Sara
Lovera
Durante
casi 50 años, desde la aparición del feminismo de los años 70, las
feministas queríamos ir más allá de la búsqueda de derechos
formales dentro del sistema, por eso interpelamos sus instituciones
básicas: la familia, el matrimonio, la iglesia, la prohibición del
aborto y la negativa a la libertad sexual y la libre opción. Y la
denuncia sistemática de la violencia contra las mujeres. Queríamos
transformar el mundo patriarcal, sus bases económicas y
consecuencias sociales y culturales.
Demandamos
el cese a todas las instituciones de explotación de los seres
humanos y el fin de la opresión femenina. Empujamos hacia un real
Estado Laico. Fue así como el feminismo de los años 70 tuvo su halo
revolucionario en el sentido más profundo de la tradición
comunista.
Si
hacemos un balance, veremos que en esa crítica y demanda a la vez
logramos casi nada. No sólo porque no derribamos al sistema
capitalista/patriarcal, sino porque la propuesta de cambio
revolucionario no tuvo perspectivas o no tuvo futuro. Aunque sería
reflexión para otro espacio, hay que decir, que si bien en aquel
momento, que parecía crucial en México, se erigía el sueño con
aires libertarios en todas partes, no teníamos idea del sincretismo
religioso, ni del profundo carácter subordinado de nuestra sociedad,
ni entendíamos los resortes del poder en distintos niveles de la
cotidianidad mexicana: la familia y el padre; el valor de las mujeres
y el control social lentamente construido en las distintas etapas
históricas de nuestro país.
De
ahí que de la agenda feminista de esa época, apenas conseguimos el
aborto legal en la Ciudad de México, el matrimonio gay en tres de
las 32 entidades del país, una tímida política de educación
sexual, el reconocimiento político y declarativo de los derechos a
la diversidad y ya!!!!!
En
cambio, hemos presenciado la incapacidad social y gubernamental para
parar la violencia contra las mujeres; ni pensar en hacer justicia a
las víctimas de violencia feminicida y castigar a los criminales.
Tampoco conseguimos caminar mucho en la educación para la igualdad,
la no discriminación y el respeto de los Derechos Humanos, por más
que todo ello esté dibujado en leyes, reglamentos y discursos.
Incluso con la edificación de instituciones, que acaban por ser
burocráticas e ineficaces.
Por
ejemplo, es una situación lamentable que a 30 años (1989) de la
creación de las primeras agencias de delitos sexuales en la capital
del país, no sirvan para nada en cuestión de investigación y
solución de casos; de las primeras políticas públicas de
colaboración con el feminismo, sobre todo el institucionalizado, no
ha podido eliminar, como quisiéramos el pensamiento y la acción
patriarcal que mantiene la base ideológica de las instituciones del
sistema: matrimonio, heterosexualidad, iglesia, delito de aborto,
maternidad y sacrificio y negativa al placer de las mujeres. Pocos
cambios en ello. Además vemos que la violencia contra las mujeres es
cotidiana. Incluso en los espacios festinados como un gran logro, los
de la política y el ascenso a los puestos de decisión.
De
cara a esta situación, ¿qué es lo que si sucedió? En poco más de
30 años, casi 20 después de un cambio en la Constitución sobre la
igualdad de las mujeres, efectivamente se ha transformado todo el
andamiaje jurídico legal que “garantiza derechos a las mujeres”
en la perspectiva de quienes hoy se identifican como “la mafia del
poder”, así como en la ruta de la primera mitad del siglo XX esa
de la igualdad de jure
pero no de facto.
Algunos cambios eran necesarios para la sobrevivencia del
capitalismo, como la política del control natal que no, la libre
decisión sobre el embarazo.
Cambios
jurídicos necesarios para el desarrollo de lo que hoy también se
conoce como neoliberalismo o capitalismo avanzado. Los brazos
femeninos son necesarios para el trabajo de las grandes corporaciones
y no para mecer la “maravillosa vida de un bebé”. No ha operado
el cambio de mentalidades. No hubo una revolución cultural. Nos
seguimos enfrentando a un pensamiento mágico y retrogrado, donde la
“mujer es divina” pero no es libre; donde es la “santa y buena”
siempre que yo la controle.
En
esas circunstancias llegó la Cuarta Transformación (4T). Dicen que
es poco tiempo para juzgar al gobierno. No lo creo. Está muy clara
la ruta. El programa está fundado en los sueños, intenciones,
deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre bien
intencionado, cristiano, deseoso de que haya paz y concordia, a
través de sus deseos, alejado del marco legal y constitucional
establecido. Incomparable con cualquier gobernante “hipócrita”
que tampoco respetaba el marco constitucional establecido.
