Las cuotas: una debacle anunciada

Josefina Chávez

En la sesión extraordinaria el sábado 24 de marzo el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), se presentó un informe, sobre el incumplimiento por parte de varios partidos de la cuota de género. Esta información desató diversas reacciones tanto de dirigentes de los partidos, como de las mujeres cuyos derechos fueron atropellados. El debate que seguramente tendrá implicaciones mayores, por lo pronto aparentemente, fue saldado con los “ajustes” de última hora. Pero queda en el tintero una polémica, en torno a las formas de elección de las candidaturas en los propios partidos que garanticen las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas.

Diversas dirigentes del PRI y del PAN, respondieron públicamente, desmintiendo que el incumplimiento se debía a que no hubiera mujeres interesadas en participar, por el contrario señalaron que se contaba con candidatas suficientes para cubrir el 40% de representación. Más bien, en algunos casos no se les permitió registrarse o hubo resistencias de algunos dirigentes.

Por su parte integrantes del Frente de Mujeres del Movimiento Progresista se pronunciaron frente al incumplimiento de la ley y la violación a los derechos políticos de las mujeres de los partidos que integran el Movimiento Progresista, (PT, PRD, Movimiento Ciudadano) y del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA).

En la conferencia de prensa del día 26 de marzo, se escuchó la indignación, la decepción por el comportamiento de las direcciones de los partidos, por las componendas, por la falta de respeto a las mismas reglas para la elección de la candidaturas.

Varias de las candidatas habían ganado las encuestas, pero no quedaron y denunciaron los “intercambios” de candidatas con perfiles altos, con experiencia, por, en algunos casos, propuestas de candidatos hombres con orígenes que no representan de ninguna manera, mas bien por el contrario, las trayectorias políticas y de lucha de muchas de las mujeres que han sido tratadas con la punta del pié. O sustituidas por candidatos que están cambiando de barco….

Eva Gómez del PT, Mónica Soto del PRD, y Carmen Ojesto del Movimiento Ciudadano, quienes encabezaron la conferencia de prensa, informaron que en el mes de enero y el 21 de febrero en las oficinas de los partidos políticos se entregaron listas de mujeres con trayectorias reconocidas con méritos para contender. Estas acciones fueron parte de estrategias de alianza entre las mujeres y concebidas como medidas preventivas para ser tomadas en cuenta. En la misma lógica solicitaron estar en el seno de las discusiones en donde se estaban tomando las decisiones, pero eso no se cumplió. Había más de mil mujeres para contender en todos los cargos. Con estos argumentos se refutó, a quienes han dicho que no hay mujeres, como una gran mentira. También dieron a conocer un documento que entregaron a los partidos del Movimiento Progresista exigiendo congruencia con el proyecto de izquierda y respeto a la normatividad sobre la igualdad de género y justicia.

Aunque la discrimanción a las mujeres en las candidaturas se evidenció prácticamente en todos los partidos que, convencidos o no, tenían que cumplir la ley, me interesa destacar el caso de los partidos del Movimiento Progresista ya que su definición real o de imagen mediática, los coloca en la izquierda se supondrían obligados por convicción a cumplir con este compromiso con las mujeres.

Viviendo con el enemigo

Las mujeres se unieron en una alianza para unificar estrategias y enfrentar la embestida sin embargo como se ha podido observar, no fue suficiente, para revertir la descalificación y el “mercadeo”.

Curiosamente, en una coyuntura político electoral en donde se juega en muchos sentidos el futuro del país, ahora tenemos que añadir a la lista, una ofensiva más en contra de las mujeres, en este caso, encabezada por quienes se supondría, serían sus aliados; sus compañeros de partidos y corrientes. El daño está hecho. Seguramente se tratará de “reparar” con la corrección de las listas, solo que, nos queda claro, parece que no por voluntad y convicción política, más bien porque el IFE amenaza con aplicar las sanciones. Hay que restaurar la imagen. Después, ya veremos.

