domingo, 21 de noviembre de 2010

Las violencias y los riesgos para las defensoras de derechos humanos en México.

Josefina Chávez para Cuadernos Feministas,

El Encuentro Nacional sobre Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en México se realizó los días 14 al 17 de octubre de 2010 en la Ciudad de México. Aproximadamente 60 mujeres de varios estados de la República Mexicana se dieron cita para intercambiar en torno a su experiencia y conocer cuáles son las violencias que están enfrentando para la realización de su trabajo en los diversos movimientos, ciudades y estados del país. Esta reunión, contribuyó a constatar que los niveles de violencia derivados de la muy controvertida política de seguridad nacional en sus múltiples dimensiones, están impactando de una manera alarmante la vida de las mujeres dedicadas a la defensa de los derechos. La intimidación, las amenazas y la muerte, son riesgos y costos que en México tienen que enfrentar las activistas comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

Las medidas cautelares presentan en su aplicación múltiples problemas, pero sobre todo desconfianza por el descrédito y desconfianza que existe hacia las instituciones encargadas de proporcionar este mecanismo. Un ejemplo de ello es que en el Encuentro no pudo estar presente Margarita Guadalupe Martínez (Enlace y Comunicación y Capacitación) pues el Estado no le garantizó la protección hacia la ciudad de México. Otro ejemplo reciente es el de los estudiantes balaceados mientras se manifestaban y se dirigían a un foro en contra de la militarización, por la policía federal en Ciudad Juárez; ¿Quiénes los van a proteger, integrantes de la misma policía que los atacó? También en la misma ciudad Cipriana Jurado (Centro de Organización de la Mujer Obrera), amenazada de muerte, no pudo contar con la protección adecuada a pesar de la solicitud de medidas cautelares, por parte de Amnistía Internacional y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Tuvo que salir del país. Hay una larga lista de casos a los que se suman los asesinatos e intimidaciones en contra de periodistas, actos que atentan contra la libertad de expresión.

El problema en el caso de defensoras y defensores que están denunciando los abusos y violaciones de derechos humanos de militares y fuerzas policíacas es que se incrementa la criminalización a su participación. Frente a esta realidad, ¿Cuál es la alternativa? El tema es de alta prioridad para el Alto Comisionado de las Naciones Unida, quien ha recomendado la creación de un mecanismo nacional de protección así como la adopción de protocolos especiales para la investigación de agresiones.

Durante el Encuentro se pudieron escuchar testimonios impresionantes, que ponían la carne de gallina. Sorprende, afortunadamente sigue sorprendiendo, que la mayoría de las asistentes mantienen un compromiso muy alto, una claridad de la necesidad de continuar trabajando en la defensa de los derechos humanos, en contra de la injusticia, de la impunidad. La composición de las asistentes también reflejó la pluralidad con la presencia de mujeres de muy distintas experiencias, trayectorias y movimientos. Muchas de ellas con un largo camino de lucha.

Fue un gran acierto la realización de este encuentro nacional; los antecedentes del mismo se dan meses antes, cuando en la ciudad de Oaxaca se realizó, en abril, la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. En las memorias de esa reunión se destaca que la “información sobre la situación especifica de las defensoras de derechos humanos es aún insuficiente y muchas veces se encuentra invisibilizada por las propias instituciones, organizaciones y movimientos”. De ahí que hay una coincidencia en la necesidad de desarrollar diagnósticos para conocer y profundizar en cuáles son las características y la especificidad de la violencia que están enfrentando las mujeres defensoras en los países de Centroamérica y México.

El punto clave es visibilizar, y simultáneamente contribuir a la generación de apoyos para la protección de la integridad de las mujeres defensoras. Y en otro plano también sustentar elementos para la creación de mecanismos reales de protección. La visibilización en este caso implica reconocer y difundir la legitimidad de su trabajo y de sus convicciones, así como la justeza de todas las luchas y causas que están defendiendo; las mujeres de Juárez, de Atenco, de Chiapas, de Oaxaca, las Triquis, las de San Juan Copala, las de Guerrero, Guanajuato, Veracruz y de muchos otros estados, contaron sus historias, las de la violencia en sus lugares, en sus movimientos, como viven el día a día, como enfrentan los infiernos en donde ellas se desenvuelven. De muy diversos orígenes, pero eso sí todas por igual agredidas, amenazadas, hostilizadas. En varias de las sesiones, de pronto se escucha el silencio solidario frente al dolor de las pérdidas, de los asesinatos y encarcelamientos de los seres queridos; por las mujeres asesinadas por ser mujeres, de los muertos por quienes se sigue luchando para que la justicia los arrope; ¿Nueva utopía?

Son las mujeres que se atreven a levantar la voz; encarar a las fuerzas militares y sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos; a las distintas corporaciones policiales para marcarles el alto a sus impunidades; que enfrentan en carne propia el incremento del paramilitarismo. El objetivo es reconocer el aporte de las defensoras; sumar esfuerzos; fortalecer vínculos; reaccionar con eficacia frente a los riesgos y ataques por el trabajo de activismo, denuncia y defensa de los derechos. Para las coordinadoras y organizadoras así como las asistentes es claro que se está enfrentando un avance del autoritarismo, de los sectores mas conservadores y de la derecha y que esto está presente en toda la región, se están empujando políticas que contribuyen a instalar contextos y ambientes de miedo en la población. De ahí la importancia del análisis, del intercambio, de contar con espacios que posibiliten la reflexión personal, que en este caso adquiere una dimensión fundamental; el cuerpo es el lugar en donde la estrategia del miedo ataca. El cuerpo es pues el espacio de libertad a recuperar para renacer. Construir las fortalezas que se necesitan pasa por el reconocimiento colectivo en todos los sentidos.

Las mexicanas defensoras de derechos humanos hacen las listas de los contenidos de la pesadilla cotidiana; intimidaciones, amenazas de todo tipo, a su integridad y libertad; difamación para deslegitimarles como voceras públicas; violencia y ataques verbales obscenos; desapariciones forzadas; clima de justificación mediática de las agresiones por estar participando; agresiones y hostigamiento sexual y burla de las autoridades; las amenazas en general incluyen connotaciones sexuales. En el extremo está la muerte.

Cuando toca el turno de analizar las causas el análisis se torna más complejo, un clima adverso para las mujeres defensoras se respira. El contubernio Estado-Iglesia, sale a relucir; el impacto de las políticas de seguridad nacional que favorecen la ruptura del tejido social; la desarticulación de los movimientos sociales; las redes de trata, de corrupción; la violencia feminicida, la misoginia. Y mucho más.

La ventaja de poder remontar las políticas desarticuladoras es precisamente la realización de esta reunión nacional; el análisis de la coyuntura que permea los ámbitos de trabajo proporciona a la vez las rutas, los encuentros, la fortaleza, la necesidad de acuerpamiento; para responder juntas a las emergencias, para arropar a las perseguidas, para dar solidaridad a las que lo necesitan con urgencia; para seguir luchando porque solo así cambiaremos las cosas; Ahí estaban de carne y hueso. ¿Como le hace, compañera? Pregunta una mujer a otra: “ yo soy una mujer triste, así vivo, con tristeza, todos los días cuando llego a mi casa por la noche después de la reuniones, pongo música a todo volumen y me pongo a llorar, así todos los días”


Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

14-16 de octubre de 2010,Ciudad de México

Nosotras, más de sesenta defensoras de derechos humanos provenientes de veinte estados de la República Mexicana, de diversos sectores y movimientos sociales DECLARAMOS:

  • Que nuestro trabajo y compromiso con los derechos humanos sostiene, amplía y reconstruye la democracia, el estado de derecho y desarrolla oportunidades de vida digna para toda la sociedad. De manera particular, nuestra acción favorece la libertad, el acceso a la justicia, a la ciudadanía y la no discriminación de las mujeres. Por lo tanto, el Estado, la sociedad, el movimiento de derechos humanos y nuestras propias organizaciones, tienen que comprometerse con el reconocimiento, fortalecimiento y apoyo de nuestro aporte como defensoras de derechos humanos.

  • Que enfrentamos un Estado fallido que ha renunciado a su obligación de garantizar los derechos de la población y que de forma reiterada utiliza a las instituciones y recursos públicos para atacar, criminalizar y vulnerar la labor de las personas que defendemos los derechos humanos. En este contexto, han limitado el ejercicio de nuestra ciudadanía y agravado la cultura de machismo, misoginia y discriminación contra las mujeres la debilidad de la democracia y el estado de derecho, la impunidad y la corrupción, la agudización de la violencia contra las mujeres, la vulneración del carácter laico del Estado, las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y la protección de intereses privados que violan derechos económicos sociales y culturales, entre otras cosas.

  • Que han aumentado el riesgo y los ataques contra las defensoras de derechos humanos de todo el país, siendo particularmente preocupante la situación de las defensoras en estados de la república como Chihuahua, Monterrey, Oaxaca, Chiapas y Guerrero; así como los reiterados y crecientes ataques contra defensoras de derechos humanos que denuncian casos de feminicidio, que dirigen y trabajan en los centros de refugio para mujeres que sufren violencia, que denuncian violaciones a derechos humanos por parte del ejército, que defienden la autonomía reproductiva de las mujeres, que defienden a las familiares de personas detenidas, perseguidas y desaparecidas por motivos políticos; las agresiones a periodistas, a defensoras indígenas y a activistas de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual, Transexual y Transgénero.

