Feminicidios e Impunidad en Honduras

Silvia Heredia

En Honduras del 2005 a Junio 2011, más de 2 mil mujeres han muerto víctimas de feminicidio. Su muerte, sus sueños truncados y el dolor de la familia representan uno de los mayores escándalos nacionales de incumplimiento a los Derechos Humanos por parte del Estado hondureño.

Es casi imposible hablar del Feminicidio en Honduras en los últimos años sin abordar el impacto del Golpe de Estado. Tal y como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pudo constatar y documentar en su vista al país, a partir del 28 de Junio de 2009 se suscitaron una serie de violaciones a los Derechos Humanos de la población hondureña y un colapso en la institucionalidad del país que se mantiene hasta la fecha impactando directamente en el aumento e impunidad de los feminicidios.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, reveló que en los que en 2011 (febrero-diciembre), al menos, 5,850 personas perdieron la vida en forma violenta, es decir, alrededor de 18 víctimas diarias. Prosiguió que lejos de mejorar,¹ La situación en Honduras es crítica, dijo Custodio, si se toma en cuenta que en el año 2000 se registraba un promedio de 8.7 homicidios por día, cifra que alcanzó un promedio de 20 en el 2011.Para el 2011 los feminicidios representan el 6.55% de las muertes violentas registradas por la DNIC y aunque parece un numero bajo, tomando el año 2002 como base, los feminicidios han aumentado en un 257.9%. ²

La población más afectada en el caso de Honduras son mujeres jóvenes entre 16 y 30 años (41% en el 2009 y 48.54% en el 2010). En este sentido es importante evaluar como el rango de edad ha ido en descenso pasando de 26.6 años³ en el 2006 hasta los 16 en el 2011.

Aun y cuando los funcionarios públicos reconocen públicamente la impunidad que rodea estos casos y el incumplimiento del Estado en el acceso a justicia para las mujeres, no hay avances concretos que garanticen acciones concretas y efectivas de parte del Estado. El 93 por ciento de los casos de feminicidios permanecen en impunidad⁴. Es decir hay una aceptación de la impunidad que rodea los casos de violencia contra las mujeres.

Otro aspecto a valorar es la estigmatización de la víctima, algo que causa un enorme dolor a los familiares."En el momento que uno pone la denuncia, los policías te dicen, seguro anda en algo malo, a los buenos no les pasan estas cosas, y eso es doloroso escuchar esto, en el caso de nuestra familia. En el caso mío que es mi hermana, es una mujer que trabajaba duro, tenía su trabajo, estaba con sus niñas… y que te digan que a la gente buena no le pasa eso. No querían tomar la denuncia, porque insistimos tanto, fue que lo logramos. Imagínense, alguien que va a poner una denuncia se va. Ese comentario… a la gente buena no le pasa nada, significa entre líneas, ella andaba en algo malo.⁵

1 Diario el Heraldo. Honduras

2 Centro de Derechos de las Mujeres. Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres.

3 Consejo Centroamericano de Procuradores en Derechos Humanos. Situación y análisis del femicidio. 2006 en la Región Centroamericana

4 Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.

5 testimonio de familiar

Boletín de prensa del Movimiento de mujeres del Ecuador y El Oro

BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!!

REACCIONA ECUADOR: EL MACHISMO ES VIOLENTO Y PERPETÚA LA VIOLENCIA MAS AUN SI ES DESDE EL SILLON PRESIDENCIAL!!!

"Yo no sé si la equidad de género mejora la democracia lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente, ha mejorado el buen vivir porque se armo una farra...
Qué asambleístas que tenemos guapísimas ahh, eh corcho hay que aumentarles el sueldo eh porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas, Dios mío, (risas).
Yo ni me fijo en esas cosas, me contaron, me contaron unas piernas y unas minifaldas impresionantes guapísimas las asambleístas."

(Rafael Correa Delgado, Presidente de la República de Ecuador)

Desde el “Dale correa” de la primera campaña presidencial hasta esta grosera y sexista pieza política y de comunicación del Presidente Correa, expresada en su última cadena sabatina de 2011, mucha agua turbia ha corrido bajo el puente. ¡No es la primera gota pero es la que derramó el vaso!

