Por Soledad Jarquín
Un
año de distancia es un año de impunidad, esa palabra que se define
como el vacío de todo, como la nada. Una cadena de impunidad desde
el poder político y económico.
Los
errores de la Fiscalía General de Justicia del Estado se convierten
en más que un aliado para la familia en un obstáculo que sostiene
el poder que se divide en político y económico, los fines de los
hermanos Francisco Javier Montero López y Hageo Montero López, el
primero Secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca y el segundo
candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, por
quienes ella estaba en eso que llaman “el lugar y el momento
equivocado” la madrugada del 2 de junio de 2018, cuando las balas
asesinas cruzaron su cuerpo y terminaron con su vida, sus sueños y
sus anhelos, y fracturaron para siempre a su familia.
María del Sol Cruz Jarquín era fotógrafa
y videasta, tenía aspiraciones que no concretó. El día de su
feminicidio estaba junto con Pamela Terán Pineda, médica de
profesión, había dedicado sus últimos años a la política en un
municipio plagado de inseguridad, un municipio con gran potencial
financiero, pero también el noveno más inseguro del país. Adelfo
era profesor y fungía como chofer de Pamela. Los tres fueron
asesinados.
En
12 meses, dos personas detenidas, una a finales de agosto y no
vinculado a proceso el 4 de septiembre de 2018, resultado de una
investigación mal integrada, pero también por la acción de un juez
coaccionado, que hizo caer el caso que la Fiscalía sostenía, bajo
la figura de un testigo que aseguró que fue Jehú G. L. quien detonó
el arma de alto poder. El otro detenido, José Eduardo G.C. a finales
de mayo pasado y vinculado a proceso irónicamente el 2 de junio de
2019, exactamente un año después, por su participación al
“señalar” a las víctimas. Pero nada hace parecer que la
justicia sea una realidad. Se trata de los eslabones más débiles de
una cadena que debería llevar a quienes ordenaron el asesinato de
Pamela, estuviera con quienes estuviera.
Mientras
la Fiscalía de Oaxaca, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no
siguió todas las vertientes de la investigación, ni optó por
investigar desde la perspectiva de género, considerando los crímenes
como dolosos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ha
calificado esos hechos como “negligentes y deficientes” y ha
dicho que son feminicidios y que debieron investigarse como tales y,
además, dentro de un contexto de violencia política de género.
La
Fiscalía dejó fuera los argumentos sobre las implicaciones que
tiene la codicia por el poder económico a través del dinero que
soplan los vientos de las eólicas; dejó sin investigar la fractura
que pudo haber existido entre la planilla del PRI, del que Pamela
Terán no era militante, pero tenía gente que la seguía, tan es así
que ambos implicados hasta ahora, estaban directamente relacionados
con los Montero López, y dejó fuera también hasta la posible
venganza contra su padre, Juan Terán, detenido en la cárcel de
Tehuantepec, por su implicación en narcotráfico.
Unas
horas después del artero crimen los Montero López enviaron a un
servidor público de la Secretaría de Asuntos Indígenas a robar su
equipo de trabajo de María del Sol: cámara fotográfica, de video y
computadora, donde se encontraban pruebas sobre su presencia ilegal
en Juchitán, porque siendo ella servidora pública fue enviada a
apoyar la campaña política de un candidato priista, aún contra su
voluntad y so pena de perder su empleo. Hasta hoy la Fiscalía no ha
interrogado al exfuncionario.
Una
cadena de complicidades que dejó sin vincular a proceso la carpeta
de investigación debidamente integrada por probable delito electoral
y que ha dejado sin castigo a los hermanos Montero López, pese a la
resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, quienes reconocen la comisión
de un delito electoral grave.
Por
eso la justicia para María del Sol Cruz Jarquín es una persecución
cotidiana, sobre un terreno infinito, donde el poder político no da
paso a la verdad. José Murat, ex gobernador de Oaxaca, ordena y da
protección a los Montero López, los Montero López a Jehú, y
Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, permite la impunidad.
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