  • Amenazas, allanamientos, difamación, violencia y tortura sexual, persecución judicial, ataques a nuestras familias, asesinato y ejecuciones extrajudiciales, son algunas de las formas en las que somos atacadas tanto por nuestro género, como por la labor que realizamos en la promoción y defensa de los derechos humanos. Estas agresiones provienen tanto de las autoridades federales y locales de los tres poderes del estado, como por parte de particulares y poderes fácticos que operan con la tolerancia o complicidad de las autoridades, tales como las redes de trata de mujeres y niñas, el narcotráfico, las empresas trasnacionales, las jerarquías religiosas y los grupos conservadores, los grupos paramilitares y los caciques locales.

  • El nivel de impunidad en el que permanecen los casos de agresión en contra nuestra es alarmante y sostiene la cultura de violencia contra las defensoras de derechos humanos. Frente a ello resulta urgente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de asegurar la seguridad, protección y apoyo a las defensoras. Ello implica investigar y sancionar judicialmente a los responsables de las amenazas, actos de hostigamiento o atentados de los cuales hemos sido víctimas en tanto defensoras de derechos humanos. La sociedad por su parte y particularmente el movimiento de derechos humanos y nuestras propias organizaciones deben mejorar las condiciones en las que las defensoras realizamos nuestro trabajo, asegurando los recursos y apoyo necesario.

  • La gravedad de los ataques, y el alto riesgo en que desarrollamos nuestra labor ha llevado a decenas de defensoras a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo estas medidas, a pesar de haber sido aceptadas por el gobierno mexicano, son deficientemente implementadas. Las autoridades que deben garantizar su aplicación imponen una burocracia excesiva e innecesaria, tienen poca coordinación entre las instancias federales y locales responsables, poco toman en cuenta nuestras necesidades específicas de protección y muchas veces obstaculizan su aplicación propiciando el desgaste y aumentando la vulnerabilidad de las defensoras. Denunciamos que a este Encuentro no pudo llegar nuestra compañera Margarita Guadalupe Martínez de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C (Chiapas), quien cuenta con medidas cautelares desde marzo de este año, porque el Estado Mexicano no le garantizó la protección hasta la Ciudad de México.

  • El Estado mexicano debe respetar sus obligaciones en materia de protección a defensoras y derechos humanos de las mujeres. Ello implica dar cabal cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre feminicidio en Ciudad Juárez y sobre la violación de mujeres indígenas por parte de militares en el estado de Guerrero. Cumplir con las observaciones del Comité de la CEDAW en materia de interrupción voluntaria del embarazo, que llevarían a eliminar cualquier normativa que limite el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Modificar la legislación actual para que sea la Jurisdicción civil la única competente para investigar, juzgar y sancionar a los militares que cometan violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Las defensoras de derechos humanos en México somos un motor de transformación de la sociedad y una esperanza para el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos.

SUMEMOS TODAS LAS VOCES PARA RECONOCER Y PROTEGER EL QUEHACER Y LUCHAS DE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL POR LOS ASESINATOS DE LAS DEFENSORAS DIGNA OCHOA, GRISELDA TIRADO, BETY CARIÑO Y JOSEFINA REYES

ATENTAMENTE

Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristobal), Diana Damián (Municipio Autónomo Zapatista, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM-México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (BARCA, Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto Derechos Económicos Sociales y Culturales, DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Alejandra González (Tlachinollan, D.F.), Irma Estrada Martinez (Tribunal Internacional de Conciencia, DF)

GUERRAS: de los campos de exterminio de Irak a los de Ciudad Juárez.

Por Rocío Duque

“ El viejo mundo está muriendo y el nuevo lucha por nacer: hoy es el tiempo de monstruos” Antonio Gramsci

EN LA NIEBLA DE LA GUERRA...
(Primera parte de tres)

Guerra. Esa solía ser una palabra grande; hoy se dispensa pródigamente: guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, guerra contra la corrupción. ...Todas ellas al parecer, irremediablemente perdidas.
Los archivos que Wikileaks reveló a finales de octubre sobre la invasión estadounidenses en Irak y Afganistán demuestran y detallan muchas cosas que ya sabíamos, intuíamos o creíamos.

Casi 400,000 reportes secretos del campo de operaciones del ejército de los Estados Unidos en Irak fueron originalmente enviados por Wikileaks a tres periódicos internacionales: The Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos) y Der Spiegel (Alemania). Después han sido reproducidos en cientos de medios impresos y cibernéticos alrededor del mundo, entre ellos Al_ Jazeera.
- Las autoridades de Estados Unidos han desestimado cientos de reportes sobre abusos, torturas, violaciones sexuales y asesinatos en Irak por policías y soldados iraquíes, cuya conducta parece ser sistemática y normalmente ignorada y/o tolerada tanto por los mandos iraquíes como por los estadounidenses.

David Leigh, el editor investigador por parte de The Guardian , entrevistado por Democracy Now! dió detalles al respecto, entre ellos la situación de las mujeres iraquíes en algunas areas del país:
“...recuerdo a un tipo llamado coronel Sabbah, quien trabajo entre 2006 y 2007 con coroneles americanos en el oeste de Bagdad y lo que solía hacer -ellos lo sabían y sus propios hombres me lo dijeron – ordenaba allanamientos en casas ..., arrestaba a los hombres y forzaba a las mujeres a acostarse con él como condición para liberar a los hombres. Esos eran hombres a quienes no se les acusaba de nada. Era sólo una excusa para violar mujeres.”

- Autoridades estadounidenses y britanicas han mentido sobre las muertes de civiles. Más de 15 mil civiles han muerto en incidentes previos no reportados hasta el momento. Los archivos de Wikileaks demuestran el asesinato de 66,081 “no combatientes”, de un total de 109,000 . También revelan que es una política oficial deliverada ignorar ese estimado : "no investigation is necessary" (no es necesario investigar) es el sello de los reportes oficiales en esos casos.
-La corrupción , tanto entre el gobierno títere de Irak como entre los contratistas y mandos estadounidenses, es rampante y obvia (tal y como docenas de artículos y reportajes ya lo han mostrado a lo largo de los años de invasión)...Entre otras...
Unos 91 mil archivos sobre la guerra de Afganistán han sido dados a conocer y aun faltan por ser publicados alrededor de 15 000 .

Cómo llegaron estos archivos ultrasecretos a manos de Wikileaks? Aparentemente el soldado Bradley Manning, un analista de inteligencia de 22 años quien filtró la información, ha sido arrestado y podría enfrentar graves cargos de espionaje y traición.
Julian Assange fundador y director de Wilileaks, aseguró a varios medios que en su poder obran millones de archivos sobre la historia secreta de la actividad “controversial” del gobierno estadounidense alrededor del mundo. Los archivos sobre Irak y Afganistán han sido la revelación más importante sobre la actividad militar del gobierno estadounidense desde los Pentagon Papers , sobre la guerar de Vietnam y la invasión a Camboya, filtrados por Daniel Ellsberg en 1971 y que fueron decisivos para cambiar el rumbo de la opinón pública estadounidense e internacional sobre la guerra de Vietnam. (sobre Ellsberg y los Papeles del Pentágono, el documental : The most dangerous man in America.)

Pero, hay realmente aquí algo que no supiéramos? Como Robert Fisk (siempre atinado) señalo

Como de costumbre, los árabes sabían. Sabían todo sobre las torturas en masa, del promiscuo tiroteo de civiles, del escandaloso uso del poderío aéreo contra viviendas familiares, de los despiadados mercenarios estadunidenses y británicos, de los cementerios de muertos inocentes. Todo Irak lo sabía. Porque ellos eran las víctimas

El que lo sospecharamos o que los propios iraquíes y afganos lo supieran, no disminuye en nada la enorme importancia de estos papeles que son lo que en lenguaje forense se llama evidencia incontroversial. Como el mismo Fisk dice : “ No sólo están furiosos porque se haya roto el secreto o porque se haya derramado sangre, sino porque los han pescado diciendo las mentiras que siempre supimos que decían. “

Por supuesto, están los reportes de guerra, la develacion de las atrocidades, los horrores que no son errores, sino políticas deliveradamente planeadas, pero hay más, algo más allá de estos invaluables archivos. Quién paga por todo eso y, sobretodo, quién gana , qué, cuánto y cómo?

Seguir la ruta del dinero (follow the money) es trabajo tedioso, difícil y a veces casi imposible, pero quizás la única manera de hacer que el caos de las guerras cobre sentido y que la estrategia en contra de ellas rinda algún resultado.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía en 2001, dice que las guerras de Irak y Afganistán son “...las primeras guerras en la historia de los Estados Unidos financiadas totalmente por tarjeta de crédito

Fue también quien en su libro (escrito con Linda Bilmes ) The Three Trillion Dollar War calculó en 3 billones** de dólares el costo de la guerra contra Irak; recientemente consideró que se quedó corto.
Claro, seguir el dinero en la niebla de la guerra es especialmente dificil, pero sobretodo seguirlo en los laberínticos escritorios de los altos burócratas del Pentágono, del Departamento de Defensa, Homeland Security, CIA, FBI y de las cientos de instituciones gubernamentales que dan los contratos a miles de compañias privadas que hacen posibles (y deseables ) las guerras sin fin.
Entrar ahi es como Alicia saltando a través del espejo, nada parece tener sentido, a menos que lo mires cuidadosamente bajo una óptica totalmente diferente, y entonces...todo es perfectamente claro y la sonrisa sin gato, no sólo tiene gato, sino hasta nombre y apellido. Unos pocos ejemplos al respecto:
El inspector general para la Reconstrucción de Afganistán (si, asi se llama esa oficina) dijo que el gobierno no sabe cómo han sido distribuidos unos 18 mil millones de dólares . Eso , básicamente quiere decir, que no saben dónde carajos están.
De acuerdo al reporte presentado al Consejo sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Estados Unidos, el pasado 5 de noviembre: unas 1 271 organizaciones gubernamentales y 1 913 compañias privadas trabajan en labores de contraterrorismo, seguridad nacional e inteligencia en alrededor de 10 mil locaciones en Estados Unidos. Cerca del 70% del presupuesto de inteligencia de los E.U. va para contratistas privados.( The Privatization of War: Mercenaries, Private Military and Security Companies (PMSC) - Beyond the WikiLeaks Files , por Jose L. Gomez del Prado )

Un censo del Pentágono calcula en 244 mil el personal contratista (de todo tipo, no sólo mercenarios armados) en los dos teatros de guerra.

