Feminicidio
y violencia.
Sara Lovera*
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El pasado16 de abril fue asesinado Alonso de la Colina Sordo, en la
capital del estado de Puebla, a 120 kilómetros de la ciudad de México. Con él
sumaban dos periodistas asesinados en apenas 145 días del nuevo gobierno
federal. Ello sucedía en medio de un clamor general contra la violencia
generalizada en el país, agudizada en los últimos 6 años e irrefrenable y
mordaz.
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Miles de
mujeres han perdido la vida en este escenario. Al menos 10 mujeres periodistas,
incluida una joven bloguera de Tamaulipas. Decenas de otros y otras
informadoras han tenido que huir del país, como Ana Lilia Pérez. Algunas
familias de periodistas han salido de sus lugares de origen, huyendo de las
amenazas y el hostigamiento.
Tal es el
caso de Alonso de la Colina quien fue a vivir a Puebla huyendo de Guerrero, una
de las entidades de mayor peligro para la vida y la integridad de las personas.
Ahí donde dos mujeres españolas fueron violadas.
La
situación, según la Casa de los Derechos de Periodistas indica que desde 2008,
cada mes fallece o desaparece un periodista en México. La cifra de
desaparecidos, de acuerdo al nuevo gobierno, totalmente oficial es de más de 25
mil personas.
No se puede
hablar con seriedad en qué lugar del país esto es más o menos grave. El año
pasado dos mujeres periodistas fueron asesinadas en la ciudad de México; en
Michoacán o en Durango, los informes directos de periodistas es que existe
acoso y persecución.
Y es que en
los últimos 12 años, se han denunciado agresiones contra 102 periodistas de los
cuales 91 fueron asesinados y 18 desaparecieron. Y en los órganos de gobierno
se han establecido mecanismos de protección que no resultan. A pesar de ello lo
que sucede en el último año en el estado de Veracruz, situado frente al Golfo
de México es al menos indignante. Ahí han sido asesinado en muy poco tiempo 11
periodistas y menudean las amenazas, los despidos que van directamente a
limitar la libertad de expresión y también hay 4 desapariciones.
Apenas el
martes 16 de abril la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex)
solicitó al gobierno del estado de Puebla una investigación profunda, expedita,
y en la cual se agoten todas las líneas de investigación, incluida la del
trabajo periodístico, en el asesinato del periodista Alonso de la Colina Sordo,
quien fue a vivir a la capital de esa entidad para huir de las amenazas a las
que había sido sometido en el estado de Guerrero. Ahí De la Colina era el
titular del principal noticiario de una repetidora de televisión de la cadena
TV Azteca, una de las dos cadenas más grandes del país.
De la Colina
Sordo es hoy el segundo periodista asesinado este año y se suma también a la
desaparición de Sergio Landa Rosado, periodista trabajador del diario Cardel, en la ciudad del mismo nombre en
Veracruz y a la decena de periodistas agredidos, varios de ellos en este último
estado.
Según la
organización civil Artículo 19 los mecanismos del Estado mexicano para proteger
a periodistas han fracasado. Aseguró que en el primer trimestre de 2013 se
registró un aumento en las agresiones contra quienes trabajan en la
comunicación. Es decir, entre enero y marzo de este año, se conocieron 50
agresiones, que incluyen medios de comunicación y periodistas.
La cifra
representa un incremento de 28% con respecto al mismo periodo de 2012, cuando
se registraron 39 casos, aseguró Artículo 19. Sorprende a los defensores y
defensoras de periodistas que a pesar de los cambios en los poderes ejecutivos
y legislativos la situación no ha mejorado, a pesar de que en muchas entidades
los congresos están legislando a favor de la protección de esta actividad
considerada como una de las más peligrosas en México.
La agresión
no respeta sitio, medio, sexo o nivel profesional. Para Animal Político, un medio de análisis
electrónico, las agresiones provienen en 52.2%de la delincuencia organizada. El
31.9% de los funcionarios públicos (políticos, policías, ejército); de
organizaciones sociales en lucha o protesta hasta el 10.6%, de particulares
(“venganzas”) hasta 6.3%. Parece que nadie se salva y lo que sucede es que hay
una tempestad, un remolino irrefrenable.
