Meritxell Calderón Vargas*
Cuando hablamos de libertades muchas veces —me refiero estrictamente
de la producción de saberes de la materia que provienen de mentes en o de Baja California,
México—, cometemos el error de abordar el tema únicamente desde un ámbito
legal, sociológico o filosófico; al hablar de derecho “a algo” o “acceso a”
cierta circunstancia casi siempre nos estancamos en los aspectos que parecen
ser “legales” y muchas veces son meramente procesales, esto es, se concentran
en decir o buscar la vía para obtener ese derecho únicamente desde y en las
instancias que el sistema jurídico tradicional puede ofrecer. Que si es o no un
delito, que si vas a demandar o no, a quien perjudica tu tranquilidad, que si
las víctimas tienen derecho a la verdad y a la reparación del daño, que si los
testigos de las violencias son quienes deben tener o no la voz. Todos estos son
temas muy importantes y han logrado hacer parte del Derecho Vigente a la
Justicia de Género (esa de la que habla Salette, jurista feminista de Brasil),
que han hecho parte de la práctica de gobiernos que no han llegado a entender
la Reforma de Derechos Humanos de 2011 en México, acciones gubernamentales que,
de no haberse luchado desde la sociedad civil y grupos organizados de mujeres y
feministas, muy difícilmente se hubieran logrado, pero que si son pensadas como
si el Derecho nos ofreciera la mejor respuesta, dejan muy lejana la solución a
la desigualdad y los conflictos sociales que perpetúan la discriminación y la
falta de empatía entre las personas, que fomentan un comportamiento contra las especies
y el rechazo a la naturaleza.
Muchos de los
temas donde se menciona a una persona “en desventaja” o “grupo vulnerable”,
sector especialmente oprimido y/o discriminado de la sociedad o cuando se
discute de género y/o violencias, el análisis tiende a centrarse en temas que
sirven para impresionar incautos en un café cultural de la Ciudad de México o
se van hacia lugares que se proponen buscar el acceso de estas personas y
sectores a servicios gubernamentales o a lograr un actuar o dejar de hacer de
alguna autoridad o al cambio cultural que es necesario que esté redactado en
las políticas públicas y a reclamar acciones que el Estado está obligado a
hacer, programar y presupuestar, y todo lo anterior es importante que suceda,
lo que vemos que se puede mejorar es que muchas veces ahí nos quedamos,
desenfocamos el lente de las acciones que podemos realizar en espacios de la
sociedad donde no pasa el derecho, donde el gobierno no llega, donde realmente
el acceso a la justicia es una realidad que parece del futuro y donde el
sistema electoral y de partidos importa tanto o menos que una colección de
pokemones (#gottachatemall).
Estamos en un
momento donde es cada vez más importante hacernos responsables del derecho, ya
que rige nuestras formas de organizarnos, castigarnos, vigilarnos; en las “formas
jurídicas” están incluidas las maneras en que es aceptable por la sociedad que
nos quiten lo que pensamos nuestro como casa, carro y sustento y nuestra
libertad de tránsito, de expresión y hasta de formación.
Los “sectores más
oprimidos” o quienes somos hipócritamente llamadas por quienes diseñan las
políticas públicas como “grupos vulnerables”, cuando se trata de derecho casi
siempre le vemos la peor cara a Themis, porque llega a nuestras casas cuando
tenemos una orden de aprehensión, nos van a embargar algo, cuando nos demandan
por una falta de pago o cuando algo hay algún daño que repararle a alguien más.
Pocas veces las normas nos sonríen, pocas veces nos ayudan a reclamar algún
derecho o a lograr justicia.
En Baja California
casi nadie vota, últimamente siempre gana el “voto blanco”, partidos que eran
5ta o 6ta fuerza política en el estado ya ni registro alcanzan y muchas
convocatorias públicas que implican participación ciudadana quedan tan
desiertas como los espacios inhabitados en la Rumorosa donde sólo el aire y
algunos halcones y borregos cimarrones han pasado.
