Por Alicia Mendoza
Foto por : Tú Puedes Salvar Una Vida
Este acuerdo para la acción política y la unidad en la acción de diversas expresiones políticas e ideológicas en el feminismo ha sido una respuesta y una necesidad frente a la ofensiva de los sectores más conservadores en el país en contra de los derechos reproductivos de las mexicanas y un atentado en contra del estado laico.
Los hechos han confirmado lo que las mujeres que suscribieron el Pacto señalaron llamando la atención de que las reformas a las constituciones locales y a algunos Códigos Penales llevarían a la criminalización de las mujeres. El compromiso prioritario fue por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar. Asimismo su compromiso fue:
Trabajaremos por defender o liberar de las cárceles de México, a las mujeres que actualmente se encuentran presas o en proceso judicial, por el delito de aborto u otros delitos que mañosamente configuran los Ministerios Públicos y jueces, a las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, ejerciendo sus derechos humanos a decidir sobre su reproducción
Jueves 7 de enero. Mujeres salieron a manifestarse en contra de estas reformas en varias ciudades del país. En la ciudad de México las feministas integrantes del Pacto se concentraron en el Hemiciclo a Juárez.
Jueves 4 febrero. Movilización nacional afuera del Congreso de la Unión. Alrededor de de 400 mujeres y hombres provenientes de 11 estados de la República se manifestaron. Durante esta concentración una comisión de feministas de los estados presentes se entrevistó con legisladores para que no aceptaran ni discutieran la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, que en esos momentos se encontraba en la Comisión de Puntos Constitucionales. Después de esta movilización se informó que dicha iniciativa, que sería un gran retroceso legislativo, se detuvo en la comisión donde se encontraba y que no sería discutida.
El 8 de marzo, día internacional de las Mujeres. La concentración se realizó en el Ángel de la Independencia. A la cual se sumó un contingente de mujeres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes están en el Pacto desde su constitución..
Jueves 1 de abril. Mitin afuera de la representación del estado de Baja California Sur en el D.F. exigiendo al gobernador perredista Narciso Agundez Montaño y al Congreso Local rechazaran las iniciativas de ley presentadas por el PAN y Nueva Alianza, que penalizaban el aborto.
Jueves 6 de mayo. Mitin frente a la representación del estado de Quintana Roo en donde se entregó una carta dirigida a Félix González Canto, gobernador de la entidad, y a quienes son parte del Congreso local exigiendo implementar políticas responsables y formales, de atención integral a las mujeres que pertenecen a sectores marginados y en particular a las niñas. Ya que en durante abril y mayo las autoridades del estado impidieron a una niña violada por su padrastro tener derecho a un aborto seguro
Jueves 3 de junio. Acciones simultáneas. En Oaxaca: la movilización tuvo lugar afuera de las oficinas del PRI en esa ciudad, por ser el partido que tiene la mayoría de diputados en el Congreso local. En la ciudad de México un mitin afuera de la representación del estado de Oaxaca. En ambos casos se repudió la omisión de legisladores locales que no aprobaron la “Iniciativa con proyecto de Decreto” que reformaba y adicionaba diversos artículos de los códigos de Procedimientos y el Procesal Penal de la entidad, para “establecer la actuación del Ministerio Público para autorizar la interrupción no punible del embarazo por causa de violación”.
Jueves 1 de julio. Movilización en la ciudad de Querétaro, donde decenas de mujeres agrupadas en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. En este caso la protesta se enfocó a favor de la libertad de información en el tema aborto, respondiendo solidariamente a la censura que el estado de Querétaro hizo a la campaña “Otra mirada católica al aborto” impulsada por el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir. Durante la manifestación una comitiva de mujeres fue recibida por funcionarios estatales.
Jueves 5 de agosto. Mitin en la ciudad de México afuera de la representación del estado de Guanajuato, para exigir al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez la liberación de 6 mujeres criminalizadas por abortar y acusadas del delito de “homicidio por razones de parentesco”.
Las acciones coordinadas así como la conjunción de esfuerzos de diversas campañas y organizaciones han tenido algunos impactos significativos, como por ejemplo el 7 de mayo el Congreso Local veracruzano rechazó en segunda vuelta la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del estado, que buscaba proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural.
También se puede sumar a los avances para frenar la ofensiva el rechazo que obtuvo la reforma en el Congreso del estado de Michoacán el 16 de marzo, donde los congresistas michoacanos fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del PAN para penalizar el aborto.
En el mes de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) aceptó ejercer su facultad de atracción, para resolver dos amparos que impugnan la reforma al artículo primero de la Constitución de Colima, el cual protege la vida desde el momento de la concepción.
En el mes de mayo, 67 mujeres de Colima, presentaron 35 demandas de amparos ante los jueces primero, y segundo de distrito, con el argumento de que la reforma constitucional estatal, que dice que el estado “protegerá y garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción”, vulnera, y desconoce, los derechos fundamentales de las mujeres, reconocidos en la Constitución Federal. Pero falta aún la respuesta a más de 1,600 amparos interpuestos a nivel nacional.
Cabe mencionar, que la Norma 046 o NOM-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, fue aprobada en abril de 2009. En mayo de 2010, la Suprema Corte, ratificó su constitucionalidad. Como parte de dicha atención, los funcionarios de Salud a nivel federal están obligados, como lo establece la Norma 046, a suministrar la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y a practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a las víctimas de violencia sexual en todo el país.
Esta ratificación es un paso importante, ya que es un argumento legal para contrarrestar las 17 antirreformas a nivel nacional. Sobre todo, porque el nivel de violencia sexual ejercida contra mujeres en México es alarmante. De acuerdo con la Secretaria de Salud, en el país ocurren unas 120 mil violaciones al año, es decir, una cada 4 minutos. De éstas, 65 por ciento son mujeres de entre 10 y 20 años de edad, a las que en su mayoría no se les proporcionan servicios integrales de salud y se generan una serie de consecuencias graves en su salud física y mental.
Actualmente en estados como Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron ya iniciativas en defensa del derecho al aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas. Mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan para tiempos mejores” la discusión de propuestas antiaborto. En Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema de la despenalización no está en la agenda, por el momento, por lo que aun queda un camino largo en la lucha por revertir y cambiar las legislaciones que penalizan el aborto y en la practica están criminalizando a las mujeres que ejercen el derecho a decidir sobre sus cuerpos y optar o no por la interrupción de su embarazo. Basta ver la injusticia que están viviendo las mujeres presas en Guanajuato. La Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los derechos Humanos Kyung-wha Kang se comprometió el pasado 6 de agosto a enviar visitadores para tratar el caso de las mujeres presas en Guanajuato.
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