Lucero Circe López Riofrío*
El 27 de junio de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de
Género para el estado de Michoacán (AVGM) por el Secretario de Gobernación el
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, sesión en la que estuvieron presentes el
Gobernador del estado Lic. Silvano Aureoles Conejo e integrantes de su gabinete
legal, ampliado, así como los 113 presidentes municipales, directoras de las
instancias municipales de la mujer, directoras de los DIF Municipales, e
instancias relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de las
víctimas, organizaciones sociales civiles y nosotras Humanas sin Violencia, Asociación
Civil.
Ese día tan
importante para el movimiento feminista de Michoacán se logró la Alerta de
Violencia de Género para el estado, acto al que no fuimos convocadas, pero
dejamos clara nuestra posición de que se nos había dado la razón, que se había
aceptado públicamente que en Michoacán también asesinan a las mujeres, que no
estábamos locas ni exagerando como se había dicho anteriormente por el entonces
gobernador interino Salvador Jara.
De los 113
municipios, 14 fueron declarados con AVGM los cuales nos parecen altamente
significativos e importantes en un contexto tan violento para las mujeres de
esos municipios que concentran altos niveles de agresiones sexuales, desapariciones,
muertes violentas y feminicidios, con presencia además de autodefensas y del
crimen organizado. Hasta la fecha, las confrontaciones no han cesado, aunque con
menor intensidad, aún siguen las mujeres siendo víctimas no sólo de los
maridos, los concubinos, los novios, sino también del Ejército, el policía
federal, el narco, el sicario, el autodefensa. En conflictos armados siempre
hay consideraciones esenciales, ello no quiere decir que las mujeres de los
municipios restantes no sean tomadas en cuenta —dadas las críticas para exigir
que fuera en todo el estado—, y el problema no es que se declare en todo el
estado sino que en esos municipios funcione este mecanismo de la AVGM como
también aquellos que se indican en el Artículo 19 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que
versa sobre las mujeres desplazadas por conflicto armando y esto no se ha
considerado en la actual Alerta de Género ni en las acciones del gobierno.
Respecto al Informe Especial sobre los Grupos de
Autodefensa en el Estado de Michoacán y Las Violaciones a los Derechos Humanos
Relacionadas con el Conflicto, el delito de violación sexual ya fue
analizado en los párrafos 799-801. Como se refirió, la tasa de averiguaciones
previas por el delito de violación sexual entre 2006 y 2013 aumentó 92.44%; en
ese periodo, fue más alta en la región con autodefensa (aumentó 183.33%) que en
la región sin autodefensa (aumentó 16.92%). No obstante, para 2014 el número de
averiguaciones previas iniciadas por el delito de violación sexual en los
municipios sin autodefensa decreció en 13.40% y en la región con autodefensa
creció 1.97%.
Sin embargo, pese
a que públicamente había sido solicitada la declaratoria de la AVGM por parte
del actual gobernador y aceptada públicamente, ha sucedido algo que resulta
inquietante. Primero, que a las reuniones de trabajo para darle seguimiento a
los avances de la AVGM no hemos sido invitadas más que una sola vez, sesión en
la cual expusimos que la Secretaría de Salud no había atendido a una mujer del
municipio de Lázaro Cárdenas golpeada brutalmente y tampoco se canalizó de
acuerdo a la norma oficial 046, y señalamos, asimismo, de manera enfática como
la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán seguía sin realizar las
averiguaciones que corresponden a las carpetas de investigación de asesinatos
brutales en contra de las mujeres, denuncias que no fueron del agrado de los
asistentes quizá por ello no hemos sido convocadas, aunque las reuniones se realizan
de manera cotidiana.
Después se nos
invitó a otra reunión con la Secretaria de Gobierno, pero una de las
investigadoras del equipo de trabajo se inconformo con nuestra presencia
aduciendo que si asistíamos deberían de estar las representantes de otras redes
que han pugnado por la AVGM, lo cual fue considerado porque ya no hemos sido
invitadas. En esa reunión cuestionamos de manera fuerte y puntual que las
acciones de seguridad pública no se estaban traduciendo en mecanismos de
seguridad para las mujeres, el hecho de pintar las calles, alumbrarlas, poner
cámaras, pintar las patrullas de rosa, botones de pánico no se traducía
inmediatamente en la seguridad para las mujeres, porque lo que está ausente,
como siempre, es la voz de las mujeres, éstas no son consultadas sobre si esas
acciones les generan seguridad porque no hay preguntas sobre el miedo real y el
que ha sido construido por grupos de control asociados a la delincuencia para
que en esos caminos no haya testigos de ciertos delitos.
