domingo, 31 de enero de 2010

SOLIDARIDAD: Priorizar la ayuda a las mujeres en Haiti

Carta abierta a los gobiernos y las agencias de Naciones Unidas

Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter azotó Haití el pasado 12 de enero de 2010. Hasta el momento se estiman más de 100 mil personas fallecidas y millones de damnificados y damnificadas.
Por la desigualdad de género imperante en nuestras sociedades, desastres naturales como el que devastó a la capital haitiana, afectan mayormente a las mujeres. Según la Organización Panamericana de la Salud las mujeres tienen menos acceso a los recursos y toma de decisiones que son esenciales en la preparación, mitigación y rehabilitación de desastres naturales y son las menos tomadas en cuenta al momento de definir los planes de ayuda. Además varios estudios han revelado un aumento en los niveles de violencia doméstica y sexual después de los desastres.
En Haití las mujeres son la población más pobre y discriminada lo cual aumentará gravemente a partir del desastre ocurrido. Además, siendo que un 43% de las familias haitianas son encabezadas por una
mujer y que son las mujeres las responsables de las labores domésticas y de cuido, serán ellas las que en estos momentos tendrán la carga de la supervivencia de sus familias, las labores de cuidado y protección en los albergues y la reconstrucción de sus viviendas y comunidades.
Es por ello que hacemos un llamado para que los gobiernos, la agencias de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales que están canalizando ayuda a este país centroamericano, pongan especial
atención al apoyo que se brinde a las mujeres y garanticen que la ayuda les llegue directamente a ellas y sus familias. Ello puede lograrse, entre otras formas, canalizando la ayuda a las organizaciones civiles que trabajan directamente con mujeres en Haití.
Así mismo pedimos al gobierno haitiano que vigile que el acceso a la ayuda humanitaria no genere mayor marginación y violencia contra las mujeres.
Las mujeres juegan un papel central en la reconstrucción de los países y las familias afectadas por un desastre natural. Es responsabilidad de toda la sociedad proveerlas de todos los medios para que puedan jugar este rol plenamente y sin ver vulnerados sus derechos fundamentales.

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Confluencia de feministas mesoamericanas Las Petateras
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Tè Tremblé: la tierra tembló en Haití

Myriam era una luz. Era la fuerza de Haití. Fue una de las más grandes feministas. Era una feminista radical.

por Amy Goodman

Puerto Príncipe, Haití. Tè tremblé significa terremoto en creole, la lengua criolla de Haití. La traducción literal es: La tierra tembló. Tras el terremoto de enormes dimensiones que devastó Haití, el hedor a muerte está en todos lados. En el Hospital General, los cuerpos apilados cerca de la morgue forman una montaña de más de un metro de altura. En el hogar comunitario llamado Mateo 25, los médicos colocaron un mantel de plástico sobre una mesa de cocina para realizar una amputación con la ayuda de linternas para cabeza. El haitiano herido, un veinteañero, se podría considerar afortunado: se encontraba entre la minoría de heridos que lograron recibir atención médica. Y, a diferencia de muchas amputaciones realizadas en otras partes de Haití, los médicos que llegaron el lunes estaban utilizando la anestesia que habían traído consigo.

Mientras se estaba llevando a cabo esta terrible amputación, llegó un envío inesperado de ayuda alimentaria. El Hogar Mateo 25 generalmente alberga a 35 huéspedes. Ahora más de mil personas se encuentran allí, acampando en la cancha de fútbol contigua. La prensa ha difundido muchas noticias sobre la preocupación de posibles disturbios y la violencia que podría provocar la distribución de la ayuda. Fuimos testigos de lo opuesto, debido a que una organización comunitaria establecida tuvo la oportunidad de distribuir los alimentos. La gente hacía cola y obtenía sus provisiones, mientras la difícil cirugía que se estaba practicando dentro del albergue se desarrollaba sin inconvenientes. Escenas como ésta se repitieron una y otra vez a lo largo de nuestro viaje por la catástrofe: gente que se quedó sin nada –hambrienta, sedienta, buscando a sus seres queridos, enterrando a sus muertos, cuidando a los heridos– mostró fortaleza, amabilidad y compasión a pesar de su silenciosa desesperación.

En nuestro recorrido por la ciudad fuimos a la casa de Myriam Merlet, la jefa de gabinete del Ministerio de la Mujer haitiano y una destacada feminista que ayudó a llamar la atención internacional sobre el uso de la violación como arma política y trabajó con la dramaturga y activista Eve Ensler en el movimiento Día-V para ayudar a poner fin a la violencia contra la mujer. Hallamos su casa, y de hecho a todas las casas que la rodeaban, destruida. Acabamos de retirar su cuerpo, nos dijeron los familiares de Myriam el domingo, cinco días después del terremoto. No se sabe cuándo murió, ni si podría haber sido rescatada. Su hermana Eartha nos llevó a visitar su tumba.

Eve Ensler describe a Myriam Merlet: Myriam era una luz. Era la fuerza de Haití. Fue una de las más grandes feministas. Era una feminista radical. Bromeábamos a menudo acerca del hecho de que era loco que ella y Marie-Laurence, que es la ministra de la Mujer, estuvieran de hecho en el poder, que tuviéramos feministas radicales en el poder. Fue una mujer que dejó Haití en la década del 70 y luego regresó para luchar y defender y llevar el cambio social y el progreso y la lucha por las libertades y la igualdad racial y por la libertad e igualdad de género.

Y ésta es Miriam en sus propias palabras cuando habló en el décimo aniversario del Día-V en el estadio Superdome en Nueva Orleáns. “Es con gran emoción que estamos hoy aquí en Nueva Orleáns, cuando sabemos lo que Nueva Orleáns significa para la gente negra aquí y especialmente después del Katrina. Traemos toda nuestra hermandad y afecto a nuestras hermanas aquí en Nueva Orleáns”.

Luego, salimos de Puerto Príncipe para ir hasta al epicentro del terremoto. Pasamos por Carrefour para llegar hasta Léogâne. Una evaluación reciente de Naciones Unidas estableció el nivel de destrucción en Léogâne: entre 80 y 90 por ciento de las estructuras de la ciudad fueron destruidas. No queda ningún edificio gubernamental en pie. En el camino, un joven paró nuestro automóvil y nos dijo: Por favor, vemos algunos helicópteros sobrevolando, pero no paran aquí. No tenemos ayuda. No tenemos alimentos.