Tampoco ha
disminuido la violencia generalizada e hiriente que caracterizó al periodo
gubernamental de Felipe Calderón. En ese sentido apenas este martes el nuevo
presidente, Enrique Peña Nieto en un foro denominado Lograr un México en Paz, hizo un
discurso brioso y firme:
“Como Presidente de la República,
reafirmo que es prioridad de mi Gobierno hacer valer el Estado de Derecho”, y
agregó que “sí se puede recuperar la tranquilidad y la armonía social” en el
país; “sí es posible disminuir los niveles de violencia que lamentablemente se
han acentuado o se encuentran en algunas partes de la República Mexicana, pero
sólo lo lograremos con el compromiso y la coordinación del Estado mexicano en
su conjunto”.
Luego dijo
más: “alcanzar la paz es una causa que nos convoca y nos compromete a todos los
mexicanos”; los mexicanos tenemos la energía, la capacidad, la pasión, el
talento para construir una Nación a la altura de nuestras expectativas.
Detrás de
este discurso están los datos, discutidos febrilmente en mesas de diálogo y
presentaciones en televisión, con toda clase de expertos y analistas. En 140
días las ejecuciones llegan a 4 mil: hay imágenes inocultables de
enfrentamientos entre policías, ejército y civiles. Hay lugares del país, como
Oaxaca donde desaparece una niña o una mujer cada semana y en estos días en
Morelos y Guanajuato asociaciones de mujeres denuncian que el feminicidio sigue
tan campante y sin justicia.
Al mismo
tiempo y a propósito de las reformas constitucionales de educación, trabajo y
comunicaciones, hay manifestaciones de protestas gremiales, del magisterio y en
zonas rurales e indígenas que escenifican conatos de enfrentamientos, en
carreteras, zonas urbanas y rurales. El caso de Oaxaca y los parajes donde se
instalan obras eólicas, ya han producido incluso heridos y detenidos. El país
virtualmente en llamas. Y materialmente en llamas debido a incendios
forestales. Pero hay esas otras llamas sociales prendidas en al menos 15
entidades de las 31 del país.
En ese
escenario es que las y los comunicadores arriesgan su vida; reciben amenazas y
denuncias civiles, una nueva forma de presionarlos.
Lo de
Veracruz saltó a los titulares luego que la asociación de Editores del País
(dueños de pequeños periódicos y empresas de comunicación de provincias) le
dieron un premio al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su supuesta
política a favor de la libertad de expresión y quienes se desempeñan en esta
actividad, cuando en Veracruz en apenas año y medio 9 periodistas fueron
asesinados, tres mujeres y 6 hombres y hay 3 desapariciones. Y encima se
presentó y sentenció a un delincuente por el asesinato hace una año de Regina
Martínez, una periodista “incómoda” quien durante más de dos décadas reportó
los horrores, corruptelas y manipulaciones del poder y escribió sobre el
campesinado y las regiones indígenas.
En Veracruz
Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver
fue
secuestrada por un comando armado y su cuerpo fue encontrado el 27 de julio de
2011. El fiscal estatal de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, trató de
vincularla al crimen organizado, lo que el periódico para el que trabajaba negó
tajantemente.
Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa fue encontrada muerta el 28 abril de 2012 en su casa, con
rastros de golpes en el rostro y cuerpo. En octubre de 2012, la Procuraduría
estatal afirmó que el móvil del delito fue un robo y presentó a un presunto
asesino, hoy sentenciado. El director del semanario, Rafael Rodríguez
Castañeda, manifestó su escepticismo al respecto.
Apenas dos
días después de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, recibiera un
polémico premio por proteger la labor de los periodistas en el estado, el
diario El Mundo de Córdoba denunció una agresión física
contra una de sus reporteras, en un acto que tachó en un artículo editorial
como “atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión”.
En entrevista con Animal
Político, Enrique Zamora, jefe de información de la oficina que el diario tiene
en el municipio de Huatusco, explicó que un hombre se metió a la redacción para
reclamar violentamente por una nota, lo insultó, y en un forcejeo empujó a una
reportera embarazada que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.
La persona
que accedió a la fuerza a las instalaciones de la redacción, señala Zamora, es
Jorge Quezada Cóbilt, hermano del empresario Alejandro Quezada, quien fuera
detenido por conducir un auto con placas con reporte de robo, según una
información que fue difundida a través de un boletín de la Policía estatal.
Oaxaca
En este
estado, donde quedan y se recrean los hechos de violencia social e
institucional, en los primeros días de marzo, cuando arreció la protesta de
indígenas y campesinos por los campos eólicos sucedieron varias cosas:
* Al
periodista y comunicador Carlos Sánchez López, Director de la Radio Comunitaria
“Radio Totopo”, le fue librada orden de aprehensión por un motivo que, por las
circunstancias políticas, parece más bien una justificación judicial para
callarlo.
