Por Sanjuana Martínez
México, DF, 16 dic 09 (CIMAC).- Los privilegios de la jerarquía católica en México sobreviven por encima de las leyes, por eso sorprende que desde el Congreso de los Diputados una voz exija el respeto y el fortalecimiento del amenazado Estado laico en el que vivimos.
Me refiero al histórico discurso de la diputada federal Enoé Margarita Uranga Muñoz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el punto de acuerdo para requerir al presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación, el cumplimiento del principio de laicidad que rige al Estado mexicano.
En tono firme, brillante y emotivo, la diputada Enoé, dio una lección de civismo y dignidad a sus colegas diputados. Expuso en la tribuna uno de los temas más escabrosos de nuestra débil democracia: las cotidianas violaciones a las leyes mexicanas por los ministros de culto. Y defendió los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.
La protección del Ejecutivo a la jerarquía católica se traduce en la impunidad de la que gozan los sacerdotes pederastas libres en territorio mexicano. Nunca el Estado ha exigido a los cardenales protectores de criminales sexuales con sotana, que abran sus archivos secretos para determinar el paradero y el camino que han seguido los delincuentes. Incluso sabiendo dónde se encuentran, las autoridades policíacas y judiciales han actuado como auténticas tapaderas de los crímenes más deleznables.
La complicidad del Ejecutivo con la jerarquía católica se basa también en las opacas finanzas que maneja la Iglesia. Nunca el Estado ha auditado sus dineros, ni fiscalizado la acumulación de riqueza que durante siglos, ha ostentado la Iglesia en México.
Más notable resulta la connivencia del presidente con los jerarcas católicos a la hora de mancillar nuestra Constitución. Cardenales, obispos y sacerdotes en general, violan de manera cotidiana el Estado laico interfiriendo en asuntos políticos, de orden electoral y promoviendo el voto a favor de los partidos que les otorgan beneficios inconfesables.
El despliegue de fuerzas ecuménicas para controlar las almas y los cuerpos de las y los mexicanos, es también una ostensible violación a nuestras leyes. La Iglesia se atribuye el derecho de defender la vida y condena a las mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo, pero olvida reprimir la pederastia en sus filas y encubre a los depredadores sexuales.
Su última cruzada, es la homofobia. La Iglesia ha condenado la homosexualidad a través del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio para la pastoral de los Agentes Sanitarios del Vaticano, quien declaró textualmente: “lesbianas, homosexuales, y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos. Tal vez, no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo… esto no lo digo yo, sino San Pablo”.
Olvidó señalar el purpurado nacido en Toluca, el texto de San Pablo que condena la diversidad sexual. Quizá se refería a la frase que incluye a los borrachos, maldicientes, ladrones y mentirosos. En tal caso, tampoco los ministros de culto se salvan.
El cardenal no especificó la forma celestial que utiliza para comunicarse con Pablo, ni la fecha en que el Santo enjuició a quienes viven plenamente su opción sexual. Dijo que “todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios”, pero Lozano Barragán olvidó hacer mención del texto incluido en la Biblia que sentencia la homosexualidad. Tal vez, prefirió no señalarlo porque en el sagrado libro, no existe ninguna condena explícita a la diversidad sexual incluyente como la vivimos hoy.
La homofobia cardenalicia enrarece la convivencia democrática de un país sometido al yugo eclesiástico corrupto y soberbio, muy alejado de las necesidades del pueblo. Es indigno que el cardenal Lozano Barragán exalte a un Dios tan distinto al de las sagradas escrituras que defiende el amor al prójimo por encima de las diferencias.
Los católicos sabemos que el mensaje de Jesús está centrado en la misericordia hacia el otro, algo muy alejado a la homofobia del propio Joseph Ratzinger, quien en su discurso de fin de año en 2008, criticó a los homosexuales por practicar la “negación de las leyes de la naturaleza”. Su beligerante oposición a las parejas del mismo sexo quedó registrada en 2003, en un documento de su autoría contra el “carácter inmoral” de las uniones de hecho.
Ratzinger y sus subordinados olvidan a los homosexuales existentes en la misma Iglesia. Prefieren perseguirlos y anularlos inútilmente. La curia romana, habituada a la negación, sigue defendiendo la premisa de: “Se vale ser homosexual, siempre y cuando escondas tus preferencias y no forniques”. Pero la institución viola la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cada vez que exhibe y fomenta la homofobia.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz se niega a aceptar la doble moral y el acoso de la Iglesia contra los derechos sexuales de todas las personas. En su lucha, la acompañamos los que defendemos el concepto de la no discriminación, la esencia misma de los derechos humanos.
Nadie debe ser excluido de la tierra ni del cielo por razones de opción sexual, raza o condición social. Nacemos libres e iguales y así debemos morir. Una Iglesia excluyente ofende a todos.
Sanjuana Martínez
Periodista
Cel: 0448115164757
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