Un hombre cubierto de polvo estaba utilizando una maza para romper el cemento que había sepultado a su abuelo. Un padre acababa de desenterrar cerca de allí a su bebé de un año, muerto en su corralito. Según la agencia France Press, la ONU advirtió que no puede extender su operación de ayuda a las zonas periféricas hasta que se pueda confirmar que hay seguridad. En nuestro recorrido por Léogâne no sentimos amenazas; sólo vimos gente que necesita ayuda en forma desesperada. Mientras estábamos en Léogâne, un helicóptero misionero aterrizó, luego volvió a despegar en forma inexplicable, y la tripulación empezó a arrojar flautas de pan desde el aire. Un joven haitiano se enfureció. Otro lloraba, mientras rompía los bollos de pan y gritaba ¡No somos perros para que nos arrojen huesos!

Hablamos con el alcalde de Léogâne, Alexis Santos, que parecía prácticamente impotente ante la destrucción casi total que había a su alrededor. Le pregunté, en vista del frente unificado ofrecido por el gobierno de Estados Unidos, y de que el presidente Barack Obama nombró a los ex mandatarios Bill Clinton y George W. Bush para que encabezaran los esfuerzos de recaudación de fondos de Estados Unidos, qué pensaba sobre el ofrecimiento del ex gobernante haitiano derrocado y el primer presidente de Haití electo democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, de regresar a Haití del exilio en Sudáfrica para formar junto al actual mandatario haitiano René Préval un frente unido para ayudar en la recuperación. Santos, que no es para nada partidario de Aristide, me dijo que pensaba que sería una buena idea.

De regreso en el Hogar Mateo 25 en Puerto Príncipe (cuyo nombre proviene del pasaje bíblico De cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis) hablé con uno de los cirujanos. La doctora Jennifer Bruny es la jefa de cirugía pediátrica que viajó con otros médicos del Hospital de Niños de Denver, y realizó la amputación, esa noche más temprano, en la mesa del comedor de Mateo 25. La naturaleza del desastre, con miles de heridas críticas y la falta de atención durante tanto tiempo hace que la amputación sea uno de los únicos medios disponibles ahora para salvar vidas. Esta amputación no debería haber sido necesaria, me dijo. Esto podría haber sido tratado fácilmente antes. Esta gente necesita recibir asistencia médica de manera urgente luego del terremoto.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2009 Amy Goodman.

México: Un reyezuelo vs. l@s Ninis

Palabra de Antígona por Sara Lovera

La primera vez que leí las cifras me quedé atónita: la mitad de las y los jóvenes de entre 15 y 18 años ni estudia ni trabaja.

No tienen ninguna opción en un mercado de trabajo saturado. Las jóvenes abandonan la preparatoria en el primer año porque son ocupadas en tareas de apoyo económico en su casa o por razones de apoyo doméstico. Los muchachos la abandonan por esas razones y porque no les parece atractiva la escuela, dicen que no aprenden.

El sistema de Educación Media en 2004 sólo atendía a la mitad, era evidente que necesitaba recursos, insumos, infraestructura. Las y los excluidos, rechazados, ahora denominados como los “ninis”, necesitaban ser urgentemente atendidos.

Se descubrió que ese nivel educativo era un desastre absoluto: 18 subsistemas, 200 programas de estudio, escuelas patito, 240 mil profesores que nunca fueron capacitados para educar adolescentes, desde que se creó la Escuela Nacional Preparatoria.

El discurso vacuo de que una nación pone sus esperanzas en la juventud se me hizo añicos con tamañas realidades, profusamente documentadas, demostradas, evidentes.

Realidades más enfáticas que el curso de filosofía o los errores de historia. El tema es que los jóvenes no aprenden nada. El dinero se va al agua, gobiernos estatales y municipales no rinden cuentas.

Un día obtuve, a través de quien sí sabe, miles de fotos, de edificaciones escolares lamentables, donde no funcionan los baños ni hay pupitres, menos espacios para laboratorios. En fin, un verdadero desastre, del que nunca se enteran las y los legisladores.

Me dolió el alma, en estos años, en eso de ir viendo qué pasaba en la escuela, la antesala de ir a la universidad. Por las imágenes que se presentan en público, lo que difunde eso que se llama sistema judicial del país: ¿han visto el perfil de los sujetos de apresamientos del “crimen organizado”? Son caras y cuerpos de personas bien jóvenes. ¿El crimen nutrido por los ninis? Esos más de tres millones de jóvenes sin alternativas, presos de la guerra que desató el régimen en turno, muchos muertos entre los casi 14 mil ejecutados, destinos truncados, tal cual lenguaje de telenovela, porque a nadie le importan.

Luego siguen los informes y las quejas. Jóvenes expuestos, perseguidos y asesinados como el hijo de Josefina Reyes -en Ciudad Juárez- que se suman a las denuncias de la entrada inopinada de los miembros del ejército a la Universidad Autónoma de Chihuahua; y los jóvenes que escenifican constantemente los “operativos” de “seguridad” y todos los que quedan varados por los apresamientos y ejecuciones de sus padres y madres.
Con todo se emprendió una reforma para la Educación Media Superior, fundada en el diagnóstico. Por primera vez en 70 años los profesores serían capacitados; se propuso, firmó, discutió, un cambio en la currícula, la creación de un sistema nacional. Un dispositivo civil de padres, maestros y jóvenes para indagar sus expectativas. Ensayos de futuro.

Y aunque no se conseguiría un cambio radical automático, la Reforma iba caminando y a la mejor hasta funcionaba. Hasta en el Distrito Federal el tema se empezaba a comprender seriamente, se quitaron obstáculos para desarrollar ese cambio.

Pero la política de desastre en que vivimos de pronto cegó esta posibilidad.

La salida del subsecretario, su equipo, sus planes y proyectos de la Secretaría de Educación Pública, dónde manda un nuevo tipo de reyezuelo, al menos pone en serio peligro este dispositivo que contendría la desazón juvenil. Miguel Székely, subsecretario de Educación Media Superior, fue eliminado. Su desgracia fue tomar en serio esta reforma, simplemente.