* Al periodista David Henestrosa Carrasco, colaborador de Radio TNT
de Juchitán y Director del Informativo Generando Opinión, recibió ofensas
públicas, amenazas de políticos, y ahora se le amenaza de detención policial.
* Filiberto Vicente de Radio Xadani recibió hace pocos días serias
amenazas de muerte. Su caso ya fue expuesto y defendido por Amnistía
Internacional.
* Quienes
trabajan en Radio Voces de los Pueblos, Karina Martínez e Ignacio Garrido,
fueron retenidos arbitrariamente en San Mateo del Mar junto a la enviada
especial del diario La Jornada, Rosa
Rojas. Pero además, las instalaciones de Radio Totopo han sufrido ataques y el
robo de sus equipos.
* La periodista María Elena Ramírez, también Editora de un
quincenario y comunicadora de la Radio de Juchitán la Voz del Pueblo recibió,
el martes 2 de abril, amenazas de un dirigente de ganaderos de la Región.
* El periodista Said Hernández, de la revista Tucán, apuñalado el 24 de junio de 2012 y
amenazado por particulares cercanos a sus agresores, hoy entró en otro periodo
de miedo porque dos de sus victimarios fueron puestos en libertad.
* Antonio Francisco Rodríguez, fue despedido de la empresa
radiofónica ORP Comunicaciones “por presiones de funcionarios de gobierno”, y
ha recibido amenazas telefónicas.
* El periodista Fernando Palacio Cházares, fue agredido por
autoridades municipales de Eloxochitlán de Flores Magón, recibió amenazas de
muerte.
* Comunicador
y defensor de los Derechos Humanos, David Cilia Olmos, fue amenazado y
hostigado por el Secretario de Gobierno, Jesús Emilio Martínez Álvarez. Éste
acaba de renunciar.
La otra estrategia
La
persecución a periodistas y editores de medios “incómodos” se ha bifurcado. A
las amenazas directas, se han enderezado juicios civiles millonarios, con
objeto de presionar y desaparecer, en su caso, a medios de comunicación. Ese es
el caso de la revista Contralínea y de una de
sus colaboradoras Ana Lilia Pérez, a quien se le llegó a perseguir hasta
Alemania, donde está refugiada para simular una audiencia civil en la Embajada
de México.
De esa forma
ha sido presionado el Diario de Torreón; algunas
publicaciones electrónicas como e-consulta de Tlaxcala; y algunas publicaciones
en Durango.
El 10 de
abril, el juez primero de lo penal Lázaro Castillo García dictó auto de formal
prisión en contra del director de e-consulta Tlaxcala, Martín Ruiz Rodríguez en
el distrito de Sánchez Piedras, esto tras la acusación por el delito de difamación
en contra del Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velasco Hernández.
Tres días antes, el 7 de abril, Martín Ruiz Rodríguez había sido detenido y
liberado después de pagar 35 mil pesos por fianza. El oficial mayor se sintió
agraviado cuando el periodista lo llamó “viejito maniatado”, “mediocre” y lo
acusó de pronunciar un “discurso estrambótico”.
El Código Penal de Tlaxcala, es de los últimos estados de la república
cuya ley de difamación no ha sido derogada. Este año Tlaxcala inicia un ascenso
preocupante en agresiones a la prensa: diferentes funcionarios integrantes del
gabinete más cercano del gobernador Mariano González Zarur, como los
secretarios de la función pública, finanzas, salud y el oficial mayor han
interpuesto por lo menos 6 denuncias por difamación en contra de periodistas,
además durante el primer trimestre del año se han documentado 8 amenazas en
contra de periodistas en el estado.
El contexto
Lo cierto es
que las agresiones contra periodistas suceden en los últimos 4 meses en 15
diferentes entidades de la república. Llama la atención de un trabajo analítico
difundido por el portal Animal Político, que sean dos
entidades las que encabezan las cifras: Coahuila y Tlaxcala, aparentemente,
según este análisis, las acciones contra periodistas y medios en estos dos
casos tienen un solo origen: los grupos delictivos.
Sostiene
que: “A cuatro meses del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el
repunte de la violencia en Coahuila, donde los medios continúan renunciando a coberturas
que parecerían naturales en la región, es apenas la parte visible de las
presiones silenciosas que venían dándose desde el año pasado y que habían
incluido la privación ilegal de la libertad de reporteros y empleados ajenos a
las áreas editoriales de algunos medios en la zona de la Laguna, para imponer
agenda informativa”.
