La violencia socio-política hacia las Defensoras de Derechos Humanos en México
La labor que realizan las defensoras de derechos humanos es fundamental para promover y exigir el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sus aportes a la sociedad son inconmensurables, pues hacen visibles las situaciones de injusticia, y lo que hace falta para el desarrollo de la vida desde la perspectiva humana y alcanzar mayores niveles de justicia, libertad y paz.
Las defensoras de derechos humanos en México y otros países de la región se exponen a múltiples formas de violencia sociopolítica en el desarrollo de su labor que tienen efectos devastadores,1 en sus vidas, familias, colectivos y comunidades a las que pertenecen, sin que operen de forma eficaz y eficiente las disposiciones legales que supuestamente las protegen.
México cuenta con un marco legal y normativo2 que reconoce social y legalmente el pleno ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Además, este marco incluye mecanismos para que el Estado cumpla su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar estos derechos, así como de crear condiciones adecuadas para el ejercicio de la labor de las defensoras y salvaguardar sus vidas.
Los convenios y declaraciones emanados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, han otorgado fuerza política a la labor de defensa de las mujeres defensoras. Entre estos instrumentos destaca: la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos".3 Esta declaración establece que "toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional".
En su preámbulo y en los artículos 2, 9 y 12, se estipula la obligación del Estado de proteger a las y los defensores de los derechos humanos. Según la declaración, los Estados deben adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades estén efectivamente garantizados. Asimismo, las personas defensoras tienen el derecho a "conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos, a debatir y proponer ideas, a disponer de recursos eficaces y a ser protegidas en caso de violación de sus derechos, y a denunciar a servidores públicos que vulneren sus derechos".
Si bien cada país de Centro América tiene su propia legislación sobre el derecho a defender derechos, o se resaltan figuras como el/la defensor(a) del pueblo, o procuraduría de derechos humanos, entre otros, no se puede andar con rodeos para afirmar que en esos países, por más normatividades que existan, los derechos humanos no existen, además, el derecho a defender derechos humanos y las defensoras de derechos humanos son perseguidas, criminalizadas y agredidas por gobiernos autoritarios y dictatoriales disfrazados de democráticos e incluso de izquierda. Quizá, México no encaje en ese tipo de gobiernos, por ahora, pero podemos señalar que en el país, si bien existe el marco legal antes mencionado, es notable la brecha de distorsión e incoherencia y de total desconexión con la realidad del mundo de las defensoras de derechos humanos, es más, las políticas de protección y mecanismos creados no cuentan con sustento material para aplicarse, ni de la voluntad política en los niveles de gobierno local, estatal y federal.
Para conocer sobre la gravedad y persistencia de la violencia socio política a que se exponen las defensoras, hay que leer y estudiar la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que recientemente publicó: Datos que nos Duelen, Redes que nos Salvan,4 donde se analizan las agresiones que han vivido las defensoras de derechos humanos de la región mesoamericana, entre los años 2012 y 2023.
Al caracterizar los contextos en que se desenvuelve la labor de defensa de derechos, señalan:
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y en una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Desde sus respectivas particularidades, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se han caracterizado, en la última década, por la agudización del autoritarismo, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política, la militarización, el extractivismo, la penetración o profundización de la presencia del crimen organizado, el feminicidio/femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, así́ como por una crisis migratoria sin precedentes. Incluso en países en los que se han generado cambios electorales de signo progresista no se han podido superar las violencias y desigualdades estructurales.
Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.5
También ubican con claridad, los objetivos y orígenes de la violencia sociopolítica que enfrentan las defensoras:
La violencia contra las mujeres en su diversidad, la violencia racista y xenófoba, la violencia transfóbica, entre otras, constituyen instrumentos efectivos de control social, profundización de la desigualdad y destrucción del tejido social… la violencia sociopolítica contra defensoras descrita en este informe se manifiesta en nuestros cuerpos como parte de un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas.6
Este informe también da cuenta de las múltiples formas de violencia ejercidas contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas dedicadas a la defensa de derechos humanos, en los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, entre los años 2012 al 2023: “En la IM-Defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas”. Los datos, recopilados mediante un sistema propio de registro –pionero en el mundo–, documentan y cuantifican las agresiones, tomando en cuenta los contextos sociales, políticos y las particularidades de cada país, así como las similitudes. El registro de las agresiones conforma parte de las estrategias de la Protección Integral Feminista (PIF),7 elemento clave del “Pacto de Cuidarnos” entre defensoras de los diversos países ante las violencias que les afectan individual y colectivamente.
La información sobre las agresiones a las defensoras que ofrece el documento es impactante y, ciertamente, muy doloroso, por tratarse de violencia física y emocional hacia las defensoras que las afecta y daña, trayendo repercusiones en diversos ámbitos de su vida. El feminicidio de las defensoras lastima y afecta por tratarse de asesinatos de mujeres debido a su activismo, por confrontar desde sus convicciones y la fuerza de los derechos, a los sistemas de poder y las oligarquías, por luchar en contextos de violencia estructural, donde existen conflictos locales de tierra y territorio, de injusticia y de impunidad. El asesinato de las defensoras, impacta en sus familias trayendo dolor, duelo, frustración, rabia, ansiedad, depresión, miedo, sentimientos de abandono, desintegración, desprotección y hasta estrés postraumático.