Resultado de nuestras miserias, es también una víctima de los intereses que, como una telaraña, impiden acciones que molestan a quienes solamente andan buscando el poder, sin ética ni mirada de futuro. En esa subsecretaría se colocó a Miguel Ángel Martínez Espinosa, ex secretario de Educación en Jalisco, una pieza necesaria para los planes de Alonso Lujambio y, por supuesto, los objetivos sucesorios panistas. Es decir sólo y nada más la búsqueda del poder. Los jóvenes “futuro” de la nación, ¿a quién le importan?

Y como si esto no fuera suficiente, ahora resulta que Mariana Gómez del Campo directora del Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE), además de funcionar como ariete del más opresivo conservadurismo, tiene coto privado. Sus parientes fuera de la ley ocupan puestos y hacen políticas para los jóvenes al mejor viejo estilo. Evidentemente, ello forma parte del desprecio a ese futuro que se estaba construyendo, sólo mencionado en discursos vacíos.

Está bien claro. Seguro que un cambio profundo, lento, incomprendido, estorba al prian, esa alianza entre los priistas y los panistas, que necesitan becarios jóvenes para su política indigna y la política educativa, como vimos en las elecciones de 2006, es solamente un ariete en este universo de complicidades para el control de la población, votos asegurados y también carne de cañón en esta guerra frívola que estamos viviendo, donde educación, derechos humanos y futuro no están en el diccionario.

saralovera@yahoo.com.mx

Oaxaca: Abuso sexual imprescriptible

Mujeres y Política por Soledad Jarquin Edgar

Nada se hace de la nada. Después de muchos años de picar piedra finalmente esta semana el Congreso de Oaxaca decretó la imprescriptibilidad de la acción penal del abuso sexual infantil. La iniciativa tiene más o menos diez años rondando por las diferentes legislaturas, propuesta entonces por el sexólogo Mario de Jesús Arias Cruz. Que bueno que la idea fuera retomada por el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, y que finalmente las y los diputados hicieran caso a esa vieja solicitud que por temores personales y no por el compromiso a servir -que debiera regir el quehacer del legislativo- ya existe una ley que proteja a las niñas y los niños víctimas de la violencia sexual en Oaxaca.

Tenemos que celebrar sin duda este avance legislativo que protege a la niñez oaxaqueña, lo que es criticable es el oportunismo con el que actúan algunas personas y lo digo por el comunicado del prensa de la CDDHO que se hace una fiesta con músicos prestados. Para avanzar tenemos que darnos cuenta que nadie inventa el agua tibia ni descubre el hilo negro (reitero), que nadie debe sentirse como héroe cuando lo que tienen que hacer es cumplir con su deber.

Estas reformas al Código Penal permitirán que aquellos infantes que sufrieron violencia sexual puedan denunciar a sus agresores aún cuando el tiempo haya pasado, porque como es sabido este tipo de agresiones deja en la niñez una profunda e imborrable huella que los lacera a lo largo de toda su existencia.

Eso es lo que tenemos que celebrar y no a quién se dice “el promotor” de la iniciativa. Celebremos que cuando lleguen a la edad adulta, los que antes fueron menores de edad puedan enfrentar a sus agresores, denunciarlos y que se les haga justicia tras todos los años de miedo e impunidad en la que vivieron no uno, ni cien sino cantidades inimaginables de niños y niñas, porque lo peor de la violencia sexual contra la infancia y las mujeres es que es un delito mucho más común de lo que creemos y deseamos como sociedad y tiene una alta frecuencia de impunidad.

Sin aplaudir a servidores públicos o legisladores, lo fundamental es el resultado del trabajo, que no debería tener etiquetas, como ahora sucede. Tal parece que estas personas a quienes se les pagan sueldos más que decorosos, alimentan su ego por lo que dicen de ellos los medios de comunicación y no lo que piensa la ciudadanía de su trabajo.

Celebro la decisión del Congreso, finalmente en Oaxaca y tras años de picar piedra –como decía antes- el delito siempre oculto y pasado por las amenazas, como es la violación sexual podrá ser castigado al paso de los años, nadie debería quedar a salvo de recibir castigo. Lástima que anteriores legislaturas no lo entendieron así.

Este tipo de celebraciones tendríamos que hacer las mujeres, a quienes por el contrario se les conculcan sus derechos debido a intereses políticos, muy ajenos a la vida de las ciudadanas, a quienes siempre se les ha visto como menores de edad y por tanto, otras personas y otros poderes visibles y no visibles, se sienten obligados a tomar las decisiones por ellas. Tal y como lo hacían y siguen haciendo padres, esposos, hijos y hasta los suegros, no sólo en poblaciones rurales e indígenas, también en zonas urbanas.

Me refiero a decisiones que tendrían que ser simples como asistir a la escuela, tener un trabajo y, en el peor de los casos, asistir al médico lo que en ocasiones termina por costarles la vida. Reflejo de ello son las estadísticas. Muchas mujeres siguen muriendo de enfermedades prevenibles como el cáncer cérvico uterino o durante el periodo de maternidad, por citar dos de muchos ejemplos.

Repito, las mujeres tendríamos estar celebrando que en las legislaturas priistas –que todavía son mayoría en las entidades del país- no se hubieran decretado las leyes antiaborto y digo priistas porque fueron sus antecesores los que favorecieron en mayor medida los avances legislativos en materia del derecho a decidir de las mujeres, claro cuando todavía no le debían nada a la derecha y no respondían a mandatos del oscurantismo.

Sin duda, nuestra aspiración es que alguna vez en el siglo XXI contemos estos episodios como cosa del pasado y de las malas noches para el desarrollo de México y el avance de la igualdad para las mujeres. Hoy, las decisiones del PRI tendrán un costo político al menos en las mujeres que ya se dieron cuenta cómos nos han arrebatado algunos de nuestros derechos. Por eso resulta irrisible cuando el legislador federal Heliodorio Díaz Escárraga, gasta varios miles de pesos, tal vez millones, para publicitarse para desacreditar la posible alianza de partidos políticos de oposición en busca de la gubernatura estatal, diciendo que no es concebible cómo dos partidos distintos (PRD y PAN) pueden aliarse.

