Estado laico, Constitución e Iglesia

Por Sanjuana Martínez

México, DF, 16 dic 09 (CIMAC).- Los privilegios de la jerarquía católica en México sobreviven por encima de las leyes, por eso sorprende que desde el Congreso de los Diputados una voz exija el respeto y el fortalecimiento del amenazado Estado laico en el que vivimos.

Me refiero al histórico discurso de la diputada federal Enoé Margarita Uranga Muñoz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el punto de acuerdo para requerir al presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación, el cumplimiento del principio de laicidad que rige al Estado mexicano.

En tono firme, brillante y emotivo, la diputada Enoé, dio una lección de civismo y dignidad a sus colegas diputados. Expuso en la tribuna uno de los temas más escabrosos de nuestra débil democracia: las cotidianas violaciones a las leyes mexicanas por los ministros de culto. Y defendió los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.

La protección del Ejecutivo a la jerarquía católica se traduce en la impunidad de la que gozan los sacerdotes pederastas libres en territorio mexicano. Nunca el Estado ha exigido a los cardenales protectores de criminales sexuales con sotana, que abran sus archivos secretos para determinar el paradero y el camino que han seguido los delincuentes. Incluso sabiendo dónde se encuentran, las autoridades policíacas y judiciales han actuado como auténticas tapaderas de los crímenes más deleznables.

La complicidad del Ejecutivo con la jerarquía católica se basa también en las opacas finanzas que maneja la Iglesia. Nunca el Estado ha auditado sus dineros, ni fiscalizado la acumulación de riqueza que durante siglos, ha ostentado la Iglesia en México.

Más notable resulta la connivencia del presidente con los jerarcas católicos a la hora de mancillar nuestra Constitución. Cardenales, obispos y sacerdotes en general, violan de manera cotidiana el Estado laico interfiriendo en asuntos políticos, de orden electoral y promoviendo el voto a favor de los partidos que les otorgan beneficios inconfesables.

El despliegue de fuerzas ecuménicas para controlar las almas y los cuerpos de las y los mexicanos, es también una ostensible violación a nuestras leyes. La Iglesia se atribuye el derecho de defender la vida y condena a las mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo, pero olvida reprimir la pederastia en sus filas y encubre a los depredadores sexuales.

Su última cruzada, es la homofobia. La Iglesia ha condenado la homosexualidad a través del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio para la pastoral de los Agentes Sanitarios del Vaticano, quien declaró textualmente: “lesbianas, homosexuales, y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos. Tal vez, no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo… esto no lo digo yo, sino San Pablo”.

Olvidó señalar el purpurado nacido en Toluca, el texto de San Pablo que condena la diversidad sexual. Quizá se refería a la frase que incluye a los borrachos, maldicientes, ladrones y mentirosos. En tal caso, tampoco los ministros de culto se salvan.

El cardenal no especificó la forma celestial que utiliza para comunicarse con Pablo, ni la fecha en que el Santo enjuició a quienes viven plenamente su opción sexual. Dijo que “todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios”, pero Lozano Barragán olvidó hacer mención del texto incluido en la Biblia que sentencia la homosexualidad. Tal vez, prefirió no señalarlo porque en el sagrado libro, no existe ninguna condena explícita a la diversidad sexual incluyente como la vivimos hoy.

La homofobia cardenalicia enrarece la convivencia democrática de un país sometido al yugo eclesiástico corrupto y soberbio, muy alejado de las necesidades del pueblo. Es indigno que el cardenal Lozano Barragán exalte a un Dios tan distinto al de las sagradas escrituras que defiende el amor al prójimo por encima de las diferencias.

Los católicos sabemos que el mensaje de Jesús está centrado en la misericordia hacia el otro, algo muy alejado a la homofobia del propio Joseph Ratzinger, quien en su discurso de fin de año en 2008, criticó a los homosexuales por practicar la “negación de las leyes de la naturaleza”. Su beligerante oposición a las parejas del mismo sexo quedó registrada en 2003, en un documento de su autoría contra el “carácter inmoral” de las uniones de hecho.

Ratzinger y sus subordinados olvidan a los homosexuales existentes en la misma Iglesia. Prefieren perseguirlos y anularlos inútilmente. La curia romana, habituada a la negación, sigue defendiendo la premisa de: “Se vale ser homosexual, siempre y cuando escondas tus preferencias y no forniques”. Pero la institución viola la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cada vez que exhibe y fomenta la homofobia.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz se niega a aceptar la doble moral y el acoso de la Iglesia contra los derechos sexuales de todas las personas. En su lucha, la acompañamos los que defendemos el concepto de la no discriminación, la esencia misma de los derechos humanos.

Nadie debe ser excluido de la tierra ni del cielo por razones de opción sexual, raza o condición social. Nacemos libres e iguales y así debemos morir. Una Iglesia excluyente ofende a todos.

Sanjuana Martínez

Periodista

www.sanjuanamartinez.com

www.elboomeran.com

Cel: 0448115164757

MEXICO: Por los derechos sexuales...Enoe Uranga

Texto Integro del punto de acuerdo

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL REQUERIR AL CLERO CATÓLICO RESPETE ESTRICTAMENTE EL MARCO DE LAICIDAD, LAS LEYES MEXICANAS Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS GAYS, LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSGENEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA ENOÉ URANGA MUÑOZ

La suscrita, diputada federal Enoé Uranga Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere al Ejecutivo Federal demande públicamente al clero católico el cumplimiento de las leyes mexicanas empezando por su obligación de cumplir estrictamente el Principio de Laicidad que rige al Estado mexicano, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, según las siguientes

Consideraciones: Esta soberanía da inicio el día de hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación. Me refiero desde luego al fortalecimiento de nuestro Estado Laico, la Comisión responsable de ello revisa ya con toda seriedad este tema primordial para la democracia mexicana. En este marco, la iglesia católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques que buscan debilitar la calidad de dicha discusión política. Como parte de esa estrategia ha elegido como arma lo que para su virulenta destreza mejor funciona para crear confusión y desinformación: La promoción del estigma y el odio contra los distintos a sus decretos.

Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró que "lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos...” La frase completa que usó este violador de la ley fue: “Tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo… esto no lo digo yo, sino San Pablo”.

¿La dignidad del cuerpo? Dignificar al cuerpo es conocerlo y reconocerlo. Cuidarlo. Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. Un cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos: bien alimentado, bien dormido, bien cuidado y bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura de que ello es claro para todas y todos quienes tienen, como yo, la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor.

¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana yo sí me declaro culpable de lo que corresponda, me declaro culpable de amar, me declaro culpable de no estar dispuesta a dejar mi amor para otro siglo: no puedo, no quiero.

Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi laico placer.

Me declaro culpable de gozar y tener mis propios paraísos.

Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho, que ninguno de los universos a los que ya he ido y ninguno de los cielos a los que desde luego iré, serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido boleto VIP para alzar el vuelo. ¡Desde luego que no!!!

¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas??? ¿Al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, quien no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes Nazis? ¿Al cielo de donde fueron excomulgados Hidalgo, Morelos, y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron y asesinaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas sobre la infinitud del universo? ¿¿Quién quiere ir a un cielo sin Leonardo Da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Kahlo, sin Albert Einstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje, un cielo sin Marcel Marceau??? ¿De qué sirve ir a un cielo donde no se pueda reír?? dijo Lutero.

No sé si fuera verdad que como Lozano Barragán, el llamado “San Pablo” tuviera línea directa para hablar con dios o si fueran efectos de su conocida y severa sífilis los que le impulsaban (en caso de que sea cierto) a hacer tales afirmaciones, pero ojo diputados, porque esa misma “condena” -elemento que por lo demás no tiene nada de científico, de ético o legal, áreas en las que la convicción es: que lo que sucede cuando te mueres (aunque te llames Norberto o te apellides Lewinski) es que te mueres-. Esa “condena de no ir al cielo” aplica también y con toda puntualidad a los adúlteros y a los borrachos.

Se decreta que: “Las chicas buenas se van al cielo” ¡Qué su dios las cuide de los miles de curas acusados de violación, abuso y pederastia que (de existir) ya viven en ese cielo y de los miles que llegarán luego que su dios les llame a esa gloria!!! Las chicas buenas se van al cielo -qué su dios las cuide- … ¡las otras vamos a todos lados!

Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestros placeres y desde luego nuestros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil. Las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que “si la mujer no está, la democracia no va”.

Quienes creemos en que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el mejor valor de la sociedad está en su diversidad. Quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos, donde no tiene cabida la imposición absurda de “verdades únicas e incuestionables”, somos innumerables, quienes estamos comprometidos en esta idea de país, sin importar cual sea nuestra preferencia sexual.

