Feminicidio
y violencia
Josefina
Chávez*
Imagen: Mujeres
trabajando por mujeres.
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El sexenio de Felipe
Calderón quedará registrado en la historia mexicana como el sexenio de la
violencia y la militarización de la seguridad pública. Para las mujeres, a la
violencia patriarcal se ha sumado el incremento de la inseguridad. Según datos
del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en los últimos seis años hay un
saldo de 4, 112 feminicidios en 13 estados de la república. Felipe Calderón
inició su gestión en medio de un masivo y profundo cuestionamiento a los
resultados electorales, por fraude. Para legitimarse tomó el camino de la
“guerra contra el narcotráfico” con el aval y el apoyo y asesoría del gobierno
estadounidense.
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Los costos
de esta necropolítica configuraron un escenario de múltiples impactos, los
daños para la población civil en algunos estados han sido alarmantes,
actualmente la atmósfera de violencia se mantiene a pesar de los intentos del
gobierno priísta de Peña Nieto, de “minimizar” y maquillar lo que esta pasando
en el país. La realidad es que la situación de inseguridad persiste y se
ha expandido en el territorio nacional. Al mismo tiempo que la crisis global
del sistema capitalista se profundiza y acentúan las desigualdades sociales, y
económicas. Tenemos hoy un país en tensión política por la imposición de
las reformas estructurales. Al mismo tiempo la violencia y el debilitamiento o
rebasamiento de las instituciones estatales (zonas controladas por el narco o
infiltración de éste en las fuerzas públicas o en los penales, cobro de
“impuestos”-protección por parte del “crimen organizado”) y la proliferación en
estados como Guerrero, Michoacán o Oaxaca de policías comunitarias, grupos de
autodefensa, en fricción permanente con el ejército y la policía.
En el
sexenio de Calderón surgió un nuevo fenómeno de desaparición de personas ( la
lista de desaparecidos políticos del Comité Eureka! es de algo más de 500
personas, mientras que ahora se habla de decenas de miles) y se incrementó a lo
largo de los años a la par de la criminalización de la protesta social. La
represión y tortura sexual en Atenco en 2006 fueron algunas de las señales de
lo que venía; asesinatos, amenazas y hostigamiento a periodistas, a defensoras
y defensores de derechos humanos; enrarecimiento del entorno social,
desplazamientos de sociedad civil y de pueblos, un grado muy alto de afectación
a migrantes víctimas de los cárteles y trata de mujeres para esclavitud sexual.
En este contexto hay que incluir la violencia en contra de las mujeres por
abortar que ha arrojado a decenas de ellas a las cárceles.
Las políticas de seguridad y el cuerpo de las mujeres
El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales en el 52º período
de sesiones en 2012, entre otras menciona, en el parágrafo 11 y en el ámbito
del contexto general y violencia por motivos de género: "…Le
preocupa profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar
contra la delincuencia organizada. Combinada con la impunidad y corrupción
persistentes, haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya
existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en el
Estado Parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y
hacerlo invisible.” El Comité
exhortó al gobierno mexicano a revisar su estrategia de seguridad pública
contra la delincuencia organizada, por los altos niveles de violencia que están
afectando “de forma desproporcionada” a las mujeres. En estas observaciones finales,
en el parágrafo 19, entre otros, se exhorta al gobierno mexicano a desarrollar
un registro oficial de las desapariciones forzosas, simplificar procedimientos
para la búsqueda, para las mujeres y niñas desaparecidas. Algunas de éstas
pueden estar relacionadas con el negocio de la trata.
La violencia de género y el feminicidio en la impunidad y la
simulación
Hace 20 años, en 1993, Ciudad Juárez
fue el foco rojo de un fenómeno posteriormente reconocido de extrema
violencia hacia las mujeres, el feminicidio; sucede en todo el territorio
nacional, en Centroamérica y América del Sur y en otras partes del mundo. La
falta de justicia y la simulación son una dolorosa constante, a pesar de que se
han desarrollado políticas públicas, presupuestos, instancias, comisiones
legislativas, no se avanza ni siquiera en contar con estadísticas y registros oficiales
confiables. Actualmente son múltiples las organizaciones de la sociedad civil
actuando y sosteniendo, desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, la presión
social y política así como el registro de los casos de mujeres asesinadas por
razones de género y misoginia.
La sentencia
del caso Campo Algodonero1 publicada el 10 de diciembre de
2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado
mexicano por incumplimiento de sus deberes y por violar los derechos humanos de
tres mujeres, desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez;
Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette
González. Un sentencia emblemática, que entre otras, define acciones de
reparación del daño; reformas en las instituciones, programas de prevención y
atención y políticas públicas que incidan en cambios sociales y en el Estado.
