Foto: Lidia Vilalta
El 1o de Septiembre, el Congreso local convirtió a Querétaro en el estado número 15 en aprobar reformas constitucionales para establecer el “Derecho a la Vida desde el momento de la concepción”, como parte de la estrategia revanchista de la jerarquía católica después de aprobadas las reformas para la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal y que fueron ratificadas por la Suprema Corte de Justicia hace apenas un año.
En esta andanada contra los derechos y la vida de las mujeres hay varias aristas que debemos analizar, pues aunque la razón jurídica y humana esté contra esas reformas, el acuerdo político y la alianza entre la iglesia, sus aliados naturales del PAN, y el PRI han hecho posible que en casi la mitad de las entidades federativas las reformas hayan prosperado.
El caso de Querétaro pone en evidencia cómo, a pesar de que los argumentos, la información e incluso la opinión pública echaban a bajo uno por uno los juicios contenidos en la iniciativa panista, finalmente el acuerdo político está por encima de la legalidad y de la deliberación democrática.
Y es que a diferencia de la mayoría de los estados donde se ha aprobado esta reforma, como en el caso de Puebla en el pasado mes de mayo, donde el dictamen y aprobación de las iniciativas se han dado mediante un albazo legislativo de menos de 15 días, en Querétaro se abrió un período de 3 semanas de audiencias públicas, gracias a la voluntad del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también por la insistencia de numerosas organizaciones nacionales y estatales.
Durante esas 3 semanas, se inscribieron alrededor de 150 ponencias, una ciudadanía activa acudió a dar razones a favor y en contra de la iniciativa; uno a uno de los argumentos contenidos en la misma se fueron echando abajo y la opinión pública, a veces tan sometida al designio del gobierno estatal,empezó a dar la razón a quienes con mucho fundamento se oponían a la reforma.
Quienes acudimos a este ejercicio de consulta ciudadana, sentíamos que con nuestras voces calificadas y mayoritarias, los legisladores queretanos terminarían por dictaminar en negativo esa propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, no contábamos con algo: el gobernador entrante, el priísta José Calzada, no quería heredar el problema, ni mucho menos echarse encima la opinión desfavorable por el tema de la penalización del aborto; y el gobernador saliente,el panista Francisco Garrido, tenía el compromiso con el obispo y la mayoría necesaria para sacar adelante la reforma.
Así de la mano, el PRI y en PAN, en 15 estados han aprobado una reforma que es anticonstitucional pues atenta contra el artículo 4º de la Constitución General, en el que se establece que las mexicanas y mexicanos son libres de decidir libremente el número y espacimiento de sus hijos. Una reforma que no es inofensiva pues a pesar de decir proteger la vida, atenta contra la vida de las mujeres, que hoy en nuestro país son perseguidas como delincuentes y son puestas a disposición del ministerio público por los hospitales públicos, responsables de salvarles la vida.
En Guanajuato, hay más de 300 mujeres enfrentando procesos penales, en Chihuahua se reportan 90, en Puebla ya se dio un caso y ante esta ofensiva las preguntas son: ¿las condiciones que vive nuestro país en materia de seguridad pública deben tener como prioridad perseguir a mujeres que han decidido interrumpir un embarazo? ¿Las únicas opciones para las mexicanas son morir por un aborto practicado en condiciones insalubres o ir a la cárcel por asesinas? ¿A las mujeres víctimas de violación además se les debe obligar a continuar con un embarazo que no buscaron? A una mujer con embarazo de alto riesgo se le debe obligar a continuarlo a pesar de que la vida de ambos esté en riesgo? En un Estado Laico, como lo es el Mexicano, ¿las creencias religiosas deben ser ahora las que legislen y regulen las conductas de los ciudadanos?
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