- Los 94 casos documentados de violencia de 2005 a 2011 siguen impunes
- Corrupción, el tema en torno a la violencia contra mujeres periodistas.
- Funcionarios públicos la mayoría de agresores.
Por primera vez
en la historia del periodismo a nivel mundial, en México se presenta un Informe
Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas, mismo que contempla casos
desde 2002 a 2011, lapso durante el cual han sido asesinadas 10 trabajadoras de
medios de comunicación, en cuyos casos aun existe impunidad.
El Informe
Diagnóstico fue elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC
(CIMAC), mismo que registra y documenta un total de 94 casos de violencia en
contra de mujeres periodistas, 5 correspondientes al periodo de 2002 a 2006 y
89 desde 2007 a 2011.
El Informe
Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas, México 2010-2011 se
presenta este 4 de octubre a las 11 de la mañana en el Museo de Memoria y Tolerancia
en el Centro Histórico de la ciudad de México.
Presentarán:
Lydia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de derechos humanos de las mujeres,
Elia Baltazar González periodista independiente y Anabel Hernández periodista,
así como la feminista, etnóloga y Doctora en Antropología, Marcela Lagarde y de
los Ríos, moderará la Directora General de CIMAC Lucía Lagunes Huerta.
De 2002 a 2011,
10 mujeres periodistas han sido asesinadas en México, y más de 90 denunciaron
algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor. Hasta el día de hoy
ninguno de los casos documentados en este Informe ha sido resuelto, lo que
representa un nivel de impunidad que permite la repetición contante de estos
actos.
Los casos
documentados en dicho Informe se rigen bajo los protocolos nacionales e
internacionales sobre libertad de expresión, la experiencia de los refugios
para mujeres víctimas de violencia, así como en lo contenido en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos internacionales
como la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer Belem do Pará.
Entidades
Federativas con mayor número de casos.
Las entidades
federativas con mayor número de casos son: Oaxaca en primer lugar 12,
Distrito Federal 10, Chihuahua 8, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz con 7, 6 y 5
casos, respectivamente.
A los estados anteriores
les siguen Tamaulipas, Puebla, Michoacán, Morelos, Estado de México, Durango y
Guerrero, con 3 casos; Nuevo León, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Nayarit con 2
casos.
Mientras que
Sinaloa, Yucatán, Baja California Sur, Colima y Guanajuato con un solo caso,
esto obedece, según el informe a la falta de garantías para poder denunciar.
En el informe
sobresalen Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Estado de
México y Guerrero, por ser entidades donde se cometieron los actos feminicidas
contra mujeres periodistas.
Un 76 por ciento
de las periodistas violentadas eran reporteras, mientras que 2.6 por ciento,
equivalente a un caso, se trató de una directora de un medio de
comunicación, en porcentaje igual una corresponsal y una fotógrafa. De los
casos registrados por CIMAC, 10 por ciento eran periodistas independientes o
freelance, lo que puede significar un elemento de aumento de vulnerabilidad, al
no contar con un contrato fijo, prestaciones de ley ni respaldo, en el caso de
querer brindarlo, de un empresa periodística.
Al momento del
hecho violento, 45 por ciento de las periodistas llevaba a cabo investigaciones
sobre corrupción por parte de funcionarios o funcionarias, 18 por ciento
movimientos sociales, 13 por ciento narcotráfico, 10.5 por ciento abuso de
poder y en una igual proporción libertad de expresión. Tres por ciento,
equivalente a un caso, no tenía una investigación específica en curso.
Las
construcciones sociales que naturalizan la violencia en contra de las mujeres
ha repercutido en la situación particular de las periodistas en un entorno de
violencia como el que actualmente se vive en México, al que se suma la falta de
garantías por parte del Estado para acceder a la justicia, la impunidad, el
miedo de las periodistas miedo a ser re-victimizadas por las autoridades o en
los medios de comunicación a través del cuestionamiento de su vida laboral pero
también personal, explica el Informe.
De acuerdo a la
investigación que estuvo a cargo de las responsables del Programa de Libertad
de Expresión de CIMAC –Yunuhen Rangel Medina y Cirenia Celestino Ortega–, las
edades de las periodistas violentadas, fluctúan entre 22 y 42 años, 30 años en
promedio, es decir, en edad reproductiva y económicamente activa lo cual
repercute directamente en su vida personal, el derecho a informar, el derecho
de la sociedad a la información y el desarrollo económico del país.
El Informe
detalla que en 2010 se registraron 3 casos de feminicidio y 2 más al terminar
2011, cuando Veracruz saltó a escena como una de las entidades federativas más
violentadas para ejercer el periodismo.
CIMAC registra
las formas de violencia cometidas contra mujeres periodistas con base en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en función de
que las desigualdades de género son aplicadas también a las mujeres que ejercen
el periodismo y que son las siguientes modalidades:
- Violencia psicológica a través de amenazas contra ellas, así como a las y los hijos o familiares. Esta situación ha sido aprovechada por quienes han violentado por medio de amenazas a las periodistas, a quienes se presiona con ejercer algún tipo de daño a sus hijas o hijos, con el objetivo de censurarlas o para obligarlas a retirar sus denuncias.
- Violencia sexual a través del acoso por parte de agresores ajenos al medio de comunicación pero también en medio de coberturas de movimientos sociales, por parte de sus pares hombres, sus fuentes de información o elementos del Estado.
- Violencia comunitaria, al ser expuestas en los medios de comunicación en los casos en los que se pone en duda su calidad moral y personal, así como profesional. A través de rumores que se difunden entre el gremio periodístico y la comunidad en la que se desarrolla la periodista lo cual impacta a la víctima así como a su familia.
- Violencia institucional, en tanto que se trata de actos u omisiones de las y los servidores públicos, esta violencia es aplicada al no garantizar las condiciones adecuadas para ejercer su labor en un entorno no violento y respetuoso de sus particularidades sexuales y sociales como: acceso a la justicia y en casos en los que elementos del Estado son los agresores.
- Violencia laboral en casos en los que no se brindan las condiciones laborales y de seguridad necesarias para ejercer la labor periodística en el contexto actual.
Para mayores
informes:
Olga Rosario
Avendaño
5548529614