Las reuniones de
los partidos que antes se llenaban de mujeres líderes de colonias que seguían a
las fuerzas políticas tradicionales, ahora sólo se ven ocupados los salones enormes
con algunas cuantas mujeres que van cuando tienen la oportunidad de “escaparse
un rato” y que, muchas de ellas se quedan al cuidado de sus nietos y que son
fieles a los colores de sus partidos casi más por terquedad que por estrategia
y asisten a algunas reuniones por compromiso moral consigo mismas o con sus
familias. Las amazonas ya no corren persiguiendo su libertad por las montañas
de la Baja como cuando los españoles temían llegar a estas tierras por miedo a
ser sometidos por aquellas mujeres morenas y de piernas ágiles y largas que
cazaban y peleaban mejor que muchos hombres.
Miles de personas
discriminadas acá en el norte podemos imaginarnos derechos y libertades que
personas en el sur del país no, esto, porque tenemos modo de cruzar “al otro
lado” y vivir por un rato en algunos espacios, lo que se siente estar donde las
personas que te “ven feo” —discriminan— por ser lesbiana pueden ser
sancionados, donde quien no te dé un servicio por tu apariencia física puede
ser multado. Por una parte es una ventaja y por otra una desventaja, ya que el
crecer o sobrevivir viendo programas de televisión como “La Ley y el Orden:
Unidad de Víctimas Especiales” o “911”, hacen pensar a muchas personas que en
la práctica y en la vida real, donde los aires de la “Rosa de Guadalupe” no
soplan ni en vacaciones de invierno, tendrán los mismos derechos como víctimas
que en los programas de televisión producidos en Estados Unidos.
La lucha
ideológica en el norte del país es casi una fantasía, la balanza acá está más
cargada a la derecha que a cualquier otro lado y existe la necesidad de
sostener un activismo que reclame derechos y que desdibuje los mitos sobre la
“justicia” y las “libertades” que mucha gente supone que tiene, eso de
despertar a la realidad es clave en estos lugares.
No han bastado los
límites al poder que suponen las comisiones de derechos humanos, no han sido
suficientes los esfuerzos de algunas personas de la izquierda tradicional bajacaliforniana.
Muchas feministas y mujeres de las izquierdas nos ocupamos de estar en los
espacios de poder sin organizar claramente cómo es que ese poder nos ayudaría a
avanzar a las mujeres, a pesar y en contra de la misoginia de Estado, porque
muchas, nos hemos dedicado a asesorar al Estado para ese avance lento de las
políticas feministas.
Exigir castigo a
perpetradores de crímenes contra las mujeres no es la única respuesta, las
recientes y ya no tan nuevas reformas, los derechos humanos y la mediación en la
sociedad, y no sólo el ámbito gubernamental, traen aires frescos donde a pesar
del hedor a sociedad disciplinaria hay espacios donde se puede insistir y exigir
que la participación ciudadana debe ser parte importante y la transparencia y rendición
de cuentas una vía, es así donde las libertades y los derechos humanos del
futuro, presentimos, tienen cabida.
La organización
donde colaboro, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. solicitó la
Alerta de Género para el Estado de Baja California pensando en la urgencia de
poner en vigencia los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que ya se
están disfrutando en otros estados del país y es ahí desde donde luchamos.
De la mano con el
Búnker Cultural y AMORH, la Red ha trabajado enfocada y pensando en los
Derechos y Libertades por venir, donde tenemos puestos nuestros esfuerzos y
dedicación, trabajando con mecanismos que pueden ser parte del Estado y del sistema
de normas, pero no únicamente desde ahí, ya que estamos consientes que las
libertades se tienen que vivir y conocer desde el arte y otros espacios físicos
y del saber, espacios abiertos donde prevalezca el diálogo y se pueden vivir
costumbres sociales que nos llevarán a vivir en igualdad y sin discriminación,
no sólo en los espacios gubernamentales, si no también en las familias y en
nuestra propia concepción del ser.
* Abogada, Coordinadora de la Red Iberoamericana Pro
Derechos, activista feminista.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario