México,: Pide CoIDH medidas provisionales para defensora de DH Emilia González

...la activista es hostigada por militares
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 10 sep 10 (CIMAC).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pidió al Estado mexicano otorgar medidas provisionales a la defensora de Derechos Humanos, Emilia González Tercero, quien ha documentado abusos perpetrados por elementos del Ejército mexicano y quien en los últimos meses ha sido hostigada por elementos castrenses.
En entrevista con esta agencia, la activista precisó que el 5 de septiembre la CoIDH pidió al
Estado mexicano que otorgara medidas provisionales a ella y a otros defensores y familiares de desaparecidos forzados presuntamente a manos de soldados, asimismo dijo que el Estado tiene hasta el día 13 de este mes para enviar observaciones sobre el caso.
Esta petición se dio después del hostigamiento del que ha sido víctima Emilia, lo cual -afirmó- deja claro que el sistema de justicia militar necesita cambios profundos y que el fuero de guerra debe ser derogado; ya que mencionó "comparecer en instancias militares es complicado por la intimidación que ejercen los soldados contra los civiles".
EVIDENCIAS DE INTIMIDACIÓN - En su opinión, el hostigamiento obedece a su trabajo como defensora de Derechos Humanos, pues desde enero 2010, junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, es representante legal del caso de desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado, Rocío Alvarado y José Ángel Alvarado.
La seriedad de este caso hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concediera medidas cautelares el 4 de marzo de 2010 a los defensores y víctimas involucrados, y que ahora la CoIDH pida medidas provisionales.
Este caso se suma a otros, como el asesinato de la activista Josefina Reyes, quien también denunciaba violaciones a derechos humanos cometidos por uniformados y a otros en el resto del país que han sido amenazados, hostigados y perseguidos por su labor.
El 17 de junio de 2009, Emilia González fue hostigada por primera vez cuando un grupo de militares la interrogó frente a su domicilio con el argumento de que estaban buscando "explosivos, armas o cohetes" e intentaron ingresar a su casa sin orden judicial.
Casi un año después, el 27 de julio pasado, 10 militares uniformados y armados se presentaron en su domicilio para informarle que tenía que acudir al campo militar 5-C para rendir una declaración ante una agencia investigadora militar.
Aunque no tenía claras las razones de su comparecencia, el 16 de agosto acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde ratificó la presunta denuncia que hiciera a través de una nota periodística de Cimacnoticias publicada el 19 de junio de 2009.
SIN VOLUNTAD DE INVESTIGAR - Después de estos hechos, pidió la copia de la averiguación previa, pero antes de darle una respuesta la citaron en el campo militar 5-C, a donde acudió este 8 de septiembre; sin embargo el Ministerio Público Militar, Abel Gallardo Nicasio, argumentando disposiciones del Código de Justicia Militar y "confidencialidad del expediente", le negó la copia.
Cabe recordar que en agosto pasado Emilia González Tercero interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que le notificó ayer, que ésta quedó asentada en la Segunda Visitaduría General.
La activista afirmó que aún con medidas de protección, las autoridades responsables no hacen nada para garantizar el trabajo de las y los activistas, ni para localizar a los desaparecidos.
"Su primera tarea debería ser investigar y no lo hacen", señaló al relatar que ha seguido un proceso difícil desde que el Ejército comenzó la investigación en su contra.
Cabe mencionar que ella, junto con organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno mexicano que los abusos militares se investiguen en el fuero civil. Pese a ello, el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitó, por segunda vez, pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del fuero militar.