Uno de los grandes
problemas es que no se entiende que significa: Un Sistema de Acceso a la Justicia para las Mujeres, no se
preguntan cuatro aspectos fundamentales en los análisis de seguridad,
prevención, reparación del daño y acceso a la justicia, que son: territorios, cuerpos, espacios y movilidades.
De la misma forma,
no se observa una comprensión de la AVGM, para qué es y para qué sirve, no se
cuestiona ni se trabaja desde lo estructural, sólo se atiende lo emergente, pero
el hacer y diseñar una política pública de género no está por ningún lado. Es
preocupante que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres (SEIMUJER), tenga que hacer acciones enfocadas en las cuestiones
operativas, señalando que “salvan a las mujeres”, término que utilizan desde
las instituciones de gobierno, pero lo central es ¿cuántas son las que salvan?,
¿de qué tipo de violencia o es feminicidio?, ¿cuánto tiempo les lleva hacer
esto?, ¿cuántos recursos invierten tanto humanos como económicos? Lo que queda
claro es que las salvan de la omisión de las otras dependencias llámese salud,
seguridad pública, fiscalía para la atención al delito de violencia contra las
mujeres, ministerios públicos que no quisieron atender la denuncia y con ello
realizar el proceso de investigación. Conocemos algunos casos de mujeres que
han sido asesinadas que fueron a denunciar la violencia y no se hizo un solo
trabajo de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, así como también duerme el sueño de justicia el Poder Judicial, que
tampoco dicta sentencia cuando debe hacerlo, millares de casos están ahí
aguardando que a las mujeres les sean devueltos sus hijos o esperan la sentencia
de pensión alimenticia y también las órdenes de protección.
Pero lo que real
es que siguen presentándose feminicidios, no llegan antes, desde que denuncian
la violencia por primera vez, no llegan antes de que las levanten y las busquen
como desaparecidas y no localizadas, llegan cuando ya las violaron, cuando
están embarazadas, eso no es atender la violencia contra las mujeres, esto no
habla de prevención ni de acciones de erradicación. Tampoco, hasta el momento, se
ha tenido una sola reunión con las víctimas directas y secundarias de los
feminicidios.
En el informe del
Procurador, correspondiente al periodo octubre 2015 a septiembre 2016, señala
que sólo ha habido 5 feminicidios, lo cual me parece que es indicativo de que los
talleres de género, acceso a la justicia, áreas de análisis de feminicidios y
delitos contra las mujeres, son un fracaso, y que es dinero que se va a la
basura, independientemente de que el delito de feminicidio no funcione y vaya
en contra de las mujeres asesinadas, las cifras distan mucho de la realidad.
La efectividad de
la AVGM está en función del trabajo y la relación humana y de un verdadero
compromiso. Por ejemplo, cuando las directoras de las instancias municipales
hacen puentes de trabajo para atender algunas de las mujeres que están en
riesgo de muerte, sin recursos y sin el apoyo jurídico de la presidencia
municipal, con un trabajo interdisciplinar.
Lo que permitió la
AVGM fue evidenciar que hay toda una construcción y estructura gubernamental y
social a la que le es más sencillo administrar el problema y no atenderlo de raíz,
así como mostrar las colusiones entre los poderes y la persistente
invisibilización del problema y la politización de las acciones orientadas a
transformar desde la estructura la institucionalización de la violencia contra
las mujeres, la única idea que persiste está centrada en el aumento de las penalidades
lo cual amerita toda una discusión porque de alguna manera habrá que ver si
esta posición no repercute con más brutalidad y mayor saña contra las mujeres.
* Feminista, directora de la organización Humanas sin
Violencia, A.C. en el estado de Michoacán.
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