CIMAC presenta primer informe sobre violencia en contra de mujeres periodistas en México

• Los 94 casos documentados de violencia de 2005 a 2011 siguen impunes
• Corrupción, el tema en torno a la violencia contra mujeres periodistas.
• Funcionarios públicos la mayoría de agresores.

Por primera vez en la historia del periodismo a nivel mundial, en México se presenta un Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas, mismo que contempla casos desde 2002 a 2011, lapso durante el cual han sido asesinadas 10 trabajadoras de medios de comunicación, en cuyos casos aun existe impunidad.

El Informe Diagnóstico fue elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), mismo que registra y documenta un total de 94 casos de violencia en contra de mujeres periodistas, 5 correspondientes al periodo de 2002 a 2006 y 89 desde 2007 a 2011.

El Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas, México 2010-2011 se presenta este 4 de octubre a las 11 de la mañana en el Museo de Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico de la ciudad de México.

Presentarán: Lydia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de derechos humanos de las mujeres, Elia Baltazar González periodista independiente y Anabel Hernández periodista, así como la feminista, etnóloga y Doctora en Antropología, Marcela Lagarde y de los Ríos, moderará la Directora General de CIMAC Lucía Lagunes Huerta.

De 2002 a 2011, 10 mujeres periodistas han sido asesinadas en México, y más de 90 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor. Hasta el día de hoy ninguno de los casos documentados en este Informe ha sido resuelto, lo que representa un nivel de impunidad que permite la repetición contante de estos actos.

Los casos documentados en dicho Informe se rigen bajo los protocolos nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, la experiencia de los refugios para mujeres víctimas de violencia, así como en lo contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Pará.

Entidades Federativas con mayor número de casos.

Las entidades federativas con mayor número de casos son: Oaxaca en primer lugar 12,  Distrito Federal 10, Chihuahua 8, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz con 7, 6 y 5 casos, respectivamente.

A los estados anteriores les siguen Tamaulipas, Puebla, Michoacán, Morelos, Estado de México, Durango y Guerrero, con 3 casos; Nuevo León, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Nayarit con 2 casos.

Mientras que Sinaloa, Yucatán, Baja California Sur, Colima y Guanajuato con un solo caso, esto obedece, según el informe a la falta de garantías para poder denunciar.

En el informe sobresalen Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, por ser entidades donde se cometieron los actos feminicidas contra mujeres periodistas.

Un 76 por ciento de las periodistas violentadas eran reporteras, mientras que 2.6 por ciento, equivalente a un caso, se trató de una directora de un medio de comunicación, en porcentaje igual una corresponsal y una fotógrafa. De los casos registrados por CIMAC, 10 por ciento eran periodistas independientes o freelance, lo que puede significar un elemento de aumento de vulnerabilidad, al no contar con un contrato fijo, prestaciones de ley ni respaldo, en el caso de querer brindarlo, de un empresa periodística.

Al momento del hecho violento, 45 por ciento de las periodistas llevaba a cabo investigaciones sobre corrupción por parte de funcionarios o funcionarias, 18 por ciento movimientos sociales, 13 por ciento narcotráfico, 10.5 por ciento abuso de poder y en una igual proporción libertad de expresión. Tres por ciento, equivalente a un caso, no tenía una investigación específica en curso.

Las construcciones sociales que naturalizan la violencia en contra de las mujeres ha repercutido en la situación particular de las periodistas en un entorno de violencia como el que actualmente se vive en México, al que se suma la falta de garantías por parte del Estado para acceder a la justicia, la impunidad, el miedo de las periodistas miedo a ser re-victimizadas por las autoridades o en los medios de comunicación a través del cuestionamiento de su vida laboral pero también personal, explica el Informe.

De acuerdo a la investigación que estuvo a cargo de las responsables del Programa de Libertad de Expresión de CIMAC –Yunuhen Rangel Medina y Cirenia Celestino Ortega–, las edades de las periodistas violentadas, fluctúan entre 22 y 42 años, 30 años en promedio, es decir, en edad reproductiva y económicamente activa lo cual repercute directamente en su vida personal, el derecho a informar, el derecho de la sociedad a la información y el desarrollo económico del país.

El Informe detalla que en 2010 se registraron 3 casos de feminicidio y 2 más al terminar 2011, cuando Veracruz saltó a escena como una de las entidades federativas más violentadas para ejercer el periodismo.

CIMAC registra las formas de violencia cometidas contra mujeres periodistas con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en función de que las desigualdades de género son aplicadas también a las mujeres que ejercen el periodismo y que son las siguientes modalidades:

• Violencia psicológica a través de amenazas contra ellas, así como a las y los hijos o familiares. Esta situación ha sido aprovechada por quienes han violentado por medio de amenazas a las periodistas, a quienes se presiona con ejercer algún tipo de daño a sus hijas o hijos, con el objetivo de censurarlas o para obligarlas a retirar sus denuncias.

• Violencia sexual a través del acoso por parte de agresores ajenos al medio de comunicación pero también en medio de coberturas de movimientos sociales, por parte de sus pares hombres, sus fuentes de información o elementos del Estado.

• Violencia comunitaria, al ser expuestas en los medios de comunicación en los casos en los que se pone en duda su calidad moral y personal, así como profesional. A través de rumores que se difunden entre el gremio periodístico y la comunidad en la que se desarrolla la periodista lo cual impacta a la víctima así como a su familia.

• Violencia institucional, en tanto que se trata de actos u omisiones de las y los servidores públicos, esta violencia es aplicada al no garantizar las condiciones adecuadas para ejercer su labor en un entorno no violento y respetuoso de sus particularidades sexuales y sociales como: acceso a la justicia y en casos en los que elementos del Estado son los agresores.

• Violencia laboral en casos en los que no se brindan las condiciones laborales y de seguridad necesarias para ejercer la labor periodística en el contexto actual. 

Para mayores informes:

Olga Rosario Avendaño

5548529614