sábado, 21 de mayo de 2011

México: Promoción de liderazgos femeninos, una prioridad


Por Sara Lovera
(saralovera@yahoo.com.mx)


México, abril (SEMlac).- En una cruzada poco común, a un año de las elecciones presidenciales en México, varios grupos plurales y de mujeres de distintas agrupaciones o filiaciones políticas recibieron un apoyo extraordinario de ONU Mujer y del Instituto Nacional de las Mujeres para enfrentar, este año, comicios en cinco entidades y en 2012, además de la presidencia de la República, seis gubernaturas.
En total, a partir de este mayo y hasta julio de 2012, se disputarán en el país 2.011 puestos de representación popular. Un presidente, seis gubernaturas, 583 presidencias municipales, 1.074 diputaciones tanto locales como federales y el total de los 128 cargos en el Senado de la República.
De mantenerse la tendencia de los últimos años, las oportunidades de las mujeres no llegarán más allá de unos 300 puestos, probablemente ninguna gubernatura y solamente unas 140 diputaciones federales, auguran analistas.
Los puestos más abultados son las diputaciones locales y federales, donde se estima que a las 1.070 en disputa solo llegarán 121 mujeres, si se toma en cuenta que el promedio de participación no llega a 19 por ciento y que solamente el 4,8 por ciento de las presidencias municipales o alcaldías son ocupadas por las mujeres, porcentaje que no ha crecido desde hace 20 años.
Según la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, la meta es elevar en su totalidad el número de presidentas municipales y en 25 por ciento las diputadas locales, con lo que se busca disminuir las brechas de la participación femenina.
Esa política de promoción a los órganos de toma de decisiones coincide con los intereses del nuevo órgano de Naciones Unidas llamado ONU Mujer, que tiene el tema como prioritario, pese a reconocer que uno de los más graves obstáculos para esa participación es el de la violencia de género y el feminicidio.
La iniciativa mexicana SUMA "Transformando para la Igualdad", que encabeza la excandidata presidencial Patricia Mercado, ya ha iniciado un trabajo de promoción entre representantes de la élite del poder, para que se encarguen de promover efectivamente la participación política de las mujeres, no solo desde una posición retórica, sino cumpliendo con las convenciones y acuerdos internacionales, tanto como las reglas mexicanas.
Mercado es una antigua dirigente feminista que ha participado en muy diversas iniciativas, desde la defensa de las trabajadoras hasta la promoción de la interrupción legal del embarazo y la dirección de una prestigiada institución de capacitación. Es una de las pocas mujeres en estas lides que no ha ocupado ningún cargo público y solo fue candidata presidencial por el partido Social Demócrata, desaparecido en 2007 y que ella, en amplias alianzas, construyó.
Los diversos foros de participación política promovidos por SUMA representan una estrategia de formación y capacitación de líderes para potenciar sus oportunidades: "se trata de buscar y descubrir mujeres con liderazgo comunitario, todas ellas destinadas a fomentar lo que es nuestro mandato: las políticas de igualdad de género", sostuvo García Gaytán, al informar sobre las metas de participación que se proponen en los comicios en puerta.

Desapareció el dinero para capacitación
Las mujeres suman otra iniciativa que se lanzó hace más de un año para promover el cambio legislativo que garantice la paridad en los órganos de toma de decisiones; es decir, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres. Pero se enfrenta un obstáculo: los partidos políticos, obligados por ley a destinar recursos para la promoción política y capacitación de las mujeres, no cumplen.
Según Rebeca Matos, de la agrupación civil DIVERSA, también fundada por Mercado, señaló que se han acumulado más de 280 millones de pesos (25 millones 454.045 dólares aproximadamente) en las arcas de los partidos políticos, para la capacitación y promoción de las mujeres entre 2008 y 2011.
Pese a ello, los partidos escatiman estos recursos, los desvían, no rinden cuentas y no existe autoridad que los vigile adecuadamente, de ahí que urge establecer sanciones para los violadores de esa ley, tal como fue propuesto en Washington recientemente, durante el Foro Hemisférico.
Solo una fuerza política lo establece en sus estatutos, el Partido Convergencia -según una investigación del BID y de Idea Internacional-, que cuenta en promedio con tres millones y medio de pesos anuales (318.182 dólares) para esta actividad.
Otros partidos suman muchos más .recursos: sólo en 2008 tuvieron 62 millones (unos cinco millones 636.000 dólares), cifra que cayó a 58,2 millones (cuatro millones 745.000 dólares) en 2010, pero que en 2011 es de 60 millones (cinco millones 600.000 dólares). Esos montos, obtenidos por ley, equivalen al dos por ciento de los recursos de los partidos y se designan específicamente para la capacitación en género.
Los desvíos se justifican con foros y carteles en las conmemoraciones como el 8 de marzo o el 25 de noviembre; pero la inversión en capacitación sigue pendiente. Las mujeres comienzan a demandar que se cumpla el mandato, establecido en los estatutos, y hay quienes están buscando elaborar un reglamento, pero lo cierto es que el BID señala la necesidad de una sanción que los haga cumplir.