El
anuncio es eliminar todo el sistema. Cambiarlo todo. Me parece que es
claro que así será. Cambios todos de práctica política y formas
de organización, pero no atenta contra las bases sólidas del
sistema capitalista. Con el agravante particular de un pensamiento
atrasado del papel de las mujeres, de su libertad. Por tanto pensando
en los pobres, ni siquiera de le ocurre suponer que habría que
librar de la opresión a las mujeres.
Como
sustento de lo anterior se exponen datos que explican como la 4T no
está considerando, ni siquiera dentro del sistema, la condición
social, económica y política de las mujeres. Como dentro del
capitalismo patriarcal, no se está contra su esencia; por eso digo:
estamos respecto de las mujeres en franco retroceso. No se trata de
palabras, sino de hechos, pues se disminuyó el presupuesto y han
desaparecido algunas instituciones (véase Paréntesis antiguas
reflexiones).
El
contexto
Hoy
las mexicanas siguen discriminadas social, laboral, familiar y
políticamente. Son las más pobres y están en condiciones
totalmente desiguales en la economía.
Al
14 de febrero último, en comunicado de prensa INEGI informó sobre
los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, dijo
que la Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades
de empleo en esa circunstancia (sector informal, trabajo doméstico
remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y
trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas
formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) cerró
en 30.7 millones de personas. El 55 por ciento son mujeres.
La
Población Ocupada en el Sector Informal (que se refiere a la
población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas
sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del
hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya
como empresa) alcanzó un total de 14.9 millones de personas en el
último trimestre de 2018
Para
el especialista David Kaplan Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
el 24.1% de las mujeres trabajadoras son independientes fuera del
sector agropecuario con una tasa de informalidad de 80.7%, versus
19.8 % de hombres trabajadores con una tasa de informalidad de 70.5
%. Él hace otra lectura con excepciones, quedándonos con 55.8 % del
empleo femenino y 59.6% del masculino, llegamos a una tasa de
informalidad de 32.0% de las mujeres y 40.3% de los hombres.
Sobre
desigualdad, la CEPAL
afirma que, aunque entre 2002 y 2016 se lograron avances en términos
de inclusión social y laboral, persisten brechas estructurales que
afectan mayormente a las mujeres, los jóvenes, indígenas,
afrodescendientes, y personas con discapacidad. En
este escenario, México, junto a Brasil y Panamá, aparece como uno
de los países con mayor desigualdad entre las familias, respecto a
la distribución de la riqueza, seguida de la desigualdad por
ingresos, y la desigualdad en la propiedad de activos financieros
(préstamos bancarios, contratos de alquiler, acciones).
En
el caso de México, la CEPAL plantea que, con base en las condiciones
actuales, sería hasta 2035 cuando nuestro país alcance las metas de
reducción de pobreza, siempre y cuando mantenga un desempeño
similar al histórico en materia de crecimiento y reducción de la
desigualdad.
La
pobreza y la pobreza extrema afectan de distintas formas a la
población según el área en que reside y sus características
sociodemográficas. Por ejemplo, la tasa de pobreza es 20% mayor para
la población que reside en las áreas rurales, en comparación a la
que reside en zonas urbanas. El documento también explica que, tanto
la pobreza como la pobreza extrema tienen una mayor incidencia entre
las mujeres que entre los hombres, en el rango de 20 a 59 años.
El
segundo grupo más afectado por la pobreza son los niños, niñas y
adolescentes de hasta 14 años; seguido de las personas de entre 35 y
44 años, y las personas de 65 años y más. En las personas
indígenas, la tasa de pobreza duplica la de las personas no
indígenas ni afrodescendientes. El último factor relacionado con la
pobreza es la actividad económica que realizan las personas.
Una
de las medidas, plantea la CEPAL, para reducir los índices de
pobreza, desigualdad y los déficits de la inclusión social, es
reforzar las políticas sociales y laborales, además
de abordar de manera explícita las desigualdades de género para
evitar su profundización y avanzar en su superación.
Hace
poco, en víspera del Día Internacional de la Mujer, las 87
organizaciones que participan en la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
(Red TDT) y la internacional Save of Children llamaron, por separado,
a las autoridades mexicanas a emprender políticas públicas para
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y
con ello cumplir con las normas nacionales y los tratados
internacionales.