Así como Díaz Escárraga, a quien le tocó hacer el papelón de su vida esta semana, no entiende cómo el PRD y el PAN podrían llegar juntos con otros partidos políticos a un acuerdo y hacer frente común al PRI-Verde Ecologista (no olvidemos su añadidura) en el proceso político estatal de este 2010 en busca de la gubernatura en Oaxaca, de la misma manera las mujeres no entendemos cómo hacen acuerdos el PRI con el PAN (que también dicen que son distintos ideológicamente) para fastidiar los derechos de las mujeres. En algo estamos de acuerdo, nadie entiende esos acuerdos oscuros y retrógrados.

México: Los temas en la agenda de los Derechos Humanos . CENCOS

Durante diciembre de 2009 y enero de 2010, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) publicó una serie de entregas bajo el título de "Los temas en la agenda DH en 2009" en un intento por recapitular los casos y temas sobre derechos humanos que, a juicio de Cencos, se encontraron entre los de mayor impacto durante el año. (imagen de CENCOS)

1. Minera canadiense pone en jaque a movimiento social y al gobierno de Chiapas - México D.F., 21 de diciembre de 2009 (Cencos).-Intereses económicos se contraponen al respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de la ley, al cuidado y preservación del medio ambiente y a intereses de las comunidades cuando se aborda el tema de la minería. En Chicomuselo, Chiapas, el ejemplo es preciso. La trasnacional canadiense Blackfire, que explota barita y otros minerales, ha convulsionado la zona contaminando un río, actuando sin permisos gubernamentales y en oposición a activistas y pobladores que exigen su salida y denuncian la apropiación ilegal de tierras.

Datos aportados por Artemio Ávila Cervera, director general de Blackfire,recogidosen el diarioCuarto Poderde Chiapas, señalan que la beta de barita en ese estado podría ser la más grande del mundo y siendo este mineral fundamental en la industria petrolera, dicho yacimiento reconfigura el mapa de las relaciones comerciales. Se dejaría de importar barita de China e India y además la extraída en México se vendería a Estados Unidos, Canadá y Venezuela, principales productores petroleros en la región. La importancia de esta mina es mayúscula a nivel mundial.

Desde julio pasado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezada en Chiapas por el activista Mariano Abarca Roblero, se apostó a las afueras del complejo minero de Chicomuselo, logrando que la empresa suspendiera sus actividades. En un contexto de tensión social y lucha para cerrar definitivamente este complejo, el 27 de noviembre de 2009 un desconocido disparó contra el defensor de derechos humanos, asesinándolo fuera de su casa. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia Estatal ha detenido a tres presuntos responsables vinculados a Blackfire.

Mariano Abarca ya había sufrido con anterioridad la criminalización de la lucha de la REMA-Chiapas. Luego del plantón de julio, fue acusado por la minera por asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación (todas estas acusaciones son aplicadas a defensores de derechos humanos como una forma de intimidación por sus acciones y causas), entre otros delitos. El 17 de agosto fue detenido con uso de violencia por policías, previo a que se realizara el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo; debido a la presión de diversas organizaciones nacionales e internacionales, fue liberado.
Paralelamente, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) del estado de Chiapas, avanzaron acciones legales para clausurar el complejo, dada la falta de cumplimiento de la normatividad en la materia. El 7 de diciembre se clausuro la mina porque la empresa no cumplía con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para la construcción de un camino, ni con un permiso por la emisión de polvos y de fuentes fijas de contaminantes atmosféricos por el uso de maquinaria pesada, que genera dióxido de carbono.

A pesar de esta clausura, se espera que la empresa siga los causes legales que le permitan seguir con sus operaciones. En unos días, se iniciará el procedimiento legal contra la minera por parte de SEMAVI, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hace unos días llevo a cabo otra visita de inspección y estableció una clausura total de forma temporal, por motivos similares a los encontrados por la SEMAVI en un inicio. Asimismo, se espera que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) den un seguimiento efectivo a estos procedimientos legales que se han iniciando. A estas instituciones federales corresponde valorar si la empresa puede seguir explotando los recursos naturales del estado del sureste.
Hasta el momento policías municipales se mantienen vigilando las instalaciones para comprobar que los sellos de clausura no sean violados, si esto ocurriese el estado y la federación ahora también, se verían en la obligación de actuar haciendo uso de la fuerza pública y confiscando eventualmente la maquinaria de la minera.
A raíz de las acciones de la Semavi, funcionarios públicos estatales han sido amenazados por personas no identificadas, lo cual se suma al clima de tensión tras el asesinato de Mariano Abarca. La aplicación de la ley y el derecho a la protesta quedan vulnerables ante los intereses de la minera canadiense.

2. La defensa por la vida de las mujeres, entre victorias y embestidas - México D.F., 22 de diciembre de 2009 (Cencos).-La lucha contra la impunidad y la exigencia de la no repetición en materia de feminicidio y cualquier tipo de violencia contra la mujer, experimentó en el año 2009, un “avance sin precedentes.”El Éxodo por la Vida de las Mujeres, convocado por el colectivo Mujeres de Negro, a la memoria de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue una caravana que a su paso por ocho estados del país logró el fortalecimiento y la articulación de las organizaciones que impulsan el movimiento por la defensa de los derechos de las mujeres, también generó propuestas concretas y permitió mayor visibilidad para las mujeres que más allá de Ciudad Juárez, sufren violencia de género.

El caso del Campo Algodonero del que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoDIH, dio unfallo condenatorio al Estado mexicanopor su responsabilidad en tres feminicidios, logró desmitificar el fenómeno en el país y marcó un antecedente en Latinoamérica en esta materia. El examen con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
Belém Do Pará, permitió concluir que los asesinatos fueron por violencia de género, “equiparable al concepto feminicidio.” Del caso, los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD, opinan que marcó el camino de acceso a la justicia para otros casos con los mismos argumentos.