Y hablo de los seres humanos, creyentes o no, que sabemos que elegir forma de vida es un derecho humano incuestionable, de aquellos que daremos la vida por defender y fortalecer el Estado Laico. Para que las mujeres y hombres del mañana se avergüencen de este presente (su pasado) en el que es aceptable la mortalidad materna en las comunidades indígenas, porque “si eres india no tienes alma” y debes ganarla a costa del sacrificio de no tener acceso a información objetiva y recursos que te permitan evitar la ya sabida condena aprendida de voz directa del cura del pueblo: “tu destino es tener los hijos que dios te mande”, aunque todos se mueran de hambre. De este presente donde es aceptable legalizar que si eres mujer tu destino es ser madre, así sea porque te violen; que si tienes una discapacidad seas objeto de compasión y se asuma que quien tiene un daño eres tú y no este país que no está diseñado para incluirte; o una política donde se argumenta (incluso en los debates legislativos) que si eres homosexual, eres “menos hombre”.

“Sea hombrecito”, “no se esconda en las faldas de las mujeres”, se ha gritado en esta tribuna desde el fundamentalismo vestido de izquierda. “Puto” se le canta a Calderón para descalificarlo. “Maricones” les dice la derecha a quienes se han aliado con la propia derecha.

Todos agravios violadores de la ley, todos discriminadores, todos ignorantes.

¿Qué estatura de hombre se requiere para ser abiertamente gay en un país en el que se te puede asesinar impunemente por ello? ¿Cuán “hombrecito” es quien profiere insultos homofóbicos desde el anonimato de las curules y en el amparo del fuero?

Es la iglesia. Es la herencia del sometimiento y genocidio de sociedades en la que esa institución se ha sostenido. Su poder -muy terrenal- depende de controlar las conciencias, de manipular a las sociedades desde sus relaciones políticas, mafiosas, de hacer vivir en la ignorancia y el miedo a los pueblos.

Las exhortaciones al odio construidas desde la iglesia católica auto-encargada de fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva. La misma Iglesia gestora, a lo largo de XX siglos, de guerras sangrientas, crímenes de Estado y del retroceso científico y cultural de la humanidad que motivaron que Borges dijera: “El infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego”.

Quisiera que se entienda que no es mi intención ofender una fe o creencias. Tengo (como la mayoría de los católicos mexicanos) la convicción de que su espiritualidad va más allá de lo que dicte un mal intencionado político religioso. Políticos del Vaticano, como Barragán y Ratzinger (ambos voceros de ¿dios? por poder propio), tienen en su historial actos en los que ha quedado en entredicho su honestidad y compromiso con la vida. Han sido omisos, encubridores y cómplices de diversos delitos y delincuentes. Pero, independientemente de ello, ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país.

Por enésima vez, y por encima de la ley, la iglesia Romana pretende controlar el cuerpo de las personas, manipular las conciencias a través de la amenaza inasible de la condena divina. Espero que en esta ocasión para esta soberanía sea claro que no será el representante de un estado injerencista el que me venga a insultar y amenazar impunemente en territorio mexicano.

No está de más señalar que la homofobia es una enfermedad que tiende a padecer continuamente la alta jerarquía y gran parte del clero católico y que debe ser tratable, ya que afecta los derechos de terceros. En lo que se refiere a los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, los cuales tienen como característica ser universales, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, inviolables e intransferibles, de manera que su ataque repercute en los demás aspectos de la vida de las personas, a quienes les toca determinar libremente su preferencia sin ser molestados en su privacidad, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros.

El clero quiere destruir nuestra cultura laica y cuenta con cómplices en la política institucional: ahí están las quemas de libros en Guanajuato, lideradas por diputados con el silencio complaciente del ejecutivo local y federal. Ante los ataques sistemáticos de que es objeto el Estado Laico (empezando por las vergonzosas declaraciones hechas por el propio Presidente de la República), no nos sorprendamos de la pretensión ya anunciada de que esos dogmas sean trasladados al terreno de las leyes como en el pasado. La consigna de presionar al jefe del Ejecutivo para que éste quebrante el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias y asigne privilegios y poder indebidos a la jerarquía católica, es un asunto que no se debe perder de vista. Es inadmisible que el Gobierno federal permanezca pasivo ante las declaraciones del legado papal.

No permitamos que usen su basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastornar el fortalecimiento del Estado Laico. La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero al que este señor sirve, como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano que es el que nos estructura y, por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo de México.

Dicha declaración no es un acto aislado ni fortuito, sino que responde a una embestida, claramente planteada desde el Estado Vaticano y que tiene por objeto controlar al mayor número de gobiernos de la región, sojuzgando a quienes se aparten de sus dogmas fundamentalistas y preceptos eclesiásticos, pues su poder depende del control de cuerpos y mentes, y ello atenta contra la dignidad de las personas.

Así, el control sobre las libertades de las personas finalmente esconde una disputa del poder al Estado mexicano, quien históricamente ha sido objeto de los intereses económicos y políticos del Estado Vaticano. Es necesaria la firmeza que le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para mantener las relaciones con las distintas asociaciones religiosas en un comportamiento dentro del marco de respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación debe hacer un apercibimiento o aplicar la sanción correspondiente ante estas intromisiones en los asuntos internos del país por parte de estos representantes del Estado Vaticano, que constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución Política y un desafío al Estado laico.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Propuesta con

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- Se requiere a la Presidencia de la República demande públicamente a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y en particular, a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el Principio de Laicidad que rige al Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica alguna; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.

SEGUNDO.- Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley, e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor a los treinta días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.

Dado en el Salón de sesiones, a 08 de diciembre de 2009

Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz

Mas información: http://www.enoeuranga.info/

México: Surge frente para contener las embestidas contra el Estado laico

Andrea Becerril para La Jornada,
Domingo 20 de diciembre de 2009, p. 3

Para hacer frente a los intentos cada vez más frecuentes de los gobiernos panistas de pasar por encima de la Constitución y avanzar hacia un régimen confesional, un grupo de legisladores, políticos, académicos e intelectulales –entre ellos el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente– constituyó Ciudadanos en Defensa del Estado Laico.

Es un grupo que va creciendo todos los días; hoy tenemos alrededor de 400 afiliados, comentó la senadora priísta María de los Ángeles Moreno. La intención, agregó, es preservar la separación entre el Estado y la Iglesia, que se logró luego de luchas sangrientas.

Preocupa al grupo la preservación del Estado laico ante las muchas violaciones a ese principio, que se han dado desde 2000, detalló. Entre esas transgresiones están la decisión del gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, de otorgar 90 millones de pesos del erario a la construcción de un nuevo santuario cristero y las marchas al cerro del Cubilete que encabeza el mandatario de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, añadió.

Criticó la penalización del aborto y la persecución contra quienes se oponen a su criminalización. Aseveró que no se trata de la libre decisión de los diputados o los gobernadores, porque sabemos que en realidad detrás está actuando, con la fuerza que tiene, el clero católico.

Corremos riesgo

Defensora férrea del Estado laico –lo define como su monotema–, Moreno cuestionó al próximo gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, durante su comparecencia el lunes pasado en el Senado, por la decisión oficial de incluir en el nuevo billete de 200 pesos un estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Criticó también el jueves pasado al gobernador priísta del estado de México, Enrique Peña Nieto, por haber anunciado ante el Papa que pronto contraerá matrimonio con la actriz Angélica Rivera. No tendría por qué mezclarse la vida privada con la oportunidad de ser candidato, y mucho menos involucrar creencias personales con políticas públicas, expresó.

Ciudadanos en Defensa del Estado Laico, en el que participan también los senadores Rosario Green y Pedro Joaquín Coldwell, llevará a cabo foros, encuentros y otras actividades para reivindicar la importancia de preservar ese régimen constitucional.

Vamos a denunciar las violaciones y a alertar a la ciudadanía, ya que en el momento en que un gobierno que debe gobernar para todos, respetando la diversidad, adopta una línea de conducta porque su propia fe, o sus compromisos, implican favorecer a determinada corriente, ahí empezamos a correr riesgo todos los que no pensemos igual.

Explicó que un Estado laico, justamente por no adoptar una consigna, un credo, puede proteger los derechos de todos a creer, a no creer y a practicar lo que mejor les convenga dentro de la ley.

Las guerras en el siglo XIX, “tan sangrientas, se dieron en gran medida porque había un clero católico que intervenía en prácticamente todos los asuntos civiles (...) y con ello ejercía un poder enorme en el conjunto social.