Es el caso
de El Siglo de Torreón, que en febrero pasado volvió a
ser blanco de disparos que impactaron su acceso principal y que sufrió el
secuestro de personal encargado de su versión web y de las áreas de
Administración y Publicidad. A estos amagos se suman las amenazas dejadas en al
menos cinco municipios por un grupo delictivo contra el director de los
periódicos Zócalo, que el 11
de marzo anunciaron su decisión de abstenerse de publicar toda información
relacionada con el crimen organizado ante la ausencia de garantías para el
ejercicio libre del periodismo.
En menos de
cuatro años pueden contarse ya diez ataques violentos contra edificios de
empresas periodísticas en Coahuila, algunos realizados en acciones simultáneas
o de manera reiterada contra un medio. Si se considera que la problemática es
compartida con el vecino estado de Durango, habría que añadir que cuatro
periodistas fueron asesinados en el mismo periodo.
Ciudad
Juárez y Chihuahua, en general, volvieron a ser foco de atención en razón de la
cercanía de dos incidentes con alto nivel de violencia: el asesinato, el 3 de
marzo pasado, de Jaime Guadalupe González Domínguez, director del periódico
digital Ojinaga Noticias, y el doble ataque por parte de
hombres armados a las instalaciones de El
Diario y Canal 44 de Juárez, sin que existan hasta el momento
detenidos por las acciones.
De manera
atípica, Tlaxcala apareció en el panorama de las agresiones a periodistas. La
cobertura noticiosa de operaciones policíacas contra trata de personas sacó a
la luz la existencia de vigilantes y grupos de incondicionales cuyo trabajo es
entorpecer el desarrollo de acciones policíacas, pero que en lo cotidiano
también actúan contra reporteros que se acercan a los municipios considerados
como “focos rojos” para que se mantengan lejos de sus actividades.
Las amenazas
impiden que los medios informen debidamente a la ciudadanía, señala este
análisis y hace notar que a la par suceden acciones incontroladas por los
ejecutores de las amenazas, así las Redes sociales y servicios de microblogging
como Twitter se transforman en una herramienta de batalla contra los grupos
criminales. Pero han comenzado las amenazas.
En febrero
se hizo pública la existencia de hojas volantes, aparentemente distribuidas por
integrantes de una banda criminal, que ofrecían 600 mil pesos a quien revelase la identidad o proporcionara
datos de la familia del administrador de la página en Facebook llamada Valor
por Tamaulipas, donde la gente advertía sobre situaciones de riesgo en las
principales ciudades del estado y hacía denuncia ciudadana de hechos
presuntamente delictivos. Las cuentas en Twitter y Facebook que se
administraban con el mismo nombre dejaron de funcionar como venían haciéndolo,
asegura el análisis.
Por último
Este
panorama contrasta con la febril actividad legislativa para crear mecanismos de
protección a periodistas; leyes de reconocimiento; premios y una nueva ley de
telecomunicaciones que ordenará las concesiones, terminará, dice, con el
monopolio de los medios e influirá en los contenidos.
Pero México
está vigilado. No solamente en los casos de Oaxaca han intervenido, opinado y
han pedido que el gobierno mexicano actúe.
Al final de
febrero el grupo de defensa de los escritores PEN Internacional denunció ante
un foro de Naciones Unidas (ONU) que continúan las agresiones contra
periodistas en México, pese a la promesa de que éstas serían combatidas. Su
presidente señaló que: “Continúa registrándose un incremento dramático en los
casos de periodistas agredidos y asesinados en el país”. Sorprendió que la
participación de PEN, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la
ONU, haya puesto el dedo en la llaga. El discurso señaló que la violencia se
mantiene pese a que el gobierno de México aceptara en 2009 las recomendaciones
de este organismo internacional.
PEN
Internacional consideró que las iniciativas implementadas desde ese año por el
gobierno para combatir la violencia son “mayormente superficiales e
ineficaces”., e informó que vendrían a México para pedir medidas concretas en
casos de asesinatos y desapariciones de periodistas y escritores que no han
sido resueltos. El presidente de PEN Internacional, John Ralston Saul, tuvo una
participación en la conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
en Puebla, México, el 8 de marzo último.
Otras recomendaciones
de Amnistía Internacional y la misma SIP, el Alto Comisionado de la ONU por los
Derechos Humanos, han pedido que se respete la libertad de prensa y se den
seguridades a las y los trabajadores de la prensa para desarrollar su trabajo.
Lo cierto es que se anida el miedo.
* Periodista, feminista, experta en medios de comunicación feministas.
Dirige un programa de TV por Internet y tiene una columna de opinión titulada
Palabra de Antígona.
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