El 16 de enero fue ratificado como embajador en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, gobernador de Chihuahua en el periodo 1992-1998, quien durante su mandato hiciera declaraciones que culpabilizaban a las víctimas tales como: “vestían provocativamente, caminaban en la noche y tenían doble vida.” En este tenor, el pasado 24 de septiembre se concede laratificación a Arturo Chávez Chávezcomo procurador general de la República, quien durante su gestión como procurador de Chihuahua recibió múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales de derechos humanos dada la omisión y obstaculización de la justicia ejercida en torno al esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en la entidad.

Ante la ratificación de Barrio Terrazas, las organizaciones, Federación de Mujeres y Comité de Solidaridad con las Mujeres de Ciudad Juárez de Québec, enviaron una carta al primer Ministro de su país, Stephen Harper, repudiando el hecho y declarando al embajador como persona non grata en territorio canadiense.

Julia Monárrez Fragoso, investigadora y activista por los derechos de las mujeres, indica que las designaciones son “la afirmación de una política de desaliento para el movimiento nacional e internacional en defensa de las mujeres, conjuntamente con las agresiones y pérdidas como esla sobrina de Alma Gómez”, cofundadora de Justicia para Nuestras Hijas”.

El feminicidio sexual sistémico, es anterior a lo que sucede en Ciudad Juárez y a 1993, -explica la socióloga- “solo que en 1993 los grupos organizados de mujeres y las feministas, pusieron en blanco y negro los nombres de las mujeres, luchando contra la no identificación de víctimas. Cuantificar una problemática que obedece a una cultura patriarcal y misógina, pone la luz pública un quiebre de justicia, lo que habla de un Estado mexicano colapsado en derechos humanos e impunidad en todo el país, evidenciar eso, es un logro. El movimiento por la vida de las mujeres en Ciudad Juárez es un movimiento sin precedente que se forjó ante la pérdida y la impunidad largamente sostenida por el Estado y porque quiere articularse con todas las mujeres del territorio nacional, a lo que se dedicó buena parte del año”.
Tipificar el termino feminicidio como arma jurídica, es un reto a futuro que corresponde, “con la ayuda de todas”, a las abogadas y juristas del feminismo. “El derecho no es inamovible y las palabras cambian de acuerdo a una sociedad que cambia, poder nombrar los crímenes desde la concepción sociológica, criminológica y feminista es muy importante, porque a través del concepto jurídico del feminicidio como una caligrafía que permita inscribirlo como problema social, cultural, político y económico, será más fácil acceder a la justicia y trasladar el concepto a otras partes del mundo como precedente”, afirmó la investigadora.
Para 2010, anunciarán la creación de un Comité de Observación conformado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que vigilará al Estado mexicano con respecto al cumplimiento de los mandatos que la CoIDH especificó en la sentencia, de ellas destacan; una disculpa pública, la creación de un monumento en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, así como modificar marcos regulatorios y protocolos de investigación para que sean profesionales y con perspectiva de género. El próximo año, como iniciativa conjunta de organizaciones, se planea situar en Ciudad Juárez, Chihuahua el Memorial de las Mujeres.

3. Jacinta, Teresa y Alberta, injusticia prolongada - México D.F., 23 de diciembre de 2009 (Cencos).-La falta de acceso a la justicia es una de las afectaciones más claras a los grupos vulnerables así como la criminalización de la protesta social, los cuales son dos variantes que han marcado hondamente el contexto nacional en 2009. Diversos casos dan cuerpo a éstas formas de violación de derechos humanos, por parte del Estado mexicano pero las injusticias cometidas contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, son sin duda paradigma de ambos.
Las tres mujeres ñhä-ñhú (otomíes) de 46, 30 y 25 años respectivamente, fueron acusadas de secuestro, por la supuesta retención de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando estos llegaron sin identificarse a un mercado en la comunidad de Mexquititlan, Querétaro para decomisar ilegalmente la mercancía.

Todo sucedió cuando los agentes fracasaron en el decomiso y fueron rodeados por locatarios del mercado y uno de ellos fue retenido en espera de que el resto de los elementos pidieran autorización a su superior para pagar los destrozos que ocasionaron al ingresar al mercado, según les exigieron los comerciantes; así se hizo y el incidente concluyó, hasta que semanas después la PGR acusó de secuestro a las tres comerciantes.
Teresa y Alberta fueron quienes en un primer momento pidieron a los agentes de la AFI que se identificaran, mientras que Jacinta apareció en una fotografía de un diario local que reportó los hechos, mismo que se utilizó como prueba para acusarla.
Este caso ha sido fundamental para visibilizar el camino plagado de injusticias y contrariedades que recorren los grupos vulnerables cuando son criminalizados por ejercer su derecho a la protesta, “es una de las más grandes aberraciones que hemos escuchado en la experiencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero que sin embargo se sigue dando en el país y en muy grandes porcentajes”, explica Andrés Díaz, abogado encargado de su caso por parte del Centro ProDH.
El derecho al debido proceso, el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal por los daños morales ocasionados, y sus derechos lingüísticos son algunos de los derechos violentados como resultado de la actuación desmedida del Estado. Ellas fueron “detenidas bajo engaños, acusadas con pruebas falsas de delitos que no hicieron, “tenemos un sistema de procuración de justicia (la PGR) que no investiga los delitos de manera honesta y de buena fe y un sistema judicial que no responde a los derechos humanos, es un sistema que avala y solapa todos estos abusos de autoridad” dice Díaz.
Aunque en un primer momento el caso de Jacinta Francisco Marcial se visibilizó en los medios de comunicación a tal grado que la opinión pública presionó y la defensa logró su
liberación el 3 de septiembre de 2009(cuando la PGR presentó conclusiones no acusatorias), la justicia no ha llegado para Teresa y Alberta.
“En el proceso penal instaurado por los hechos del día 26 de marzo de 2006, todavía siguen en prisión Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por el delito de la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro contra servidores públicos federales. Ellas
acaban de recibirla notificación de la formulación de las conclusiones acusatorias, es decir, que el Ministerio Público tras analizar todo el expediente pide formular conclusiones acusatorias con una pena de más de 40 años de prisión para ambas”, dice el abogado del Centro ProDH, y se espera que sus casos se definan entre enero y febrero de 2010.
La disparidad en las conclusiones (no acusatorias para Jacinta y acusatorias para Teresa y Alberta), es otra muestra de que la procuraduría no es congruente con sus propios procedimientos. “Con Alberta y Teresa la PGR ya había venido manteniendo la tesis de que ellas sí habían cometido el delito de secuestro. Nosotros sabemos que esto corresponde a una actitud de no respetar los derechos humanos, de seguir vulnerando y discriminando a las mujeres que en su condición de pobreza y de pertenencia a un pueblo originario y que tiene en contra al sistema de justicia, eso es muy grave porque la PGR sabiendo que son inocentes y que no hubo secuestro trata de seguir avalando la actuación de sus funcionarios”, dice Andrés.
Después de que el 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la parte acusatoria (PGR) pidió la condena a 40 años a las dos indígenas ñhä-ñhú, ahora la defensa rendirá sus conclusiones de inculpabilidad para luego esperar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito de Querétaro.
Para 2010 se espera que Teresa y Alberta sean absueltas por el Juez Rodolfo Pedraza Longi, aunque dicha posibilidad está en juego ya que en una ocasión anterior él mismo ya les había dictado a las tres sentencias acusatorias (que luego fueron revocadas). Jacinta, luego de más de tres años de cárcel y ahora en libertad continúa apoyando a sus compañeras que el próximo tres de enero cumplirán tres años y cinco meses de reclusión en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro.