De acuerdo a un artículo del Wall Street Journal de agosto del 2009 el número de contratistas militares en Afganistán era de 74 mil, mientras las tropas del ejército regular estaban constituídas por 58 mil soldados.

Aunque a miles de empresas se les ha otorgados contratos de guerra sólo unas cuantas son las que se llevan la verdadera tajada del león: de unas 6600 firmas que han recibido contratos por parte del Pentágono para Afganistán , únicamente 44 de ellas se han llevado más de la mitad del presupuesto y sólo un contratista, DynCorp , ha recibido alrededor del 75% de los contratos cocedidos por dos oficinas del Departamento de Estado.
Sin embargo la indiscutible gran beneficiaria de las guerras ha sido la subsidiaria de Halliburton (de la que el ex vicepresidente Dick Cheney fue director hasta el 2 000) , KBR (antiguamente Kellogg Brown & Root ).
KBR ha recibido desde 2001 unos 32 mil millones de dólares en contratos . En mayo, April Stephenson, directora de la Agencia de Auditoria de Contratos de la Defensa testificó que KBR esta ligada a “la vasta mayoría” de fraudes en zona de guerra y es cuestionada sobre unos 13 mil millones de dólares en costos no demostrados. De acuerdo a la agencia hay unos 32 casos de sobornos, sobrecargos y otras violaciones de la compañía desde 2004.
KBR ha estado involucrada - entre otros delitos comprobados -en robo de obras de arte, tráfico de personas, y a través de subcontratistas (si, claro, los contratistas subcontratan) prostitución. Más aun, en el encubrimiento de la violación de sus propias empleadas : “El pasado diciembre , una empleada de Halliburton/KBR , Jamie Leigh Jones, denunció que en 2005 fue violada tumultariamente por sus propios compañeros de trabajo, cuando estaba trabajando en Bagdad. Desde entonces, 38 mujeres se han comunicado con Jones para decirle que ellas también fueron víctimas de violación por compañeros de trabajo de Halliburton/KBR. ( el caso lo he documentado ampliamente en Más allá del bien y del mal )

Unos cuantos nombres: KBR, DynCorp, Lockheed Martin , Boeing Co., Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, Halliburton , BAE Systems PLC, Triple Canopy, Titan, Xe (ex Blackwater) y otras cuantas más, asociadas a bancos como Barclay's, Goldman Sachs , Lazard Frères, Deutsche Bank, Wachovia y Citigroup que a su vez están relacionados con los contratistas de otras areas, como las compañías petroleras, que a su vez contratan a o son contratados por los contratistas arriba mencionados. Estos son los principales beneficiarios del negocio de la guerra. La relación entre contratistas y subcontratistas (reales o falsos, de eso hablaremos después) crea una enredada madeja de complicidades, casi imposible de desentrañar por cualquier investigador fiscal.
Pero no, no sólo de esas guerras. Los mismos nombres los veremos repetidos en las otras guerras:

Como en la mal llamada “guerra contra las drogas”: Es DynCorp quien provee la logística de erradicación de plantíos para el Plan Colombia. Sólo en Colombia los cotratistas estadounidenses reciben anualmente cerca de la mitad de los $630 millones de dólares de “ayuda militar” que el gobierno de Estados Unidos otorga.
El Plan Colombia garantiza inmunidad absoluta a los empleados de DynCorp, de la misma manera que la Orden 14 de la Autoridad Provisional de la Coalición lo hace para los contratistas en Irak. Contratistas privados también tienen semejante inmunidad en las 7 bases estadounuidenses en territorio colombiano.
En septiembre de 2001 , campesinos ecuatorianos demanadaron a DynCorp bajo el Acta de Proteccion a Victimas de Tortura, por los enormes problemas de salud que la fumigacion indiscriminada les causó y por la destrucción de sembradios de vegetales y granos y el envenenamiento de animales. En 2006 , ciudadanos de Esmeraldas y Sucumbios demandaron en cortes de Florida a DynCorp por la misma razón.
Por otro lado, Ben Johnston, un mecánico que trabajó para la compañia en Bosnia denunció como empleados y supervisores de DynCorp usaban sexualmente a niñas de 12 a 15 años y se las vendian unos a otros como esclavas sexuales. De acuerdo a Johnston, las niñas no eran bosnias, sino que eran secuestradas por empleados de DynCorp en Rumanía, Rusia y otros lugares. (Sex-slave whistle-blowers vindicated)

La firma está también bajo investigacion por asesinatos y fraude en Irak y Afganistán.

Y a quién hay que comprarle los aviones para la erradicación de plantios? A Lockheed Martin, por supuesto. LM es la mayor compañia en la manufactura de armas en el mundo. Cerca del 80% de sus ganancias provienen de contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otras agencias gubernamentales. Jeffrey St. Clair ("The company that runs the empire" ) reporta que LM tiene ingresos diarios de 65 millones de dólares. En 2009 sus ganancias ascendieron a $3 024 mil millones de dólares . Ah! Y otros datos sobre LM: en enero de 2008 la compañia fue demandada por una empleada afro-americana por acoso sexual y discriminación racial. En enero de 2009 una nueva demanda, en esta ocasión grupal (class action), de empleadas por discriminación de género fue enderazada contra LM. Y el Departamento de Justicia demandó a LM por “...inflar sistematicamente el precio de herramientas usadas en aeroplanos, resultando en un fraude de unos 20 millones de dólares”. LM es un fiel donante de dinero a candidatos al senado y al congreso de los Estados Unidos,

Por cierto, el señor Obama, presidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, en su reciente viaje a India fue acompañado de una comitiva de 250 hombres de negocios, muchos de ellos en el de las armas. India es el mayor importador de armas en el mundo y los Estados Unidos esperan cerrar un negocio de 126 aviones de guerra, de unos 10 mil millones de dólares. Durante su visita, Obama dio muy bonitos discursos sobre ese adalid de la no violencia que fue Gandhi.(Big Business & Arms Deals, Not Poverty, Top Obama’s Agenda in India )

Las drogas son un gran negocio, pero no sólo para los traficantes y los politicos corruptos.
El mundo de la droga va de la era del crimen a la de los grandes negocios globales y mientras los cárteles se modernizan y actúan cada vez más como organizadas corporaciones, las corporaciones internacionales se comportan cada vez más como gangsters. Por qué no compartir las ganancias , entonces?

Dyn Corp ha conseguido el 94% de todos los contratos de la “lucha contra las drogas”, pero otros estan al pendiente.
Jeremy Scahill , en su indispensable libro Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army , dice: “ Enmedio de la cornucopia de escándalos, Blackwater pujó por su tajada en el contrato de 5 años con el Pentágono para “luchar contra el terrorismo ligado al tráfico de drogas”...Este contrato de la “guerra contra las drogas” pondría a Blackwater en la misma liga que los padrinos del negocio de la guerra, inclyendo a Lockhead Martin, Northrop, Grumman y Raytheon.”

No cabe duda que Estados Unidos libra una “guerra contra las drogas” de una manera muy extraña. Por ejemplo, entre 2007 y 2008 los cultivos de amapola (base de la heroína) en Afganistán creciero a niveles sin prescedentes en la historia (Target the Drug Lords in Afghanistan, Not the Farmers) . El Producto Interno Bruto de Afganistán es de aproximadamente 23 mil millones de dólares , de los cuales unos 3 mil millones provienen de la producción de opio.

Todo mundo sabe que el hermano del presidente afgano, Hamid Karzai, Abdul Wali Karzai es el mayor barón de la droga del pais. (US Supported Afghan Government Warlords Control World Heroin Trade ) y de cómo los propios contratistas de los Estados Unidos y Gran Bretaña están involucrados en el tráfico de drogas, armas y seres humanos, bajo la total complicidad de sus contratadores, de eso se trata esta serie también.

Regresando a Blackwater. El fundador de este negocio de mercenarios, Erik Prince, es hijo de una familia de la ultraderecha cristiana y evangelista, ligados a organizaciones anti gay y anti aborto, como Family Research Council , Prayers Warriors, Christian Freedom International entre otras. Y ha apoyado a los candidatos de ultraderecha con las agendas más radicales contra el matrimonio gay, contra el derecho a elegir y contra los inmigrantes. Quizás es por esto último que otros de sus negocios tiene que ver con la “protección de la frontera “ con México:

En 2007 Blackwater inició acciones para instalar una base en la frontera con México, en aquel entonces yo reporté ( Barbaros en el puente) : “El pasado 23, Eilene Zimmermar, en Salon.com descubrió un plan poco publicitado a ambos lados de la frontera. Su artiículo Blackwater's run for the border tiene como cabeza:
“El notorio contratista de seguridad tiene planes para un complejo tipo militar cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Críticos están preocupados de que los “soldados mercenarios” de la firma se puedan unir a la patrulla fonteriza de los Estados Unidos....Una de las fuerzas políticas que claman por la participacion de contratistas privados en la seguridad nacional es el ultra conservador “think tank” Heritage Foundation , quien en un documento titulado: "Better, Faster, and Cheaper Border Security," (“Mejor, más rapida y más barata seguridad fronteriza”) urgió al Congreso para contratar ese personal. Y, claro, las propuestas son Blackwater y DynCop. Por supuesto, podría apostar a que los hombres de Blackwater tendrían mano libre para disparar sobre inmigrantes, como la han tenido en Irak para disparar sobre civiles desarmados.

