Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres

¡ NI CÁRCEL NI MUERTE A LAS MUJERES POR ABORTAR !

177 mujeres de 85 organizaciones provenientes de 18 Estados de la República, nos reunimos en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011. Celebramos nuestra segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de nuestras actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año.

En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación.

El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.

El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho. Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.

Las mujeres que conformamos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigimos el pleno y cabal cumplimiento de lo que significa un Estado laico, respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

En nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. Por lo que ratificamos nuestros principales compromisos suscritos en nuestra primera reunión, y que son:

1. La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar.
2. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.
3. La denuncia de aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales; del personal de los servicios de salud que extralimitando sus funciones, juzgan y acusan a las mujeres; a los servidores públicos del sistema de justicia, que aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos.
4. Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.

Para las mujeres que integramos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los derechos de las mujeres, estos compromisos son irrenunciables, fundamentales para lograr una vida digna, lo que para nosotras significa libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas.

Desde estos compromisos convocamos a todas las mujeres, instituciones, organizaciones políticas y sociales, personas en lo individual, pero sobre todo a las y los representantes de la ciudadanía que nos representan o que nos quieren representar, para construir un país basado efectivamente en derechos que se puedan ejercer, donde las mujeres sean reconocidas como ciudadanas plenas y personas con todos los derechos y no como botines políticos.

Reconocemos que esta ofensiva de la derecha es parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país.

En esta reunión, todas las participantes hacemos público nuestro total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto y reiteramos la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos.

Rechazamos enérgicamente la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos.

¡Alto a la criminalización de las mujeres por abortar!

¡Libertad inmediata a las mujeres presas por abortar!

¡Respeto del Estado laico!

¡Despenalización del aborto en todo el país!

¡Libertad a Lesly!

Por Josefina Chávez
Foto Producciones y Milagros Agrup. Feminista A.C. Proyectos

Las integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres acordaron la realización de diversas acciones nacionales en su plan de trabajo para este año. La primera de ellas ha sido por la liberación inmediata de la joven Lesly Karina que se encuentra injustamente sentenciada a 23 años de prisión en Baja California. En la Ciudad de México la movilización se llevo a cabo el pasado viernes 18 de marzo, afuera de las oficinas de la representación del Estado de Baja California en el Distrito Federal. La Diputada Enoé Uranga Muñoz propuso en la Cámara de Diputados, a mediados del mes de febrero, un punto de acuerdo en donde, entre otras, se exhorta al gobernador José Guadalupe Osuna Millán a decretar la liberación inmediata de Lesly Karina Díaz Zamora y a todas las mujeres que han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo por sufrir accidentes que interrumpen su embarazo.

Afuera de la representación del estado de Baja California la Mtra, Meritxell Calderón Vargas, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos y del Pacto por la Vida la Libertad y los derechos de las Mujeres leyó el siguiente pronunciamiento:

La sentencia se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California donde esperamos sea una resolución absolutoria, expondremos las violaciones cometidas a los Derechos Humanos por la Titular del Juzgado Cuarto de lo Penal de Mexicali y el personal del Hospital General de la misma ciudad por compañeras bajacalifornianas que han dado seguimiento al Caso Lesly y que cuentan con datos de más mujeres discriminadas y violentadas por el Estado de Baja California.

La jueza Raquel Burgoin Lozano sentenció a 23 años de prisión a la joven bajacaliforniana “Lesly” por el supuesto delito de homicidio agravado en razón de parentesco, a pesar de ser especialista en Derecho y contar con conocimientos sobre jurisprudencia internacional, negó a la joven el derecho a la vida, el derecho a la integridad física mental y moral, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la dignidad y a la protección de su familia y el derecho a la garantía y respeto de sus derechos, entre otros derechos fundamentales violentados.

El Estado de Baja California cuenta con una especial mención internacional desde el Caso Paulina por ser un Estado que viola los derechos de las mujeres, gracias a que en 2002 un grupo de organizaciones de mujeres impulsadas y convocadas por la organización feminista Alaide Foppa presentaron un 8 de marzo de hace 9 años, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en marzo de 2006, a través de un Acuerdo Amistoso se buscó reparar el daño moral y material cometido en contra de la adolescente.