4. Agresiones directas a la libertad de expresión - México D.F., 28 de diciembre de 2009 (Cencos).-México destaca a nivel mundial desde hace varios años por aparecer en los primeros lugares de zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, a pesar de ser considerado un país democrático. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo violan derechos individuales sino que atentan contra el derecho de una sociedad a estar informada de manera veraz, oportuna, objetiva, diversa y clara.

Lamentablemente, en 2009 las cifras de agresiones a la libertad de expresión no han descendido. Diez periodistas han sidoasesinadosy otra más permanecedesaparecida(de 2000 a la fecha se han registrado9 desapariciones, siendo la última desaparición, la primera de una mujer). Amenazas y diferentes formas de intimidación condicionan la labor periodística y laautocensurase instala como parte del trabajo cotidiano, especialmente en aquellos estados donde son patentes la presencia del crimen organizado ysus posibles vínculos con las estructuras de gobierno. Las instalaciones de los medios son objeto deatentados.Las corporaciones policiales y los miembros del ejércitointimidan,agredenydetienena reporteros y reporteras que cubren sus operativos.

En el ámbito local, los voceadores sonagredidosy susediciones confiscadaspor difundir contenidos que cuestionan las prácticas de funcionarios públicos. La concesión de publicidad oficial es utilizada como medio de presión en contra de los medios que mantienen líneas editoriales más independientes. Además, los aparatos de justicia se utilizan para perseguir aperiodistasy acomunicadoresycomunicadorasde radios comunitarias.

Brisa Maya Solís, Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos),destaca quela postura del gobierno ha sido la de vincular las agresiones a periodistas con el crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que Cencos realiza conjuntamente conArticle19se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En la amplia forma de agresiones a la libertad de expresión en México, también destacanlas agresiones en contra de las radios comunitarias, que además no cuentan con una ley que permita su reconocimiento jurídico pleno, dejando un vacío al no generar las condiciones para la legislación sobre las mismas, y sobre lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)exhortóa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a no criminalizar su labor.

Las recomendaciones de organismos internacionales han generado nuevos compromisos para el estado mexicano en 2009, como las ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión delExamen Periódico Universaldel Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita oficial está pendiente desde junio de 2007, ha emitido diferentes comunicados instando ainvestigar y sancionara los responsables de las graves agresiones que se han dado este año. En el plano nacional, la CNDH ha realizado diversas recomendaciones:una general que trata el tema de la impunidadque prevalece en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y otras más específicas sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y de frenar los acosos judiciales como una forma indirecta de coartar la libertad de expresión.

Ante todo esto, la respuesta del estado mexicano ha sido insuficiente y adolece de falta de voluntad política para detener este problema. Darío Ramírez, Director de la Oficina de México y Centroamerica de Article19sostiene: “Seguimos contando víctimas. Seguimos recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia. Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa en un contexto de seguridad es un elemento indispensable.”

El balance del año 2009 es negativo. Sobre la mesa permanecen una serie de pendientes a los que el estado no ha dado la atención adecuada, tanto en materia delegislación, depolíticas públicasy de lucha contra laimpunidad. Pero, ante todo, está la necesidad urgente degenerar mecanismospara proteger el desempeño periodístico y la libertad de expresión, en los que deben participar el gobierno, los y las periodistas, las empresas de comunicación y la sociedad civil.

5. Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 2009 -

México D.F., 28 de diciembre de 2009 (Cencos).-En un contexto de degradación de la situación de los derechos humanos,las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanoshemos observado el incremento de las amenazas y agresiones en contra. Con la publicación del informeDefender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, la Oficina en México de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) se ha hecho eco de esta situación, recogiendo las preocupaciones de la sociedad civil mexicana. El informe es sin duda un indicador importante que recuerda, además, que las agresiones no sólo atentan contra la integridad de quienes defienden derechos sino que envían un mensaje hacia la sociedad en su conjunto, inhibiendo la organización y participación ciudadana.

Esta situación de vulnerabilidad se debe, según el reporte, al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado, la militarización del país, la desigualdad social y la permanencia de prácticas no democráticas, entre otros factores. La falta de mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información son también un obstáculo más al trabajo de las y los defensores. Los casos de asesinatos en 2009 y el incremento de las detenciones y la judicialización este 2009 dan cuenta del riesgo que supone defender los derechos humanos.