Blackwater no sólo no logró sus instalaciones, gracias a la resistencia de los vecinos de la zona, sino que los escandalos que plagan a la compañia por su participación en masacres, tráfico de armas y fraude han llevado a Prince a irse a vivir a Abu Dhabi y a cambiar el nombre de su compañia a Xe.
Pero, sin duda Prince es un hombre con visión global, en la extinta Blackwater uno de sus gerentes era José Miguel Pizarro Ovalle, ex oficial del ejército de Pinochet y su principal enlace para negocios en Latinoamerica. Negocios que no sólo incluyen la venta de sus servicios sino la contratación y entrenamiento de ex militares de dictaduras. Blackwater/Xe ha contratado ex militares y paramilitares colombianos, chilenos, salvadoreños , hondureños y peruanos. Una de sus bases de entrenamiento estaban en Honduras. En 2008 , la compañía tenía desplegados unos 2300 mercenarios alrededor del mundo. Desde 2001 sólo la CIA le habia otorgado unos $600 millones en contratos “secretos” . Y bajo Obama, el Departamento de Estado, a pesar de las protestas nacionales e internacionales, le ha dado contratos por $120 millones de dólares y la CIA, $100 millones para trabajos en 2010.

Blackwater /Xe trabaja también para otros gobiernos más y para compañias como Monsanto, Chevron, Walt Disney Company, Royal Caribbean Cruise Lines y los gigantes banqueros Deutsche Bank y Barclays. Por qué y para qué estas compañías necesitan mercenarios?

Blackwater/Xe es tan emblemática de lo que es hoy el negocio de la guerra que nos extenderemos en próximas entregas sobre ella. La guerra contra las drogas es su empresa más prometedora.

Ah, guerras! la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, la guerra contra la migracion “ilegal”, la guerra contra el tráfico de armas...son, sin duda, cosa tremenda, pero, un momento! Con tantos “malos” (o que parecen serlo o que en un futuro se les puede ocurrir serlo, etc...) qué vamos a hacer con ellos? Es decir, a los que no matamos...Ponerlos en las cárceles, por supuesto! Y aquí viene el otro gran negocio.

Los Estados Unidos tiene hoy la mayor población en la carcel del Mundo (2 millones de personas) y encarcela gente cinco veces más que el promedio mundial, en parte porque la gente encarcelada por “ofensas” relativas a las drogas se ha incrementado brutalmente, por ejemplo, de 41 mil en 1980 a 500 mil en 2007 (A 25-Year Quagmire:The War on Drugs and Its Impact on American Society). La infame Ley Arizona, para encarcelar indiscriminadamente a quienes “parezcan” inmigrantes indocumentados, fue impulsada no por el Ku Kux Klan ni los Minutemen sino por el lobby de prisiones privadas : “ ...en una reunion secreta el pasado diciembre , contratistas de prisiones privadas ayudaron a escribir el proyecto de ley para el senador del Estado de Arizona, Rusell Pearce que se enfoca en 'un nuevo modelo de negocios para encerrar inmigrantes ilegales. Y el plan devino en la ley de inmigración de Arizona..la ley mandaría a cientos de miles de inmigrantes ilegales a prisión de una manera como nunca antes. Y podría significar cientos de millones de dólares en ganacias para las compañías contratistas responsables de alojarlos” (A Uncovered in Arizona: Private Prison Lobby Colludes with GOP Pols to Pass Anti-Immigration Law, Line Their Pockets

Cuál es la compañia involucrada? Corrections Corporation of America (CCA), que actualmente ya cobra al estado de Arizona 11 millones de dólares al mes por “alojar” indocumentados. Y se acuerdan de KBR? Bueno, esa recibió en 2006 un contrato de 385 millones de dólares para construir centros de detención para indocumentados. DynCorp y Halliburton también están en este negocio tan prometedor, ya que la construcción de prisiones para inmigrantes es parte del plan de 10 años (2003 – 2012) de Homeland Security y el Immigration and Customs Enforcement (ICE) , llamado ENDGAME, cuyo objetivo es : “ ...expulsar a todos los extranjeros (aliens, en el original) y terroristas potenciales” (Mercenaries without borders, -) Oh! Y el fantástico, inalcanzable objetivo de expulsar a 12 millones de ” indocumentados /terroristas” podría costar unos 94 mil millones de dólares, bueno eso era a precios de 2007 , a la fecha y a dos años de que se cumpla el plazo de esta “solución final” hay que ajustar precios y ...métodos .
Una tarea que obviamemte no sólo es imposible sino incluso indeseable para los millones de empladores de esta mano de obra barata y fundamental para la economia de Estados Unidos en general. Se trata, como en el caso del militar iraquí que encarcelaba hombres inocentes para violar mujeres, una burda excusa , en este caso para enriquecer obscenamente a los que ya son obscenamente ricos.

Y todo este “problema de seguridad “ porque el siper “high tech” muro que Estados Unidos (es decir, sus contratistas) construía en la frontera con México no funcionó muy bien:
En 2007 Naomi Klein (El Estado hueco ) escribio: “Esta semana, Boeing, la compañía que obtuvo el contrato –el más grande otorgado por el Departamento de Seguridad Interna–, anunció que finalmente, tras meses de retraso debido a problemas con las computadoras, va a probar el muro ...Según esa visión radical, los contratistas ven al Estado como cajero automático, del cual retiran contratos masivos para llevar a cabo funciones centrales, como asegurar las fronteras e interrogar a prisioneros, y hacen depósitos en la forma de contribuciones a las campañas. El ex director de presupuesto del presidente Bush, Mitch Daniels, lo dijo así: “la idea general –de que la tarea del gobierno no es proveer servicios, sino asegurarse de que se provean– me parece obvia”. ...en 2003, el gobierno estadunidense otorgó a las compañías 3 mil 512 contratos para llevar a cabo funciones de seguridad interna, desde la detección de bombas hasta la búsqueda de datos. En el periodo de 22 meses que finalizó en agosto de 2006, el Departamento de Seguridad Interna emitió más de 115 mil contratos relacionados con la seguridad. ...La vigilancia a través de video es uno de los sectores más lucrativos de la economía de la guerra contra el terror. Hasta podría resultar ser una maravillosa noticia para los altos ejecutivos de Blackwater, que lanzaron una nueva compañía de inteligencia privada presentada como un “servicio integral capaz de satisfacer todas las necesidades de inteligencia, operativas y de seguridad”. ..No queríamos quedarnos atorados con algo defectuoso. Eso fue lo que Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, dijo ante una comisión de la Cámara, el mes pasado. Se refería al “muro virtual” planeado para las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá. Si todo el proyecto sale tan mal como el prototipo de 28 millas, podría resultar ser uno de los defectos más caros de la historia: se proyecta que su costo sea, de aquí a 2011, de 8 mil millones de dólares. “

Pero el negocio es global, así, por ejemplo la prisión colombiana de La Tramacua (parte del Plan Colombia) fue construída por el gobierno de Estados Unidos , pero como todos sabemos el gobierno de Estados Unidos no construye nada sino es por medio sus de contratistas. (“La Tramacúa”: El Abu Ghraib de Colombia )Mientras, en Irak acaban de expander la cárcel de Bagram, lo que costó sólo 60 millones de dólares...a que no adivinan quién hizo el trabajito?

El Plan México se llama oficialmente Iniciativa Mérida (para distanciarlo de esa catástrofe llamada Plan Colombia) e inclye no sólo a México sino también a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua , Panamá , Haití y la República Dominicana.
La cuestión del Plan México y la llamada guerra contra las drogas y sus consecuencias, son básicamente los asuntos centrales de estos articulos, así que sólo agregare aquí que: la mayoría de los fondos asignados al Plan México ni siquiera saldrán de los Estados Unidos , la mayoría van directamente a la compra de helicópteros y aviones , tecnología de vigilancia, entrenamienro de tropas y policía. Todo ello provisto necesariamente por los mismos contratistas de los que ya hemos hablado. Por cierto, si uno lee algunas de las adquisiciones obligatorias para el Plan , al parecer la guerra contra las drogas se peleará totalmente en aviones y helicópteros.
De acuerdo a la información disponible, el Plan México no preveé entregar dinero directamente al gobierno mexicano sino a traves de los servicios de los contratistas. El Plan México se suponia terminar en septiembre de este año pero ha sido extendido. Ah! Y también incluye a ...los Estados Unidos! $74 millones contra el tráfico de armas...
He dejado para el final sólo la mención del negocio que es como la sombrilla de todos los que he hablado, la madre de todas las empresas: los bancos.

Ese es otro de los puntos centrales de esta serie. Sólo menciono aquí que sin el concurso del lavado bancario de dinero, producto de los negocio de las armas, drogas y tráfico de personas, éstos serian mucho más dificiles de llevar a cabo y mucho menos rentables, quizás imposibles.
Pero resulta que los bancos no cometen crimenes serios, cierto? Se les llama “delitos de cuello blanco” , como para dejar claro que ni una gotita roja mancha su alba pureza.

En los últimos años se han encotrado culpables de lavado de dinero del tráfico de drogas a Bank of California, American Express Bank International, Bank Atlantic y Wachovia, entre otros. Y que pasó ? Bueno, una pequeña palmadita en la mano y una multa básicamente rídicula que equivale más bien a compartir una pequeña parte del botín con el gobiernos de los Estados Unidos.
Ni un sólo ejecutivo, ni grande ni pequeño, ha ido a la cárcel durante la “guerra de Calderón” por lavar dinero de un negocio que cobra miles de muertos al año. Ni en México ni en los Estados Unidos.

Pero de los bancos hay mucho que decir. Regresaremos a ellos.

La “guerra de Calderón”? Cuando leo los periódicos y revistas mexicanas por Internet me pregunto: quién realmente manda? y veo una enorme ira contra él y su gobierno, por supuesto, y leo que hay eventualmente manifestaciones, plantones y protestas, que a veces dejan muertos y heridos .
Pero no leo ni una mención contra los arquitectos de esta guerra brutal; ni una acción de protesta o resistrencia civil contra las los bancos que lavan el dinero, no hay protestas contra las firmas que se llevan la tajada del león vendiendo armas y cerrando los ojos cuando la droga pasa y se dedican a cosntruir las cárceles en las que nos meten; no aparecen exigencias de rendición de cuentas al Congreso sobre qué es y a quién beneficia el Plan México y toda esta absurda, sangrienta “Guerra contra las drogas”. Hay alguien ahi exigiendo nombres, cifras, información sobre a quiénes se les vende el pais y quiénes son sus socios locales y cuánto cuestan los muertos?
Como ha dicho Chomsky Hoy, los principales arquitectos de las políticas públicas no son los comerciantes y los fabricantes, sino las instituciones financieras y las corporaciones trasnacionales.
Es por eso que escribo esta serie.


*A billion (en inglés) es equivalente a mil millones, no como un billón, en español, (que es un millón de millones). Asi, “a trillion” en inglés es realmente “un billón” en español,.

El paraíso de la impunidad

por Soledad Jarquin Edgar en Mujeres y política

El cierre de esta administración pública en Oaxaca es más violenta que cualquier otra cosa que hubiera pasada en los últimos años: asesinatos de líderes de organizaciones, de sindicatos, porros…la zona Triqui en su máxima expresión, narcotráfico en el camino…

Aunado a ello, el Secretario de Finanzas del gobierno estatal, Miguel Ángel Ortega Habid, sospechoso ante la ciudadanía que no ante su jefe Ulises Ruiz, quien sigue minimizando un hecho lamentable como la detención de Martha Ortega Habid y Daniel García Tornel Ortega, hermana y sobrino del funcionario, además de Rosa Elvia Orozco Santiago, por su “probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de depositar dentro del territorio nacional recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita”.

La noticia de estos penosos hechos ocurridos en la capital de Jalisco, se dieron a conocer hace tres semanas, la indignación ha llenado de colorante la cara de muchos y muchas, pero no deja de ser un chisme a medias, no hay asociación o ciudadanía que proteste que demande explicaciones, algunos comentarios periodísticos pero nada más, todo o lo poco que hay es esencialmente mediático, incluso la intentona de los diputados de que el funcionario comparezca no pasa de ser parte del teatro. Todos (mundo de varones) están inmersos en la disputa del poder político, lo demás es lo de menos y de Ortega Habid nada de nada.

Peor aún, este escándalo por la transacción de esos “recursos de procedencia ilícita”, como señaló el un Juez de Distrito en Materia Penal en Jalisco (7 de octubre de 2010/7 de octubre/adimnCMINoticias) y que asciende a la cantidad de mil 200 millones de pesos que habrían salido de uno de las entidades más pobres del país, “casualmente” ha quedado envuelto en una serie de acontecimientos dramáticos y horrendos, donde lo que se pretende mostrar es el poder de la violencia, pero lo que realmente refleja es el problema más serio que ha enfrentado Oaxaca por muchos, muchos años: IMPUNIDAD, sin duda Oaxaca es el paraíso de la impunidad.

Habría que decir, que “la descomposición social” que alcanza a Oaxaca es menos semejante a lo que pasa en entidades del norte del país y que el todavía gobernante oaxaqueño supone es lo que sucede, de ahí el clima de violencia. Cierto, nadie puede ocultar que en Oaxaca también campea el narcotráfico, pero eso nada tiene que ver con lo que ha pasado este mes. No me vayan a salir ahora que tenemos el Cártel del MULT o el Cártel del Dragón, digo, la ciudadanía hemos demostrado que no nos hierve la sangre frente a la corrupción, pero de eso a chuparnos el dedo hay una enorme diferencia. Tal vez tengamos el Cártel de los Ortega, eso es más probable.

Los recientes asesinatos, a plena luz del día y en la ciudad de Oaxaca, son de carácter político y, sí, son parte de la descomposición política que vive la entidad no ahora sino desde hace varios años, donde la disputa por el poder parece no tiene ningún precio y eso incluye la vida de buenos o malos: Heriberto Pazos líder del MULT; Jesús Rubén Maldonado Marmolejo y José María González Parra, ambos considerados como presuntos “porros” de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y vinculados a actividades diversas con políticos de distintos bandos partidistas. A estos homicidios –no usuales en Oaxaca sino en tiempos de relevos administrativos, como sucedió hace seis años cuando José Murat estaba por dejar el gobierno- se suman los de Tomás Matus dirigente sindical y Catarino Torres Pereda, líder del Comité de Defensa Ciudadana, uno en la ciudad de Oaxaca, el otro en la región de Tuxtepec.

El escenario es la violencia política y, además de impunidad y corrupción, nos muestran el lamentable nivel que vive la población oaxaqueña. El año 2006, fue el reflejo más agudo de cómo la incapacidad de los funcionarios y “la burbuja” aquella llevó a la comisión de una serie errores que los relacionaron con pequeñas mafias, inversiones para la protección, el castigo, la persecución, la comisión de ilícitos y todo parece que de ambos lados. Para 2007, el sueño seductor del caciquismo político se reacomodó, imperó la ley de la burbuja enseñoreada y confiados vislumbraron la continuación del PRI. (La burbuja fue el grupo político que rodeó a Ulises Ruiz).

Esa es la descomposición de la que hablamos, la de funcionarios y políticos que creen que frente a ellos no hay sujetos con derechos sino cosas. Las equivocaciones al momento de designar a los candidatos y candidatas priistas contribuyó aún más a la derrota, caprichos y más caprichos de Ulises Ruiz, frente a una ciudadanía que decidió votar por una coalición de partidos, para el resultado los priistas no estaban preparados.

Hoy muchos varones, que no todos, piensan que hay que dejar la casa limpia y los pocos priistas que serán gobierno y que ganaron las elecciones en algunos distritos y municipios, tendrán que remar contra corriente, contra la mala imagen que dejan personas como Ortega Habid, José Murat, Jorge Franco, el alcalde con licencia y diputado plurinominal José Antonio Hernández Fraguas y el último pelo en la sopa: Alejandro Figueroa, secretario particular de URO, a quien le han descubierto un “ranchito” aquí cerca de la ciudad de Oaxaca con caballos pura sangre, cuyos costos ascienden a varios miles de dólares…quizá frente al ranchito haya personas que no tengan hoy ni para comer. Seguirá la pesca de algunos funcionarios por corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito, avaricia… o por ineptitud, ya que los sostuvieron por amiguismo o compadrazgo aunque no pudieran nunca con el paquete.

Frente a esta violencia política, la corrupción que empieza a salir a flote y que la impunidad, apostándole al olvido, pretende llevar al fondo de ríos nauseabundos, algunas personas se preguntan ¿qué hará Gabino Cué? ¿Tendrá el tamaño suficiente para hacer justicia? Y sobre ello se preguntan quienes votaron por la coalición de partidos de derecha-izquierda o izquierda-derecha, dicen, buscando un huequito para la esperanza de que las cosas cambien. A mí me dan frío.

Así, en tanto Gabino sigue con sus planas de Caligrafía y casi arma el equipo, los perredistas –insisto, pobres perredistas- ya están viendo cómo hacerle de chivo los tamales, luego que el próximo gobernador de Oaxaca ha desoído sus preocupaciones y recomendaciones a fin de que no incluya a priistas o ex priistas en su gabinete, cosa que no va a suceder. Están listo en para reaparecer en primera línea del “gabinetezo” al menos cinco ex funcionarios priistas, fieles al neo panista y ex gobernador priista Diódoro Carrasco Altamirano.

El nivel de las discusiones ha llegado a las más populares cantinas de Oaxaca, sí, en las cantinas, Rosendo Serrano, Lenin López Nelio, Jesús Romero y otros discuten sobre cómo se van a repartir el pastel, a grito pelado, los señores perredistas simulan llamadas telefónicas o quizá las hacen, ordenan y reparten huesos, pero sobre todo planean cómo van a seguir pegados a la ubre. Sin duda, los perredistas serán el “infiel” en la balanza y los Judas en la política convertida en una tragicomedia de horror.

Actitudes que sólo favorecen a la derecha a la que están dispuestos a servir. Modos que no abonan en nada a la democracia, abonan sí a la desigualdad entre mujeres y hombres, a la diferencia entre abusivos funcionarios y gente cada vez más empobrecida.

El colmo de esta violencia es que ahora una organización denomina Zeta envía comunicados a las y los periodistas de Oaxaca para decirnos que: “Lo que le sucedió al Dragón y a su compadre “El Chema” les va a pasar igual a todo aquel que robe, secuestre, extorsione y asesine en nombre de la organización “Los Zetas”, sin que pertenezcan a ella”. Cualquiera diría que sus declaraciones fueron hechas para confirmar que se trata de delincuencia organizada y no de crímenes políticos como dice Ulises Ruiz ¿será?

jarquinedgar@gmail.com

El dilema de defender los derechos civiles de un ciudadano y defender los derechos humanos de sus victimas

Por Vahida Nainar

Por sancionar la matanza de Anwar al Awlaaki, un estadounidense y predicador de la jihad, está condenado como un enemigo de la ‘guerra contra el terrorismo’ y el gobierno de Obama ha causado un debate rabioso en el comunidad internacional de derechos humanos.
Por un lado, está la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitucional Right (CCR) desafiando la decisión ejecutiva arbitraria del gobierno de Estados Unidos de violar el derecho civil básico de un ciudadano de ser juzgado por un tribunal – una decisión que si no es desafiada, seguramente establecerá una precedente peligroso en una democracia. Al otro lado, hay grupos feministas luchando contra el fundamentalismo islámico de los Awlaakis del mundo que violan los derechos humanos de todos, específicamente de las mujeres y quienes están desilusionadas con la decisión de CCR de actuar de parte de Awlaaki. Ellas, tras el apoyo controversial de Amnesty Internacional de Moazzam Begg, consideran el papel de CCR, en este caso, una desilusión grande el hacer una prioridad de los derechos de las fundamentalistas.

La cuestión para ACLU/CCR es si ser sospechoso de terrorismo o violador de derechos humanos justifica el asesinato arbitrario de un ciudadano por el Estado. La mención de ciudadano no es para concluir que los no ciudadanos pueden ser objetos de asesinato, sino para reafirmar lo contrario, es decir: si los procesos legales o derechos constitucionales no son cocedidos a ciudadanos, es más difícil exighir que sean proporcionados a los no ciudadanos.
No se pueden permitir libertad en la sociedad a los terroristas o fundamentalistas que violan derechos humanos, sin ningún proceso legal de responsabilidad o sanciones. Pero en una democracia, este proceso y la sanción que resulta, no pueden ser decisiones arbitrarias, ejecutivas o políticas. Esto sólo pueden ser una determinación judicial, tras un proceso de tribunal que garantice derechos constitucionales a ciudadanos y derechos humanos a todos y todas.

El concepto de derechos humanos es antitético en el extremismo Islámico de marca Awlaaki y que resulta, en grados varios, en un sistema político antidemocrático, un desprecio a los ‘infieles’ y discriminación de género al estilo Táliban.
Por eso, la cuestión para los grupos feministas que luchan contra el fundamentalismo oslámico es si los derechos civiles de los violadores de derechos humanos deben ser defendidos. Una preocupación principal en el caso presente es: quién va a a defender a las victimas si los que deben defender sus derechos empiezan a defender los derechos de sus violadores.

El terrorismo de los jihadistas ha hecho de los musulmanes del mundo, a menudo no ciudadanos, ‘sospechosos de terrorismo ’, específicamente en EEUU. De hecho, más del 90 por ciento de los nombres en la lista de “Specially Designated Nationals’ del Ministerio de Economía de EEUU son nombres musulmanes. Por cada uno que quizá esté involucrado en actividad ilegales se afecta negativamente al menos a cincuenta personas más que no tienen nada más que el nombre en común.
Los musulmanes que no tienen nada más que el nombre en común, a menudo han sido acosados, interrogados y puestos bajo arresto por varios departamentos del gobierno de EEUU. El gobierno de EEUU no hace ninguna diferencia entre terroristas y musulmanes. Grupos de derechos constitucionales han defendidos con razón los derechos de esos individuos.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos interpretan estrictamente sus mandato de plantear violaciones de derechos humanos por el Estado y de la misma manera que EEUU, no diferencian si los que son atropellados por el Estado han dejado sus propio victimas; y si es el caso, también plantea su papel como violadores.
Esos grupos con un mandato principalmente político deben comprender el matiz de la situación y defiender a ambos: las victimas del Estado y las de los jihadistas.
De no hacerlo, surgen jerarquías, con las victimas del Estado y las propias victimas de aquellos, resultando las primeras, más graves que las de las victimas de los jihadistas, haciendolas invisibles. Grupos internacionales de derechos humanos deben, como una prioridad, destruir esas falsas jerarquías.

No se pueden dejar sin cuestionar los poderes arbitrarios del Estado de negar a los ciudadanos un derecho tan básico de ser juzgado por un tribunal, y las organizaciones con un mandato principal legal tienen obligación de hacerlo.
No obstante, dado las restricciones éticas para defender a las victimas de los jihadistas, es necesario establecer una amplia red política de grupos de derechos humanos, CCR incluido, para plantear una comprensión más compleja, de hecho un reconocimiento verdadero que comprenda simultáneamente al jihadista, como un violador de derechos humanos y como victima del Estado en la misma persona. También, para fortelecer la estrategia legal contra el fundamentalismo, con casos legales como el que hizo CCR contra Anoar Haddam en los años noventas.

Mexican Women -- Then and Now

By Heather Dashner Monk

Araceli’s knarled hands knead the corn dough in a smoke-filled lean-to next to her kitchen, as the 5 a.m. sunlight begins to squint through the slats. She will make about 48 pounds of tortillas, as she does every day. By noon they’ll be on the table in houses all over the 500-inhabitant town she has lived in her whole life, half-way between Mexico City and Toluca, the capital of the State of Mexico.

This is the 21st century: 100 years after the Mexican Revolution. So many things have changed, yet so much looks so similar. Araceli may well develop a serious lung condition from working over a wood fire in an enclosed space, as thousands of other women have for centuries in Mexico. But her daughter has a high-school education and a job in a library, definitely a step up after working as a cashier in a huge outlet clothing store along the Mexico City-Toluca highway. Araceli herself took up tortilla-making to earn her living after trying other ways: the last was renting videos and DVDs out of her front room.

Women’s lives — their work, their family life, their educational opportunities, the health care they can expect, their social standing, and political participation — have changed over these hundred years. The country has gone from being overwhelmingly rural to mainly urban;(1) between 1930 and 2000 average life expectancy rose from 34 to 75 years; the conditions in which women do housework and care for children and the sick — still almost exclusively their responsibility — have changed enormously: the majority have running water, gas for cooking, indoor toilets, and homes with flooring.(2)

In 1910, women made up 14% of the work force, by 2008 they were 38%. Almost half that increase occurred in the last 40 years. Almost four million women 15 years or older (under 4%) are illiterate today; 92% of girls between the ages of 6 and 14 attend school — not the best possible numbers, but still a huge change from a century ago.

And, by the end of the 20th century, 95% of women of reproductive age knew about at least one type of contraceptive and at least 78% could expect to give birth in a hospital or clinic, lowering maternal deaths considerably.

Currently, women’s participation in public life is incomparably greater than it was a century ago: women did not get the vote until 1953, but there are 140 women deputies (28% of the total) in the present legislature. Mexico has had two more women candidates for president since Rosario Ibarra de Piedra, leader of the human rights struggle against repression and for the presentation of the disappeared, became the first woman to run back in 1982.

Election laws stipulate that no more than 70% of a party’s candidates must be from a single gender — a round-about way of saying that at least 30% must be women. But the recent case of eight women deputies who, after being sworn in, immediately attempted to resign and turn over their seats to male running mates, reveals that the law is seen as only a formal requirement.

On the other hand, women continue to be almost exclusively responsible for housework, with 18% still cooking on wood fires and 13% trying to keep their children healthy and house clean with dirt floors. They continue to earn 84% of what their male counterparts do and on average work for pay five hours longer each week. To support their families they are swelling the ranks of the burgeoning informal sector.

More importantly Mexico has the unfortunate privilege of having coined the term “femicide,” stemming originally from the cases of more than 300 women missing and/or murdered on the U.S. border city of Ciudad Juárez since the 1990s. It is a phenomenon since discovered to be a nationwide — and even international — trend of increasing violence against women just because they are women. The militarization of Mexico has brought with it increased incidence of rape by military and police personnel(3); the growing influence of organized crime has caused increasing concerns about human trafficking, mainly women and children.

These contradictory changes are the result of struggles by working people to improve their lives, both during and after the 1910-1917 Revolution, combined with the needs of capital itself to modernize the country and create better conditions to compete in today’s world.

What did women actually do during the Revolution? Did they benefit from it as peasants and workers? As women?

The most significant, life-changing activities women carried out in the Revolution at the outset were related to their families. Hundreds of thousands of women were uprooted from their homes, traveling with the armies of Zapata, Villa, and Carranza — initially people’s, not regular, armies. Under these radically different conditions, with the exception of tilling the land, they continued to be responsible for the same kinds of jobs that they had done in the home: making tortillas, cooking whatever was at hand, washing clothes, nursing and caring for injured soldiers.

But these activities were no longer carried out inside four walls, essential as that was for family survival: now they were essential for the survival of the armies. Since water was a major concern for women to be able to do their jobs, they were often the scouts who determined where the armies would camp for the night. All this put women in the middle of public life at its most raw. It was an unparalleled upheaval in the lives of a large part of the female population, changing not only experiences but horizons and expectations.

One of the Revolution’s most famous corridos is about these women, called “Adelitas”:

Popular among the troop was Adelita
The woman the sergeant idolized,
And besides being brave, she was pretty
So much so that even the Colonel himself respected her.

Some of course, risked their lives as couriers or spies or for printing manifestos, making and distributing guns, or they took up arms themselves. As with any mass movement, a few individual women rose through the ranks to positions of command. Zapatista Colonel Rosa Bobadilla and journalist and activist Juana Gutiérrez de Mendoza, who participated in drafting Zapata’s Ayala Plan, are cases in point. In the North, Elena Arizmendi promoted the creation of the Neutral White Cross, organizing nurses and medical students as the Porfirio Díaz dictatorship-linked Red Cross stood on the sidelines.

Before and during the Revolution, women of the middle and upper classes, particularly, but also some working women, set up all-women’s organizations to discuss, analyze, publicize, and fight for women’s rights. From 1904-07, The Mexican Woman, Monthly Scientific-Literary Magazine to Promote the Evolution and Perfection of Mexican Women was published, arguing for women’s right to access to the professions in order to become better homemakers.

Two textile workers, the sisters María del Carmen and Catalina Frias, set up the 300-strong Daughters of Anahuac on the outskirts of Mexico City in 1907 to defend the rights of women workers who sympathized with the Flores Magón brothers’ Mexican Liberal Party.

After Victoriano Huerta’s February 1913 coup against the Madero government, María Arias Bernal, Inés Malvaez and Eulalia Guzmán formed the Women’s Loyalty Club, to hold weekly vigils at the gravesite of the assassinated president. In time, these gatherings became massive and a symbol of resistance to the usurper’s government. From 1914-19, Hermila Galindo and her team published more than 200 issues of a weekly, The Modern Woman, demanding women’s right to vote and throwing its support to the Carrancistas.

In 1916, over a thousand participants attended two famous Feminist Congresses in Yucatán, promoted and financed by Carrancista General Salvador Alvarado, then governor of the territory, and organized by, among others, Hermila Galindo. Participants, mainly school teachers, focused their discussion on women’s education and job training, but also delved into suffrage and sexual hygiene. The government’s objective was to modernize and secularize society, though participants expressed many other aims.

What did all these struggles achieve for women as women?

In 1915, Zapatista authorities issued a family law eliminating illegitimacy, recognizing common law marriage and establishing a woman’s right to divorce. The Carranza government instituted the right to divorce and remarriage in December 1914. After the victory of Carranza’s forces, the 1917 Constitution established the right to work and form unions, the right to the land and the separation of Church and state, all important building blocks for future rights.(4) More specifically, it stipulated equal rights to wages and to work for men and women, plus certain protections for women workers who were pregnant.

The Family Relations Law passed the same year gave married women the right to sign contracts, participate in litigation, and equal rights to custody of their children; however it also stipulated that adultery by the woman was always grounds for divorce, whereas in the case of men, there were a series of caveats.(5) The new law also compelled married women to have their husband’s permission to work outside the home — a provision this writer had to adhere to as late as 1975. But neither the Constitution nor later legislation enfranchised women despite the fact that dedicated Carrancista and feminist Hermila Galindo proposed it to the Constituent Assembly. To the contrary, the first electoral law gave the vote exclusively to men, constituting a major defeat for women’s rights.(6)

It was in the years following the Revolution proper that working people’s fight for their rights bore other fruit that women shared: greater access — not just the formal right — to education through literacy campaigns, carried out mainly by women teachers in rural areas (1921-22); making contraceptive advice available — Margaret Sanger’s famous pamphlet was translated into Spanish — in Yucatán hospital clinics(7); the right to divorce by mutual consent, and women’s right to custody of the children, established in the 1928 Mexico City Civil Code after a prolonged campaign by feminists; the right for single women and widows who were breadwinners to be full members of the collectively farmed ejidos with the same formal right to the land as men (1927); and the right to maternity leave and not have to perform dangerous jobs, established in the 1931 Federal Labor Law.(8)

In the 1930s, with a strong Communist Party presence, both rural and urban unions organized, spearheading the fight for decent working conditions, wages and other rights. In 1935, women peasants and teachers organized massively in the United Front for Women’s Rights (FUPDM) to demand their rights, including the vote. Finally, in 1938, Congress passed a law giving women the vote with the public approval of President Lázaro Cárdenas. But the law was never published in the Official Gazette so it never went into effect, something Cárdenas obviously controlled. It was not until 1953, with the FUPDM long dissolved into the ruling party, that the PRI finally “gave” women the vote.

So, despite all the sacrifices, despite women’s massive and specific participation in the revolutionary process and later struggles, before the state was completely consolidated by incorporating all the mass organizations into its structures, and despite certain measures to “modernize” the country with more or less positive consequences for women, what women gained from the Revolution was only partial recognition of their rights and demands. It should come as no surprise that women’s organizations — along with unions, peasant and urban residents’ organizations — were absorbed into the PRI apparatus, completely eliminating their autonomy and political punch.

What About Today?

The 21st century opened with the right-wing National Action Party (PAN) ousting the PRI from office after 70 years of what Peruvian writer Mario Vargas Llosa called “the perfect dictatorship.” But three years earlier, the center-left Party for the Democratic Revolution (PRD) had won the mayor’s seat in Mexico City, where one-fifth of the population lives; and six years earlier the Zapatistas had amazed the world by taking over a small but significant corner of southern Mexico. Against a backdrop of deepening PRI-PAN neoliberal policies — even as they began to be discredited internationally — the scene was ripe for social, economic and political polarization as all forces fought for the upper hand.

Feminist groups — the survivors from Mexico’s 1970-90 second wave of feminism — had mostly morphed into NGOs working on specific topics like sexual and reproductive rights, violence against women, and gender education, as gender studies became more widespread in academia after a 1990s downturn in the social movements and women’s organization in them. Many women activists became public officials in the new Mexico City center-left PRD government (a positive development in that it gave women more visibility in public posts, but with the down side of taking both women and men out of the social organizations they had helped form). In synch with international trends (Beijing and its aftermath), NGO activities centered mostly on proposing public policy measures, training public officials, and lobbying Congress, targeting dialogue with women PRI and PAN legislators especially through a series of “Women’s Parliament” meetings. These activities continued into the 21st century.

But by 2006, soaring unemployment and growth of the informal sector of the economy, cutbacks in public spending, especially education and health care, the implementation of U.S.-backed measures to open a swathe of gigantic public works in a corridor reaching all the way to Panama, growing use of police and the military to quell discontent throughout the country, and the government offensive targeting unions particularly, all contributed to a situation ripe for explosion.

Major social movements emerged involving women. The Zapatistas continued to develop their self-organizing “Caracol” movement in Chiapas; 50,000 peasants opposed the building of the huge La Perota dam in the state of Guerrero(9); Mazahua indigenous women organized to defend their water supply from being channeled into Mexico City, totally destroying their way of life(10); collective ejido farmers opposed president Fox’s attempt to expropriate their land to expand the Mexico City airport in San Salvador Atenco and won, only to be arrested en masse with their leaders and sentenced between 31-112 years in prison(11); a 2006 cave-in at the Pasta de Conchos mine in Coahuila state sparked the mobilization of miners’ survivors (mostly women), which eventually led to the persecution and international defense of miner-union General Secretary Napoleon Gomez Urrutia and a three-year-long miners’ strike in Cananea.(12)

To look at women’s dynamics in all these struggles is beyond the scope of this article but I have chosen a couple of examples to examine in slightly more detail.

The first was sparked in May 2006 when primary and middle-school teachers in southern Oaxaca staged a sit-in/vigil in the state capital for higher wages and more funding for schools in the state’s extremely depressed areas.13 When PRI strongman Governor Ulises Ruiz ordered the teachers repressed a month later, more than 350 local indigenous, community, and union organizations joined together from all over the state to form the Popular Assembly of the Towns/Peoples of Oaxaca (APPO) to demand his ouster.

Given a local media blackout, in August 2006, a march of women to the state-owned TV station turned into a 21-day occupation, with the women broadcasting full-time. When the transmitters were destroyed by paramilitary gunfire on the 22nd, Oaxaca City residents came down from the hills to occupy four local commercial radio stations and then set up barricades throughout the city center.

Soon thereafter, the women created their own Coordinating Committee of Oaxacan Women (COMO), whose demands echoed the general APPO demands. Participants included women from different left currents, some familiar with feminist struggles, but were mainly women from community and union organizations. Their high public profile gave them even more weight in the movement than their numbers and heroism already would have. The self-organizing process they went through, organized initially as women but around general demands, allowed them to exchange experiences and to try to collectively understand the difficulties they faced as women participants in the movement. This prompted them to put forward specific women’s demands, including the fight against discrimination and violence against women.

Only days after the radio takeovers, amidst constant clashes with police that cost several lives, including that of U.S. journalist Brad Will, the PAN federal government sent in Federal Police, followed by troops. The movement was so large and entrenched in the communities, however, that it was not possible to completely repress it and the sit-in/vigil moved to a near-downtown plaza. The November 2006 APPO congress emitted the Declaration of Oaxaca, demanding a government truly representative of the diversity of popular organizations, including indigenous peoples, city and country dwellers, peasants, workers, business people, women, men, children and the lesbian-gay community. The general APPO movement and COMO as part of that continued to struggle, but, given the onslaught of government repression and just plain exhaustion, finally retreated around 2008.

Second, as the social movements defended themselves, the PRD ran former Mexico City Mayor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) for president. After the July 2006 election, both sides claimed victory and a year-long battle ensued as AMLO, backed by a mass movement, demanded a vote-by-vote recount and set up what the movement called the “legitimate government,” complete with cabinet members, which repeatedly brought millions of demonstrators out into the streets. This became without a doubt the largest civic movement in the country, putting forward an alternative government program.(14)

In 2008, when President Calderón put a bill before the Senate that would have allowed the construction of oil pipelines and refineries, plus the operation of the latter, to be sub-contracted out to foreign private corporations — functions reserved constitutionally to the state-owned oil giant Pemex — AMLO convened a Movement to Defend Our Oil, bringing together unions and urban community and peasant organizations nationwide to oppose it.

He called for the creation of 20 brigades of 500 women each in the Valley of Mexico to distribute the movement newspaper and go door-to-door to explain why Pemex should not be further privatized. The men emulated them and formed their own brigades, and eventually, together, they numbered 47 or 48 with up to 1,500 members each. About 100,000 women participated as brigade members. The press dubbed the women the “Adelitas,” alluding to the Mexican Revolution, a soubriquet the women took up proudly. It was the women who took over the Senate when the bill came up for discussion, demanding that there be a nationwide public debate before the legislature passed anything. These debates were eventually held and a relatively toothless version of the original bill passed, signaling a temporary victory, and the movement subsided.

According to brigade leader Patricia Ruíz Anchondo, former Mexico City community leader and government official, López Obrador still occasionally convenes meetings of the heads of brigades. Today, however, he has concentrated his efforts on building a national network of community centers dubbed “The Houses of the Movement to Defend the Popular Economy, Oil and National Sovereignty,” which is where many veterans of these brigades have centered their efforts, but no longer in women-only organizations.

These are prime examples of the dynamics in Mexico’s popular movements with women’s participation: repeatedly women organize around general demands, but very often as women in specific groups, sometimes on their own initiative and sometimes at the initiative of the male-led organizations. Inevitably, women come to the fore as natural leaders: in the case of Oaxaca, former COMO member and primary school teacher Aurora Ruiz now represents her local before the union’s Executive Committee; housewife Flor Hernández Quero was elected this July as a city councilwoman in Oaxaca. In the case of the Adelitas, former community activist Karen Quiroga is currently a member of the Mexico City Legislative Assembly.

But the main dynamic is that the contradiction both in their homes and in the struggle itself, as their activity creates friction with their traditional roles, can lead them to put forward some form of specific demands addressing their oppression. The central political problem posed is whether this will flourish and blossom into a full-fledged movement, uniting with other groupings, for women’s rights. This depends on the internal development of the overall movement, including how long it lasts, the degree to which the women’s organizations are under the tutelage of male leadership, the ways women’s demands are posed within the general movement, and the kind of support and link-ups that can be made with other women’s organizations regionally or nationally.

The PAN/PRI Attack on Women’s Bodies

The proof that mass women’s participation and even self-organization in political or sectoral movements is not enough to achieve an end to discrimination and inequality can be seen in the fact that no one was equipped politically to respond to the PAN/PRI joint offensive against the right to choose launched in October 2008.

The bi-partisan offensive began after the Mexico City PRD-controlled Representative Assembly voted in April 2007 to decriminalize abortion up to the 12th week of pregnancy and provide the service in public hospitals for free. A month later, the PAN-appointed head of the National Human Rights Commission filed an appeal questioning the law’s constitutionality, but in August, the Supreme Court ruled in favor of the legislature. Undaunted, in October, the ruling PAN and the opposition PRI began a joint onslaught in state legislatures to establish the fetus’s “right to life” in state Constitutions. By May 2010, they had managed to pass this in 18 out of 31 states. In addition, in some states they changed penal and health codes, with assenting votes by individual legislators from every single congressional party thrown in for good measure.

Feminist groups immediately responded locally, denouncing the measures and defending women jailed for having had an abortion, but only three states coordinated with each other. A few federal PRD congresswomen went to a Santo Domingo meeting of the Socialist International leadership to denounce the PRI, a member organization and very jealous of its prestige abroad.

Six Mexico City-based NGOs that had long been lobbying for the right to choose found themselves facing a brick wall of PAN-PRI unity on the issue: lobbying had reached its limit. They eventually launched a public campaign to oppose the offensive in September 2009. But old capital city-versus-state power rivalries kept the two flanks from uniting until a national forum was convened by a Mexico City socialist feminist group in December 2009.

Thirty-nine organizations present from19 states launched a National Pact for Women’s Life, Liberty and Rights to demand freedom for women prosecuted for having an abortion, the safeguarding of the secular nature of the state, the decriminalization of abortion nationwide and the right to health, plus denouncing all legislators who had voted for these measures. Inspired by Argentina’s Grandmothers of the Plaza de Mayo, participants voted to hold coordinated vigils nationwide on the first Thursday of every month.

Despite the feminist movement’s relatively small size, local efforts combined with national pressure have had a positive effect. PRI President Beatriz Paredes had to publically retreat from her party’s position; in Veracruz, in a second round of voting in the legislature, the PRI voted against its own constitutional reform; in a related matter, the Supreme Court ruled the use of the day-after pill constitutional in May 2010; and in April, PRD legislators formed their own network (including a few PRI adherents) to counter the measures and rein in some of their own party members who had voted for the state constitutional “reforms.” This particular war is far from won, but at least a few skirmishes have been favorably resolved.

So, what does this have to do with the Mexican Revolution?

My initial reflection would be that there seem to be parallels between what happened then and what’s happening now. Politically and socially, the kind of dynamics women experience in mass movements and in the way that women respond to the contradictions that sharpen in their lives seem to lead to initial awareness about the social, not merely individual, nature of their oppression. This empowers them as a group and as individuals. But the far-reaching nature of women’s oppression, and the key role it plays in maintaining the status quo (something the PAN understands perfectly), is such that more is needed.

It is not enough for women to participate in social movements and political activities; it is not enough for them to participate and organize as women in these activities; it is not even enough for women to put forward their specific demands in these movements. All of this is positive and necessary, but what is also needed is for women to have their own autonomous, cross-sectoral movement.

Easier said than done. Today, the difficulties this poses can be exemplified by a perfectly valid observation by Patricia Jiménez of Oaxaca’s COMO: “The PRI and PRD women made a big fuss about abortion in the state legislature last September. Where were they when the [Ulises Ruiz] government was carting women off to jail?” And now that the PAN and the PRD made an electoral pact that successfully ousted the PRI from the governor’s seat, what kind of measures will the new hybrid government take on women, and what kind of allies are community and union women going to be able to count on to further their own demands?(15)

Notes

  1. The little census data that exists for 1910 shows that almost 70% of those economically active were in agriculture and animal husbandry, while today, more than half are in the service sector and one-quarter employed in industry or construction.
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  2. In 1929, 45% of homes were still made of adobe and only 3% of brick or other solid materials; by 2000, 9.9% were made of adobe and 78.9% of solid materials. In 1950, only 17% of homes had running water either inside or outside the dwelling, compared to 88% in 2005. As late as 1960, 82.5% of homes still cooked on wood fires, while by 2000, this number had dropped to 18.1%. Only 20.9% of homes had bathrooms with toilets in 1960, compared to 86.6% in 2000; and as late as 1970, 41% of homes had dirt floors, a number that had dropped to 13.4% by 2000.
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  3. The case of three indigenous Zapatista women raped by troops in 1994, the 2006 rape of 14 sex workers in the Castaños, Coahuila red light district by soldiers, the rape and sexual harassment by police of 26 women detained in a 2006 mass arrest in Atenco, State of Mexico, and the 2007 death of a 73-year-old Ernestina Asencio Rosario, in Zongolica, Veracruz, after being gang raped by soldiers are merely the most publicized examples.
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  4. See Dan LaBotz’s and James Cockcroft’s articles in this same issue, or Cockcroft’s forthcoming book, Precursores intelectuales en el siglo XXI (Mexico City: Jorale/Orfila, 2010), for more about the lessons and contradictory gains of the revolution in general.
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  5. For a woman to get a divorce on the grounds of adultery, the act had to have taken place in the family home; the man had to have lived with his mistress; or the husband had to have mistreated physically or verbally or publicly insulted his wife.
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  6. Despite this, local dynamics were often more progressive: in San Luis Potosí, women were given the vote for three years in local elections (1923-26), and in Yucatán, several women were elected to local office in 1923 and 1924.
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  7. This actually sparked a counter-measure in 1922 by newspaper Excélsior, which launched a campaign to make May 10 Mexico’s Mother’s Day, celebrated to this day.
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  8. Although the Mexican Social Security Institute (IMSS) was not established until 1944, it was not until 1973 that the IMSS set up its first child care centers; at the same time, the Mexican government was also beginning a big push to lower the birth rate in accordance with McNamara’s worldwide population control policies. On the other hand, the right to “protection” in the workplace also eventually led to women being unfairly excluded from some jobs, a contradiction found in many countries’ legislation.
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  9. A seven-year struggle led government officials in January this year to “postpone” the building of the dam until 2018, a clear victory; but the government renewed its offensive two months ago by holding fake collective ejido farm elections to give permission to build the dam, signaling the need to rev up organizing efforts in the communities yet again.
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  10. The women finally won their struggle and the water was not diverted to Mexico City.
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  11. The Supreme Court decided in June 2010 that their arrests had been illegal, and the prisoners were finally freed after spending four years in prison. No justice has been achieved, however, for the 26 women raped and/or sexually harassed by police during that mass arrest.
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  12. Striking Cananea miners and Pasta de Conchos family members were recently forcibly removed from the facilities they had occupied for three years; the strike was declared “non-existent,” that is, without legal basis, and the family members demands that their loved ones’ bodies be recovered from the pit denied.
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  13. Besides being organized in Latin America’s largest union, Mexico’s teachers have played a key role historically in linking the city with the countryside. Traditionally, along with parish priests, they have been community leaders. In the state of Oaxaca, with its plethora of isolated indigenous communities and deep poverty, this role, particularly for bi-lingual teachers, has been especially important. In addition, in 1980, they became part of a national movement to oust the corrupt, bureaucratic national union leadership.
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  14. The Zapatista movement created an alternative “Other Campaign” to counter AMLO’s candidacy, which it denounced as a ploy to hoodwink the population. But after the elections, it also took an increasingly separatist position vis-à-vis not only this political movement, but most of the major social movements, posing itself as a contradictory alternative to them, including the electrical workers’ union led fight to create an alternative program for the social left, the miners’ union defense of their working conditions and right to conduct union activities without government interference, and even the fight for the freedom of the Atenco prisoners. Unfortunately, this has isolated them considerably from the other movements, which is of no help in defending their very real gains.
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  15. In effect, a week after this article was finished, Manuel Camacho Solís, the head of Dialogue for the Reconstruction of Mexico (DIA), the coalition of the three left parties that allied with the PAN to oust Ulises Ruiz, told his newly elected local deputies that the new legislature would not discuss issues that the broad coalition did not agree on: specifically abortion and same-sex marriage.
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