Las palabras del Presidente Correa merecen nuestra indignación y rechazo, pues no sólo revelan sus verdaderas ideas sobre las mujeres y la igualdad de género en una sociedad ¿democrática? sino que contribuyen fuertemente a legitimar, reproducir y perpetuar estas desigualdades y la violencia contra las mujeres.

Nuestra indignación crece cuando escuchamos que estas palabras, que hieren, vienen de quien por su investidura presidencial está llamado a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pues es el mismo Presidente quien pone en duda la equidad de género como un asunto inherente a la democracia, mientras está seguro de que mejora sus farras. Olvidando, además, que fueron las mujeres las que dieron su voto para que llegue por primera vez al sillón presidencial luego de que él públicamente reconociera en un acto nacional en la ciudad de Machala en el año 2006, con diversidad de organizaciones de mujeres ecuatorianas, las causas y las condiciones de discriminación que viven las mujeres en el país, que lo llevo a decir “que la revolución ciudadana tendrá rostro de mujer en su gobierno”. Cuánta agua ha corrido bajo el puente desde entonces…que tanto hemos ganado las mujeres ecuatorianas en el ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, quiénes somos las más impactadas por la falta de seguridad social, de pleno empleo, de inseguridad, de acceso al crédito, a los espacios de decisión, entre otras realidades que están a la plena luz del día.

Insulta, además, que el Presidente Correa pervierta el pacto social constitucional que busca el buen vivir o sumak kawsay, con la fiesta inolvidable, en la que el macho que gobierna se deleita viendo las minifaldas y las piernas de las asambleístas aliadas y amigas.

Las personas y organizaciones que rechazamos este pronunciamiento compartimos la idea de que no debemos dejar pasar las expresiones sexistas que el Presidente Correa pronunció en un acto público que se financia con dinero público.

Buscamos interpelar a todas las personas para que reaccionemos frente al machismo en una de sus más perniciosas formas: El machismo del Jefe de Estado, que a lo largo de su mandato ha utilizado los adjetivos de mayor afectación a las mujeres por la cultura patriarcal: “gordita horrorosa”, “majadera”, “pelucona”, etc. No puede ni debe continuar, exigimos que se retracte públicamente por lo manifestado.

Nos comprometemos a construir expresiones públicas que articulen el rechazo de quienes empiezan a encontrar las coherencias en un régimen, que evita hablar de la denuncia por delito sexual contra una niña ecuatoriana presuntamente cometido por el padre de uno de sus funcionarios, con la misma convicción que celebra las buenas piernas de sus asambleístas.

Exigimos a la Asambleísta de El Oro, Rocío Valarezo, y a todas las Asambleístas de la Asamblea Nacional, se pronuncien rechazando este tipo de declaraciones y demanden la construcción de sociedad y una cultura basada en el respeto, la igualdad, la eliminación de toda forma de discrimen y la justicia para todas y todos.

11 enero del 2012.

Lydia Cacho : Carta sobre el cierre del CIAM Cancún: En pie, por la igualdad y la paz, ni un paso atrás.

Publicada originalmente en Nuestra Aparente Rendición

Queridas compañeras, compañeros y amistades solidarias:

Espero que este año esté lleno de bendiciones para acompañarles en todas sus batallas, que son las nuestras.

Nosotras tuvimos que cerrar el Refugio de alta seguridad Ciam Cancún A.C. Los recursos tan limitados no nos permiten dar los servicios que las víctimas merecen; las presiones de la delincuencia organizada y la debilidad del Estado, aunada a la corrupción del poder judicial, hacen todo más difícil para las compañeras y compañeros que atienden a las víctimas. Mientras tanto el nuevo gobierno estatal retiró todos los fondos para atención a víctimas con ONGs, y como ustedes mejor que nadie saben, la manera en que se asignan recursos para atender a víctimas de violencia de género y Trata, impide la verdadera reinserción social, protección y seguimiento documentado; eso significa que cada vez más donatarias niegan pago de becas para sobrevivientes y el pago de sueldos para las expertas (como si un trabajo tan especializado, por ser llevado a cabo por mujeres y hombres activistas profesionales, debiera ser caritativo y gratuito).