La joven que está a dos meses de cumplir tres años en prisión injustamente, la defensa de Lesly apeló la sentencia injusta y violatoria a sus derechos y su caso está ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Tras presentar los agravios, se dio la audiencia de vista por parte del Tribunal y esperamos la pronta resolución de la apelación.

Con base en el artículo 4to constitucional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la jurisprudencia internacional como el Caso de Alyne da Silva Pimentel llevado ante el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Caso Planned Parenthood vs. el Estado de Alaska, la joven bajacaliforniana a todas luces ha sido víctima de violencia institucional y discriminación por el Poder Judicial del Estado.

En México, la mitad de las constituciones estatales violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación al otorgarle un supra valor al derecho a la vida del “producto de la concepción” como lo maneja la propia constitución estatal bajacaliforniana, paradójicamente, en el mismo artículo que establece las garantías individuales. La joven injustamente sentenciada no es la primera mujer que es penalizada por sufrir un accidente y 14 mujeres esperan sentencia por el mismo delito en el Estado y no sabemos si alguna de ellas está en la misma situación de Lesly.

Han sido ya varias las mujeres que han sufrido la encarcelación y que están presas por vivir un aborto en México, en América Latina y se busca en Estados Unidos, el país donde por excelencia se respetaban los derechos sexuales y reproductivos, por lo menos de las mujeres blancas, se está buscando penalizar a las mujeres desde conceptos ideológicos tomados en un copiar-pegar de las políticas públicas que el Vaticano busca implementar en los Estados Americanos y Africanos contra las mujeres pobres y en otros países donde los partidos y grupos antiderechos han tomado fuerza debido a la crisis que ellos mismos propiciaron. Por lo anterior aseguramos que hay más mujeres presas por vivir un aborto, es por ello que esperamos que el Tribunal Superior del Estado de BC resuelva conforme a derecho y tomando en cuenta los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres liberando a la joven, reparándole el daño moral y material causado a ella y a su familia y emitiendo una disculpa pública por privarla de la libertad injustamente.

Así mismo, se espera que gracias a la resolución del TSJBC, el Estado de Baja California tome todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o derogar instrumentos legales y prácticas jurídicas que permitan, toleren o promuevan la violencia y discriminación contra las mujeres, como es el caso del artículo 7º de la constitucional local.

EL Pacto ha exigido, desde el 4 de febrero de 2010, en la primera acción nacional que realizó afuera del edificio del Congreso de la Unión, que es urgente la realización de un censo nacional impulsado y asumido por el poder legislativo, para conocer cuantas son las mujeres en el territorio nacional que se encuentran injustamente sentenciadas, o en proceso, por abortar.

Para continuar con las acciones para la liberación de Lesly se esta impulsando una ciberacción, a la que te puedes sumar y así contribuir a esta acción colectiva, entra en www.tupuedessalvartuvida.org.

Justicia para Alí D. Cuevas Castrejón

Amigas, compañeras:

Les solicitamos su solidaridad con la carta que estamos difundiendo sobre el proceso y fallo en el caso de la disminución de la pena a Osvaldo Morgan Colón por el feminicidio de Alí D. Cuevas Castrejón. Se anexa documento y liga al site de recolección de firmas. GRACIAS. http://www.ipetitions.com/petition/justiciafeminicidioalicuevas/

MAGISTRADO. DR. EDGAR ELIAS AZAR

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S E N T E

El fallo de la 4ª Sala en Materia Penal de disminuir la pena privativa de libertad a Oswaldo Morgan Colón por el delito de homicidio calificado en contra de Alí Cuevas, ciudadana mexicana-panameña constituye un retroceso en los avances de impartición de justicia en crímenes de violencia de género.

A pesar de que actualmente Oswaldo Morgan se encuentra confeso y sentenciado, vemos con preocupación los intentos de exonerarlo jurídicamente al aminorar su culpabilidad mediante argumentos basados en la permisibilidad del asesinato de mujeres.