Las integrantes del Frente respondieron lanzando una campaña por los derechos políticos de las mujeres, puntualmente para ellas esta defensa pasa por exigir el cumplimiento de lo que marca el COFIPE, al respecto en la conferencia de prensa señalaron, “no debe haber más de 120, o menos de 120 fórmulas de hombres, ni más de 180 fórmulas de hombres en los 300 distritos. No debe de haber menos de 120 fórmulas de mujeres, ni más de 180 fórmulas de mujeres.”

Hicieron un llamado a la mesa negociadora de la Coalición del Movimiento Progresista para que actúe con justicia electoral, asimismo en el sentido que las candidaturas de mujeres no deben ser de “relleno”, reivindicando al mismo tiempo que también están interesadas y comprometidas con la realización de trabajo en los distritos no competitivos para construir fuerza política en la contienda electoral.

Otra preocupación de las dirigentes y candidatas desplazadas por las componendas antidemocráticas y la guerra por el “puesto”, en sus organizaciones, es que los graves problemas que enfrentan las mexicanas, como la pobreza, violencia y trata, han quedado subsumidos e invisibilizados por la prioridad del estado en relación al combate a la delincuencia organizada.

Mujeres presentes en esta conferencia de prensa hablaron fuerte, indignadas:

Alliet Mariana Bautista Bravo, precandidata en el Distrito XXX federal por el PRD. A pesar de tener un lugar favorable en las encuestas, fue desplazada del lugar que le correspondía, a favor de Francisco Veladiz Meza, integrante de la corriente Nueva Izquierda. Impugnó ante el Tribunal Electoral y denunció que se trata de un “plan perverso” y que “el PRD se ha convertido en un partido electorero al cien por ciento”. Señaló, molesta, que no se respetaron la reglas de la convocatorias, “las violan y las hacen a un lado, cuando así conviene”.

Ivette Ruvalcaba Domínguez, fue elegida en el Consejo Nacional del PRD el 3 de marzo para la primera fórmula del Senado por San Luis Potosí. El 8 de marzo, se cambió la decisión por Fernando Silva Nieto, ex gobernador de San Luis Potosí. Activista en contra de la minería a cielo abierto señala que Silva Nieto es quien otorgó los permisos a la minería en ese estado.

Reclama se pongan candidatos de origen priísta que no tienen nada que ver con el proyecto que impulsa López Obrador, y que han impulsado el proyecto neoliberal, “ahora como no los aceptan en sus partidos porque son la basura del PRI, vienen a nuestros partidos con alfombra roja, con alfombra amarilla, con alfombra naranja”. Analiza que se esta cometiendo un suicidio electoral.

Cecilia Espinoza, contendió por el Distrito XXVII local del Distrito Federal, se define como perredista fundadora y con una lucha político-social por las mujeres de más de 25 años. Se declara en rebeldía por la defensa de los derechos de todas las mujeres en México, y con los partidos de izquierda que no están viendo la calidad de las mujeres que está desechando. Explica el proceso para su candidatura y la de la suplente en la fórmula; ganaron la encuesta en el distrito por MORENA, la del Movimiento Ciudadano. Compitieron en tiempo y forma con el PRD, con el PT y con el Movimiento Ciudadano. Nació en ese distrito y siempre ha vivido ahí. El candidato que están imponiendo un empresario Jorge Martínez Ramos de Nueva Izquierda no vive en el distrito. Para Cecilia se ha elaborado una carta de respaldo.

Patricia Ruíz Anchondo, de larga trayectoria en la lucha social y política en la ciudad de México, ha sido diputada y fue Jefa delegacional en Gustavo A. Madero y con ese antecedente decidió inscribirse como precandidata para el Distrito II, en esa delegación. Salió bien en las encuestas de MORENA, y se inscribió en tiempo y forma con el PRD. Pero le avisaron que habían inscrito a Manuel Huerta. De quien dijo podría se muy buen candidato para otro distrito. El distrito II es panista y opinó se podría recuperar con una candidatura de alto perfil que ella podría representar.

