Resolutivo-Sentencia del Jurado del Tribunal
Viernes 16 de diciembre de 2011
Este Tribunal de conciencia se inscribe en la tradición de mujeres por luchar de una manera creativa y responsable para construir alternativas de paz social, de ciudadanización de la población y de recuperación de una legalidad sustentada en una ética de la justicia y los derechos humanos para todas y todos.
Desde la recuperación de la conciencia ciudadana como la principal rectora del pacto social, las y los jueces de este Tribuna ratificamos la necesidad de renovar la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí y de las miles de mujeres víctimas del feminicidio. Con la instalación del tribunal de conciencia buscamos alimentar la memoria histórica, no permitir que el olvido o la costumbre erosionen la indignación por los feminicidios y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos; queremos crear y recrear símbolos, y con ellos desarrollar una pedagogía ciudadana a favor de la justicia y en contra de la impunidad.
Esta impunidad lo que posibilita que se sigan asesinando en Chihuahua, además de Marisela, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez, a Josefina Reyes, a Paz Rodríguez, y que el pasado 2 de diciembre se haya atentado contra la vida de Norma Andrade y se siga vulnerando la integridad y la vida de tantas y tantos defensores de derechos humanos. Ninguno de estos casos son aislados, se circunscriben en un contexto de impunidad sistemática.
Desde que el Tribunal en Segunda Instancia sentenció en 2010 a Sergio Rafael Barraza, asesino de Rubí, Marisela Escobedo emprendió una ardua batalla para que fuera encarcelado. Esta situación la llevó a estar en permanente riesgo, al grado de que la asesinaran.
Ante estas circunstancias este Tribunal de Conciencia emite el siguiente fallo a partir de las siguientes:
CONSIDERACIONES
· Hoy vivimos en un país abatido por la violencia, donde existe una estrategia francamente violatoria de los derechos humanos y la impunidad y la corrupción han dejado a la ciudadanía completamente desamparada.
· El feminicidio es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, que es un crimen de Estado, pues es el Estado quien tiene la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres.
· El Estado Mexicano ha sido objeto en los últimos años de recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente por la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos consideran urgente que se atiendan dichas recomendaciones con la finalidad de que se promuevan acciones y políticas públicas que garanticen la efectiva prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y el feminicidio.
· Las actitudes de negligencia y omisión por parte de las autoridades, en materia de violencia contra las mujeres, ha llevado al Estado Mexicano a que hoy tenga tres sentencias, Campo Algodonero y casos Valentina Rosendo Cantú[1] e Inés Fernández Ortega, en donde se le responsabiliza de violaciones a derechos humanos. En el caso específico del Campo Algodonero la sentencia señala los aspectos fallidos en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalidad y compromiso de los funcionarios a cargo de la investigación. Así mismo el máximo tribunal de protección de derechos humanos consideró que en estos casos "no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades" (CoIDH, 2009: 40), que se basan en una cultura de discriminación de género y de misoginia, que confirma y alimenta la impunidad y permisividad de los Estados, en la medida en que no investigan ni sancionan a los responsables de estos crímenes, enviando un mensaje de tolerancia.
· De esta forma el Estado demuestra su incapacidad y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como frenar la creciente impunidad que se genera en la entidad, tan sólo en este año existen 342 casos de feminicidios en la entidad y 207 mujeres desaparecidas.
La actuación del gobierno de Chihuahua ocasiona que familiares de víctimas consideren que el acceso a la justicia en este país es una quimera y que en la ruta para alcanzarla sufren vejaciones y malos tratos por parte de los agentes del Estado y las instituciones y figuras que han sido creadas para atenderles. Esta situación genera miedos y desconfianzas para denunciar y continuar con el proceso en busca del acceso a la justicia.
· Marisela Escobedo, al ser asesinada, sobre todo frente al Palacio de Gobierno Estatal, representa un grave y peligroso mensaje por parte de quienes la asesinaron: la supremacía de la delincuencia organizada frente a los poderes institucionales y la desprotección de quienes en el futuro quieran utilizar esos espacios públicos para reclamar justicia. Otra situación preocupante es que estos mismos victimarios asesinaron a familiares y amigos cercanos de Marisela y al día de hoy continúan amenazándolos de muerte. Mientras que sus hijos, hija y nieta tuvieron que solicitar asilo político en Estados Unidos, para garantizar su protección.
· Ante esta situación el gobierno estado de Chihuahua no ha generado las condiciones para que dejen de reproducirse este tipo de hechos y por el contrario muestra una incapacidad para proteger y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Sin proveer de recursos esenciales establecidos en particular en los derechos para arribar a la verdad y a la justicia.
· El índice delictivo sigue aumentando en el Estado y el contar con presuntos delincuentes no garantiza que la inseguridad en el estado, sobre todo en contra de las mujeres haya disminuido.
· Que hemos comprobado que en la mayoría de los casos de feminicidio y violencia a defensoras y defensores de derechos humanos, el Estado no ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a procesos conforme a derecho de los mismos.
· La impunidad, la ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la justicia han hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos y a periodistas, pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento total de su deber de garantía y protección el mensaje da impunidad a los perpetradores.
