Embestida contra el aborto legal traerá más muertes

Por Alicia Yolanda Reyes

Especial para SemLac -Las consecuencias de la embestida que a nivel nacional está dando la derecha contra el aborto legal en México, serán más abortos clandestinos y más muertes de mujeres de escasos recursos, señaló a SEMlac la abogada Ángela García Reyes11.
Aunque las sanciones en los códigos penales son, en teoría, para todas aquellas que acuden a esta práctica, en realidad recaerán sobre quienes, por carecer de recursos, acuden a seudo médicos, o intentan ellas mismas terminar con el evento, tras lo cual sufren hemorragias y se ven obligadas a asistir a las clínicas del sector salud, con el riesgo de que el médico las denuncie y vayan a la cárcel, explica la jurista.
Quienes poseen los recursos acuden a centros privados, marchan al extranjero o viajan a la ciudad de México, por lo que tienen la oportunidad de practicarse el aborto en condiciones de higiene adecuadas, abundó.
Por su parte, Martha Villaseñor12, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y con una maestría en Ciencias de la Salud, aseveró que, en un país que fuera enteramente democrático, el que hubiera grupos de ultraderecha que manejaran una visión conservadora sobre el aborto no sería tan grave, ya que finalmente quienes se ubiquen dentro de estas tendencias podrían seguirlas o no.
El problema, añadió, es cuando en los países no se tiene clara la división entre iglesia y Estado, y un sector utiliza mecanismos ilegales. Es el caso de las políticas públicas donde tenemos verdaderos problemas, señaló.
No sería problema que un sector considere que el aborto no está permitido, moral o religiosamente, siempre que sus integrantes tengan la opción de seguir esa norma de manera voluntaria. La cuestión es que ese sector quiere imponer políticas públicas que abarcan a todos, porque hace que mujeres, católicas o no, que no estén de acuerdo con ese precepto, sean obligadas a seguirlo, o se arriesguen a ser castigadas, sostiene la investigadora.
Otro problema, añade, es que se utilizan argumentos seudo médicos y seudo científicos, en los que se asevera que el aborto, necesariamente, tendrá consecuencias negativas para la salud de quienes se lo practican, lo cual no necesariamente tiene que ser así, dice.
Cuando las mujeres se practican el aborto en condiciones insalubres, además de tener que cargar con el repudio social y familiar, están expuestas a que se les acuse de cometer un delito y se les encarcele, y eso sí deja secuelas emocionales y físicas.
Ambas entrevistadas coinciden en que, si bien en Jalisco no se han dado casos de mujeres que vayan a la cárcel por abortar, en otros Estados sí ha sucedido, lo que nos habla de una política persecutoria tipo cacería de brujas.
En ese sentido, García dice que le resulta alarmante la situación que se está dando en los Estados del Norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California. Y ejemplifica con el caso de una campesina presa, quien hizo este relato:
"Salí y sentí dolor en la panza y fue como si me escurriera algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer en el pasto, comencé a pujar para que saliera y cuando pasé mi mano por su nariz noté que no respiraba. Esperé a que llorara, pero no lo hizo. Estaba muerto".
Pese a esas declaraciones, esta chica, que pertenece a una familia que vive en pobreza extrema, fue condenada por el asesinato de su hijo. De nada valió el testimonio de sus padres, quienes corroboraron su declaración.
De acuerdo con datos recabados por la Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDSER), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010, la procuraduría de Justicia de Puebla inició 17 averiguaciones previas, incluida una contra una menor de 12 años.
Del total, cuatro fueron denunciadas ante las autoridades y otras más han sido encarceladas. DDSER asevera que existen 30 casos de mujeres que esperan sentencia por esa situación.
Por su parte, Adriana Jiménez13, dirigente de esa red, lamenta que en algunas entidades federativas el gobierno federal incumpla con el artículo 414 de la Constitución y de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Un caso que calificó de paradigmático ocurrió en Guanajuato, donde se han iniciado 161 averiguaciones previas por el delito de aborto. En esa entidad actualmente hay 14 mujeres sujetas a un proceso penal y nueve de ellas están sentenciadas. Se trata de mujeres pobres, campesinas cuyas condenas rebasan los 25 años de cárcel.
Es grave que encarcelen a las mujeres que han abortado, como ha ocurrido en Baja California y Guanajuato, donde han detenido a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, denuncia García, quien además forma parte del colectivo CLADEM.
A los grupos denominados PRO VIDA debería llamárseles pro muerte, señala, ya que no les interesa en absoluto la vida ni la libertad de las mujeres, "puesto que para ellos una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo, es una pecadora y una criminal que merece ir a la cárcel".
Verónica Cruz Sánchez15, directora de la organización Las Libres, denuncia que en Guanajuato los jueces sentencian a las mujeres que abortan llevados por sus creencias personales, morales y católicas, y no desde la perspectiva de la justicia.
Sobre las muertes maternas, Araceli Prieto16, presidenta del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, en Guadalajara, señala que la inequidad y la doble moral de quienes detentan el poder han contribuido a que muchas mujeres pierdan la vida durante el embarazo o el aborto, no necesariamente provocado.
Para quienes trabajamos el tema del derecho a decidir, coinciden Prieto y García, son importantes las historias de las muertes maternas por abortos mal practicados y por embarazos de alto riesgo.
Sin embargo, ambas coincidieron en afirmar que, como activistas, también les importan las muertes por cáncer de mama y cérvico uterino, y las otras, que se incrementan por desnutrición crónica en las zonas y las periferias de las grandes ciudades.
Asimismo, les preocupan y duelen las mujeres que mueren asesinadas y que quedan únicamente como "daños colaterales" en la llamada guerra contra el narcotráfico.
En resumen, todas las especialistas entrevistadas por SEMlac aseveran que las muertes maternas, las enfermedades sexuales y la trata de mujeres tienen que ver con la falta de políticas públicas claras en los temas correspondientes, debido al desprecio del grupo del poder hacia las mujeres y su problemática. Son el reflejo de una manera de pensar, sus prejuicios y su sexismo, sentencian.

11 Ángela García Reyes es abogada feminista, una de las voceras de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos humanos de las mujeres (CLADEM) en Jalisco, especializada en salud sexual y salud reproductiva. Trabaja para prevenir el cáncer de mama y asesora a mujeres que han abortado.
12 Martha Villaseñor es Doctora en Ciencias Sociomédicas, con especialidad en terapia familiar y perspectiva social en salud reproductiva. Es magíster en Ciencias de la Salud Pública con énfasis en Educación para la Salud y egresada de Advocay CEDPA/AMES. Integrante del Seminario Sexualidad y Género de 1994 a 2004, en COLMEX.
13 Alba Adriana Jiménez Patlán es originaria de Pachuca, Hidalgo, donde radica. Es coordinadora nacional de Ddeser (Derechos Sexuales y Reproductivos). Desde hace seis años, ha trabajado por la delegación de la Conferencia Mundial de la Juventud en Hidalgo, lo que le valió el reconocimiento a su trabajo y logros.
14 El Artículo 4° estipula que "los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Para este fin, en la elaboración de sus presupuestos de egresos, podrán contemplar partidas presupuestales para cumplir con dichos fines".
15 Verónica Cruz, coordinadora del grupo civil defensor de los derechos de las mujeres, en Guanajuato.
16 Araceli Prieto es actualmente directora del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, del cual es fundadora. Activista por los derechos sexuales y reproductivos, hasta hace un año era la representante de Ddeser Jalisco y de la Agenda Feminista. Magíster en Sexualidad Humana.