El seguimiento de esta sentencia paradigmática es importante para la evaluación
del cumplimiento por parte del Estado mexicano.
En el
año de 2007 fue publicada la Ley General de Acceso a una Vida Libre de
Violencia, y posteriormente fue tipificado el delito de Feminicidio.
Actualmente hay diversas definiciones (y tipificaciones) en los estados sobre
este crimen en sus códigos penales. Existen problemas con los procedimientos y
protocolos para una adecuada investigación de este nuevo delito lo que ha
llevado a minimizar el registro del feminicidio. Esto es muy grave. Sobre todo
al observar que se incrementa el número2 de asesinatos en
estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado
de México, Veracruz, Quintana Roo, Distrito Federal, Chihuahua, y en Morelos
como ha documentado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Alerta de género, el estado y sus instituciones a la defensiva
La Ley General contempla el mecanismo de
Alerta de Género creada para que el Estado, sus instituciones y los gobiernos
locales, actúen en aquellos lugares en donde los índices de violencia
feminicida registran un incremento. Diversas organizaciones feministas,
de derechos humanos y de la sociedad civil han solicitado la aplicación de la
Alerta de Género desde el año 2009 a la fecha: en Oaxaca, Guanajuato, Estado de
México, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa. En el caso de las que han sido
recibidas por el sistema, han sido sistemáticamente rechazadas como ha sido el
caso de Nuevo León, Estado de México, Guanajuato. En Morelos ha sido solicitada
formalmente en el mes de septiembre, con el antecedente previo de que congreso
local ha votado a favor de su aplicación. También en ese mes fue presentada la
solicitud formal para el de Chiapas.
En el caso
del Estado de México en diciembre de 2010, cuando era gobernador Peña Nieto, se
argumentó que se estaba “politizando” el tema. Las reacciones y respuestas en
general han sido defensivas y expresan además de una irresponsabilidad
inaudita, un temor para reconocer que en esos estados hay un incremento
de violencia. Piensan que declarar Alerta de Género afecta en “imagen”. Es
decir, no se ha entendido este mecanismo y se asume como si fuera un “castigo”
para el estado, cuando se trata de un dispositivo que permitiría profundizar en
qué es lo que está pasando, generar nuevos diagnósticos, acciones y combatir la
violencia. Y con ello contribuir a la prevención, atención y erradicación que
contempla la legislación nacional e internacional. Pero lo más importante es
que se estarían dando pasos y acciones para garantizar la vida y la libertad de
las mujeres. Lo más escandaloso ha sido que este rechazo ha sido avalado, por
la mayoría de los Institutos de las Mujeres, nacional y estatales, y los
funcionarios que integran el Sistema Estatal de Prevención, Acción, Sanción y
Erradicación para la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM).
Bajo el escudo de que no esta definido el procedimiento para aplicar la
Alerta el entramado burocrático sigue sin resolverse y se incrementa un
ambiente de indignación y molestia por la falta de respuesta y de voluntad
política. Sobre todo cuando se está documentando por instituciones y diversas
organizaciones que hay incremento de asesinatos de mujeres en los estados en
donde se ha solicitado la Alerta de Género.
Frente a
esta incongruencia y omisión el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer también el año pasado exhortó al gobierno a “Abordar
urgentemente los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta
de Género” (Inciso d, parágrafo 16).
Esta
situación ha llegado a un punto crítico, y se requiere de una revisión
profunda, una evaluación social, ciudadana y feminista de todas las políticas
con perspectiva de género. Frente a lo evidente; un estado e
instituciones que han fallado. Un reflejo de la inconformidad e indignación de
miles de mujeres ha sido la marcha de mujeres en Sonora que declararon la
muerte simbólica del Instituto de las Mujeres en ese estado. Y tienen razón.
Criminalización de la protesta social
La violencia del Estado pasa por el cuerpo de
las mujeres, en el caso de Atenco en 2006, la violencia sexual como forma de
tortura para humillar, desmoralizar y golpear sicológicamente. En el caso
de las defensoras de derechos humanos y luchadoras sociales para
deslegitimarlas socialmente para minimizar y mediatizar su protagonismo crítico
y como un mecanismo de control social.
Ante el
incremento de la violencia, y sus características específicas, en contra de las
defensoras, han surgido espacios de solidaridad y organización en redes para
brindar apoyos, acción política y una nueva cultura de protección y cuidado
frente a los riesgos y peligros. Tal es el caso, de la Red Nacional de
Defensoras y Acción Urgente de Derechos Humanos en México.
En el Diagnóstico 2012. Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos
en Mesoamérica, ésta Red señala que, de un registro de 118 agresiones a
defensoras de derechos humanos, las más comunes han sido en su mayoría
amenazas, advertencias, ultimátum, intimidación y hostigamiento sicológico.