Durante los últimos dos sexenios el gobierno federal implementó un buen programa de profesionalización y transparencia de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) desde INDESOL, el cuál exigió que se desarrollaran Modelos de atención certificados, sin embargo una vez que estos fueron elaborados, los recursos públicos que se bajan por concurso de la Secretaría de Salud federal son asignados no de acuerdo al Modelo de atención profesional, sino por criterios que antagonizan con el verdadero propósito de la atención multidisciplinaria de las víctimas.
En particular el Estado y sus programas de atención a víctimas no dan, desde sus propias instituciones, los servicios adecuados que las víctimas y sus familiares se merecen, y por otro, están forzando a las ONGs a simular servicios para poder recibir dinero público (tal y como las instituciones públicas los simulan), y el equipo de profesionales de Ciam Cancún A.C no está dispuesto a callar ante semejante despropósito.

En el contexto del monotemático discurso de la guerra contra el narcotráfico, la violencia de género ha quedado perdida en las agendas públicas. Cada vez más donatarios, así como los programas del Estado pretenden ayudar a otras causas y, en caso de que apoyen la nuestra, tienden a minimizar y/o erradicar los salarios de las expertas que atienden a las víctimas, prohibiendo pagos por nómina para darles seguro social a las colegas que entregan la vida por la causa y eso imposibilita proteger la salud de las propias personas que defienden mujeres. A la vez el Estado mexicano niega, o simula, sistemáticamente medidas cautelares de protección por las crecientes amenazas de muerte.

Con todo lo anterior se genera una desigualdad y maltrato hacia los y las defensoras de derechos de las mujeres y las niñas y niños que nos parece ya insostenible y éticamente inaceptable. No se puede, ni se debe, ayudar a las víctimas victimando a psicólogas, abogadas, enfermeras, médicas, psicólogos especialistas en abuso sexual infantil, rescatadoras y trabajadoras sociales. México no se merece ese tipo de activismo y doble discriminación.

Si el Estado es incapaz de proteger y defender a las víctimas, y la sociedad civil organizada se corresponsabiliza de esa tarea, esta merece el respeto y la posibilidad de saber que los recursos erogados del pueblo para el pueblo, serán utilizados con transparencia y efectividad, siguiendo un modelo multidisciplinario que no re-victime a las víctimas, sino que les acompañe auténticamente a convertirse en sobrevivientes y en personas empoderadas que conozcan sus propios derechos y ayuden a otras a conocerlos. Sólo así podremos romper el círculo vicioso de la victimización perenne en nuestro país.

Diez años de trabajo rescatando víctimas nacionales y de otros países no son poca cosa. Estamos pasando por un momento de mucha tristeza y un claro sentido de pérdida, pero sabemos que hay que fluir y seguir adelante. No nos daremos por vencidas, sólo buscaremos estrategias diferentes para seguir trabajando sin sacrificios absurdos, con mayor fuerza y seguridad. La congruencia exige que las defensoras y defensores de Derechos Humanos se protejan y defiendan a sí mismos de la misma manera, y en la misma medida, en que protegen a las víctimas a las que ayudan. Ni más ni menos.

Agradecemos profundamente a quienes durante estos años lograron solidarizarse para ayudar a más de 10 mil personas cada año, con donativos especiales y apoyos solidarios, morales y económicos. Cada vida protegida valió todos los esfuerzos, cada esperanza iluminada reaviva nuestra propia esperanza de que eventualmente México será un país libre de violencia, donde la igualdad sea un derecho pleno y no una dádiva excepcional.

Espero que puedan leer el comunicado adjunto para conocer el proyecto con el cuál seguiremos adelante.

A mi nombre y el de todo el equipo Ciam Cancún A.C les mando un abrazo cariñoso, siempre agradecido

Seguimos desde aquí, con lo que tenemos y podemos.

En pie, por la igualdad y la paz, ni un paso atrás.

Lydia Cacho

Fundadora presidenta Ciam Cancún A.C

Haití: a dos años, la tragedia no cesa…

Haitianas dan su cuerpo por agua - por Laura Castellanos* - Las violaciones de niñas de hasta 2 años y la prostitución a cambio de techo y comida se han disparado tras el desastre - PUERTO PRÍNCIPE.— Es mediodía en el campamento más peligroso de Haití, el de la Plaza Champ de Mars, donde sobreviven 20 mil personas en carpas maltrechas instaladas en las plazoletas que rodean las ruinas del Palacio Nacional de Puerto Príncipe. Este es el prostíbulo infantil más grande del país’…

*Laura Castellanos es periodista independiente, escribe principalmente de temas de mujeres indígenas y movimientos sociales radicales. Se formó en el suplemento Doblejornada de La Jornada. Es autora de los libros México Armado 1943-1981, y Corte de caja, entrevista con el subcomendante Marcos.Ha trabajado en La Jornada y Reforma. Actualmente escribe reportajes especiales para El Universal. Cuadernos Feministas agradece su colaboración para este número.