Por eso SUMA
El nacimiento del proyecto SUMA forma parte de una iniciativa mundial de ONU Mujer para promover el Mejoramiento del Liderazgo de las mujeres en su quehacer político e incrementar la calidad y cantidad de mujeres en la política.
ONU Mujeres lanzó una convocatoria global. Se recibieron 2.000 propuestas, de las cuales se seleccionaron 13 y sólo tres de ellas corresponden a América Latina, una a México, desde donde concursó el Instituto de Liderazgo Simone de Beavouir, que dirige Mercado en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Los objetivos y las metas se ajustarán a las necesidades de cada entidad. En San Luis Potosí, por ejemplo, la meta es aumentar al doble las presidencias municipales; 25 por ciento las sindicaturas y, en igual proporción, las diputaciones.
El financiamiento otorgado por la ONU es exclusivamente para la formación y el fortalecimiento de los liderazgos femeninos, independientemente de la filiación ideológica que tengan y que lleguen a ocupar espacios de poder, como pueden ser presidencias municipales, diputaciones locales y federales, regidurías, sindicaturas, secretarías de gobierno.
Mercado, impulsora del proyecto, trabaja con mujeres de diversos partidos, como las panistas (Partido Acción Nacional) Laura Carrera y Clara Sherer --esta vocera de la iniciativa--, lo mismo que mujeres feministas e independientes, ex mujeres de izquierda y otras militantes como Martha Tagle, de Convergencia. Mercado señaló que es necesario que las mujeres lleguen a espacios de poder y lo hagan lo mejor posible, bien equipadas.
Las reglas son claras: para poder ingresar y ser beneficiarias de este proyecto, que será de tres años, habrá un proceso de selección que comprenderá diversas fases, mecanismos de operación, criterios y perfiles. A través de ellos, se espera incorporar a las mujeres que tengan más oportunidades de competir y ganar puestos de elección popular o de ocupar cargos de importancia en los espacios públicos de toma de decisiones.
Se tomará nota de las participantes, una especie de filtro sustentado principalmente en el desempeño y en la vocación de futuro mostrada por las interesadas, antes de ser candidatas.

RECUADRO
Déficit democrático
En las 32 entidades federativas, solo hay dos mujeres gobernadoras; solo 3,6 por ciento de las presidencias municipales del país están encabezadas por mujeres; las regidoras y síndicas en los ayuntamientos varía entre seis y 15 por ciento.
Pese a estar legalizada la cuota de género en las candidaturas plurinominales a nivel federal, los partidos políticos buscan eludir su cumplimiento por medio de argucias y simulaciones. En algún momento se puso a 10 candidatas que renunciaron apenas tomaron posesión y comenzó a funcionar la Cámara. Sus suplentes fueron hombres y se sospechó entonces que probablemente hubo acuerdo para que ellos ocuparan esos espacios. El caso llegó a conocerse como las "juanitas", por haber acordado algo que se llegó a calificar de siniestro.
A los datos mencionados, que sirven de sustento a la iniciativa para la paridad que espera en el Congreso, sin analizar ni dictaminar, el analista Jorge Luis Fuentes señala a SEMlac que el cargo político más alto que han ocupado las mujeres en México es el de gobernadoras y secretarias de Estado. Desde 1976 a la fecha, sólo en 12 ocasiones ha habido mujeres al frente de una Secretaría de Estado y solamente Josefina Vázquez Mota -actual coordinadora de la bancada conservadora- ha sido dos veces secretaria de Estado: de Desarrollo Social y de Educación.
INMUJERES reveló que sólo ocho mujeres en los últimos 10 años han ocupado direcciones generales equiparables a un ministerio y apenas puede contarse con dos gobernadoras e igual número de ministras en la Suprema Corte de Justicia.
Datos elaborados por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, que preside Jorge Luis Fuentes, indican que en México 78 de cada 100 hombres participan en actividades económicas, mientras que sólo 42 de cada 100 mujeres lo hacen.
La participación política de las mujeres representa 28,2 por ciento de las diputaciones federales.
En los Congresos locales, hasta enero de 2009, el porcentaje llegó a 20,9, al tiempo que 4,4 por ciento de las alcaldías estaban ocupadas por mujeres.
En el Senado sólo una de cada cinco curules correspondía a mujeres.
En realidad no hay espacio para las mujeres. En toda la administración, el principal sería el despacho secretarial de Estado, hasta el puesto más bajo, que es el de "enlaces y homólogos". Ahí, hasta 2006 había 92.261 funcionarios públicos federales, de los cuáles sólo 27,4 por ciento eran mujeres.
Las mexicanas representan 40,4 por ciento de la población económicamente activa, pero su participación política es mínima, tanto en el sector público como en el privado.
Un dato curioso es que una de cada tres mujeres que trabajan en el gobierno federal ocupan el cargo de "jefas de departamento", el segundo más bajo en la escala de 14 niveles.
47 de los 143 diputados federales del conservador Partido Acción Nacional en la actual Legislatura son mujeres; 51 legisladoras forman parte de la bancada del antiguo partido de estado, el Revolucionario Institucional (PRI), que tiene 237 bancas.
En la Cámara de Diputados, para el período 2009-2012, fueron electas 140, de un total de 500. Actualmente hay 12 menos.
La situación en los congresos locales es aún peor. Hasta enero de 2009, según datos del INMUJERES, sólo 20,8 por ciento del total de representantes eran mujeres (una de cada cinco).
En las regidurías y sindicaturas municipales, el porcentaje de mujeres llegó en enero de 2009 a 30,2 por ciento.
El peor registro se ubica en las alcaldías: de más de 2.400 presidencias municipales del país, sólo 4,8 por ciento de los cargos eran ocupados por mujeres.

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