Además de calumnias, y campañas de desprestigio y en todas ha habido alusiones
relacionadas con el género. En ocho casos las agresiones sucedieron a pesar de
que se contaba con medidas cautelares de protección.
En el Informe:
Situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en México, presentado en el contexto de la
revisión a México del Mecanismo del Examen Periódico Universal (MEPU), se
reporta que en el período de 2009-2012 han sido asesinadas 26 defensoras, 8 de
ellas eran periodistas. El año pasado, 69 defensoras y periodistas fueron
agredidas y enfrentaron más de un ataque en su contra. Según el mismo informe
la mayoría de las agresiones son a mujeres que defienden derechos de las
mujeres, y que trabajan por una vida libre de violencia, feminicidio e
impunidad.
Le siguen
las mujeres periodistas que trabajan en su mayoría por el derecho a la
información y la libertad de expresión. Así como defensoras de la tierra, los
territorios, bienes naturales y derechos ambientales. El estado de Oaxaca
registra 50 casos. Le siguen Guerrero, Chiapas, las Huastecas de Veracruz e
Hidalgo. Estados además con fuerte presencia de población indígena y en donde
se da fuerte presencia militar y conflictos territoriales,
económicos, migratorios y políticos.
La movilización, las respuestas y los retos
Se ha confirmado que la organización social
independiente, siguen siendo la única vía para el fortalecimiento del entramado
social, para la generación de acciones políticas, que enfrenten la violencia
sistemática del Estado. En este escenario quienes se han organizado han sido en
primer lugar las víctimas de la guerra de Calderón, a través de la organización
de familiares en diversos estados, de movilizaciones y caravanas nacionales;
las activistas y defensoras de derechos humanos, las y los periodistas para
protegerse y poder seguir ejerciendo la libertad de expresión, las feministas
para denunciar y defender a las mujeres víctimas del encarcelamiento por
aborto. Las Caravanas de las mujeres año con año buscando a sus familiares
perdidos en las rutas de la migración.
El impacto de la inseguridad, militarización, criminalización y violencia
llevó por la presión social y política a la creación de Ley General de Victimas
y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección. Sin embargo
estos mecanismos creados así como las nuevas leyes no están siendo efectivas
para garantizar la protección de defensoras y periodistas. En el caso de las
medidas cautelares, hay debate y desconfianza.
Las mujeres de Juárez son las primeras que se organizaron para dar la
lucha, hace 20 años. Muchas otras al igual que Marisela Escobedo, han tenido
que asumir la lucha por justicia para sus hijas, así como en 1975 lo hicieron
las madres de los desaparecidos políticos. Ahora se suman las nuevas
agrupaciones de víctimas de la violencia que se han organizado y asumido la
defensa de sus familiares y la presión al gobierno y autoridades y que
buscan a sus desaparecidas.
Los saldos
de las políticas de los gobiernos panistas y especialmente en el de Felipe
Calderón para las mujeres han sido devastadores. La simulación convertida en
práctica del Estado capitalista, nos lleva a la necesidad enfrentar el reto y
avanzar en una perspectiva de fortalecimiento de los espacios de poder
ciudadano, de redefinir y reforzar la autonomía personal y política de las
mujeres y la independencia de nuestro movimiento, con estrategias de
construcción de alianzas fuertes y reales, dejar de lado los “cotos”, intereses
de grupos, de partido, erradicar la fragmentación de demandas en el movimiento
feminista avanzar sin pausa, consistentemente. Convocar a movilizaciones
nacionales por la defensa de la vida y la libertad de las mujeres. A preparar
una gran movilización de miles de mujeres en todo el país por la justicia para
las mujeres; por los derechos de las mujeres. Generar estrategias de alianzas
con sectores sociales; exigir a los actores políticos que dejen de practicar la
omisión en el discurso y en la práctica; dialogar con los movimientos en lucha que retomen la demanda por la vida y la libertad de
las mujeres; que se comprometan a luchar en contra de la violencia hacia las
mujeres en todas sus expresiones; que se pronuncien en contra del feminicidio,
que la exigencia al estado no sea sólo las voz de las mujeres, porque la
violencia del Estado, y la violencia hacia las mujeres es un asunto de vida o
de muerte. Si queremos construir una sociedad alternativa a ésta, capitalista y
neoliberal, que nos agobia, tenemos que ir a la raíz de las problemáticas y
actuar en consecuencia.
* Feminista y directora de Cuadernos
Feministas.
1. Campo Algodonero. Análisis y propuestas para el seguimiento de la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado
mexicano. Red Mesa
de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los derechos de la Mujer (CLADEM), México, 2010.
2. Datos tomados del
documento de observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, período 52º (9 a 27 de julio de 2012),
parágrafo 17, ONU.
1 comentario:
Jajajajajaja
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