Benito Juárez, que era un católico creyente, firme, y los demás liberales, los héroes de la Reforma, entendieron que había que hacer una separación entre el Estado y las iglesias y dejar asentado muy claramente qué le corresponde al Estado y qué, en todo caso, hoy que están reconocidas legalmente, a las organizaciones religiosas.

El laicismo es un principio que ha salvaguardado la vida política, la paz entre los mexicanos y el crecimiento de diferentes formas de pensar y de expresarse, abundó.

Respecto al cambio en 18 constituciones locales, en las que el PAN y el PRI aprobaron penalizar el aborto, la senadora priísta dijo que ese debate no era de su partido, ya que éste lo tuvo siempre resuelto a partir de dejar esos temas en la libertad de conciencia.

Sobre el aborto la gente en México opina de una manera o de otra y, si no la fuerzan, como está ocurriendo ahora, a tomar decisiones que afectan a los demás, pues lo expresa en privado y no pasa nada. El problema es que se está trasladando a leyes y ahí ya nos afecta a todos.

Advirtió que tampoco está de acuerdo con lo que pasa ahora en las entidades donde se persigue a los que se oponen a la penalización del aborto. He estado siempre en favor de los derechos de avanzada de las mujeres y no puedo aceptar que se les carguen un estigma y las metan a la cárcel por una decisión personal.

Ley de Paternidad Responsable en Chiapas aumentará muertes maternas y violencia de género, aseguran ONG

Ángeles Mariscal, Corresponsal, La Jornada, Domingo 20 de diciembre de 2009, p. 27

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de diciembre. La Ley de Paternidad Responsable aprobada recientemente por el Congreso estatal creará una serie de incongruencias jurídicas al dar identidad a las personas desde la fecundación y criminalizar el uso de métodos anticonceptivos, la concepción asistida, la eutanasia y la investigación con óvulos, dijeron agrupaciones feministas y defensores de derechos humanos.

Los diputados locales aprobaron la nueva ley sin consulta pública, plegándose a los preceptos de la Iglesia católica, que de entrar en vigor hará incrementar los casos de muerte materna y violencia de género pues limita el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, afirmaron.

Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, y al menos una docena de impulsores de los derechos humanos y sexuales femeninos, advirtieron que de continuar el proceso pa- ra que se promulgue la ley, llevarán el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Está científicamente demostrado que el cigoto no es una persona, y es incongruente que con esta ley hasta derechos sucesorios tengan esas células, explicaron al referirse a la reforma constitucional y legal, que de aprobarse por los ayuntamientos chiapanecos y publicarse en el Periódico Oficial daría identidad y derechos a las personas desde la fecundación hasta la muerte.

Añadieron que la entidad ocupa el primer lugar nacional en defunciones maternas y feminicidios, porque gran porcentaje de las mujeres chiapanecas son sometidas y abusadas y se les considera con menos derechos que los hombres, lo que ahora, con esta ley tendrán menos oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo.

Desecha comisión de puntos constitucionales michoacana iniciativa contra Derecho a Decicir

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 18 dic 2009 (CIMAC).- La iniciativa de reforma al Articulo primero constitucional del estado de Michoacán que pretende proteger la vida desde el momento de la “concepción” (sic), fue dictaminada como “no ha lugar” por la Comisión de Puntos Constitucionales del congreso estatal, sin embargo aún no se presenta ante el pleno para que las y los diputados la desechen definitivamente o la turnen a otras comisiones.

Así lo indicó en entrevista la psicóloga Lucero Circe López Riofrío, directora de la asociación civil “Humanas”, quien refirió que las michoacanas “están muy contentas” por el triunfo de esta primera etapa del dictamen pues la iniciativa panista pretende violentar el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria.

La iniciativa fue presentada al Congreso local en abril pasado por el diputado Francisco Morelos Borja, del Partido Acción Nacional (PAN), grupo político que, en la mitad del país, ha presentado y aprobado leyes que criminalizan a las mujeres que deciden abortar.

La negativa hacia el dictamen se acordó el 10 de diciembre en una junta de la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que se presente al pleno en las primeras sesiones del siguiente periodo para que las y los diputados decidan, por votación, si la iniciativa se desecha o se turna a otras comisiones para que sea dictaminada nuevamente.

Cabe destacar que la iniciativa panista únicamente se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales integrada por los diputados del PAN Samuel Arturo Navarro Sánchez y José Antonio Valencia Salas, también por Jaime Rodríguez López del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Desiree Molina Aguilar del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Convergencia, Luis Manuel Antúnez Oviedo.

En entrevista con Cimacnoticias, la maestra Rubí de María Gómez Campos, ex directora del Instituto de las Mujeres en Michoacán, explicó que la diputada Molina Aguilar y los diputados Manuel Antúnez y Jaime Rodríguez, votaron en contra de la iniciativa dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo los dos panistas que también integran la comisión, pretenden presentar un dictamen aprobatorio de minoría, posibilidad que, dijo, no es legal.

Tras ocho meses de lucha por echar atrás la iniciativa panista, Gómez Campos, coincidió con Lucero López en que el dictamen que rechaza la reforma antiaborto “es un pequeño avance”. Sin embargo, apuntó, habrá que esperar la decisión del pleno del Congreso para que la deseche o sea turnada a otras comisiones.

La iniciativa panista que fue dictaminada como “no ha lugar” pretendía cerrar toda la posibilidad de aborto en el estado, incluso en los casos excepcionales como la violación, riesgo de vida de la madre, grave daño a la salud, e imprudencial o culposo.

Las entrevistadas manifestaron su preocupación de que Michoacán ocupe el tercer lugar en el país en la práctica de abortos inseguros y por ello, aclararon que seguirán en su lucha para que su estado alcance los logros del Distrito Federal en materia de despenalización del aborto.

Lo anterior puesto que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese estado, se realizan cada año alrededor de 3 mil abortos, de los que aproximadamente 700 terminan con la muerte de la mujer (Cimacnoticias 23 abr 09).

Lucero López concluyó que la derecha quiere hacer todo lo posible para criminalizar a las mujeres que abortan y pasar por encima de sus derechos pero “nosotras seguimos en nuestra lucha y queremos más”.

Paraguay: Representantes de grupos religiosos agreden a feministas

Por Marta Escurra

Encarnación, Paraguay, diciembre (SEMlac).- Activistas religiosos agredieron verbal y físicamente a activistas de la organización feminista Kuña Roga , en guaraní Casa de las Mujeres, que organizó el cierre de la campaña por los 16 días por la no violencia hacia la mujer en la ciudad de Encarnación, a unos 370 kilómetros al sur de Asunción, la capital.

El cierre consistió en una audiencia pública sobre el proyecto de ley de Salud Sexual, Reproductiva y Perinatal, al cual estuvieron invitados activistas feministas, sectores religiosos e interesados en general, convocados en el Centro de Arte Municipal de esta ciudad.

Al mismo asistió el proyectista y el senador Carlos Filizzola, quien al principio quiso referirse al tema pero fue impedido de continuar su exposición ante los gritos y silbidos de los sectores conservadores. Las agresiones verbales fueron subiendo de tono hasta llegar a empujones, golpes y puñetazos contra las organizadoras.

Miriam Moragas, coordinadora por Paraguay de la "Campaña de los 16 días", comentó a SEMlac que, lastimosamente, el cierre del evento transcurrió en un "clima muy hostil, de falta de respeto, gritos e insultos". Acusó a Miriam Jure, de la Asociación por la Familia, de arrebatar a la moderadora Isolina Centeno la lista de oradores y oradoras para destrozarla. Luego, golpeó con un micrófono a la comunicadora Romina Báez, de la Radio Comunitaria Ciudad Nueva de la ciudad de Encarnación.

Por su parte, Miriam Jure dijo a SEMlac "ahora no estoy en condiciones de dar detalles de lo sucedido porque estoy en mi trabajo. Pero no sucedió nada raro, no hubo agresiones, yo no agredí a nadie, muchas gracias".

Al respecto, Moragas opinó para SEMlac que este hecho "nos dice que no hay apertura para discutir en un marco de respeto, no hay apertura para debatir los argumentos. Aceptamos que no puedan estar de acuerdo, pero lo hacemos desde una posición democrática. No vamos a entrar en una batalla legal con ellos, pero lo que queremos, más que todo, es denunciar quiénes son y qué están haciendo".

En su momento, el senador Filizzola también lamentó el incidente en el cual tuvo que intervenir el equipo de seguridad de la Policía Nacional. "A mí me preocupa esta intolerancia. Esto es lamentable, me recuerda la época de la dictadura en la que uno, por pensar diferente, era agredido, torturado, preso o terminaba como tumba NN. Estamos en un estado laico y no podemos legislar a través de dogmas religiosos", declaró a SEMlac el parlamentario.

Agregó que su proyecto ya tiene un año de aplazamiento porque en el Parlamento también existen influencias de "estos sectores fundamentalistas que evidentemente han sido muy influyentes cuando se rechazó su tratamiento la vez anterior. Hasta hoy —el proyecto— no tiene ni un solo dictamen y lo mismo ocurre con otros similares".

Filizzola explicó que el principal problema que existe es la confusión porque lo acusan de elaborar una ley abortista y a favor de los matrimonios gays. "En ningún momento se plantea eso", argumentó a SEMlac.

Finalmente Moragas dijo que es una paradoja cerrar 16 días de activismo con un bochornoso espectáculo de violencia que no aporta nada al crecimiento de la sociedad.

República Dominicana: Críticas en Consejo de Derechos Humanos

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, diciembre (Especial de SEMlac).- Diciembre ha comenzado intenso para República Dominicana donde, aparte de muchas lluvias y mucho calor, la sociedad civil obtuvo victorias al conseguir, después de una movilización popular sin precedentes, que el gobierno diera marcha atrás a la concesión de una zona privilegiada del país para que un consorcio minero instalara una contaminante cementera.

La acción popular forzó a que el Ejecutivo pidiera el juicio de una comisión de expertos de Naciones Unidas, cuyo informe desaconsejó ese proceso, para regocijo de sectores aferrados a la defensa del ambiente y las aguas.

Mientras, alrededor de la fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el consejo que observa y supervisa su implementación, reunida en Ginebra, acaba de conocer el Informe de unas 100 páginas de República Dominicana, al cual 38 naciones le formularon interrogantes, observaciones, críticas y recomendaciones.

Entre los temas primordiales estuvieron la sanción total de las interrupciones de embarazo y su relación con la mortalidad materna, la discriminación de las personas migrantes procedentes de Haití, las ejecuciones extrajudiciales practicadas en presencia policial, el tratamiento a gays y lesbianas y la violencia de género.

Además del informe oficial del país, la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud, con apoyo de otras fuerzas del movimiento de mujeres, presentó un "informe sombra" o alternativo que responde al mismo tema, con una mirada diferente, que ya es común en estos foros internacionales.

Zobeida Cepeda, abogada entrenada en la dinámica del sistema de Naciones Unidas, interesó a numerosas representaciones diplomáticas en Ginebra sobre los problemas reales de la sociedad dominicana, en particular de las mujeres.

Fuentes consultadas por SEMlac asumen diferentes posiciones, algunas extremas, respecto al proceso que acaba de darse en Suiza. Para Dense Paiewonski, vicepresidenta de la Colectiva Mujer y Salud, ni las preguntas ni las recomendaciones tendrán ningún saldo positivo, como no sea el de apuntalar la complicidad gubernamental con la iglesia y determinados sectores y funcionarios del país.

Su escepticismo e incredulidad difieren, sin embargo, con el criterio de la colega y abogada feminista Susi Pola, respecto a lo acontecido en Ginebra.

"Los reportes de lo allí ocurrido son excelente material para que hagamos conciencia, con el pueblo dominicano y su dirigencia, de que los asuntos de las mujeres como ciudadanas, y del género en general, son motivo para cuestionar a los países en niveles internacionales: eso significa que no se puede decidir sobre nosotras sin que haya consecuencias universales."

En el foro, la representación de los Países Bajos hizo referencia al alto índice de mortalidad materna y la gran cantidad de muertes de mujeres por causa de abortos clandestinos, en tanto la delegación de Eslovenia significó que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, aun en aquellas que atentan contra la salud y la vida de las mujeres.

España expuso, por su parte, que "la práctica de abortos clandestinos atenta contra la vida de gran cantidad de mujeres", y planteó la necesidad de que se garantice, mediante medidas legislativas, el aborto en condiciones de salud e integridad física y mental, especialmente de las adolescentes que cursan embarazos no deseados.

Entre otros temas que involucran a República Dominicana, Eslovenia planteó la existencia de leyes que perpetúan la discriminación basada en el género respecto a la seguridad social, el derecho a la propiedad, el acceso a los puestos de trabajo y la situación de las madres solas.

Francia, Canadá, Bélgica y Estados Unidos hicieron preguntas y sugerencias sobre la discriminación contra nacionales haitianos y personas domínico-haitianas; el acceso de esta población a servicios de salud, educación, justicia y documentación de identidad.

Alentaron a ratificar la convención internacional de protección a todos los trabajadores migrantes y sus familiares, a crear marcos jurídicos adecuados y a desarrollar políticas y prácticas no discriminatorias contra las personas migrantes.

Reino Unido enfatizó en la necesidad de capacitar a agentes del orden en temas de derechos humanos, al expresarse sobre matanzas ilegales, que aquí llaman "intercambio de disparos" en ausencia de investigaciones transparentes e independientes.

Hubo un reclamo al país para desarrollar programas de no discriminación contra nacionales haitianos, personas con discapacidad, mujeres y GLBT (gays, lesbianas, transgénero y transexuales). Zobeida Cepeda dijo que, a su entender, "es la primera vez que un organismo de la ONU da sugerencias de este tipo al país".

"Francia cuestionó, además, los arrestos arbitrarios, la impunidad a los responsables, la falta de capacitación para atender la violencia doméstica. Alentó a ratificar la convención contra la tortura y a crear un mecanismo nacional de derechos humanos", relató Cepeda.

Otros puntos tratados aludieron a la necesidad de aumentar los esfuerzos para combatir la explotación sexual contra mujeres y niñas (Italia) y de reducir el tráfico de mujeres y niñas (Eslovenia).

El reporte definitivo del Consejo de Derechos Humanos respecto a República Dominicana se conocerá en marzo de 2010, con una revisión de lo sucedido con las 74 recomendaciones, de las cuales el representante oficial dijo que adoptaban 43 y estudiarán las 31 restantes.

Recomendaciones rechazadas; un nuevo terreno de acción

Para Lourdes Contreras, académica y figura reconocida en el movimiento progresista dominicano, la posición del Consejo de Derechos Humanos no tendrá mayores repercusiones porque habrá interés oficial en que así sea.

"Pienso que, una vez más, se hacen evidentes incapacidades del Estado dominicano frente a la defensa de los derechos humanos, y las incoherencias de su práctica ante la necesidad de un sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres", dijo a SEMlac, lo que en su opinión se expresa "en la evasión a considerar las raíces culturales del problema, el fraccionamiento desde el que actúan las instancias llamadas a ser garantes de derechos".

Respecto a qué hacer hacia el futuro, la directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo subrayó: "Entiendo que para las organizaciones sociales en el país, están aquellas consideraciones del Informe que no resultaron del agrado de la delegación oficial, en especial las relacionadas con la impunidad frente a las ejecuciones extrajudiciales como práctica institucionalizada de la Policía Nacional, y la defensa de los derechos humanos de las personas con indefinido estatus legal, lo que tiene graves consecuencias en la trata y el tráfico de personas".

USA: Jumpstart Ratification of Women’s Rights Treaty

On 30th Anniversary, Progress Flagging on Obama’s Pledge of Support
NEW YORK - December 18 - The Obama administration and the US Senate should step up their efforts to secure US ratification of the global women's rights treaty, Human Rights Watch said today.
The continued failure of the Senate to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), which was adopted by the United Nations General Assembly on December 18, 1979, deprives women in the US of the full protection of their rights, Human Rights Watch said.
"For 30 years, this treaty has helped women around the world secure basic rights and equal status," said Meghan Rhoad, women's rights researcher at Human Rights Watch. "It's way past time for the US to come on board. President Obama promised he'd push for ratification, and it's time for the administration and the Senate to deliver on that commitment."
The treaty has been ratified by 186 countries. Only the United States, Iran, Sudan, Somalia, Palau, Nauru and Tonga have not ratified it. President Jimmy Carter signed the treaty in 1980, and the Senate Foreign Relations Committee has twice voted favorably on the treaty, but the full US Senate has never voted on it, due in part to scheduling difficulties. To advance the process, President Obama should publicly press the Senate to begin considering the treaty and the Senate should schedule hearings and move toward a vote, Human Rights Watch said.
Ratification would provide a powerful new tool to address areas in which women in the US face discrimination. The treaty outlines government responsibilities to eliminate discrimination in all spheres, including the workplace, where US women currently earn 77 cents for every dollar earned by men and have no legal guarantee of paid parental leave. Joining CEDAW would also mean that the US government would periodically review progress made on issues like violence against women and participate in a dialogue with a UN committee of experts on ways to improve policies and programs.
Human Rights Watch said that ratifying the treaty would also boost US efforts to improve the status of women internationally by adding to US credibility as a global leader on women's rights and by lending US support to the treaty's standards of non-discrimination.
"Too many women in the US struggle with discrimination in the workplace, bias in health insurance, and official indifference to domestic violence," Rhoad said. "Ratifying this treaty can help ensure that important progress on women's rights over the past decades will continue. There is no excuse for inaction on this issue."
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Human Rights Watch is one of the world's leading independent organizations dedicated to defending and protecting human rights. By focusing international attention where human rights are violated, we give voice to the oppressed and hold oppressors accountable for their crimes. Our rigorous, objective investigations and strategic, targeted advocacy build intense pressure for action and raise the cost of human rights abuse. For 30 years, Human Rights Watch has worked tenaciously to lay the legal and moral groundwork for deep-rooted change and has fought to bring greater justice and security to people around the world.
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Being anti-life in defense of pro-life