· Que vivimos momentos de alarma ante el preocupante incremento de violencia en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para esclarecer los casos y proteger a quienes son víctimas y luchan por la justicia.
· Otra prueba fundamental ante estas circunstancias es que existen recientes declaraciones hechas por la Fiscalía General de Chihuahua sobre la investigación del caso de Marisela, las cuales nos dejan en mayor incertidumbre debido a que no queda claro cuáles fueron las causas que desencadenaron este infame asesinato, concluyendo que el asesino intelectual es el mismo agresor de su hija.
Este tribunal ha recibido información de todos los hechos que se han suscitado en este crimen y en donde queda claro que hasta este momento, el gobierno del estado de Chihuahua sólo ha creado una cortina de humo que no permite aproximarnos al derecho a la verdad que merecen los familiares de Marisela así como la sociedad mexicana.
Por lo anterior, el jurado emite las siguientes RECOMENDACIONES
· Cumplir de manera cabal con la Sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial de las acciones para prevenir e investigar y sancionar desde la debida diligencia las desapariciones, la violencia sexual y los feminicidios.
· La revisión del Sistema Penal Acusatorio de forma que se incorpore la perspectiva de género en los mecanismos de procuración e impartición de justicia y se vaya modificando la cultura jurídica patriarcal y las prácticas sexistas y discriminatorias de servidoras y servidores públicos.
· La implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas en la información sobre el avance y resultados de las investigaciones de los casos de feminicidio.
· Que la Fiscalía General del Estado debe acceder a la demanda de los hijos de Marisela Escobedo Ortiz y reunirse con ellos para ofrecerles una Explicación exhaustiva del estado actual de las diferentes investigaciones que tienen relación con la familia Frayre Escobedo y Escobedo Ortíz.
· El gobierno del Estado debe rendir a la sociedad chihuahuense escrupulosas cuentas de los procesos de investigación seguidos hasta ahora, reconociendo las fallas y omisiones cometidas.
· La instrumentación de acciones efectivas y contundentes para aprehender a Sergio Barraza Bocanegra, asesino de Rubí.
· El reconocimiento de los feminicidios de Rubí Marisol Frayre y de Marisela Escobedo, como el de muchas otras mujeres más, como crímenes de Estado.
· La incorporación de la protección de las y los defensores de derechos humanos como una política central en la estrategia de seguridad del Estado, en tanto medida indispensable para combatir de manera eficaz a la delincuencia y abonar a la confianza ciudadana.
· Se garanticen los mecanismos de protección a las defensoras de derechos humanos, evitando la criminalización, desacreditación y desprestigio de su trabajo.
· Implementar un protocolo eficaz de protección a defensores de DDHH, con un enfoque de género, que cubra las medidas individuales y colectivas, haciendo un análisis de riesgo. Este protocolo debe de contar con un presupuesto propio, en el que debe de participar la oficina de la ONU y las organizaciones civiles.
· La asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación efectiva de las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.
· Que no se minimice ni oculte de la violencia contra las mujeres con el falso argumento de priorizar la atención hacia violencia generalizada. Una y la otra están íntimamente relacionadas. La violencia de género y su expresión máxima, la violencia feminicida, son síntomas claros de la descomposición social y del deterioro de las instituciones del Estado. Invisibilizarla coloca a las mujeres en situaciones de mayor riesgo y una mayor responsabilidad del Estado.
· El cumplimiento, por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia, de su obligación de proteger y garantizar la integridad de todas las personas que viven o transitan por este país, en particular la de quienes se atreven a denunciar las agresiones en busca de la justicia.
· Se insta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su competencia para realizar recomendaciones en los casos específicos de feminicidios y desapariciones de mujeres, en especial donde hubo negligencias graves y obstrucciones en los procesos de investigación de estos casos. Se le solicita a las comisiones estatales y nacional que informen sobre el estado de las quejas interpuestas.
· El esclarecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables.
· Ante el exterminio iniciado contra la familia de la Sra. Escobedo, este Tribunal recuerda a los tres poderes del estado Mexicano, las obligaciones que tienen para prevenir, proteger, sancionar y reparar los daños ocasionados por la violencia contra esta familia.
Por estas razones, ante el presente caso este Tribunal considera RESPONSABLE y CULPABLE al anterior, actual y sucesivos gobiernos del estado de Chihuahua en la medida en que incurren en la falta de acciones para esclarecer el asesinato de Marisela Escobedo y aprender al asesino de su hija Rubí.
Recomendamos la incorporación del caso de Marisela Escobedo como caso Emblemático ante el Tribunal Permanente de los Pueblo, capítulo México, en la Audiencia Feminicidios y Violencia de Género.
Chihuahua, a 16 de diciembre de 2011.
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[1] Los hechos de este caso se relacionan con la violación sexual de la indígena Me'phaa Valentina Rosendo Cantú, la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, la falta de una reparación adecuada en favor de la víctima y sus familiares, la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y a las supuestas dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud.
Atentamente:
Comunicación
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C
Ave. Juárez 4107-B
Chihuahua, Chihuahua
tels.
52 (614) 415-41-52
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