Nueve
asesinatos al día
En
México cada día son asesinadas nueve mujeres y seis de cada 10,
incluidas menores de edad, aseguran haber sufrido algún tipo de
violencia, de acuerdo con datos de ONU Mujeres.
La
Red TDT subrayó que la Encuesta Nacional sobre Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública mostró que la incidencia de
delitos sexuales contra las mujeres es de 2 mil 733 abusos por cada
100 mil mujeres, cifra significativamente mayor a los mil 764 que se
cometieron en 2016: “Los datos confirman que la violencia contra
las mujeres no sólo no ha disminuido en el último año, sino que se
observa la persistencia en el incremento al menos desde 2015 (…) El
Estado mexicano no ha sido capaz de establecer estrategias eficaces
que combatan adecuadamente este fenómeno tan grave”, advirtió.
Save
of Children, en su informe Las
niñas y las adolescentes en México frente a la violencia,
reporta que cuatro de cada 10 delitos sexuales en el país se cometen
contra menores de edad, que una de cada dos adolescentes de 12 a 19
años que inicia su vida sexual se embaraza por causas relacionadas
con la violencia sexual y la nupcialidad temprana, entre otras
causas.
Con
sólo estos informes generales, la 4T debería lanzar una cruzada
para la igualdad entre hombres y mujeres. Por el contrario, en los
primeros seis meses del nuevo gobierno identifique nueve hechos que
señalan la enorme falta de interés social y político para
enfrentar la condición social de las mujeres, con rasgos más
atrasados que los vistos en los últimos tres sexenios, dos
encabezados por la derecha formal y el último por el PRI, los tres
nos bañaron de sangre, pero el actual no ve ni oye a las mujeres.
Además,
en el discurso del presidente de la República de las conferencias
“mañaneras” televisadas, cuidadosamente observadas las primeras
30, es evidente que le es imposible al presidente hablar de las
mujeres pensando en el pueblo; nunca menciona sus derechos, por
ninguna razón. Sólo el 7 de marzo habló de feminicidio en un marco
especial donde la Secretaria de Gobernación y la Presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron un plan emergente para
atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Plan del
cual hasta ahora, no se conocen metas, ni indicadores, ni políticas.
Asimismo,
peligra el Programa Nacional de Igualdad que debe o debería derivar
del Plan Nacional de Desarrollo o será totalmente distinto, ese plan
tenía metas para cada dependencia, e involucraba con recursos a
“expertas”, organizaciones y enlaces de género.
Pero
además, el gobierno de la 4T y sus asesores y asesoras, pretende dar
un vuelco total a la política de género, sin considerar los
acuerdos internacionales firmados. Pone en crisis un modelo de los
países que controlan al mundo, sobre la organización y derechos de
las mujeres. Interesante, pero, no se ve nada racional a cambio. A
continuación las nueve hechos observados:
1.
La reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, donde
desaparecían los enlaces de género de las dependencias. Las
diputadas lograron, no sólo mantenerlos sino ampliar sus funciones.
Sin embargo, a la hora de escribir este texto, en ninguna dependencia
ha sido nombrado el enlace y no existe presupuesto asignado para esa
función. Sólo quedó escrito.
2.
La política de austeridad recortó el 30% de los presupuestos y
también de personal en todas las dependencias gubernamentales. Se
sabe de 90 mil amparos. De ellos el 70% son de mujeres despedidas.
Principalmente de lo que fue la Secretaría de Desarrollo Social, con
personal en toda la república, hay otras fuera en pequeñas
cantidades en todas las dependencias federales.
3.
La designación de la presidencia del Instituto Nacional de las
Mujeres estuvo lleno de irregularidades legales. La asignación del
puesto se decidió desde agosto de 2018, en el periodo de transición,
antes de la designación de los consejos ciudadanos de Inmujeres y
antes de que lo discutiera la Junta de Gobierno, como dice la ley aún
vigente.
4.
Hubo una batalla infernal para lograr que en el presupuesto de 2019,
se etiquetaran los recursos del anexo 13, para la política pública
a favor de las mujeres. Se rescató todo, pero del monto total, el
60% es para atender a adultas mayores y becas escolares, lo que
significa una decisión inclinada al proyecto central del presidente
de la República.
5.