Nelson affirms the old saw about caring about the beginning and end of life -- but little in between

Thomas Schaller for Salon.com, Dec. 18, 2009 |

I'm sure you're familiar with the critique of the so-called "pro-life" movement as a group of people interested in protecting life at conception and on the death bed but caring little for what happens during the long stretch of life in between. Well, this morning Matt Yglesias reminded us that Nebraska Sen. Ben Nelson's resistance to the healthcare reform's abortion provisions epitomizes this hypocrisy.

Yglesias' words are best left unaltered:

Providing prenatal services to pregnant women is a pro-life gesture by any stretch of the imagination. As is providing health insurance to young children. As we saw the other day, uninsured children are over three times more likely to die from their trauma-related injuries than are commercially insured children, even after adjustment for other factors such as age, gender, race, injury severity and injury type.

But Nelson won’t let those lives be saved unless the bill is modified in an insulting and discriminatory way. And part of the insanity of it is that the actual impact on the number of abortions in America is going to be tiny. Middle-class women will be able to pay for abortions out of pocket, and the “Hyde Amendment” status quo already screws poor women. But it’s a nice symbolic dig at pro-choice America, and a further means of stigmatizing reproductive health services as somehow not real health care. And Nelson, Bart Stupack, and various bishops love the idea of holding the whole package hostage to this point, since I guess the dead kids with trauma injuries will go to heaven anyway or something.

Nice.

-- Thomas Schaller

USA: Abortion roster is blocked

Women's medical information will not be posted online in Oklahoma -- for now

By Tracy Clark-Flory, for Salon.com (USA: Abortion roster is blocked) Dec. 19, 2009 | Oklahomans who believe in a little thing called the "right to privacy" can breathe a big sigh of relief, for now. Late Friday, a judge extended a temporary restraining order against a bill that would publish online extensive details about women's abortions. Now, enforcement of the law will be set aside until a February 19 hearing on its constitutionality, thanks to a lawsuit by the Center for Reproductive Rights. In a press release, staff attorney Jennifer Mondino said the organization is "very pleased with today’s ruling" because "women in Oklahoma should not have to jump through hoops to access legal medical care."

The loathsome law, which we've written about before, requires women to fill out a highly personal 10-page questionnaire before they terminate a pregnancy. In particular, the cross-examination focuses on the reason for the woman's decision to have an abortion. Answers are then posted anonymously on a state Web site that can be accessed by anyone -- next-door neighbors, parents, friends, you name it. Despite the results showing up without a name or address attached, it's still possible -- especially in a small town -- for women's identities to be discovered. Even the most amateur of detectives could visit the site and put together the various puzzle pieces -- age, marital status, race and approximate gestational age of the (note the bill's wording here) "unborn child subject to abortion."

The measure's anti-abortion bent is clear, but proponent Sen. Todd Lamb insists it's just a way to "collect hard data that can be a useful tool in helping prevent future unwanted pregnancies." But, as Linda Meek, executive administrator of the Tulsa clinic Reproductive Services, brilliantly told NPR, "If they want to reduce the number of abortions, then they need to concentrate on educating women about preventing unwanted pregnancies, educating them about emergency contraception, birth control -- and making birth control more accessible." Yes, if only they were actually interested in education and prevention.

-- Tracy Clark-Flory

La cumbre de Copenhague sobre el clima o El traje nuevo del emperador

por Amy Goodman para Democracy Now!

Dinamarca es el país del reconocido escritor de libros infantiles Hans Christian Andersen. Copenhague está lleno de lugares históricos en los que Andersen vivió y escribió. La Sirenita es uno de sus cuentos más famosos y fue publicado en 1837, el mismo año en que se publicó El traje nuevo del emperador.

Mientras la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP 15, ingresa en su última semana y más de 100 líderes mundiales llegan a la ciudad en medio de crecientes protestas, la idea de que surja un acuerdo vinculante de esta conferencia parece cada vez más un cuento de hadas.

La realidad es más cruda. Las negociaciones han fracasado varias veces, con divisiones entre el norte global, o los países industrializados, y el sur global. Estados Unidos lidera a los países del norte. Es el mayor contaminador del mundo en términos históricos y lidera la lista en cuanto a emisiones de carbono per cápita. Entre las naciones del sur hay varios grupos, como los países menos desarrollados o PMD, las naciones africanas y los países de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (APEI). Se trata de lugares donde millones de personas viven en constante peligro, afectadas de manera directa por el cambio climático y teniendo que lidiar con sus efectos, desde ciclones hasta sequías, erosión e inundaciones. Tuvalu, cerca de Fiji, y otras naciones insulares, por ejemplo, están preocupadas de que el creciente aumento del nivel del mar borre a sus países del mapa.

Nuevos conceptos sobre esta crisis están surgiendo en la COP 15. La gente habla de justicia climática, de deuda climática y de refugiados climáticos. La científica y activista india Vandana Shiva fue una de las oradoras de la manifestación por justicia climática realizada el sábado en Copenhague, en donde participaron 100 mil personas. Después de su discurso le pedí que respondiera al negociador sobre clima de Estados Unidos, Jonathan Pershing, quien dijo que el gobierno de Barack Obama está dispuesto a pagar la parte que le corresponde, pero agregó que los donantes no tienen fondos ilimitados para desembolsar. Shiva respondió: Creo que es hora de que Estados Unidos deje de verse a sí mismo como donante y comience a reconocerse como contaminador; un contaminador debe pagar una compensación por los daños y debe pagar su deuda ecológica. No se trata de caridad. Se trata de justicia.

Shiva continuó diciendo: “Un refugiado climático es alguien que fue arrancado de su hogar, de la tierra que es su sustento, por la inestabilidad climática. Podría tratarse de personas que han tenido que dejar su agricultura debido a la sequía prolongada. Podría tratarse de comunidades en los Himalayas que están teniendo que abandonar sus aldeas, ya sea debido a que las inundaciones repentinas están haciendo desaparecer sus aldeas o a que las corrientes de agua están desapareciendo (…) Podría tratarse de las víctimas de un ciclón, 30 mil en una oportunidad, 100 mil en otra. Nunca regresan a su lugar”.

Tanto dentro como fuera de la cumbre hay una gran diversidad de organizaciones no gubernamentales, desde delegaciones de pueblos indígenas hasta grupos ambientalistas y de jóvenes. Sus esfuerzos, de diverso tipo pero coordinados, han consolidado un nuevo movimiento, uno por la justicia climática. Hay amplio consenso entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sur global de que cualquier acuerdo que surja del proceso de la ONU debe ser justo, ambicioso y vinculante.

Según informan desde Naciones Unidas, el propio Bella Center, donde se está desarrollando la cumbre, tiene su capacidad sobrepasada. Miles de personas hacen cola todos los días en el frío, esperando en vano ingresar a al Centro de la Bestia. Miles más, de las ONG, están teniendo el acceso restringido, aparentemente para dejar lugar a los jefes de Estado que están de visita, sus séquitos y sus guardias de seguridad.

Fuera de la conferencia, Copenhague sufre una represión policial sin precedentes, con la mayor y más cara operación de seguridad en la historia de Dinamarca. Más de mil 200 personas fueron arrestadas el fin de semana, y en el momento en que se publica esta columna se están denunciando los arrestos selectivos de organizadores de las protestas y redadas policiales en los espacios de convergencia de protesta pública. Las tácticas policiales de mano dura le dan otro significado a la COP 15.