El país más pobre y el que más crece - La Cepal predice que en 2012, el país de América Latina que tendrá una mayor tasa de crecimiento es Haití, que hoy conmemora dos años del devastador terremoto. ¿En qué está basado ese repunte? Y, sobre todo, ¿qué se esconde detrás de esta cifra?

Haiti: The republic of NGOs? - As rebuilding work continues two years after the quake, we ask where billions of dollars in international aid ended up.

Haiti: A year in reports - It started with an earthquake, but the year also delivered tropical storms, political turmoil and a cholera epidemic.

Imagen: Rocío Duque

Dominicana: Estudios develan crueldad y violencia hacia inmigrantes haitianas

Por Mirta Rodríguez Calderón
(mirtarc@yahoo.es)



Santo Domingo, diciembre (SEMlac).- Investigaciones sociológicas y antropológicas sobre los sufrimientos de las mujeres haitianas en la frontera con República Dominicana dan cuenta de la crueldad y el empecinamiento machista con que se las viola, trafica y hace víctimas de la trata.
Los resultados de estas investigaciones, estimuladas por el Observatorio Migrantes del Caribe, la Colectiva Mujer y Salud y Mujeres del Mundo, se resumen en las obras Mujeres en el Camino, Fanmnanfwontyé, Fanmtoupatouque, en creole, que equivale a Una mirada a la violencia contra las mujeres migrantes haitianas, en tránsito y desplazadas en la frontera dominico-haitiana, y un estudio cualitativo sobre dominicanas sobrevivientes de trata, presentados en la capital dominicana el 14 de diciembre, Día del Migrante.
Las autoras, Allison Petrozziello, Tahira Vargas y Bridget Wooding (editora) indagan igualmente en la explotación abusiva que padecen las mujeres haitianas en el mercado informal, en particular por la extorsión de uniformados.
¿Y de qué les sirven estos resultados a las propias mujeres haitianas?, preguntó SEMlac a Bridget Wooding, directora del Observatorio Migrantes del Caribe e inspiradora de esos productos. "Para identificar su propia situación, hacerse cargo de ella, empoderarse, exigir sus derechos y saber cómo y dónde los tienen que reclamar", respondió.
¿Se enteran ellas de lo que dicen estos textos?, inquirió SEMlac. "Se enteran, sí. Durante el proceso se produjeron tres encuentros con las propias mujeres, ONG implicadas, autoridades y con las jefaturas de quienes provocan y practican abusos, y se adoptaron acuerdos en ese sentido. O sea, que las obras son el resultado de un trabajo concreto para intervenir en un cambio de las realidades que tanto nos preocupan", explicó Wooding.
La presentación de los compendios de la investigación en el Centro Cultural de España concitó gran interés. Allí se inauguró además la exposición de fotos "Mujeres migrantes haitianas en República Dominicana".
Entre otras participantes se encontraba Marolé Merzina, de la Asociación de Mujeres Haitianas, a quien nadie menciona sino con el nombre de María. Vive en Elías Piña, una provincia paupérrima del extremo centro oriental fronterizo y, aunque todavía no domina el español, sabe lo suficiente como para destacar el valor del esfuerzo investigativo al que también ella contribuyó.
Para la académica Denise Paiewonski, "los tres estudios analizan experiencias de mujeres migrantes desde una perspectiva de género y de derechos humanos, y enfocan problemas que generan enormes sufrimientos a un número indecible de mujeres y niñas de nuestra isla que no han recibido la atención que merecen en términos de investigación, políticas públicas ni de divulgación por los medios de comunicación".
La presidenta de la Colectiva Mujer y Salud agregó que esas visiones se inscriben en una nueva generación de investigaciones que, desde hace una década, evidencian el rápido proceso de transformación de la problemática migratoria dominico-haitiana, tras el colapso de la industria azucarera local en los años noventa. 
"En pocos años hemos pasado de estudios centrados en la figura del bracero haitiano y las condiciones de vida en los bateyes a otros que analizan la rápida y extraordinaria complejidad del fenómeno migratorio haitiano", precisó.
Tras señalar que, en el caso dominicano, "con graves deficiencias institucionales y falta de voluntad política, el elemento común mas importante es la impunidad", indicó que hay más de 64.000 casos de violaciones denunciados, de los cuales algo menos de 500 se han llevado a la justicia y apenas se han producido 47 condenas.
Paiewonski destacó, además, la demanda de las comunidades migrantes de todo el mundo para que los países receptores, incluyendo la República Dominicana, ratifiquen la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. 
La negativa de naciones ricas y pobres "ha incrementado la desprotección de las personas y comunidades migrantes en todo el mundo y constituye un desmentido al supuesto compromiso de estos Estados con los derechos humanos", sostuvo.
Reconoció que gracias al Observatorio Migrantes del Caribe, en los últimos años se han publicado trabajos enfocados en las mujeres migrantes haitianas, que visibilizan sus experiencias y contrarrestan el tradicional sesgo masculino de los estudios sobre migración. No obstante, se refirió a lo que falta por recorrer en materia de equidad de género y ciudadanía femenina de las mujeres migrantes y de todas en la isla.
Las recomendaciones de los tres estudios incluyen desde la necesidad de definir e implementar políticas migratorias al más alto nivel político, hasta variantes dirigidas a autoridades y organizaciones no gubernamentales a nivel local. 
Algunas de ellas, como la promoción de una asociación de comerciantes haitianas y el apoyo a sus demandas en relación con la construcción del nuevo mercado fronterizo en Elías Piña, ya están siendo implementadas.
Sergia Galván, directora de la Colectiva Mujer y Salud, señaló que, además del serio problema de violencia doméstica, los estudios detectaron situaciones de acoso sexual y engaños en los puntos de cruce oficiales, violaciones y asesinatos "en el monte", abusos en el mercado fronterizo y en las casas de familia donde laboran las haitianas, trabajo sexual forzado y trata de mujeres y niñas, entre otras.
La presentación de los libros estuvo dedicada a la memoria de Sonia Pierre, activista feminista dominicana fallecida a inicios de diciembre e incansable luchadora por los derechos humanos de las mujeres, personas dominicanas de ascendencia haitiana y migrantes.