En el panorama del problema observamos que enGuerrerofueron ejecutados de manera extrajudicial Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Sus cuerpos aparecieron el 20 de febrero tras una semana desaparecidos. Ambos eran reconocidos como defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres. Desde 2008 se viene dando unafuerte persecución en contra de otras organizaciones de Ayutlacomo la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM), algunos decuyos miembros han sido amenazados, detenidos oprocesados por crímenes que no cometieron, en un contexto de militarización de la región. A pesar de laatención internacional, a raíz de estas ejecuciones se incrementaron las amenazas en su contra y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” se vieron forzados a suspender sus actividades debido a queno existían las condiciones mínimas de seguridadpara realizar su trabajo y a pesar de existir medidas de protección otorgadas por tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha denunciado la criminalización de la que han sido víctimas las defensoras y defensores al considerarlos como parte de la delincuencia organizada o como parte de unasupuesta red de subversiónque busca desestabilizar el Estado en 2010.El recuento de agresionesno sólo incluye a integrantes de estareconocida institución, que ha denunciado la militarización del estado y los abusos de poder, sino también a otras como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) con la detención en septiembre de su dirigente José Manuel Hernández Martínez y de otros dos integrantes, estos dos de manera arbitraria, a través de operativos policiales que de manera arbitraria allanaron casas en comunidades del municipio de Venustiano Carranza. Hernandez Martínez, acusado de un delito de despojo,fue liberado posteriormente. Destacan también los casos de la organización de mujeresK’inal Antsetiko integrantes deEnlace, Comunicación y Capacitación, víctimas de vigilancia policial, allanamientos de casas y oficinas e, incluso, derecientes amenazas de muerte. Todo esto en un ambiente de campañas de difamación pública a través de medios de comunicación y de agresiones y cateos por parte de policías y militares en comunidades del estado.

La situación en Oaxaca fue recogida en undiagnóstico elaborado por diversas organizacioneslocales. En 2009 destacael caso de Marcelino Coache Verano, activista sindical y destacado miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien fue secuestrado y torturado durante varias horas el 4 de marzo y puesto en libertad a la mañana siguiente. Él mismo, su familia y las abogadas que llevan el caso han sido víctimas posteriormente dereiteradas amenazas.

Los defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales son particularmente vulnerables, destacando los casos en que organizaciones y comunidades se oponen a la industria minera. Comuneros del núcleo agrario de Huizopa, municipio de Maderas, Chihuahua, fueronreprimidos y detenidosen mayo por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, tras una manifestación pacífica ante las instalaciones de la empresa minera Minefinders Inc. En Chiapas de nuevo, Mariano Abarca Roblero líder opositor contra la minera canadiense Black Fire y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA),fue asesinadoen el municipio de Chicomuselo el 27 de noviembre. Y en Morelos el 31 de octubre fue asesinado Miguel Ángel Pérez Casales quien formaba parte de la Comisión Ejecutiva delConsejo de Pueblos de Morelosy reconocido defensor del Área Natural Protegida del Texcal, frente a un proyecto de urbanización. Pérez Casales se disponía a asistir a un encuentro para recibir a una delegación delFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco.

En el norte del país destacanel asesinato de Paz Rodríguez Ortiz, el 15 de octubre y el de familiares de integrantes deNuestras Hijas de Regreso a CasayJusticia para Nuestras Hijas, en Chihuahua. Paz Rodriguez, de la Asociación de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, intervino ante las decenas de “levantones” y desapariciones perpetrados en 2008 y denunció las detenciones ilegales efectuadas por corporaciones de seguridad. Además, ya había sido amenazado y el 31 de diciembre de 2008 sujetos armados dispararon a su casa. Este contexto de inseguridad ligado al crimen organizado está afectando de manera especial a los defensores de las personas migrantes que operan a través de albergues a lo largo del país. Lasagresiones y campañas que buscan deslegitimarsu trabajo los convierten en uno de los sectores más vulnerables en estos momentos.

Otros ejemplos de este 2009 son el encarcelamiento en julio de cinco activistas delMovimiento en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas en Campecheo las detenciones de integrantes delMovimiento Democrático Magisterial de Pueblaen junio, agresiones con las que se busca desarticular a organizaciones y sindicatos que se manifiestan por el respeto a sus derechos económicos y laborales.

Ante este panorama, Liliana Valiña, Representante adjunta en México de la OACNUDH,sostiene: “Si bien es cierto que el Estado mexicano ha dado pasos importantes (...), es preciso reconocer que aún no se termina de articular una política pública integral que sea capaz de abrir espacios de interlocución efectivos, que pueda adoptar las medidas de prevención necesarias, reducir y eliminar los factores de riesgo, responder en tiempo a las situaciones de agresión en contra de las y los defensores e implementar medidas urgentes de protección”.

Para las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, se enfrentan nuevos retos para las acciones que desarrollan cotidianamente, por un lado por la complejidad del contexto de violencia en el país; por otro, por los actores que interactual más allá del propio Estado y por la falta de voluntad política de las autoridades para ubicar la problemática.

6. Con base en derechos humanos, Movimiento por el Derecho a Decidir - México D.F., 29 de diciembre de 2009 (Cencos).-En México, los derechos reproductivos están consagrados en el Artículo 4º constitucional: "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos", sin embargo, sólo el Distrito Federal permite la interrupción legal del embarazo (ILE).

Durante 2009 destaca que legisladores de 17 estados de la República impulsaron reformas constitucionales “a favor de la vida desde el momento de la concepción”, mismas que penalizan con cárcel la interrupción del embarazo o como en el estado de Veracruz, únicamente a aquellas personas que ayuden a practicar el procedimiento.

En el país cada año más de un millón 600 mil embarazos terminan en abortos realizados en la clandestinidad,registran organizaciones-muchos de ellos con el resultado de la muerte o en daños permanentes a la salud. Cabe resaltar que en el país, las complicaciones por abortos ilegales son la quinta causa de muerte materna.

El caso Yasuri Zac-Nicté joven maya de 22 años, que en octubre pasado esperaba una sentencia de 12 a 30 años de prisión acusada de homicidio doloso tras sufrir un aborto involuntario de 24 semanas, volvió a poner a la luz violaciones a derechos humanos. La joven aún no se encontraba bien físicamente cuando ya esperaba sentencia en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, de modo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo intervino en el caso. Yasuri fue liberada después de que la abogada defensora Gloria Rojas promoviera 72 amparos.
Por la necesidad de una reflexión colectiva, alrededor de 40 organizaciones inscritas en un movimiento amplio por los derechos humanos, al que se sumaron líderes de opinión y ciudadanía, comenzaron a trabajar bajo una perspectiva de género por el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a nivel nacional, en este año, enfocadas a la derogación de las reformas de los estados.