De igual manera condenamos rotundamente los más recientes comentarios de Humberto Morgan, Responsable del Programa de Educación e Integración Alternativa de la Secretaría de Educación del Distrito Federal y exdiputado por esta entidad, con la intención eximir de responsabilidad a su hermano en la comisión de un feminicidio.

La decisión del Magistrado de la 4ª Sala en Materia Penal, Enrique Sánchez Sandoval de abreviar siete años la pena de prisión a Oswaldo Morgan respecto a la sentencia inicial del juzgado 39º de lo Penal, evidencia las fallas endémicas para brindar justicia con perspectiva de género. En una coyuntura tan trascendental como lo es la del actual proceso de tipificación del delito de feminicidio en el DF, resulta incongruente que en la capital se sigan usando argumentos jurídicos basados en criterios misóginos y que no exista una voluntad clara de integrar los estándares más avanzados contra la violencia de género en los procesos de impartición de justicia.

El hecho de que el Magistrado Sandoval justifique la saña cometida por Morgan a través de una tesis aislada de 1953 que presupone la insubordinación de la mujer como una “grave ofensa” constituye un ejemplo clásico para eximir de culpabilidad en casos de feminicidios. Con su argumentación jurídica, el Magistrado atenúa la violencia hacia las mujeres al haberse apoyado en jurisprudencia que afirma que:

“…resulta indudable que esa grave ofensa (sin especificar cuál) le origine un traumatismo psíquico y una conturbación de su ánimo (a Morgan) que lo hicieron actuar con saña, por el número de heridas que produjo a su víctima, por ello de ninguna manera revela ferocidad de su parte.”

Resulta también desolador que el Magistrado no haya tomado en cuenta el peritaje de violencia de género aportado por la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el cual le brindó elementos contundentes para vincular los estándares y convenciones internacionales de derechos de las mujeres y violencia al caso particular de Alí Cuevas. De la misma forma, fueron desdeñadas en la decisión judicial las medidas integrales de reparación de daño como son las medidas de satisfacción y no repetición que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos de feminicidio.

Por si estos elementos jurídicos no fuesen suficientemente ilustrativos de las severas deficiencias que imperan en la capital para la adecuada impartición de justicia en casos de feminicidio, el hermano del inculpado, Humberto Morgan, ha persistido en sus intentos por culpabilizar a Alí de su asesinato y hacer creer en medios de comunicación que su hermano actuó en defensa legítima. Sus aseveraciones en el sentido de que familiares de Alí mandaron a hacer un excesivo número de heridas para “chingar” a su hermano (Entrevista a la revista Chilango-enero 2011) constatan su negligencia para reconocer la violencia feminicida y un dolo que deriva en la revictimización hacia la familia de Alí. Estos hechos cobran extrema gravedad al ser emitidos por un funcionario público, que tiene el deber de procurar la mayor sensibilidad hacia las problemáticas de género y su solución.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EXIGIMOS:

AL MAGISTRADO. DR. EDGAR ELIAS AZAR.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL:

Realizar las diligencias correspondientes para revertir el fallo (Toca 1553/2010) y considerar todos y cada uno de los elementos probatorios en este caso para emitir una sentencia con una perspectiva de integral de género y reparación de daño que siente un referente paradigmático para prevenir y atender otros casos de feminicidios.

A HUMBERTO MORGAN COLÓN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL:

Una disculpa y retractación pública por sus comentarios misóginos que lastiman a todas las mujeres y la memoria de Alí Cuevas así como un punto final a los intentos de absolver a su hermano de la comisión de un feminicidio cometido con violencia extrema.

FIRMA COMO PERSONA U ORGANIZACIÓN: http://www.ipetitions.com/petition/justiciafeminicidioalicuevas/

C.C.P.

LIC. MARCELO EBRARD CASAUBÓN-JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DR. LUIS GONZÁLEZ PLACENCIA-COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

LIC .MARTHA LUCÍA MÍCHER- DIRECTORA DE INMUJERES DF

LIC.MARIO M. DELGADO CARRILLO-SECRETARIO DE EDUCACIÓN DF

LIC . FRANCISCO TROYA AGUIRRE-EMBAJADOR DE PANAMÁ EN MÉXICO,

LIC. TERESA INCHÁUSTEGUI-PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTOS A LOS FEMINICIDIOS, CÁMARA DE DIPUTADOS

MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA- REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS

¡Ni Cárcel ni Muerte a las Mujeres!