Primer aniversario del Feminicidio de Marisela Escobedo

Resolutivo-Sentencia del Jurado del Tribunal

Viernes 16 de diciembre de 2011

Este Tribunal de conciencia se inscribe en la tradición de mujeres por luchar de una manera creativa y responsable para construir alternativas de paz social, de ciudadanización de la población y de recuperación de una legalidad sustentada en una ética de la justicia y los derechos humanos para todas y todos.

Desde la recuperación de la conciencia ciudadana como la principal rectora del pacto social, las y los jueces de este Tribuna ratificamos la necesidad de renovar la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí y de las miles de mujeres víctimas del feminicidio. Con la instalación del tribunal de conciencia buscamos alimentar la memoria histórica, no permitir que el olvido o la costumbre erosionen la indignación por los feminicidios y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos; queremos crear y recrear símbolos, y con ellos desarrollar una pedagogía ciudadana a favor de la justicia y en contra de la impunidad.

Esta impunidad lo que posibilita que se sigan asesinando en Chihuahua, además de Marisela, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez, a Josefina Reyes, a Paz Rodríguez, y que el pasado 2 de diciembre se haya atentado contra la vida de Norma Andrade y se siga vulnerando la integridad y la vida de tantas y tantos defensores de derechos humanos. Ninguno de estos casos son aislados, se circunscriben en un contexto de impunidad sistemática.

Desde que el Tribunal en Segunda Instancia sentenció en 2010 a Sergio Rafael Barraza, asesino de Rubí, Marisela Escobedo emprendió una ardua batalla para que fuera encarcelado. Esta situación la llevó a estar en permanente riesgo, al grado de que la asesinaran.