La lucha no es personal, así lo expresaron también otras candidatas presentes, se trata de los derechos de todas las mexicanas. Consideran que las mujeres presentes en la conferencia de prensa han sido mujeres de izquierda precursoras en cargos de elección popular en puestos directivos en los gobiernos, en las acciones afirmativas. Enfáticamente señalan que los derechos políticos está contemplados en el marco internacional y México los ha firmado, “los derechos no se ponen a discusión en cada proceso electoral, se acatan”.

Soledad Ortíz Vázquez indígena mixteca, dirigente sindical, plantea que los partidos revisen su forma de actuar, que no violenten a ley, que realmente exista una equidad de género, que las candidaturas no sean de “reparto e intereses”, que las indígenas no sean excluidas. Denuncia la imposición de personas que no se registraron en tiempo y forma en el proceso de registro de precandidaturas. Interpreta que hay “toda una intención de imponer candidatos a modo para que no puedan sumar votos para López Obrador”. Abunda que muchas mujeres y pueblos sueñan con el cambio que se puede lograr, en donde las mujeres van a jugar un papel fundamental con esa candidatura.

Marcela Nolasco, precandidata del distrito XXVI, con cabecera en Toluca, ganó la encuesta, entró al proceso de precampañas, volvió a ganar por un amplio margen la encuesta, al final quedó registrado otro. Exige respeto a los derechos de las mujeres candidatas. Caso similar es el de Guadalupe Roldán del Movimiento Ciudadano, participó en la primera encuesta, ganó al PT y a MORENA y apareció registrado un integrante del PRD. Exigió se respeten las encuestas, “no estamos pidiendo que se nos regale algo, se está hablando de nuestro trabajo”

Eva Pérez Gómez; “yo fui muy obediente”, se registró en la convocatoria del Partido del Trabajo del 3 al 15 de diciembre, enseña su acuse de recibo. Señala que no sabe cuál es su situación. Informa que va a presentar un juicio de protección de los derechos políticos electorales para el ciudadano. Trámite que precede en su caso. A pesar de lo que está pasando confía en que su partido y los demás reconsideren pues se exponen a perder el registro en el distrito. Considera que su caso es muy grave; se inscribió el último día que se vencía el registro según la convocatoria y le dijeron que lo había hecho muy tarde, la encuesta fue antes, y no la incluyeron… se escucha en el fondo una voz que dice “claro, así quien gana una encuesta”.

Del voto a la paridad

La lucha por los derechos políticos de las mujeres ha transitado por varios siglos, del voto a la paridad. Un proceso plagado de exclusiones, obstáculos e invisibilidad. El Congreso Constituyente de 1917 al no incorporar el derecho al voto para las mujeres contribuyó para que éstas se organizaran en la lucha por el sufragio, algunas, en rebeldía, incluso lanzaron candidaturas independientes. Entre las múltiples ideas persistentes se encuentran preocupaciones en el sentido que la cuotas pueden desplazar a hombres capaces o que pueden dar cabida a mujeres que no cuentan con la debida formación política para enfrentar los retos de la política nacional; estos argumentos no incluyen o hacen abstracción de la desigualdad o no consideran la especificidad de la condición de las mujeres un factor prioritario en su visión política. Se desestiman prejuiciosamente las dificultades reales que enfrentan las mujeres como es su papel en el ámbito privado, las responsabilidades en el núcleo familiar, la jornada de trabajo que esto conlleva y la responsabilidad familiar. Las cuotas son un mecanismo de acción afirmativa para potenciar las capacidades de las mujeres, se requiere la ampliación de acciones afirmativas para erradicar todas las trabas culturales. Se requiere la voluntad política de las direcciones de los partidos. Y eso, ya se vió, está faltando.