Juliana G. Quintanilla
Foto: Producciones y Milagros Agrup. Feminista A.C. Proyectos

Las feministas tenemos propuestas de lucha que se han estado articulando a través del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres. Hemos tenido oportunidad de conocerlas en luchas y movilizaciones, encuentros y reuniones durante años. La semana pasada la Comisión Independiente de Derechos Humanos fue anfitriona de un encuentro de organizaciones de mujeres de Morelos con Javier Hernández, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos en México (OACNUDH) en las instalaciones de La Comuna, para analizar temas como los tratados en Xalapa en la segunda Reunión del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, y en particular la necesidad de elaborar un diagnóstico estatal que incluya el grave escalamiento del feminicidio y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Ambas reuniones mostraron importantes aspectos que, para las autoridades, pasan desapercibidos o son invisibilizados. Las 177 mujeres de 85 organizaciones de 18 Estados de la República, reunidas en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011, celebraron la segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país. El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho. Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.

Como hemos documentado en Morelos y en nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. En este sentido, es fundamental mantener una lucha por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía. Para lograr una vida digna, con libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas. Esta lucha de las mujeres se enfrenta a la ofensiva de la derecha como parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país. Por ello, mantener una relación entre el feminismo y el sindicalismo independiente ha sido reconocido como una prioridad, misma que hemos impulsado en diferentes instancias en Morelos. Es por ello que el encuentro feminista se expresó el total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto, reiterando la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos. Se rechazó enérgicamente la ola de feminicidio y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos. Ahí se concluyó con las exigencias de un alto a la criminalización de las mujeres por abortar, libertad inmediata a las mujeres presas por abortar, respeto del Estado laico, aplicar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la despenalización del aborto en todo el país.

cidhmorelos@gmail.com

Este articulo salio publicado hoy 14 de febrero en la jornada morelos, seccion de opinion.

México : Los partidos y el aborto

Por Sara Lovera en Palabra de Antígona

Nada es tan curioso como mirar desde lejos y a lo lejos los díceres de líderes políticos, hombres o mujeres según los tiempos políticos y las urgencias de ganar votos, simpatías, adeptos para mantenerse en el poder.

Hace como 18 o 20 años yo escribí que en México la despenalización del aborto no podría darse sin el concurso y la iniciativa del entonces partido de Estado o único, que era el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue un asambleísta priista el que comenzó en la Asamblea con una propuesta superficial y arrebatada. Las feministas le tomaron la palabra y un grupo de ellas, encabezadas por las integrantes de GIRE se dieron a la tarea de conformar la propuesta para el Distrito Federal que finalmente fue defendida y abanderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Así es la capital del país la primera en garantizar el derecho de interrumpir un embarazo desde abril de 2007.

Unos años antes desde el palacio del ayuntamiento en el Zócalo capitalino se nos había prohibido tocar el tema, allá en la época del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo la coyuntura política que ofreció la cerrazón absoluta del gobierno de Guanajuato, permitió salir adelante con la conocida Ley Robles, que estableció por primera vez desde la Revolución Mexicana, un mecanismo para hacer efectivo el aborto legal, o sea aquellas excepciones en los códigos penales que permitían la interrupción de un embarazo, como en el caso de violación.

Llama poderosamente la atención el cambio de rumbo en el PRI, ansioso de poder y de querer volver a Los Pinos, a la dirigencia máxima del país, a la presidencia de la República.

Entre 2008 y 2010 muchos diputados locales fueron socios militantes de los congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) que promovieron en casi 23 estados de la República dar derechos civiles al feto y señalar que la vida civil comienza con la concepción, lo que derivó en un avance significativo para prohibir el aborto totalmente y sin excepciones. En 18 entidades lo han conseguido.