Ante estas circunstancias este Tribunal de Conciencia emite el siguiente fallo a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES

· Hoy vivimos en un país abatido por la violencia, donde existe una estrategia francamente violatoria de los derechos humanos y la impunidad y la corrupción han dejado a la ciudadanía completamente desamparada.

· El feminicidio es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, que es un crimen de Estado, pues es el Estado quien tiene la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres.

· El Estado Mexicano ha sido objeto en los últimos años de recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente por la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos consideran urgente que se atiendan dichas recomendaciones con la finalidad de que se promuevan acciones y políticas públicas que garanticen la efectiva prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y el feminicidio.

· Las actitudes de negligencia y omisión por parte de las autoridades, en materia de violencia contra las mujeres, ha llevado al Estado Mexicano a que hoy tenga tres sentencias, Campo Algodonero y casos Valentina Rosendo Cantú[1] e Inés Fernández Ortega, en donde se le responsabiliza de violaciones a derechos humanos. En el caso específico del Campo Algodonero la sentencia señala los aspectos fallidos en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalidad y compromiso de los funcionarios a cargo de la investigación. Así mismo el máximo tribunal de protección de derechos humanos consideró que en estos casos "no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades" (CoIDH, 2009: 40), que se basan en una cultura de discriminación de género y de misoginia, que confirma y alimenta la impunidad y permisividad de los Estados, en la medida en que no investigan ni sancionan a los responsables de estos crímenes, enviando un mensaje de tolerancia.

· De esta forma el Estado demuestra su incapacidad y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como frenar la creciente impunidad que se genera en la entidad, tan sólo en este año existen 342 casos de feminicidios en la entidad y 207 mujeres desaparecidas.

La actuación del gobierno de Chihuahua ocasiona que familiares de víctimas consideren que el acceso a la justicia en este país es una quimera y que en la ruta para alcanzarla sufren vejaciones y malos tratos por parte de los agentes del Estado y las instituciones y figuras que han sido creadas para atenderles. Esta situación genera miedos y desconfianzas para denunciar y continuar con el proceso en busca del acceso a la justicia.

· Marisela Escobedo, al ser asesinada, sobre todo frente al Palacio de Gobierno Estatal, representa un grave y peligroso mensaje por parte de quienes la asesinaron: la supremacía de la delincuencia organizada frente a los poderes institucionales y la desprotección de quienes en el futuro quieran utilizar esos espacios públicos para reclamar justicia. Otra situación preocupante es que estos mismos victimarios asesinaron a familiares y amigos cercanos de Marisela y al día de hoy continúan amenazándolos de muerte. Mientras que sus hijos, hija y nieta tuvieron que solicitar asilo político en Estados Unidos, para garantizar su protección.

· Ante esta situación el gobierno estado de Chihuahua no ha generado las condiciones para que dejen de reproducirse este tipo de hechos y por el contrario muestra una incapacidad para proteger y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Sin proveer de recursos esenciales establecidos en particular en los derechos para arribar a la verdad y a la justicia.

· El índice delictivo sigue aumentando en el Estado y el contar con presuntos delincuentes no garantiza que la inseguridad en el estado, sobre todo en contra de las mujeres haya disminuido.

· Que hemos comprobado que en la mayoría de los casos de feminicidio y violencia a defensoras y defensores de derechos humanos, el Estado no ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a procesos conforme a derecho de los mismos.

· La impunidad, la ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la justicia han hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos y a periodistas, pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento total de su deber de garantía y protección el mensaje da impunidad a los perpetradores.

· Que vivimos momentos de alarma ante el preocupante incremento de violencia en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para esclarecer los casos y proteger a quienes son víctimas y luchan por la justicia.

· Otra prueba fundamental ante estas circunstancias es que existen recientes declaraciones hechas por la Fiscalía General de Chihuahua sobre la investigación del caso de Marisela, las cuales nos dejan en mayor incertidumbre debido a que no queda claro cuáles fueron las causas que desencadenaron este infame asesinato, concluyendo que el asesino intelectual es el mismo agresor de su hija.

Este tribunal ha recibido información de todos los hechos que se han suscitado en este crimen y en donde queda claro que hasta este momento, el gobierno del estado de Chihuahua sólo ha creado una cortina de humo que no permite aproximarnos al derecho a la verdad que merecen los familiares de Marisela así como la sociedad mexicana.