Entre el año 2012 y 2023, se asesinaron a 200 defensoras en la región de estudio. Escaparon, tras intento de asesinato, 228. Tan sólo entre el año 2020 y 2022, los 58 asesinatos de defensoras fueron transfemicidios.
En el periodo del informe se registraron un total de 35,077 agresiones en contra de 8,926 defensoras y 953 organizaciones y colectivos en Mesoamérica. Casi la mitad de las agresiones (46.3%) no fueron hechos aislados, sino parte de agresiones permanentes y sistemáticas. Las agresiones fueron dirigidas tanto a la persona de la defensora, como a su círculo familiar y social, pero también se dieron agresiones colectivas, a integrantes de organizaciones y colectivos.
En el momento de la agresión las mujeres dedicaban esfuerzos por defender los derechos: a la verdad, justicia y reparación; la tierra, el territorio y bienes naturales; la información y la libertad de expresión, y la vida libre de violencia, con el 23, 15.6, 14.1 y 10.4 %, respectivamente. Éstos en conjunto representan el 63.10% de los tipos de derechos que estaban defendiendo, a ello se suma un 16% de compañeras que defendían derechos a la participación política y comunitaria de las mujeres. Por cada uno de estos derechos, el informe ahonda con los detalles de las acciones de las defensoras y ejemplifica, por países, los eventos que destacan.
El informe destaca que la Pandemia por Covid-19, significó el punto de inflexión en las agresiones contra las defensoras, pues el año de inicio de la pandemia se duplicaron las agresiones respecto al año anterior y así ha seguido anualmente. Estos incrementos se explican por la permanencia de las estrategias de control como la verdadera nueva normalidad.
En relación con las formas de agresión que vivieron las mujeres defensoras, en términos generales, el informe señala: hostigamientos, campañas de desprestigio en medios y redes de comunicación, amenazas de muerte, violencia física, verbal y psicológica, vigilancia en sus vidas cotidianas, así como el uso excesivo de la fuerza, la mayoría de éstas agresiones se presentaron de forma simultánea.
También en el documento se destaca que los agentes agresores de las defensoras, son, precisamente, quienes tienen el mandato de protegerlas, es decir: 45% corresponde a las diferentes estructuras del Estado (22.9% policías, 17.2% autoridades locales, departamentales, provinciales, federales o nacionales y 4.9% son militares); 20.4% desconocidos (incluyendo usuarios virtuales); 5.3% empresas/negocios; 5.3% grupos paramilitares; el 24 % restante se trata de perpetradores: integrantes de partidos políticos locales o nacionales, la comunidad en donde se realiza defensa de derechos humanos, medios de comunicación, el crimen organizado (maras, carteles, pandillas), miembros de grupos religiosos extremistas o fundamentalistas, agentes de seguridad privada (guardaespaldas, vigilante, etc.), integrantes de su organización o movimiento social, persona denunciada (el o la abogada o gente que respalda) y otros.
Se espera que la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, publique el informe de las agresiones por país en los próximos meses, lo cual permitirá ahondar en las formas que presenta la violencia socio-política en sus contextos y particularidades, así como de las formas que han impulsado para contrarrestarla.
En México, como en el resto de los países de Centroamérica, la violencia socio-política hacia las defensora de derechos humanos y los movimientos sociales vinculados al tema, pretende la desmovilización política, a través del amedrentamiento, la criminalización y demás agresiones que señala el informe, sin embargo, hay una fuerza social de mujeres activistas, líderes, promotoras, defensoras de derechos humanos que se mantiene activa, presente; viva desde el trabajo silencioso en unos países y a veces muy visible en otros, defensoras que se levantan e integran redes organizadas, con acciones como el informe mencionado, que desde el registro, análisis, denuncia pública y el acompañamiento, desarrollan estrategias de seguridad ante los riesgos, pero, también, generan prácticas de cuidado y sanación de las violencias, para protegerse entre ellas y hacer funcionar la consigna feminista: “La policía no me cuida, me cuida mis amigas”.
Notas
1. Arévalo Naranjo, L., “Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia sociopolítica”. En Revista de Estudios Sociales, volumen 36, número 3, 2010, 1-60 pp. http://www.scielo.org.co/pdf/res/n36/n36a03.pdf
2. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, y reforma publicada DOF 28-04-2022. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf
3. Resolución A/RES/53/144 de la 85ª Sesión Plenaria del 9 de diciembre de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tras 14 años de negociaciones.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
4. Datos que nos Duelen, Redes que nos Salvan, 10+ Años de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica (2012-2023). Resumen Ejecutivo. https://im-defensoras.org/2024/04/resumen-ejecutivo/
5. Ibid., p. 9.
6. Ibidem., p. 23.
7 https://im-defensoras.org/2022/12/protecci%C3%B3n-integral-feminista/
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