Los diputados priistas votaron estas iniciativas en decenas de casos. La dirigencia del PRI, encarnada en Beatriz Paredes hizo mutis. Oí decir en televisión a la dirigente que respetaba la pluralidad; sus amigas o colaboradoras defendían el punto, mientras ella hacia acuerdos con los obispos y con cuanta derecha podía, para ir ganando elecciones en distintas entidades del país. Ella antigua feminista y liberal, inteligente y simpática, había decidido acabar con sus principios, en nombre de la política y el poder.

Por eso llama la atención poderosamente que la nueva dirigencia priista, la que encabeza el profesor, ex gobernador del conservador estado de Coahuila, Humberto Moreira esté abriendo el debate, diciendo que personalmente él está de acuerdo con el derecho a interrumpir un embarazo y que las mujeres tienen que opinar.

Antes en Puebla el diputado local Juan José Espinosa, del partido Convergencia, también se ubicó en el derecho de las mujeres. Y luego luego el senador perredista Carlos Navarrete, a quien no le conozco más allá del discurso y solamente, también dijo que haría una propuesta en esa Cámara donde manda Manlio Fabio Beltrones.

No cabe duda de que el tema, con toda la promoción, campaña, movilización que han hecho las mujeres del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, ha tenido efecto, al menos ha puesto en la mesa éste tremendo asunto, que ha llevado a decenas de mujeres a la cárcel en los últimos años. No cabe duda que la movilización, la toma de la calle, la difusión y la organización de las mujeres es lo que hace posible estas posturas de dirigentes que ni piensan en los derechos de las mujeres y significativamente en su vida regular son machos, excluyentes y antidemocráticos.

Pero es plausible esta presión política ejercida por el Pacto, que ahora ha denunciado con toda su fuerza, cambiando hasta de orientación la mirada de decenas de periodistas, hombres y mujeres, lo que significan 23 años de cárcel para Leslie Karina Díaz Zamora, acusada de homicidio equiparado en grado de parentesco, una figura usada por los jueces contra las mujeres en Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Puebla y ahora en Baja California. No se tiene la cuenta exacta pero por lo menos 70 mujeres han sido acusadas procesadas de este modo. Sólo en Hidalgo y Puebla casi 30; se habla ahora de 25 en Baja Californi y más de 20 en Guanajuato. Algunas están en la cárcel.

De eso se trata una marcha programada para el próximo viernes. Una movilización, una protesta, no esa callada actitud de unas, que sienten tener la verdad de las mujeres, sentadas alrededor de la mesa del Secretario de Salud en turno o de un procurador. Ahora las mujeres dan la cara y toman nota. Que se cuiden los y las políticas que hablan para ganar votos, sin convicción, sin historia, sin verdadero interés, porque movilizadas y en la calle, las mujeres les van a exigir congruencia.

Y lo más curioso. Ahora los priistas contra la alianza del PAN con el PRD, en eso tienen razón. A ver cómo les va a las Oaxaqueñas y a las Poblanas o a las Sinaloenses, con esas patrañas y madejas movedizas donde por el poder, todo se vale, incluso juntar el agua con el aceite. Veremos.

saralovera@yahoo.com.mx

Feminicidios ¿A qué le teme el gobierno del Estado de México? *

Marta Lamas

Asesinatos brutales ocurren cotidianamente a lo largo y ancho del país. Para poder frenarlos es necesario precisar qué los provoca. Se ha dicho que los feminicidios son una especie de cacería de mujeres, producto del odio misógino. Tal vez en muchos casos sí, pero una antropóloga, Rita Laura Segato, vuelve compleja esa hipótesis cuando propone dejar de pensar los feminicidios como crímenes en los que el odio hacia la víctima es lo predominante y, en lugar de eso, los plantea como una forma de interlocución entre miembros de una fratría. Sin negar la misoginia presente en el ambiente donde esos crímenes tienen lugar, Segato ve a la víctima como el desecho de un proceso donde esos asesinatos son las exigencias –el precio a pagar– para pertenecer a una siniestra hermandad. Ejecutar a una mujer sirve para sellar un pacto de silencio, capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Por eso Segato llama a estos asesinatos “crímenes de corporación” o de “segundo Estado”, definiendo por corporación al grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región. O sea, la mafia de los poderes fácticos, como los cárteles del narco.