Por lo anterior, el jurado emite las siguientes RECOMENDACIONES

· Cumplir de manera cabal con la Sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial de las acciones para prevenir e investigar y sancionar desde la debida diligencia las desapariciones, la violencia sexual y los feminicidios.

· La revisión del Sistema Penal Acusatorio de forma que se incorpore la perspectiva de género en los mecanismos de procuración e impartición de justicia y se vaya modificando la cultura jurídica patriarcal y las prácticas sexistas y discriminatorias de servidoras y servidores públicos.

· La implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas en la información sobre el avance y resultados de las investigaciones de los casos de feminicidio.

· Que la Fiscalía General del Estado debe acceder a la demanda de los hijos de Marisela Escobedo Ortiz y reunirse con ellos para ofrecerles una Explicación exhaustiva del estado actual de las diferentes investigaciones que tienen relación con la familia Frayre Escobedo y Escobedo Ortíz.

· El gobierno del Estado debe rendir a la sociedad chihuahuense escrupulosas cuentas de los procesos de investigación seguidos hasta ahora, reconociendo las fallas y omisiones cometidas.

· La instrumentación de acciones efectivas y contundentes para aprehender a Sergio Barraza Bocanegra, asesino de Rubí.

· El reconocimiento de los feminicidios de Rubí Marisol Frayre y de Marisela Escobedo, como el de muchas otras mujeres más, como crímenes de Estado.

· La incorporación de la protección de las y los defensores de derechos humanos como una política central en la estrategia de seguridad del Estado, en tanto medida indispensable para combatir de manera eficaz a la delincuencia y abonar a la confianza ciudadana.

· Se garanticen los mecanismos de protección a las defensoras de derechos humanos, evitando la criminalización, desacreditación y desprestigio de su trabajo.

· Implementar un protocolo eficaz de protección a defensores de DDHH, con un enfoque de género, que cubra las medidas individuales y colectivas, haciendo un análisis de riesgo. Este protocolo debe de contar con un presupuesto propio, en el que debe de participar la oficina de la ONU y las organizaciones civiles.

· La asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación efectiva de las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.

· Que no se minimice ni oculte de la violencia contra las mujeres con el falso argumento de priorizar la atención hacia violencia generalizada. Una y la otra están íntimamente relacionadas. La violencia de género y su expresión máxima, la violencia feminicida, son síntomas claros de la descomposición social y del deterioro de las instituciones del Estado. Invisibilizarla coloca a las mujeres en situaciones de mayor riesgo y una mayor responsabilidad del Estado.

· El cumplimiento, por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia, de su obligación de proteger y garantizar la integridad de todas las personas que viven o transitan por este país, en particular la de quienes se atreven a denunciar las agresiones en busca de la justicia.

· Se insta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su competencia para realizar recomendaciones en los casos específicos de feminicidios y desapariciones de mujeres, en especial donde hubo negligencias graves y obstrucciones en los procesos de investigación de estos casos. Se le solicita a las comisiones estatales y nacional que informen sobre el estado de las quejas interpuestas.

· El esclarecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables.

· Ante el exterminio iniciado contra la familia de la Sra. Escobedo, este Tribunal recuerda a los tres poderes del estado Mexicano, las obligaciones que tienen para prevenir, proteger, sancionar y reparar los daños ocasionados por la violencia contra esta familia.

Por estas razones, ante el presente caso este Tribunal considera RESPONSABLE y CULPABLE al anterior, actual y sucesivos gobiernos del estado de Chihuahua en la medida en que incurren en la falta de acciones para esclarecer el asesinato de Marisela Escobedo y aprender al asesino de su hija Rubí.

Recomendamos la incorporación del caso de Marisela Escobedo como caso Emblemático ante el Tribunal Permanente de los Pueblo, capítulo México, en la Audiencia Feminicidios y Violencia de Género.

Chihuahua, a 16 de diciembre de 2011.

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[1] Los hechos de este caso se relacionan con la violación sexual de la indígena Me'phaa Valentina Rosendo Cantú, la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, la falta de una reparación adecuada en favor de la víctima y sus familiares, la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y a las supuestas dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud.

Atentamente:
Comunicación
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C
Ave. Juárez 4107-B
Chihuahua, Chihuahua
tels.
52 (614) 415-41-52

imagen: Marcia García