Por Sanjuana Martínez para CIMAC
México DF, 12 mayo 09 .- El Estado mexicano violó sus garantías individuales. Fueron agredidas con golpes en todo el cuerpo, despojadas de su ropa, violentadas sexualmente, mordidas, pellizcadas… les cubrieron el rostro, les introdujeron dedos y objetos anal y vaginalmente, las violaron, las humillaron, las insultaron, las amenazaron de muerte y finalmente se les negó la asistencia ginecológica para que no pudieran demostrar la tortura sexual…
Ese fue el calvario por el que pasaron 47 mujeres detenidas en Atenco hace tres años; de las cuales, solo 11 han decidido continuar con las denuncias contra los policías de los tres niveles que ejecutaron la tortura sexual buscando aniquilarlas como mujeres y como colectivo.
La tortura sexual en Atenco tiene nombre de hombre: se llama Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y actual aspirante a la presidencia del país, por el Partido Revolucionario Institucional. Fue quien ordenó la represión contra campesinos y floristas, violando todas las leyes que garantizan el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales que el gobierno de México ha ido firmado de manera hipócrita, pero no respeta.
A Peña Nieto no le tembló la mano a la hora de administrar violencia, pero los hechos de Atenco constituyen un crimen de Estado que no prescribe y le perseguirá mientras viva. Orgulloso de su delito, el hombre conocido como “el gavioto” se atreve a declarar que Atenco, “más que un error, fue un acierto” porque él mismo fue capaz de restablecer el orden. Y que si “volviera a suceder, lo volvería a hacer”.
Sabiendo que goza de una patente de corzo, avalada por la Tremenda Corte de Justicia que continua en su camino institucional de impartir impunidad, Peña Nieto ahora nos sorprende lanzando una campaña nacional para “dignificar” a Mujeres destacadas.
El funcionario capaz de administrar la peor tortura sexual de la historia reciente del país se disfraza de hombre respetuoso de las mujeres, de la mano de Lucero, aquella cantante que utilizando el uso de la fuerza de sus escoltas armados, arremetió contra los periodistas que cubrían su espectáculo. Dios los cría y ellos se juntan. Por lo menos ambos tienen algo en común: el gusto por la violencia.
Peña Nieto no está solo en la lista de represores, también lo acompañan Eduardo Medina Mora, procurador de México, y ex secretario de Seguridad Pública Federal; Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y el ex procurador del Estado de México, Abel Villicaña Estrada. Todos tienen el común denominador de ser funcionarios por encima de la ley. Ninguno está sometido al escrutinio de la Constitución. Son los impunes de Atenco.
Impunes, porque en Atenco participaron a sus órdenes 3 mil elementos de seguridad que cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos. De estos policías que denigran su propio uniforme y corporación, solo 20 han sido procesados. Por supuesto, todos han acudido a su cita con la justicia gozando de libertad, debidamente amparados y apoyados por sus superiores.
La represión en Atenco fue un escándalo internacional, documentado por organismos de derechos humanos independientes y el Estado mexicano no ha encarcelado a ningún responsable. Los policías pueden argumentar “obediencia debida” a sus superiores, pero los superiores actuaron con el respaldo del presidente Vicente Fox y ahora --en perpetuar la impunidad-- con el de Felipe Calderón. La cadena de mando está clara.
De los 20 policías procesados. Ninguno pisó la cárcel, solo el violador Doroteo Blas Marcelo fue condenado por “actos libidinosos”. Su víctima, Ana María Velasco Rodríguez, obligada a practicarle sexo oral, pudo reconocerlo gracias a que el torturador cuando terminó, le estiró de los cabellos y le dijo mirándole a la cara: “Ahora te lo vas a tragar, perra!... El juez Tomás Santana Malvaez lo condenó con una multa de solo mil 877 pesos y lo absolvió del pago de la reparación a la víctima.
Esa ha sido la constante en el “caso Atenco”: el aparato de impartición de justicia al servicio de la protección del Estado y no de sus ciudadanos. Mientras los magistrados sigan recibiendo un sueldo que funciona como un cohecho entregado por el Ejecutivo de casi de un millón de pesos mensuales, jamás serán independientes.
Por eso nos preguntamos: ¿Será capaz el Estado democrático mexicano de autoinculparse? Jamás. No existen los instrumentos, ni los protocolos jurídicos, mucho menos la voluntad política de hacer justicia a las mujeres víctimas de la tortura sexual en Atenco.
En México la tortura del Estado no es un delito, es una constante sin castigo. Y lamentablemente el gobierno utiliza a otra mujer para perpetuar la impunidad: Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos Violentos contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), quien no ha sido capaz ni siquiera de atraer el caso que anómalamente se lleva a cabo en el Estado de México, para garantizar la imparcialidad necesaria.
Al contrario, ha sido la Fevimtra la que ha obstaculizado la búsqueda de la justicia de las víctimas y las ha revictimizado aplicándoles estrictos métodos para comprobar la tortura, sin respetar el Protocolo de Estambul.
Las mujeres de Atenco, mientras tanto, resisten y nos ofrecen una invaluable lección de entereza y compromiso social.
* Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el más reciente: “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).
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