CUADERNOS FEMINISTAS

 Debate

Construir contra-narrativas de justicia para las mujeres en la era del populismo punitivo

Paola Fernández Lozano^*

Cuando se habla del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, regularmente se concentran las energías en hablar acerca de qué se necesita para que el recorrido de las víctimas frente al sistema de justicia les permita que la persona señalada como responsable reciba una sanción y que a ellas se les repare el daño. Esto implica, en lo general, que servidores y servidoras públicas estén capacitados para atender y resolver este tipo de casos, y que el procedimiento sea lo suficientemente accesible para las víctimas, de manera que el Estado, a través del aparato institucional, no violente o vulnere más a las víctimas. Por lo anterior, se ha vuelto un elemento indispensable contemplar la perspectiva de género y de derechos humanos como una exigencia que parta desde la atención inicial de la denuncia hasta la ejecución de las sentencias emitidas. Pero poco hablamos de cuál es la justicia que estamos esperando y aún menos sobre cuál es la idea de justicia que se construye (o construimos) con las mujeres víctimas de violencia.

En América Latina, desde hace varias décadas, los movimientos de derechos humanos hemos utilizado el derecho penal como un terreno para promover avances de derechos, con mayor énfasis el movimiento feminista y LGBTTIQ+. Y si bien se han hecho otros esfuerzos y cuestionamientos respecto al uso de esta materia y sus límites, es importante reconocer el efecto que tiene el derecho penal en otras ramas del derecho e incluso en otras estrategias que se van desarrollando; así como el aprovechamiento que agentes estatales y partidos políticos han realizado de dicha tensión. 

El caso mexicano no es la excepción. Ejemplo de ello son las últimas demandas específicas sobre fenómenos de violencia de género como la violencia digital en contra de las mujeres y la violencia que realizan a las mujeres a través de otras personas como las y los hijos, lo que comúnmente la población conoce como la “Ley Olimpia” y la “violencia vicaria”. Dichas demandas, al reflejar una práctica cotidiana de violencia, han sido impulsadas por distintos movimientos para que se lleven campo del derecho penal y se modifiquen los códigos penales de manera que se amplíe el catálogo de delitos existentes o bien que se incrementen las penas. Modificaciones que muchas veces han sido descuidadas y simplistas, y que al intentar operarlas su actualización y judicialización se vuelve complicada, imposible o bien genera una situación de riesgo para las víctimas. 

Pero lo que se pretende plantear en estas líneas no es una crítica a la operatividad o no de dichos tipos penales, sino a las narrativas que construimos al impulsar conquistas de derechos a través del derecho penal. Porque la problemática no sólo radica en el descuido de los elementos que construyen a esos tipos penales, sino en que la tipificación y la recurrencia al derecho penal es, en gran medida, una respuesta rápida y sencilla a problemáticas que son complejas, multifactoriales y estructurales, y que luego son resultado de omisiones por parte del Estado que han agudizado la violencia de género al grado que ha cobrado distintas dimensiones. 

La recurrencia al derecho penal envía un mensaje social de que justicia es igual a castigo, y que castigo es igual a una sanción de pena de prisión. Esto es así, porque la forma en que se “miden” las sanciones en los códigos penales, en la mayoría de los casos, es a través de la privación de la libertad, siendo ésta la medida más gravosa que tiene el Estado mexicano para sancionar a una persona. Y esta pedagogía del castigo dirigida a la sociedad ha sido utilizada por los partidos políticos, los gobiernos y las instituciones como un mecanismo para ganar adeptos, para “resolver” (administrar) las problemáticas, para declarar el cumplimiento de sus responsabilidades en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y como un mecanismo que desvirtúa la posibilidad de construir alternativas de justicia que, auténticamente, reparen el daño a las víctimas, reinserten a los agresores a la sociedad y prevengan que esas personas y otras continúen reproduciendo y ejerciendo distintas formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. 

Y aquí vale la pena aclarar por qué se afirma que desvirtúa dicha posibilidad. Primeramente, porque esa pedagogía del castigo ha generado en el imaginario social la creencia que cuando alguien accede a la justicia es porque la persona responsable está en prisión y con una pena lo suficientemente alta como para no salir al poco tiempo. Y eso está directamente vinculado con lo que socialmente les colocamos a las víctimas como carga, y esa carga es derivado de expectativas que no exploran que significaría justicia para cada una de las mujeres. Y esa justicia no necesita ser igual de violenta que la conducta que resintieron. Sin embargo, seguimos apelando a la herencia hammurabiana en donde ya no es el ojo por ojo y diente por diente, pero sí el ojo por libertad y diente por libertad.

Latinoamérica vive momentos convulsos, y en algunos países las figuras políticas responden a la población lo que quieren escuchar. Figuras populistas y mesiánicas que les prometen a los pueblos salvación, que recurren a las dádivas económicas a poblaciones empobrecidas, y que no por esas dádivas se superan los estratos sociales. Que recurren a la demagogia criticando a los anteriores gobiernos, replicando críticas que una gran población comparte de ellos, pero que subsumen al pueblo a seguir acusando al pasado sobre los escenarios presentes que también les corresponden a quienes ostentan el poder en la actualidad. Que capitalizan las consignas, demandas y luchas de movimientos sociales históricos para enunciarse como aliados y progresistas. Que utilizan las crisis de inseguridad para desplazar a las fuerzas armadas en todo el territorio y generar “legitimidad” por el uso de la fuerza sin límites y en contra de personas que declaran como “enemigos del Estado”. Personajes políticos que han recurrido al populismo penal y punitivo para enunciar que tienen una agenda en materia de derechos humanos. 