Al finalizar la marcha del sábado, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu habló en una vigilia por los niños, organizada por el grupo Avaaz.org : “El cambio climático ya es una grave crisis hoy en día. Pero podemos hacer algo al respecto. Si no lo hacemos… si no lo hacemos, no habrá mundo para dejarles a ustedes, esta generación. Ustedes no tendrán un mundo. Se estarán ahogando. Se estarán quemando en la sequía. No habrá alimentos. Habrá inundaciones. Solamente tenemos un mundo. Si lo arruinamos, no hay otro. Y quienes piensan que los ricos van a escapar, ¡ja, ja, ja! O nadamos o nos hundimos juntos”.

Luego le pregunté al arzobispo Tutu si pensaba que el presidente Barack Obama estaba avanzando en propuestas para solucionar el cambio climático. Respondió: Esperemos que sí. Su elección le dio mucha esperanza al mundo. El otro día dije que ahora él tiene un Premio Nobel; debe hacerle honor a su premio. El propio arzobispo Desmond Tutu ganó el Premio Nobel de la Paz.

La semana pasada, mientras la estatua de hielo del oso polar se derretía en el centro de la ciudad, revelando poco a poco el esqueleto de dinosaurio que estaba oculto dentro, una pequeña réplica de hielo de la famosa estatua La Sirenita de Copenhague se derretía frente al Bella Center. Ahora ya no queda nada de ella. Obama está haciendo su segundo intento de ganar un premio en Copenhague, luego de la vergüenza de los fallidos Juegos Olímpicos de Chicago. A menos que utilice la nueva definición de la Agencia de Protección Ambiental, de que el dióxido de carbono es una amenaza a la salud pública, para lograr un acuerdo justo, ambicioso y vinculante quizá veamos la obra de Hans Christian Andersen El traje nuevo del emperador representada en el escenario mundial.

(Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna)
© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Immigration Police Are Keeping Secret Jails on U.S. Soil

By Jacqueline Stevens, The Nation
December 19, 2009.

"If you don't have enough evidence to charge someone criminally but you think he's illegal, we can make him disappear." Those chilling words were spoken by James Pendergraph, then executive director of Immigration and Customs Enforcement's (ICE) Office of State and Local Coordination, at a conference of police and sheriffs in August 2008. Also present was Amnesty International's Sarnata Reynolds, who wrote about the incident in the 2009 report "Jailed Without Justice" and said in an interview, "It was almost surreal being there, particularly being someone from an organization that has worked on disappearances for decades in other countries. I couldn't believe he would say it so boldly, as though it weren't anything wrong."

ICE agents regularly impersonate civilians--OSHA inspectors, insurance agents, religious workers--in order to arrest longtime US residents who have no criminal history. Jacqueline Stevens has reported a web-exclusive companion piece on ICE agents' ruse operations.

Pendergraph knew that ICE could disappear people, because he knew that in addition to the publicly listed field offices and detention sites, ICE is also confining people in 186 unlisted and unmarked subfield offices, many in suburban office parks or commercial spaces revealing no information about their ICE tenants--nary a sign, a marked car or even a US flag. (Presumably there is a flag at the Veterans Affairs Complex in Castle Point, New York, but no one would associate it with the Criminal Alien Program ICE is running out of Building 7.) Designed for confining individuals in transit, with no beds or showers, subfield offices are not subject to ICE Detention Standards. The subfield office network was mentioned in an October report by Dora Schriro, then special adviser to Janet Napolitano, secretary of Homeland Security, but no locations were provided.

I obtained a partial list of the subfield offices from an ICE officer and shared it with immigrant advocates in major human and civil rights organizations, whose reactions ranged from perplexity to outrage. Andrea Black, director of Detention Watch Network (DWN), said she was aware of some of the subfield offices but not that people were held there. ICE never provided DWN a list of their locations. "This points to an overall lack of transparency and even organization on the part of ICE," said Black. ICE says temporary facilities in field or subfield offices are used for 84 percent of all book-ins. There are twenty-four listed field offices. The 186 unlisted subfield offices tend to be where local police and sheriffs have formally or informally reached out to ICE. For instance, in 2007 North Carolina had 629,947 immigrants and at least six subfield offices, compared with Massachusetts, with 913,957 immigrants and one listed field office. Not surprisingly, before joining ICE Pendergraph, a sheriff, was the Joe Arpaio of North Carolina, his official bio stating that he "spearheaded the use of the 287(g) program," legislation that empowers local police to perform immigration law enforcement functions.

Read more : The Nation

Violó el Estado mexicano derechos de 3 asesinadas en Juárez: Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana ordena a autoridades reparar el daño y castigar a culpables

Emir Olivares Alonso, Periódico La Jornada. Viernes 11 de diciembre de 2009, p. 3

El Estado mexicano violentó los derechos –consagrados en tratados internacionales– a la vida, la integridad y la libertad personal; a la no discriminación, y de acceso a la justicia y protección judicial, así como las garantías de los niños, en perjuicio de tres mujeres –dos menores de edad–, cuyos cuerpos fueron hallados en noviembre de 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de sus familiares, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Son delitos por los que el Estado mexicano tendrá que reconocer públicamente su responsabilidad internacional, aseguró el tribunal interamericano.

La CIDH emitió una sentencia contra México en la que ordena que las autoridades del país reparen el daño, investiguen los crímenes y procesen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales.

También deben emprender indagatorias respecto a la violencia sexual en Chihuahua y divulgar la información sobre el caso, así como indemnizar a los deudos e investigar los hostigamientos contra familiares de las víctimas.

El fallo –que es definitivo e irrevocable, por lo que el gobierno mexicano está obligado a cumplirlo– señala que Claudia Ivette González Banda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal fueron víctimas de homicidios por razones de género, en un contexto de violencia contra las mujeres en Juárez.

En noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres asesinadas en un lote que se conoció como campo algodonero. Sólo fueron identificados tres cadáveres. Al no hallar justicia en el país, los familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una serie de recomendaciones, las cuales no fueron cumplidas por el Estado mexicano, por lo que en 2007 el organismo presentó ante la corte una demanda contra México.

La corte ordena a las autoridades mexicanas –municipales, estatales y federales– conducir eficazmente los procesos penales por estos crímenes y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, los maltratos y la privación de la vida de las tres jóvenes.

Dictó varias directrices para que se cumpla el fallo: remover todos los obstáculos “de jure o de facto” que impidan una debida indagatoria y el desarrollo de los procesos judiciales; usar todos los medios disponibles para que estos procesos sean expeditos con el fin de impedir hechos iguales o análogos.

Ordenó que en las investigaciones se incluya una perspectiva de género y se emprendan líneas de investigación específicas sobre violencia sexual; que se provea regularmente a los deudos información sobre los avances de las indagatorias; que los distintos órganos participantes en los procesos cuenten con recursos humanos y materiales necesarios para un adecuado desempeño y que los resultados de las investigaciones se presenten públicamente, entre otros.

También mandó estandarizar todas las leyes mexicanas e investigaciones referentes a delitos relacionados con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres con los acuerdos internacionales ratificados por México.

La corte dio un plazo razonable a las autoridades mexicanas para investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades en las indagatorias que se realizaron sobre los homicidios de Herrera, Ramos y González.

El tribunal internacional también ordenó que las autoridades publiquen en un plazo de seis meses la sentencia de condena en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional y estatal, así como en una página electrónica gubernamental.

A más tardar en un año se tendrá que realizar un acto público en el que el Estado reconozca su responsabilidad internacional en esos crímenes y erija un monumento en memoria de las víctimas.

También indicó que las autoridades mexicanas deben crear, en un plazo de seis meses, una página electrónica que contenga la información personal de todas las mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993. Y dio un año para que se desarrolle un instrumento similar que contenga datos de todas las desaparecidas a escala nacional.

De acuerdo con la sentencia, las autoridades mexicanas tendrán que reparar económica, moral, sicológica y médicamente el daño a los familiares de las tres víctimas, dos de las cuales eran menores de edad.

La corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Por vez primera la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorpora en una sentencia la perspectiva de género

Sentencia de la CoIDH contra Estado mexicano histórica

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF 11 dic 09 (CIMAC).- El feminicidio en Campo Algodonero por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano a reconocer que éste violó los derechos humanos de tres de las ocho víctimas asesinadas en el lugar en 2001, es el primer caso donde el máximo tribunal de justicia habla de perspectiva de género y declara violaciones directas a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
De ahí la relevancia de la sentencia -fechada el 16 de noviembre pasado y dada a conocer públicamente ayer- explicó hoy en entrevista con Cimacnoticias al término de la conferencia de prensa donde dio a conocer el fallo, la abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), Karla Micheel Salas, quien junto con David Peña, también integrante de la Anad, y con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), representan legalmente a Esmeralda Herrera Monreal, una de las víctimas.
La abogada reiteró que la Corte reconoció que en el caso conocido como González y otras, Campo Algodonero contra México, el Estado mexicano violó los derechos humanos de Esmeralda, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como de sus familiares y de sus madres, por lo que esta sentencia lo obliga a investigar y sancionar a los responsables, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y a los servidores públicos implicados en el caso.
En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce “que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”.
Para la abogada, lo que sin duda sentará un precedente para la República Mexicana y la región latinoamericana y centroamericana, son las violaciones a la Convención Belém Do Pará, hechos por los que la Corte emitió en su sentencia contra el Estado mexicano toda una serie de acciones para que éste efectivamente garantice los derechos humanos de las mujeres.

SOBRE EL TÉRMINO FEMINICIDIO

Si bien la Corte no retomó expresamente el término feminicidio como lo pidieron diferentes organizaciones nacionales e internacionales en los Amicus curiae que le fueron entregados, ésta lo reconoce en la sentencia.
Al respecto, Karla Micheel Salas precisó que el Párrafo 143 de la sentencia señala: “En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio”.
Salas Ramírez recordó que el término no es jurídico, sino que se construyó desde una visión social que ha servido a las feministas y es utilizado políticamente para evidenciar que estos crímenes son cometidos en contra de las mujeres por el hecho de serlo.
“Que un tribunal internacional lo retome y reconozca que es una discusión que se está dando a nivel interamericano es fundamental, no aborda a profundidad el concepto, pero éste es el primer caso de muchos que seguramente continuarán llegando a esta instancia”, señaló la abogada.

SOBRE LAS REPARACIONES

En el tema de las reparaciones, la Corte también sentó un precedente, explica Salas, ya que habla de la perspectiva de género, de la obligación de que todas acciones, políticas públicas, diseños de manuales, protocolos de investigación, entre otros puntos, tienen que ser diseñados desde esta visión.
“Hay un reconocimiento claro del tribunal internacional a la perspectiva de género y eso es fundamental” agregó.
La sentencia reconoce las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra las mujeres, dijo. La Convención Belém Do Pará fue visionaria al considerar que no sólo los agentes del Estado pueden violar los derechos humanos de las mujeres, ya que la mayor parte de los tratados internacionales consideran que estas son cometidas por agentes del Estado.
Esta sentencia nos deja claro que los estados sí pueden ser sancionados por las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, explicó la abogada.
Indicó que el Estado mexicano tendrá que realizar acciones importantes y puntuales ya que en el tema de prevención “estamos muy acostumbradas al cartel, a las campañas, a los talleres, etc,” y la Corte lo que le está diciendo es cómo tiene que prevenir y cómo lo tiene que hacer.
En este sentido, precisó, la CoIDH insistió a lo largo de la sentencia, que la falta de sanción a los responsables lleva a la repetición crónica de los hechos y a la impunidad.
Para la jurista, México ratificó la Convención Belém Do Pará, por lo que debe seguir los lineamientos y cumplir a cabalidad la sentencia. La Corte ya los estableció y México debe cumplir a cabalidad la Convención y hacerle justicia a estas tres familias y a las madres, concluyó.

OCHO AÑOS ESPERANDO JUSTICIA

Después de ocho años de exigir una justicia que no encontró en México, la señora Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda, dijo estar contenta por la sentencia, sin embargo, aclaró que ésta no le devolverá a su hija.
Entrevistada por Cimacnoticias al término de la conferencia para la cual viajó de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, expresó: “Yo pienso que aunque cumplan con las recomendaciones y todo, ¿quién reparará todos estos años de angustia, coraje, de lucha?, por eso jamás va a pagar nadie ni por la muerte de mi hija”.
Reconoció que en la sentencia se pida al Estado que exista personal especializado para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas porque confirmó lo que han seguido denunciando las organizaciones civiles de Juárez, que las cosas no han cambiado y que las autoridades continúan actuando igual que en años anteriores.
Cuestionada sobre el ordenamiento de la Corte para que el Estado mexicano levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, incluidas las del Campo Algodonero, la madre de Esmeralda aseguró que esto es algo que las mujeres pidieron desde hace mucho tiempo pero sobre todo, dijo, porque es una forma de que el Estado por fin reconozca que sí existe el feminicidio, un hecho que ha negado durante décadas.

Histórico, el fallo de la CIDH sobre tres feminicidios en México: abogados

Periódico La Jornada, Sábado 12 de diciembre de 2009, p. 7

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala al Estado mexicano como responsable de violaciones a las garantías básicas de tres víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una decisión histórica porque obligará al Estado a modificar las estructuras gubernamental, legislativa y judicial, consideraron familiares y abogados de las agraviadas.
En conferencia de prensa informaron que tras dicha sentencia todos los delitos contra mujeres que se cometan en el país deberán ser vistos desde una óptica de respeto a los derechos humanos y de género, como resolvió la CIDH. La atención de casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas no será tratada de aquí en adelante de la misma manera.
David Peña, abogado del caso ante la CIDH, subrayó que la decisión del organismo panamericano representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano modifique conductas y estructuras que han permitido la impunidad, con el fin de que esos hechos no vuelvan a presentarse.
El jueves pasado la CIDH resolvió que el Estado mexicano es responsable de violar las garantías a la vida; la integridad y libertad personales; el acceso a la justicia y la protección judicial, así como los derechos del niño en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, tres de las ocho mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en 2001 en un campo algodonero de esa ciudad fronteriza.
Durante la conferencia se anunció que el año próximo se impulsará la creación de un comité que estará integrado por personalidades nacionales e internacionales, el cual tendrá como objetivo vigilar el pleno cumplimiento del fallo, el cual ordena al Estado mexicano, entre otras cosas, reparar el daño a los deudos, reconocer públicamente que vulneró garantías fundamentales, modificar leyes y estructuras para atender delitos de género, investigar el asesinato de Ramos, Herrera y González, y las omisiones en que incurrieron diversos funcionarios públicos.
María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayó que ese tipo de ilícitos no son un fenómeno exclusivo de Chihuahua, sino en todo el país. Informó que sólo en el primer semestre de este año se reportaron 459 asesinatos de mujeres en 15 entidades. De esos la mayoría están impunes, pues sólo en dos por ciento han sido sancionados los responsables y en 20 por ciento hay consignaciones.
Agregó que las cifras son alarmantes, pues en 2008 hubo más de 700 homicidios de mujeres y niñas en 12 estados, y en 2007, mil. Además, en Ciudad Juárez se han reportado alrededor de 750 víctimas de feminicidios de 1996 a 2007.
“El Estado aún tiene cuentas pendientes con muchas mujeres. La resolución de la Corte señala que el feminicidio no es un mito, como planteó el ex presidente Vicente Fox, sino una realidad”, expuso Estrada.
Peña dijo que de enero de 2008 a la fecha, en Ciudad Juárez han desaparecido 33 menores de edad y tres mujeres.
Michell Salas, defensora de las víctimas e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sentenció que el Estado mexicano no ha hecho mucho en el tema. “Las acciones contra el feminicidio han costado caras al país, pero las autoridades lo han atendido desde una perspectiva equivocada. Se deja de lado la visión de género. Basta de simulaciones, de que el Estado afirme que hay dinero, comisiones y una ley (para prevenir la violencia contra la mujer). Pese a todo, las mujeres de este país continúan siendo asesinadas.”

Una mirada al feminicidio en México

Nota: presentamos aqui la Introducción del reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Para obtener la versión completa, por favor envíen un e-mail solicitándola a:cuadernosfeminista@gmail.com

2º Reporte Semestral Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Enero – Junio de 2009

Introducción

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) el término feminicidio hace referencia a los asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas por su condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas en un contexto de permisibilidad del Estado1, quien por acción y omisión no cumple con su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.