Una lectura equivocada respecto a estos crímenes impide reflexionar sobre la problemática social en que se ubican, y el machismo sesga las interpretaciones. Cuando en Ciudad Juárez los asesinatos de mujeres empezaron a cobrar notoriedad, hubo autoridades que declararon que esas víctimas eran prostitutas o mujeres fáciles, que llevaban una vida desordenada, que bebían y provocaban con el vestido. Al parecer pensaban que el hecho de que no fueran “mujeres decentes” disminuía la responsabilidad gubernamental de investigar, resolver y frenar esos crímenes. Los asesinatos fueron aumentando de año en año, ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades judiciales, policiacas y políticas. Sólo cuando el escándalo internacional fue imparable se empezaron a preocupar, más por su reputación y la de Ciudad Juárez que por las propias mujeres y futuras víctimas.

Desde hace tiempo se sabe que en otras entidades federativas crece la comisión de estos crímenes espantosos y, sin aprender del caso de Ciudad Juárez, las autoridades muestran un impresionante desinterés. El escándalo ahora es en el Edomex, donde supuestamente ya hay más mujeres asesinadas que en Ciudad Juárez. Más que preocuparse por esclarecer qué expresa esa siniestra carnicería, las autoridades locales consideran que la petición a la Segob y al Inmujeres por parte de 90 investigadoras y 43 ONG de 18 estados de la República de que se ponga la “alerta de género” en el Edomex tiene fines electorales, y se resisten a aceptar que se investiguen los hechos. Además, siguiendo el prejuicio machista, el procurador Alfredo Castillo ha dicho que las víctimas han sido asesinadas porque “consumen droga, alcohol o usan inhalantes”, además de que “trabajan en bares en los que alternan con los clientes”.

Hace años comparé la forma en que las autoridades inglesas manejaron el caso de cinco asesinatos de mujeres en Ipswich (Proceso 1573, del 24 de diciembre de 2006). Cinco trabajadoras sexuales aparecieron muertas, probablemente a manos de un asesino serial. El Reino Unido entero se conmocionó, pero lo que interesó públicamente fue si la policía sería suficientemente eficaz para encontrar al asesino antes de que matara a más mujeres. Nadie declaró que “ellas se lo buscaron” ni se moralizó sobre los riesgos del trabajo sexual; al contrario, algunos editorialistas criticaron el hecho de que se hubiera hablado de la muerte de “cinco prostitutas”, en vez de “cinco mujeres”. Y mientras se capturaba al asesino, las autoridades pidieron a las trabajadoras sexuales que no circularan de noche e inauguraron una inédita política pública: darles el dinero y la droga que conseguirían en la calle, para que no salieran de sus casas. El asesino fue detenido una semana después. ¡Qué manera de responsabilizarse de sus ciudadanas!

Lejos estamos en México de actitudes así de civilizadas. Pero es indispensable que las autoridades, todas, de todos los partidos, en todas las entidades federativas, tomen en serio el aterrador crecimiento del número de feminicidios. Para prevenir y perseguir más eficazmente estos asesinatos hay que cambiar el enfoque interpretativo y aceptar mecanismos preventivos como la “alerta de género”. En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos electorales, las autoridades del Edomex deberían no sólo aprovechar la “alerta de género”, sino también rectificar públicamente la interpretación machista que hizo su personal judicial.

La batalla por la seguridad de todos, no sólo de las mujeres, será larga y compleja. Pero frente a este tipo específico de asesinatos se requiere no sólo de una mejor investigación policial, sino también utilizar los instrumentos de intervención preventiva que darán resultados a mediano y largo plazo. En eso consiste la “alerta de género”. Se necesita verdadera voluntad política para resolver los crímenes y detener su repetición. La cerrazón arrogante y machista –esa sí definitivamente electorera– del gobierno de Peña Nieto sólo complica más las cosas. ¿A qué será que le teme?

*Publicado por la revista Proceso