Vale la pena reconocer que en las críticas al populismo se suelen colar sesgos de clase y de raza que responsabiliza a la población y que la descalifica por considerarla poco preparada y estudiada. Siendo que el éxito del populismo obedece a la clase social y política que alimenta ese desvinculamiento de la población con la toma de decisiones para la atención y respuesta de problemáticas sociales que más les afectan. El populismo le habla a esas poblaciones que pocas veces vemos con una mirada que no les quita dignidad o que represente condescendencia o lástima, ofreciéndoles alternativas (buenas o malas pero casi siempre a corto plazo) cuando parecía que no tenían ninguna. Entonces, si de culpa se trata, no radica en la población, sino en que se han desaprovechado las oportunidades de construir alternativas que les exijan a los gobiernos algo más que respuestas efervescentes. 

Existe, entonces, una urgencia de construir contra narrativas de acceso a la justicia que posibiliten nuevas formas en que la ciudadanía le exija a los gobiernos auténticos contextos de vida digna. Es decir, contra narrativas que planteen acciones, soluciones, estrategias y políticas que subviertan el limitado menú de justicia que ofrece el sistema jurídico penal. Que interrumpa y replanteé, en el imaginario social, que no basta con castigar al que atenta contra el “orden social” y que se resistan al fetichismo punitivo que reproduce y legitima la violencia utilizada por el Estado al ofrecerla como solución (o salvación) al desvalido. 

En México tendremos a la primera mujer como presidenta de nuestro país. Evidentemente, el mensaje simbólico y político ha sido trascendental para la lucha de los derechos de las mujeres, pero es necesario y urgente que la afirmación de que “es el tiempo de las mujeres” o de que “hemos roto los techos de cristal”, no formen parte de la demagogia y que repercutan en contar, auténticamente, con una presidenta que tenga como interés impulsar una agenda de derechos humanos de las mujeres. Claudia Sheinbaum y el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador forman parte del mismo partido político, éste ha realizado prácticas populistas que han construido narrativas de seguridad que legitiman la violación de los derechos humanos y ha utilizado la idea de la sanción penal como la mejor alternativa para resolver las problemáticas de nuestro país. Ahora con la presidente electa, existe la posibilidad de que su gobierno se desmarque de esas estrategias.

Aunque dicha posibilidad se ve complicada cuando Claudia Sheinbaum ha suscrito los posicionamientos y formas políticas que Andrés Manuel tuvo en su gobierno, y más complicado se observa el panorama con la aprobación de la reforma constitucional que plantea la transformación del poder judicial para que personas juzgadoras, magistradas y ministras sean elegidas por votación popular, aspecto que más allá de afectar a quienes ya tienen estos cargos y a quienes forman parte de la carrera judicial y que aspiraban a través de un sistema parcialmente meritocrático, sí afrenta la autonomía e imparcialidad de las y los impartidores de justicia que deberán responder no sólo al mandato de su cargo sino a la agenda de sus votantes. Y esa agenda de las y los votantes atiende también a esas expectativas de justicia que hemos intentado explicar en estas líneas.

Las mujeres víctimas de violencia de género necesitan acceder a la justicia y que ni ellas ni ninguna volvamos a estar sujeta a cualquier situación de violencia. Necesitamos darle una relectura a la historia y darnos cuenta que esa tendencia punitiva no ha resuelto las problemáticas y que incluso las ha agravado. Porque las personas privadas de su libertad aún enfrentan retos para contar auténticamente con planes y programas de reinserción y prevención, y porque a su salida de los centros penitenciarios no sólo cargan con el estigma sino con la huella de haber sido tratados por días, meses o años como si su vida valiera mucho menos que la del resto; y porque las víctimas se enfrentan a un sistema que les ofrece como reparación del daño el castigo a la otra persona y, en algunos casos, el pago del daño que puede ser monetizado.

Un camino en la construcción de nuevas narrativas de justicia para las mujeres pasa por colocarlas en el centro, por preguntarles cuáles son sus expectativas, por desmitificar expectativas que no son posibles, por hacer que las alternativas que elijan las fortalezcan, por utilizar al derecho como una herramienta de invención, por dejar de alimentar ideas que el imaginario social ha construido, por dignificar el dolor sin perder de vista la construcción de mejores entornos y por dejar de tender siempre a que sea el Estado, con su poder irrestricto, quien determine qué es y que no es justicia para las mujeres. 

En México tenemos la posibilidad, y la posibilidad, por lejana que parezca, es, como dice Inés Busquets: “Una puerta que se abre. Una sensación de continuidad frente a las vicisitudes. Un cese a la tormenta”. 

* Abogada, colaboradora de Las Libres A.C. Guanajuato-México.