Primavera en la Ciudad : Ximena Peredo explica por qué no aceptó candidatura

Ximena Peredo

Hace tres semanas, exhorté en este espacio a la ciudadanía a participar también como candidatos a puestos de elección popular. “Necesitamos entrar para hacer un contrapeso inmediato al saqueo de lo público”, escribí.

Porque advierto la ruina y la pérdida de calidad de vida que provocan impostores y negligentes en el poder, levanté los brazos para gritar: ¡auxilio, se quedarán otra vez con todo! Pero para mi sorpresa algunos creyeron que me estaba postulando.

Llegaron invitaciones. Me sentí apenada por haber dado la impresión errónea de estar interesada en registrarme como candidata de algún partido, pero así, con la papa caliente entre las manos, pude ahondar en las implicaciones que no advertí al escribir el artículo “Retiro lo dicho”.

¿No acababa yo misma de subrayar la urgencia del asalto ciudadano a puestos de decisión? Sí, y sin embargo, dije que no. Voy a exponer mis razones porque acusan a un sistema político quebrantado moralmente, casi exclusivo para corruptos o mártires.

No es fácil pasar por alto la ausencia de vida democrática al interior de los partidos políticos mexicanos. Ninguno transparenta los recursos públicos que recibe. Dicen que no están obligados por la Ley que, como sabemos, modifican a su antojo vía Poder Legislativo. Así consiguieron asentar en la Constitución la fórmula que garantiza las millonarias tajadas que se reparten cada año.

Los partidos políticos son negocios privados enquistados en la ubre pública. Son las instituciones menos confiables del País según la Encuesta Nacional de Cultura Política publicada en 2008 por la Secretaría de Gobernación, pero también son, vaya peligro, las que deciden el destino del erario público. No tienen interés en involucrarse en la vida democrática del País. Sólo nos necesitan para limpiar su imagen cada tres años. Para eso me querían.

Pero esto no fue todo. Lo que terminó de ahuyentarme fue el virtual escenario de ganar. Tenemos un grave problema cuando quienes nos representan o gobiernan sacrifican su calidad de vida. Viven compitiendo, se obsesionan con su imagen y sufren por lo que otros piensan de él o ella, conspiran, negocian sus irrenunciables, reciben favores que saben que terminarán pagando. Impiden que sus decisiones se abran a debate público. ¿Quién decide libremente aceptar este yugo?

La política institucionalizada es hostil. Su materia es el poder y no el servicio. Deciden calculando beneficios, no estudian, ni comprenden el impacto de sus ocurrencias en la calidad de vida de miles de seres humanos. Este tren con destino al acabose está repleto de personas controladas por lisonjeros. En esto se convierte la política mexicana: testaferros que repiten el guion sin conciencia de la frivolidad y muerte que profesan sus actos.

Mis más cercanos, con quienes discutí la oferta, me hicieron ver que no valía la pena fortalecer un sistema de representación que, como es evidente, se encuentra en fase terminal.

Me negué a comprar la ilusión “mi candidatura justifica los medios” porque me urge que mi País, y mi Ciudad, recuperen el aliento y se conviertan en espacios amables, en donde la vida sea valor sagrado y en donde la muerte sea esperada sin terror; pero esto sólo se construye compartiendo este sueño, no negociándolo con intereses sordos que consideran ilusas las ideas vitales.

He encontrado en este espacio y en el trabajo que comparto con otros muchos ciudadanos una posibilidad real de construir una nueva escala de valores políticos con la vida en el centro y la felicidad de las personas como propósito realizable y justo. Para revestir de piso y de techo a este sueño no hace falta competir, sino colaborar. No se necesitan recursos materiales, sino creatividad, amor y libertad.

