domingo, 21 de noviembre de 2010

El dilema de defender los derechos civiles de un ciudadano y defender los derechos humanos de sus victimas

Por Vahida Nainar

Por sancionar la matanza de Anwar al Awlaaki, un estadounidense y predicador de la jihad, está condenado como un enemigo de la ‘guerra contra el terrorismo’ y el gobierno de Obama ha causado un debate rabioso en el comunidad internacional de derechos humanos.
Por un lado, está la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitucional Right (CCR) desafiando la decisión ejecutiva arbitraria del gobierno de Estados Unidos de violar el derecho civil básico de un ciudadano de ser juzgado por un tribunal – una decisión que si no es desafiada, seguramente establecerá una precedente peligroso en una democracia. Al otro lado, hay grupos feministas luchando contra el fundamentalismo islámico de los Awlaakis del mundo que violan los derechos humanos de todos, específicamente de las mujeres y quienes están desilusionadas con la decisión de CCR de actuar de parte de Awlaaki. Ellas, tras el apoyo controversial de Amnesty Internacional de Moazzam Begg, consideran el papel de CCR, en este caso, una desilusión grande el hacer una prioridad de los derechos de las fundamentalistas.

La cuestión para ACLU/CCR es si ser sospechoso de terrorismo o violador de derechos humanos justifica el asesinato arbitrario de un ciudadano por el Estado. La mención de ciudadano no es para concluir que los no ciudadanos pueden ser objetos de asesinato, sino para reafirmar lo contrario, es decir: si los procesos legales o derechos constitucionales no son cocedidos a ciudadanos, es más difícil exighir que sean proporcionados a los no ciudadanos.
No se pueden permitir libertad en la sociedad a los terroristas o fundamentalistas que violan derechos humanos, sin ningún proceso legal de responsabilidad o sanciones. Pero en una democracia, este proceso y la sanción que resulta, no pueden ser decisiones arbitrarias, ejecutivas o políticas. Esto sólo pueden ser una determinación judicial, tras un proceso de tribunal que garantice derechos constitucionales a ciudadanos y derechos humanos a todos y todas.

El concepto de derechos humanos es antitético en el extremismo Islámico de marca Awlaaki y que resulta, en grados varios, en un sistema político antidemocrático, un desprecio a los ‘infieles’ y discriminación de género al estilo Táliban.
Por eso, la cuestión para los grupos feministas que luchan contra el fundamentalismo oslámico es si los derechos civiles de los violadores de derechos humanos deben ser defendidos. Una preocupación principal en el caso presente es: quién va a a defender a las victimas si los que deben defender sus derechos empiezan a defender los derechos de sus violadores.

El terrorismo de los jihadistas ha hecho de los musulmanes del mundo, a menudo no ciudadanos, ‘sospechosos de terrorismo ’, específicamente en EEUU. De hecho, más del 90 por ciento de los nombres en la lista de “Specially Designated Nationals’ del Ministerio de Economía de EEUU son nombres musulmanes. Por cada uno que quizá esté involucrado en actividad ilegales se afecta negativamente al menos a cincuenta personas más que no tienen nada más que el nombre en común.
Los musulmanes que no tienen nada más que el nombre en común, a menudo han sido acosados, interrogados y puestos bajo arresto por varios departamentos del gobierno de EEUU. El gobierno de EEUU no hace ninguna diferencia entre terroristas y musulmanes. Grupos de derechos constitucionales han defendidos con razón los derechos de esos individuos.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos interpretan estrictamente sus mandato de plantear violaciones de derechos humanos por el Estado y de la misma manera que EEUU, no diferencian si los que son atropellados por el Estado han dejado sus propio victimas; y si es el caso, también plantea su papel como violadores.
Esos grupos con un mandato principalmente político deben comprender el matiz de la situación y defiender a ambos: las victimas del Estado y las de los jihadistas.
De no hacerlo, surgen jerarquías, con las victimas del Estado y las propias victimas de aquellos, resultando las primeras, más graves que las de las victimas de los jihadistas, haciendolas invisibles. Grupos internacionales de derechos humanos deben, como una prioridad, destruir esas falsas jerarquías.

No se pueden dejar sin cuestionar los poderes arbitrarios del Estado de negar a los ciudadanos un derecho tan básico de ser juzgado por un tribunal, y las organizaciones con un mandato principal legal tienen obligación de hacerlo.
No obstante, dado las restricciones éticas para defender a las victimas de los jihadistas, es necesario establecer una amplia red política de grupos de derechos humanos, CCR incluido, para plantear una comprensión más compleja, de hecho un reconocimiento verdadero que comprenda simultáneamente al jihadista, como un violador de derechos humanos y como victima del Estado en la misma persona. También, para fortelecer la estrategia legal contra el fundamentalismo, con casos legales como el que hizo CCR contra Anoar Haddam en los años noventas.

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