Carta abierta a la legislación chiapaneca en rechazo a la llamada Ley de Paternidad Responsable.
Diciembre 9 de 2009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
Dip. Carlos Alberto Pedrero Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política
Dip. José Ángel Córdova Toledo, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Dip. Neftalí Armando del Toro Guzmán, Presidente de la Comisión de Justicia
Señoras y Señores Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.
Haciendo uso de nuestro derecho constitucional a pedirles cuentas sobre su función pública, como representantes y legisladores, cuyo trabajo es salvaguardar los derechos de las y los chiapanecos, rechazamos de manera rotunda la intención, manifestada por los diputados: Mario Casimiro Vega Román (PRD), Mauricio Castañeda (PRI) y la diputada Ana Elisa López Coello (PAN) sobre la pretensión de aprobar un conjunto de iniciativas para “proteger la vida desde la concepción”, conocida y anunciada desde el mes de octubre como la Ley de Paternidad Responsable.
Esta “Ley” nos preocupa por múltiples razones:
Es un asunto que nos concierne directamente a las mujeres y en absoluto hemos sido consultadas al respecto.
Es una iniciativa que tiene como objeto principal proteger a un cigoto, y no los derechos de la mujer que lo tiene dentro.
Pasa por alto la capacidad de decidir y ser de las mujeres.
Representa un retroceso en el reconocimiento a los derechos de las mujeres; concretamente los derechos reproductivos y sexuales, y el derecho a la vida.
Contraviene los lineamientos establecidos en Convenciones y Declaraciones Internacionales ratificadas por México ante las Naciones Unidas.
Deja al descubierto las alianzas perversas entre los partidos políticos, sin importar ideologías, y de éstos con los poderes fácticos como la Iglesia.
Como ciudadanas en pleno goce de nuestros derechos, exigimos frenar la pretensión de aprobar estas reformas que buscan despojar a las mujeres de la capacidad y derecho de decidir sobre sus cuerpos, este es un asunto en el que el Estado no tiene porque intervenir.
Señoras y señores diputados:
Nosotras sabemos las implicaciones jurídicas que tiene el hecho de que en la Constitución local se incluya un párrafo que establezca el derecho a la vida desde la concepción, y también el hecho de que en el Código Civil se reconozca que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere con la concepción y no con el nacimiento, como lo establece actualmente el artículo 20 del Código Civil.
Entendemos que esta iniciativa se suma a la tendencia que se registra en el país, donde ya 17 estados han aprobado leyes que criminalizan la capacidad de decidir de las mujeres sobre su cuerpo.
Por lo tanto, les exigimos convocar a las mujeres a un debate público sobre su pertinencia y viabilidad y reflexionar por lo menos en los siguientes aspectos:
Chiapas sigue ocupando uno de los primeros lugares en muerte materna. ¿Saben que determinaciones de este tipo provocarán más muertes por abortos clandestinos o en condiciones insalubres?
El Gobierno del Estado promueve afanosamente acciones para “empoderar” a las mujeres y respetar sus derechos, luego entonces esta iniciativa ¿no va en contra de las acciones que impulsa el Poder Ejecutivo? ¿o se trata de dar un paso adelante y dos atrás?
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio que ustedes mismos incluyeron en la Constitución para darles cumplimiento de manera obligatoria hablan de promover la equidad de género y disminuir la muerte materna (ODM 3 y 5) ¿en qué medida esta iniciativa contribuye a ello?
El señor Magdy Martínez Solimán, representante de Naciones Unidas en México, ha hecho un llamado a legisladores y autoridades para que no manden más mujeres a la cárcel (prensa nacional 3 de diciembre); las reformas constitucionales estatales que protegen la vida en gestación limitan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo el derecho a la salud, ha declarado el galardonado con la Medalla “Fray Matías de Córdova”, entregada por el Gobernador Juan Sabines Guerrero.
Las mujeres aspiramos a un derecho legítimo que es la equidad, quienes supuestamente representan al pueblo no tienen derecho a frenarlo; la base fundamental para ejercer cualquiera de nuestros derechos es la capacidad de decisión, y ustedes a estas alturas, no pueden negarla con la aprobación de leyes arcaicas que de ninguna manera tienen cabida en un Estado Laico y Democrático.
Firman:
Integrantes de la Red de investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres; Desarrollo, Género y Ciudadanía; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos; Colectivo ISITAME; Red de Mujeres por la Igualdad de Chiapas y Asesoría, Capacitación y asistencia en Salud, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC
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