Además de que se redujo el 50% del presupuesto para estancias
infantiles –un proyecto iniciado en 2006 por los gobiernos
panistas-, que beneficiaba oficialmente a más de 300 mil niños y
niñas, el otro 50%, se entregará directamente a las madres de esos
niños, en virtud de la decisión presidencial de no trasladar
recursos a la sociedad civil organizada y a ninguna de sus
asociaciones formales. Hasta el 11 de mayo de 2019, nadie sabe dónde
están esos recursos, se habla de un censo, del que no hay
información y se creó una subcomisión en el Senado de la República
para que se informe. Eso no ha sucedido.
6.
Desaparecen los Refugios para mujeres violentadas operados por la
sociedad y los recursos etiquetados para esa política serán
operados por los gobiernos federal y estatales. Ello en virtud de la
Circular 1 del Presidente de la República de no otorgar recursos a
la sociedad civil organizada, léase asociaciones civiles
reglamentadas, reguladas y controladas por la autoridad. Por ello,
los refugios civiles no tienen los recursos del gobierno desde hace 6
meses. Me declaró la presidenta municipal de Acapulco, donde operan
2 refugios oficiales y municipales que tampoco ha recibido recursos.
7.
A través de la Secretaría de Gobernación y CONAVIM, se anuncia el
estudio y análisis de las Alertas de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), declaradas en 16 entidades del país. Se trata, dice
oficialmente un comunicado de la Secretaría Gobernación, de revisar
dónde han ido a parar apoyos a la AVGM. Y ha dicho que podrán
suspenderse esos apoyos, para que sean los gobiernos de las entidades
quienes aporten recursos. Ello significa también que se elimine la
participación de la Sociedad Civil, en tanto intermediaria en
algunas acciones de la AVGM.
8.
Los recursos para los Institutos o Secretarías de la Mujer en los
estados de la República para prevenir, atender, sancionar, y
eliminar la violencia contra las mujeres, en un programa llamado
Paimef, se redujo a la mitad. En muchos estados, esos recursos
garantizaban las acciones estatales y la permanencia de personal.
9.
El gobierno, en virtud de la circular 1, eliminó el Fondo
Proequidad, que el Inmujeres distribuía a organizaciones sociales.
Un fondo etiquetado de 86 millones de pesos, que se informó,
compensará a los gobiernos de los estados, donde disminuyó el
Paimef.
Evidentemente
este severo cambio en la política de género, habla de tres
aspectos:
-
Se
violan las leyes y reglamentos que dieron lugar a programas e
instituciones para mejorar la condición de las mujeres. Se hicieron
cambios apresurados, probablemente con algo de razón. Desde hace
tiempo, un grupo de mujeres académicas, algunas de las cuales
concursaron para ocupar la presidencia de Inmujeres –en un proceso
de simulación de febrero pasado– han insistido reiteradamente que
nunca se hicieron evaluaciones de las políticas y tampoco de los
impactos de la sociedad civil en favor de la política de género.
-
Que
con una visión estatista y centralista, es el gobierno, de acuerdo
con el discurso y los mandatos del presidente de la república,
donde se atenderá principalmente a “las mujeres del pueblo” y
no a quienes ejercen y promueven la agenda feminista.
-
Que,
no obstante, cartas, manifestaciones, amparos, demandas incluso en
organismos internacionales, por mujeres y organizaciones de la
sociedad civil, el presidente de la república está convencido de
no otorgar ni respeto ni recursos a organizaciones que él considera
como soportes de un sistema fundado en el “pillaje” y
“corrupción”, para mayor claridad ha dicho “ni un centavo
para la mal llamada sociedad civil”. Aunque sabemos que esas
organizaciones y todo su aparato apuntaló las necesidades del
neoliberalismo.
Es
posible que estemos frente a una nueva política, donde no se
atenderá el fondo de la discriminación, que es el machismo y el
autoritarismo, sino que volveremos a los viejos tiempos, donde las
mujeres son maravillosas, son el adorno y la belleza en la sociedad,
el sostén de la familia, que serán mejores si van a la escuela y
tienen conversación, para hacer de sus hogares un paraíso. Por
cierto y donde se haga justicia a las más pobres a través de
subsidios directos sin la parafernalia de los dictados
internacionales de género y derechos humanos. Porque esa
parafernalia es asunto del neoliberalismo. Buena parte de las
alianzas del gobierno en funciones apuntan a estas ideas. No
obstante, que cuando esto se publique se haya modificado la
Constitución para dar paso a la paridad total. No obstante el
discurso, de las voceras del partido presidencial y los buenos
deseos. Sin apuntar al cambio cultural, el machismo hará de las
suyas.