Desde esta perspectiva se deslegitima la creencia de que la violencia contra la mujer es un hecho “natural”, excepcional en su vida o en la vida del agresor. También se cuestiona la idea de que los asesinatos de mujeres constituyen “crímenes pasionales”, que tienen que ver con asuntos privados e íntimos. La comprensión política del feminicidio redimensiona la violencia contra las mujeres como un asunto público, que compete a la sociedad entera, donde el Estado es el principal responsable de prevenir, sancionar y erradicar la violencia para garantizar el derecho de las mujeres a la integridad y a la vida.
Es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede considerarse como feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para el hombre que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida.
En la actualidad el Estado mexicano no cuenta con cifras confiables que permitan estimar la magnitud de los homicidios dolosos contra mujeres y niñas en el país. Los datos oficiales manejados por algunos órganos de gobierno, como las Procuradurías de Justicia estatales, no coinciden con las cifras difundidas por las instancias Federales y mucho menos con las manejadas por las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos.
En 2007 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) inició la investigación sobre la violencia feminicida en el país, con el propósito de visibilizar este grave problema y contribuir a la creación de mecanismos eficientes para su prevención, sanción y erradicación. A lo largo de dos años, de enero de 2007 a diciembre de 2008, el OCNF documentó 1221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades5. El análisis reveló que la violencia feminicida ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 21 a 40 años de edad, con 530 víctimas (43%), seguida por las mayores de 40 años, con 294 homicidios (24%), y por las niñas y jóvenes menores de 20 años, con 285 víctimas (23%). Una de cada cuatro mujeres murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego - 314 casos (26%)-, mientras que un poco menos de la mitad perdió la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza y las agresiones físicas -522 víctimas (43%)-, tales como la asfixia, las heridas punzo cortantes y el traumatismo craneoencefálico.
Es importante destacar que en 841 homicidios dolosos de mujeres documentados en 2007 y 2009 (69%), no se cuenta con información para establecer el motivo que desencadenó el asesinato de las niñas y mujeres. De los 380 casos de víctimas que refieren dicha información, destacan los homicidios originados por problemas familiares y de pareja (97 víctimas), la celotipia (57 casos) y la misoginia (39 casos). Asimismo, la investigación mostró que de los 553 casos (45%) que registraron información sobre la relación de la víctima con el homicida, la mayoría de ellos se refiere a asesinatos cometidos por personas con quienes las niñas y mujeres tenían una relación, como la pareja (246 víctimas), algún familiar cercano (120 víctimas) o un conocido, vecino o integrante de la familia política (94 casos).
Para el Estado mexicano el narcotráfico es la amenaza más importante que enfrenta el país, con lo cual se han invisibilizando otros delitos graves, como los asesinatos de mujeres y niñas que mueren por la discriminación y el odio de género, la mayoría de los cuales siguen en la impunidad. A tres años de gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), su política de asignar militares a tareas de policía civil, no ha contribuido a disminuir el número de asesinatos y las desapariciones de mujeres en el país. Por ejemplo, en Ciudad Juárez se han registrado 114 asesinatos de enero a noviembre de este año.
También es importante recordar que en algunas comunidades y ciudades, la presencia de las fuerzas armadas ha generado diversas violaciones a los derechos humanos de la población, entre ellas abusos y violaciones de mujeres y niñas.
Para el OCNF es preocupante que en el contexto actual de creciente inseguridad y violencia en el país, la prevención del feminicidio no sea una prioridad en la agenda de seguridad nacional del Estado mexicano, y de una política pública integral dirigida a garantizar una vida libre de violencia y la seguridad de las mujeres. La invisibilización de los feminicidios por parte del Estado ha traído como consecuencia acciones poco efectivas de prevención, tratamiento, combate y erradicación de este grave problema. Una medida urgente es la tipificación del feminicidio como un nuevo delito penal en México, porque se requiere que nuestro país cuente con mecanismos jurídicos integrales y expeditos que esclarezcan los homicidios dolosos de mujeres. La tipificación del feminicidio, tanto en el ámbito estatal como en el federal, es necesaria para efecto de una debida investigación y sanción de los responsables.
En este reporte se presentan los casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas ocurridos en 16 estados del país, de enero a junio de 2009. El reporte forma parte de una investigación más amplia denominada: “Una mirada al feminicidio en México, 2007,2008 y 2009”, que tiene como objetivo central la documentación de los homicidios dolosos de mujeres y niñas en el país derivados de la violencia sexista y misógina9. Las metas del OCNF en un futuro próximo son lograr la documentación y seguimiento de esta problemática en nuevos estados de la república, para contar con una radiografía del feminicidio en todo el país, conocer el estatus legal de los casos de asesinatos de mujeres, y dar un seguimiento de los feminicidio documentados en 2007 y 2008, para conocer cuáles de ellos se han resuelto y cuáles siguen sin esclarecerse y sin acceder a la justicia, para contribuir a la creación de mecanismos eficaces para la procuración y administración de la justicia en este tipo de asesinatos.

América Latina y El Caribe celebran los 30 años de la CEDAW

Con motivo de cumplirse los 30 años de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el 11 de diciembre se realizará en Buenos Aires una reunión de expertas y expertos de América Latina y el Caribe, convocada por el Fondo dedesarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM- y Cancillería Argentina.

La CEDAW es un instrumento legal vinculante, que trabaja mediante un comité de 23 expertas/os independientes. Este comité se ocupa de monitorear y analizar la alineación de las legislaciones y
prácticas nacionales con las provisiones de la Convención. En la actualidad existe una mejor comprensión de la Convención en la región y un compromiso político de los Estados con la igualdad
de género y los derechos humanos de las mujeres, a la vez que la sociedad civil ha incrementado su capacidad de hacer responsables a los Gobiernos por la protección de los derechos humanos de las
mujeres.

El 30° aniversario de la Convención es una oportunidad única para hacer un balancesobre los logros y los desafíos aún pendientes en cuanto a la implementación de la CEDAW en América Latina y el Caribe. Por ello, la reunión contará con la participación de integrantes pasados y presentes del Comité de la CEDAW , así como expertos y expertas en derechos humanos de la mujer.
La agenda temática que se desarrollará en la reunión concluirá en un acuerdo sobre recomendaciones para fortalecer la implementación futura de la CEDAW en la región.
La actividad se realizará el 11 de diciembre, en el Salón Libertador del PalacioSan Martín (Arenales 761), y dará comienzo a las 9.30 a .m.
Contacto de prensa: Agencia SEMlac - Norma Loto:
normaloto@gmail.com. Tel: 47749396

El camino hacia la verdadera igualdad.

Por Norma Loto

Buenos Aires, diciembre (SEMlac) - Mirar todo lo que se hizo y mirar todo lo que queda por realizar, fue la reflexión de todas las personalidades que protagonizaron la apertura del la celebración de los 30 años de la CEDAW en América Latina y el Caribe, que se realizò en la Ciudad de Buenos Aires-

La actividad se realizó en el emblemático Palacio San Martín y contó con la presencia de las miembras y ex miembras del Comité. Lo importante: es que no sólo estaban las expertas y expertos invitados, sino también un nutrido puñado de mujeres el movimiento feminista argentino que desde diferentes ONGs y desde el Concejo Consultivo de la Sociedad Civil, hicieron posible la aprobación en Argentina del Protocolo Facultativo de CEDAW en 2006

Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Magdalena Faillace, Representante Especial para temas de mujer en el ámbito internacional de la Cancillería Argentina que remarcó la importancia de estos 30 años de la Convención y recalcó que se trata de una herramienta importante para el diseño de las políticas de estado.

Aunque luego reflexionó que “las mujeres necesitamos que se nos reconozcan como diferentes”, ya que con ese reconocimiento, “serà la única forma “de obtener la verdadera igualdad”

Posteriormente el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Jorge Enrique Taiana se refirió que a pesar de todos los esfuerzos y progresos que han surgido luego de la aprobación de la Cedaw, “la tarea está muy lejos de ser cumplida, respecto la igualdad ente los géneros.

Es que “las mujeres -expresó el Canciller- siguen en estado de subordinación, lo que es más visible en los sectores populares, y esa subordinación también es palpable “ en la discriminación salarial y en el ejercicio de la violencia”,.

Por eso , “los treinta años no debe pensarse en todo lo que se ha avanzado, sino que se debe reconocer todo lo que debe recorrer para conseguir un sociedad libre. Y una sociedad libre, debe tener mujeres libres”, concluyó Taiana.

En tanto que Gladys Acosta Vargas, jefa de UNIFEM para América Latina y el Caribe se refirió a la importancia de la CEDAW como instrumento que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero manifestó que esa igualdad debe cristalizase en hechos. Porque la “igualdad es un concepto real y concreto, es un derecho. Y las mujeres del mundo no pueden esperar más”

“Ese derecho (a la igualdad) es una deuda pendiente, que ya no tiene moratoria”, concluyó Gladys Acosta Vargas”