San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 17 de Marzo de 2010
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa da a conocer públicamente información de seguimiento y precisiones sobre el caso de 2 menores que fueron víctimas de violación, e insiste públicamente para que la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y la Procuraduría General de Justicia del Estado tomen cartas en el asunto de negligencia cometida por Ministerio Público.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa informa que ha accedido al expediente judicial de la causa penal número 14/2011, en el cual se registra como acusados a Narciso Gómez Pavón por el delito de abuso sexual, y Abraham de Jesús Gómez Pavón por el delito de violación; delitos cometidos en contra de las 2 menores de edad. El expediente se encuentra radica en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Precisamos que previamente el día 7 de Febrero se abrió la averiguación previa 26/IN4-M3/2011 en la mesa de trámite 3 de Yajalón, en un primer momento intervino el agente del ministerio público Genaro Morales López, tomando la declaración a las 2 menores, por lo que en base a su testimonio se abrió la querella por el delito de violación en contra de los agresores Narciso Gómez Pavón y Abraham de Jesús Gómez Pavón.
Como hemos informado en boletines anteriores, gracias al apoyo de las autoridades de la agencia rural de Nueva Esperanza, se logró en un primer momento la aprehensión de Narciso Gómez Pavón-quien ahora se encuentra libre por pagar fianza por la actuación negligente de la MP Araceli López López de la Fiscalía Especializada de Atención de la violencia de la Mujer y la Familia en Yajalón-. Así también de igual forma realizaron la detención de Abraham de Jesús Gómez Pavón.
Informamos que luego de realizar las primeras diligencias e iniciar la averiguación previa 26/IN4-M3/2011, el ministerio público Genaro Morales López mediante el oficio 86/2010 del día 8 de febrero remite dicha averiguación a la ministerio público Araceli López López de la Fiscalía especializada en atención de la violencia de la mujer y la familia en Yajalón.
Como lo hemos señalado, la ministerio público Araceli López López actuó de manera negligente en la integración de la violación de las 2 menores, ya que una vez que hemos accedido al expediente hemos corroborado de que existen elementos de prueba suficientes para que el agresor Narciso Gómez Pavón fuese consignado por lo menos por el delito de violación equiparada en agravio de una de las menores. Ya que se tiene la declaración de las 2 menores, y la menor que fue víctima de este sujeto refiere: “me metió la mano entre mis piernas porque llevaba falda…” “me metió la mano hasta mi calzón y me lo rompió y me lo quitó a la fuerza, y ahí fue donde me estuvo tocando mi yat (vagina)”; además la menor refiere que logró escapar y huir para pedir ayuda luego de que le muerde la lengua y le da una patada en los testículos al agresor.
En los peritajes se asienta que el agresor tiene una lesión en la lengua. Del testimonio de la otra menor que confirma que el agresor estuvo en el lugar de los hechos, además ello amén de jurisprudencias que existen al respeto para configurar el delito de violación equiparada, las cuales se está valorando para presentarlas en los alegatos por escrito de los abogados representantes de las menores.
La ministerio público Araceli López López actuó negligentemente en perjuicio de una de las menores, ya que a pesar de contar en la averiguación con los elementos suficientes para fincar el probable delito de violación equiparada, no lo hizo. Además violentó sus derechos como víctima y como menor de edad, ya que le dio tratamiento de una persona mayor de edad, lo que es más grave siendo una fiscal especializada en violencia a la mujer. Ello además del rumor de que decidió no consignar por el delito de violación equiparada una vez que se reunió con el abogado defensor de los agresores. La ministerio público y el juez de la causa tampoco tomaron en cuenta la peligrosidad de Narciso Gómez Pavón quien declaró que tiene antecedentes penales y que consume drogas, el juez le otorgó una fianza de 8,000 pesos.
Señalamos que una vez que se abierto la causa penal, la madre de las menores junto al abogado solidario que se está haciendo cargo de la defensa conjuntamente con nuestro representante jurídico de este comité, se han constituido como parte coadyuvante para presentar pruebas adicionales.
En este momento se ha logrado conseguir el apoyo psicológico y estamos en proceso de conseguir apoyo para su traslado a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, por lo que en unos días iniciaremos el proceso de terapia a las 2 menores, así como de su madre.
Compartimos que el día 8 de marzo del 2011, se acercaron a la comunidad de Nueva Esperanza, Tila, la lic. Leidy Gladis Nurilu Moscoso y Leidy Esmeralda Lara, psicóloga y abogada del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del municipio de Yajalón, quienes manifestaron que se presentaban por instrucciones de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) para ofrecer apoyo psicológico para las menores en Yajalón, acordando con los presentes una probable fecha de inicio de la terapia.
Sin embargo, manifestamos que una vez que se habló con la madre de las menores, ella expresó que es su voluntad que sea en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, y con una psicóloga que no sea parte del gobierno. El día de ayer, estas funcionarias mostraron su insensibilidad al notificar a los pobladores de Nueva Esperanza que iría por las niñas y las madres a recogerlas en una patrulla de la policía, no tomando en cuenta lo seriamente afectadas que se encuentran las menores. Por lo que se les informó que se suspendía la propuesta de iniciar una terapia en Yajalón y que una vez que se haya platicado con la familia se les notificaría la decisión tomada.
Por todo lo narrado anteriormente, este Comité de Derechos Humanos hace un llamado serio al gobierno de Chiapas, para que través de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tome cartas en el asunto y se inicie a la brevedad posible una investigación seria para establecer las responsabilidades administrativas y penales en que incurrió la ministerio público Araceli López López, asimismo se hagan públicos sus resultados y acciones.
Por último, este Comité de Derechos Humanos expresa su enérgica condena a las atroces ejecuciones de María Maciel García, Juan Ernesto Maciel y Manuel Dámaso Maciel García, ocurrido en la noche del 15 de marzo en su propia vivienda ubicada en Chihuahua, quienes eran familiares y testigos del asesinato de Marisela Escobedo.
¡Por la defensa de los Derechos Humanos de Nuestro Pueblo!
Lekil be yu’un klumaltik (tzeltal)
Wen bi cha’an laklumal (chol)
El buen camino para nuestro Pueblo
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa
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