Por supuesto este sueño no nos librará de malos gobiernos, ni de unas próximas campañas políticas infames, pero nos mantiene conscientes de que bajo este campo de batalla subyacen ríos que no vemos pero que, de hecho, permiten la llegada de la primavera a la Ciudad.

ximenaperedo@gmail.com

BAJO LA SOMBRA DE UN ÁRBOL

Declaratoria: Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres

En México 17 congresos locales han aprobado reformas constitucionales que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos humanos, criminalizando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Se condena a muerte a quienes se practican un aborto en clandestinidad, ya que penalizan esta práctica. Es una estrategia contra la vida y la libertad de las mujeres, impulsada (desde el Vaticano) y secundada por legisladores de todas las fuerzas políticas, principalmente el PRI y el PAN, que cancela todas las garantías y derechos con el encarcelamiento tanto de mujeres que han ejercido su derecho a decidir, como de aquellas que sufren abortos espontáneos.

Los gobiernos en alianza con la Iglesia, han sido artífices de una política misógina y criminal contra las mujeres de este país, y han comprometido valores fundamentales de la democracia y de la Carta Magna como el respeto al Estado Laico. Mediante operadores en el Congreso de la Unión buscan plasmar una ideología conservadora, ejemplo de esto es la reciente iniciativa para incluir el concepto de “libertad religiosa” en el art. 24 constitucional y fortalecer así privilegios a jerarquías religiosas, por lo que llamamos al Senado de la República a no dejarse presionar para ceder principios fundamentales de la democracia.

En el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió en septiembre de 2011 la constitucionalidad de esas reformas, 7 de 11 ministros plantearon en el pleno de la corte posturas a favor de la vida digna, de la vida en libertad, así como de los derechos de las mujeres, manifestándose contra la criminalización, sobretodo de las más pobres. Haciendo evidente que la cárcel y la clandestinidad es profundamente injusta, inmoral e inconstitucional.

En el proceso electoral de 2012, a quienes aspiran a gobernar este país les exigimos una conducta republicana, plural y liberal. Les recordamos que los derechos de las mujeres no seguirán siendo una moneda de cambio; les anunciamos que iremos más allá de la corrección política para garantizar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a los más altos niveles. Les exigimos tomar posición y ofrecer propuestas reconociendo el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos y vidas. Que dejen claro si están a favor o en contra de las mujeres y sus derechos.

Quienes conformamos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, celebramos la reciente reforma en materia de Derechos Humanos, porque con su entrada en vigor, los tratados internaciones signados por México tienen rango constitucional y en este sentido tenemos más herramientas legales para exigir y ejercer derechos a plenitud.

En ese marco, exigimos al Estado mexicano garantizar el derecho a la salud y a la libertad reproductiva y exigimos respeto a nuestra soberanía sexual. Por esto refrendamos los compromisos que dan vida a esta articulación:

1. La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar.
2. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia y de sus aliados al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.
3. La denuncia de aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales en contra de los derechos de las mujeres ; del personal de los servicios de salud que extralimitando sus funciones, juzgan y acusan a las mujeres; a los servidores públicos del sistema de justicia que aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos.
4. Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.
5. Exhibición, Sanción y cargos penales a funcionarios y políticos que no respetan el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Para el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, estos compromisos son irrenunciables porque es la garantía del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y proyecto de vida plena.

México enfrenta retos fundamentales para configurarse como una nación democrática, la ciudadanía requiere formar un frente contra la impunidad, los retrocesos sociales y políticos que se asoman con la transición electoral, y en esta coyuntura llamamos a mujeres y movimientos sociales a sumarse al Pacto y defender juntas la vigencia del Estado laico y el derecho a decidir de las mujeres.

¡Alto a la criminalización de las mujeres por abortar!

¡Libertad inmediata a las mujeres presas por abortar!

¡Respeto irrestricto al Estado laico!

¡Despenalización del aborto en todo el país!

PACTO NACIONAL POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Partidos burlan la ley y niegan lugares a las mujeres

Sara Lovera

En el colmo de todo lo imaginable, de lo posible, de las declaraciones sobre la justicia electoral para las mujeres emitidas alrededor del 8 de marzo, los partidos políticos se niegan a promover a las mujeres en tiempo y forma, pero sobre todo, conforme a la ley en los puestos electorales. La resistencia evidencia que vivimos en el peor de los machismos y fuera de un estado de Derecho.

