencias. Las diputadas lograron, no sólo mantenerlos sino ampliar sus funciones. Sin embargo, a la hora de escribir este texto, en ninguna dependencia ha sido nombrado el enlace y no existe presupuesto asignado para esa función. Sólo quedó escrito.
2. La política de austeridad recortó el 30% de los presupuestos y también de personal en todas las dependencias gubernamentales. Se sabe de 90 mil amparos. De ellos el 70% son de mujeres despedidas. Principalmente de lo que fue la Secretaría de Desarrollo Social, con personal en toda la república, hay otras fuera en pequeñas cantidades en todas las dependencias federales.
3. La designación de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres estuvo lleno de irregularidades legales. La asignación del puesto se decidió desde agosto de 2018, en el periodo de transición, antes de la designación de los consejos ciudadanos de Inmujeres y antes de que lo discutiera la Junta de Gobierno, como dice la ley aún vigente.
4. Hubo una batalla infernal para lograr que en el presupuesto de 2019, se etiquetaran los recursos del anexo 13, para la política pública a favor de las mujeres. Se rescató todo, pero del monto total, el 60% es para atender a adultas mayores y becas escolares, lo que significa una decisión inclinada al proyecto central del presidente de la República.
5. Además de que se redujo el 50% del presupuesto para estancias infantiles –un proyecto iniciado en 2006 por los gobiernos panistas-, que beneficiaba oficialmente a más de 300 mil niños y niñas, el otro 50%, se entregará directamente a las madres de esos niños, en virtud de la decisión presidencial de no trasladar recursos a la sociedad civil organizada y a ninguna de sus asociaciones formales. Hasta el 11 de mayo de 2019, nadie sabe dónde están esos recursos, se habla de un censo, del que no hay información y se creó una subcomisión en el Senado de la República para que se informe. Eso no ha sucedido.
6. Desaparecen los Refugios para mujeres violentadas operados por la sociedad y los recursos etiquetados para esa política serán operados por los gobiernos federal y estatales. Ello en virtud de la Circular 1 del Presidente de la República de no otorgar recursos a la sociedad civil organizada, léase asociaciones civiles reglamentadas, reguladas y controladas por la autoridad. Por ello, los refugios civiles no tienen los recursos del gobierno desde hace 6 meses. Me declaró la presidenta municipal de Acapulco, donde operan 2 refugios oficiales y municipales que tampoco ha recibido recursos.
7. A través de la Secretaría de Gobernación y CONAVIM, se anuncia el estudio y análisis de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declaradas en 16 entidades del país. Se trata, dice oficialmente un comunicado de la Secretaría Gobernación, de revisar dónde han ido a parar apoyos a la AVGM. Y ha dicho que podrán suspenderse esos apoyos, para que sean los gobiernos de las entidades quienes aporten recursos. Ello significa también que se elimine la participación de la Sociedad Civil, en tanto intermediaria en algunas acciones de la AVGM.
8. Los recursos para los Institutos o Secretarías de la Mujer en los estados de la República para prevenir, atender, sancionar, y eliminar la violencia contra las mujeres, en un programa llamado Paimef, se redujo a la mitad. En muchos estados, esos recursos garantizaban las acciones estatales y la permanencia de personal.
9. El gobierno, en virtud de la circular 1, eliminó el Fondo Proequidad, que el Inmujeres distribuía a organizaciones sociales. Un fondo etiquetado de 86 millones de pesos, que se informó, compensará a los gobiernos de los estados, donde disminuyó el Paimef.

Evidentemente este severo cambio en la política de género, habla de tres aspectos:
  1. Se violan las leyes y reglamentos que dieron lugar a programas e instituciones para mejorar la condición de las mujeres. Se hicieron cambios apresurados, probablemente con algo de razón. Desde hace tiempo, un grupo de mujeres académicas, algunas de las cuales concursaron para ocupar la presidencia de Inmujeres –en un proceso de simulación de febrero pasado– han insistido reiteradamente que nunca se hicieron evaluaciones de las políticas y tampoco de los impactos de la sociedad civil en favor de la política de género.
  2. Que con una visión estatista y centralista, es el gobierno, de acuerdo con el discurso y los mandatos del presidente de la república, donde se atenderá principalmente a “las mujeres del pueblo” y no a quienes ejercen y promueven la agenda feminista.
  3. Que, no obstante, cartas, manifestaciones, amparos, demandas incluso en organismos internacionales, por mujeres y organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la república está convencido de no otorgar ni respeto ni recursos a organizaciones que él considera como soportes de un sistema fundado en el “pillaje” y “corrupción”, para mayor claridad ha dicho “ni un centavo para la mal llamada sociedad civil”. Aunque sabemos que esas organizaciones y todo su aparato apuntaló las necesidades del neoliberalismo.
Es posible que estemos frente a una nueva política, donde no se atenderá el fondo de la discriminación, que es el machismo y el autoritarismo, sino que volveremos a los viejos tiempos, donde las mujeres son maravillosas, son el adorno y la belleza en la sociedad, el sostén de la familia, que serán mejores si van a la escuela y tienen conversación, para hacer de sus hogares un paraíso. Por cierto y donde se haga justicia a las más pobres a través de subsidios directos sin la parafernalia de los dictados internacionales de género y derechos humanos. Porque esa parafernalia es asunto del neoliberalismo. Buena parte de las alianzas del gobierno en funciones apuntan a estas ideas. No obstante, que cuando esto se publique se haya modificado la Constitución para dar paso a la paridad total. No obstante el discurso, de las voceras del partido presidencial y los buenos deseos. Sin apuntar al cambio cultural, el machismo hará de las suyas.

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