¿Quién podrá obligar a que cumplan? Sabiendo con suficiencia que muchas mujeres importantes, capaces, capacitadas, conocidas, lideresas experimentadas, empoderadas y decididas, han sido eliminadas de las listas y los argumentos son salvajes, como hace 150 años, cuando la paradoja es que en el mundo las mujeres están haciendo gobierno, ciudadanía y han mostrado su mayoría de edad.

Esta semana, el Instituto Federal Electoral podría definir las listas electorales, donde al menos el 40 por ciento deberían ser mujeres, por plantearlo como lo ven ellos. Este instituto podría elegir o definir por su cuenta y asegurar ese porcentaje, en tanto, que los partidos políticos siguen argumentando que no han podido encontrar mujeres interesadas, que no se inscribieron, que a muchas no les interesa ser candidatas y que un derecho no es obligación.

La última frase es la más increíble que puede argumentarse, "un derecho no es obligación", como si viviéramos en la peor de las democracias posibles.

Un hecho palmario y sin vueltas es que, hasta el domingo 25 de marzo todos los partidos políticos no cumplen la ley, a pesar de la sentencia del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) de que esta vez serán sancionados. Frente a ello, alegremente enviaron cartas al IFE pidiendo que se tuerza la ley, porque no pueden cumplir.

Hace unos días, escuché la explicación de la ex diputada feminista Elsa Conde sobre ¿cómo poner una cuota para la participación de las mujeres en la política? lucha que data desde 1993, se llama acción positiva y que se ha pasado de ahí para exigir lo lógico, lo elemental, lo justo: la paridad. Porque las mujeres somos poco más del 50 por ciento de la población, de la militancia partidaria, de la economía y la productividad.

Pero todo eso no existe en la cabeza de las dirigencias que siguen incluyendo en las listas a viejos o antiguas políticas; a hermanos y familiares y que han obviado la demanda de las mujeres y no las ven. Las quejas se han sucedido toda la semana anterior. Sólo en el frente Progresista, por ejemplo, había más de mil precandidatas interesadas y ahora resulta que sólo han incluido a 95 y no a 120 como exige la ley y tramposamente entre 25 y no 26 candidaturas al Senado, sólo una mujer tiene posibilidades reales de ganar. O sea, la trampa sobre la trampa.

Algunos argumentos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista (PVEM) son como del siglo XIX, insostenibles.

Según la información de las periodistas Fabiola Martínez, Georgina Saldierna y Rosa Elvira Vargas, del diario La Jornada, publicada el sábado 23 de marzo, los partidos tienen argumentos verdaderamente impugnables. La prepotencia es verdaderamente brutal y se resisten a ver que el mundo cambió. Nos ven todavía como esclavas.

Veamos estos argumentos:

“El PAN no está obligado a lo imposible ni a postular candidatas en aquellos distritos o elecciones donde no exista interés manifiesto. Los derechos políticos son derechos y no obligaciones políticas (...) y en tanto no exista una manifestación clara de interés, este instituto está imposibilitado por el momento para registrar candidatas mujeres”.

"El PRI expone argumentos similares, así como de la imposibilidad de ejecutar ciertas sentencias del tribunal electoral. Por ejemplo, señala, aun cuando se presentaron 93 solicitudes de registro de diputados por el principio de mayoría relativa, en 35 no fue posible otorgar el registro por incumplimiento de requisitos. En el caso de los diputados, añade, al PRI le fue imposible lograr la meta, porque únicamente se inscribieron 93 mujeres para competir en 80 distritos".

Lo mismo ocurrió al Partido Verde Ecologista de México, coaligado al PRI en 199 distritos. Su representante en el IFE, Sara Castellanos, explicó esta dificultad:

“Una cosa es que sean militantes y otra que quieran ser candidatas. Se habla mucho de género, pero ya dentro de los partidos políticos es difícil. Cuando fundamos el partido la prioridad era apoyar a la mujer; entonces, la estructura era de 80 por ciento de mujeres. Sin embargo, cuando intentamos postular a las indígenas tuvimos una fuerte experiencia, porque en algunas entidades las mujeres se quedaban afuera de los consejos partidistas vendiendo sus artesanías. No les interesaba participar. Las militantes no quieren ser candidatas”, dijo Sara Castellanos, del Verde Ecologista.

Por su parte, la coalición de Izquierda que asegura cumplió, fue desmentida por el Movimiento de Mujeres Progresistas que incluye al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Movimiento Ciudadano, más las mujeres de Morena, quienes anunciarán el comienzo de una jornada por la legalidad y los derechos que las asisten.

Sostienen que solamente han sido registradas 95 fórmulas de mujeres de las 120 obligadas y que fueron postuladas 25 mujeres al Senado (en lugar de 26), y que sólo una tiene reales posibilidades de ganar.

Anuncian que pedirán al IFE que haga cumplir la ley y niegue el registro de las listas.

El IFE hizo una reunión extraordinaria para analizar el problema. Y según las noticias, Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE se hará cumplir el artículo 221 del Código Federal Electoral (COFIPE) que establece que si un partido o coalición no cubre los requisitos, además de la amonestación pública, se sancionará con la negativa de registro de las candidaturas correspondientes.

La verdad es que la resistencia llega a tal punto que el PRI ya quiere ahora que se revisen las decisiones del tribunal electoral para que "explique los alcances de sus jurisprudencias, con base en las cuales incluyó la cuota de género en todas las postulaciones.

Lo verdaderamente incomprensible es que los partidos políticos debieran operar con sus estatutos internos, que en todos los casos obligan no la cuota sino a la paridad, en los casos de PRI y PRD; al 40 por ciento como la ley dice en los casos de PT, Movimiento Ciudadano y PAN ; en el Ecologista los estatutos dicen 30 por ciento y en el caso de Alianza no hay mandato y éste parece ser el único que presentó sus listas apegado al mandato.

Lo que me rebela contra lo que sucede es saber que durante los últimos 30 años las mujeres de todas las clases, en todo el país, de todos los gustos, signos y asignaturas partidarias, militantes populares, dirigentes, han discutido sobre sus derechos, han impulsado los cambios legislativos, han participado en las mesas electorales, de vigilantes a funcionarias electorales, que éstas mujeres con todo lo que de ellas se pueda discutir, sí quieren, desean.

Muchas se han quedado en el camino durante varias elecciones, dirigentes indígenas y campesinas, como Martha Sánchez o Daphne Cuevas; otras se han aliado, han, como se dice, cabildeado intensamente, han invertido sus recursos, sus energías, y son permanentemente excluidas e invisibilizadas. La resistencia machista es bárbara, es de una prepotencia increíble. Y quienes dirigen al país, casi todos hombres, hacen demagogia, mienten, les importa muy poco cumplir con la ley y lo que es peor, no tienen el menor interés en la democracia que tanto presumen en discursos vacíos.

De acuerdo con la historiadora Patricia Galeana, las mujeres pidieron el voto y ser votadas desde 1824, es decir desde hace 188 años, y ahora resulta que no quieren, no cumplen con los requisitos, no muestran interés y no las encuentran los jefes de los partidos. Se llama machismo.

Y por otro lado, la ley les obliga a destinar el dos por ciento de sus recursos a promover el liderazgo femenino desde 2008 y ninguno ha cumplido. Nadie los sanciona y la burla se extiende, nos invade, nos hace pensar que este país no tiene remedio. Otra discusión es si las mujeres son mejores que los hombres, pero ese no es el caso.

Veremos.

saralovera@yahoo.com.mx