Durante la marchaPor el derecho a decidir, en septiembre pasado, las organizaciones plantearon la necesidad de debatir el aborto como un tema de salud pública y derechos humanos, no filosóficamente. Promovieron elmanifiesto Por el derecho a decidir y la defensa del Estado laicoque contiene: el rechazo a las reformas 17 reformas legales por ser restrictivas de los derechos de la mujer; el rechazo a la injerencia de la jerarquía católica; la exigencia al secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont de sancionar acciones en contra del Estado laico, así como el rechazo a la persecución de mujeres, aún cuando el embarazo es producto de una violación y exigieron al Estado los medios para ejercer la autonomía sexual sin riesgos.

El Movimiento Feminista, que en México tiene más de treinta años trabajando el tema del (ILE), “se ha visto reforzado a raíz del enfoque de las políticas impulsadas por grupos de línea conservadora, lo que pone a prueba la laicidad del Estado mexicano, estos grupos han expresado actitudes machistas y misóginas, impiden el avance de la participación democrática y la incidencia en políticas públicas por parte de las organizaciones”, afirma Aidé García, integrante de la organización Católicas por el derecho a decidir.
El Movimiento también experimentó la participación de la organización masculina, Cómplices por la equidad, organización que trabaja conjuntamente con grupos feministas contra este tipo de reformas “es tiempo de que los hombres nos liberemos de los mandatos hegemónicos de género, -nuestras compañeras, madres, hermanas, e hijas- que deciden interrumpir su embarazo son personas con dignidad y derechos humanos, no criminales y tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, declararon en septiembre pasado durante un acto público.
Aidé García expuso que durante el año, el trabajo de las organizaciones, ha estado encaminada a reforzar el diseño de una estrategia integral para generar opinión pública favorable, además de información para la población, teniendo como línea la no promoción del aborto sino la sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, lo que incluye el logro del ILE.

Para 2010, el movimiento seguirá encaminado a vigilar el cumplimiento de lanorma oficial (NOM) 046que especifica la atención a víctimas de violencia sexual, y que fue un compromiso adquirido por el Estado mexicano, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del caso Paulina, niña de 13 años que quedó embarazada consecuencia de una violación en 1999, las autoridades de Baja California le negaron la interrupción legal del embarazo.

El pasado 16 de diciembre fue lanzada lacampaña de recolección de firmas-a través de la red social facebook para impulsar una acción de inconstitucionalidad a las 17 reformas que esperan promueva Raúl Plascencia Villanueva presidente de la CNDH, atendiendo una posición de visión de Estado. La carta plantea “Como mexicanas y mexicanos, preocupados por el acontecer nacional, hemos tenido noticia de que al menos 16 entidades federativas han aprobado reformas a sus Constituciones Locales con el fin de “proteger el derecho a la vida desde la concepción”. Consideramos que tales reformas entran en conflicto con criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contradicen y vulneran lo estipulado en diversos Tratados Internacionales ratificados por México. Existen, además, diversos antecedentes internacionales al respecto”, indica la carta.
Sin duda, una verdadera democracia necesita condiciones para que ciudadanos y ciudadanas elijan y ello, se construye desde el estado laico, que respeta los derechos de las mujeres a decidir y genera condiciones para ello. Lo que ha pasado este 2009 en los estados de la república es una muestra de lo mucho que falta en nuestro país.

7. Ejército en las calles-

Un compromiso ineludible que contribuye el fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de los
servidores públicos encargados de la seguridad pública, es el respeto irrestricto a los derechos humanos.La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla es una de las tareas prioritarias del Estado y su cumplimiento es un indicador clave de su eficacia”. (Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012)

México D.F., 30 de diciembre de 2009 (Cencos).-Ante la creciente inseguridad por el avance del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública es la apuesta del Ejecutivo federal para proteger a las personas en México. Sin embargo, la estrategia aunque menciona en el discurso el “respeto irrestricto a los derechos humanos”, en los hechos van en ascenso las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por elementos del Ejército.
El presidente Calderón afirmó en agosto pasado en Guadalajara, Jalisco, que en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.”
Actualmente el Ejército tiene autoridad legal para detener a personas señaladas de cometer algún delito cuando auxilia al Ministerio Fiscal y a la policía en la ejecución de una orden judicial o, al igual que todos los ciudadanos, si sorprende a un sospechoso en el momento en que comete un delito. En ese contexto resaltan diversas preocupaciones en torno al Ejercito involucrado en las tareas de seguridad pública.
Las organizaciones civiles:
Amnistía Internacional/Sección México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundar, Centro de Análisis e Investigación impulsaron el proyectoNo Más Abusos, en el que han realizado un monitoreo sistemático de los abusos militares contra civiles, iniciativa civil independiente queregistróentre el 1 de enero y el 31 de julio de 2009 un total de 82 casos de abusos militares documentados por medios de comunicación tanto nacionales como estatales y en los que se vieron afectadas 387 personas.
De acuerdo a información solicitada por el Centro Prodh, el Ejército abrió 110 investigaciones que desembocaron en sólo 6 casos en los que se formularon acusaciones (acceso a petición de información por Centro Prodh a través de IFAI/Infomex a SEDENA, [folio 0000700175808, 0000700176108, 0000700176308, 16 de diciembre de 2008]).
En tanto que en el primer semestre del año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 559 quejas de abusos cometidos por el ejército, mil 230 en todo el año 2008, frente a sólo 367 en 2007 y 182 en 2006; en 2006 no hubo ninguna recomendación, en 2007 se emitieron siete, 14 en 2008 y 25 hasta octubre de 2009.
Otro ejemplo de la problemática a nivel estatal en las que el Ejército ha tomado “plazas” como parte de las acciones contra el crimen organizado es que, entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez recibieron más de mil 300 quejas de abusos por parte de integrantes del Ejército (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 2009).

Otro de los aspectos cruciales del respeto de los derechos humanos vinculados al Ejército y la impartición de justicia es la jurisdicción militar. En agosto pasado, laSuprema Corte de Justicia de la Nación resolvióque los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan delitos que afecten a la población, como los relacionados con violaciones de derechos humanos, seguirán siendo juzgados por los tribunales militares, con lo que evadió los argumentos en el sentido de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares sean juzgados por militares cuando hayan cometido delitos federales o locales que involucren a la población, viola lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero el 15 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en elCaso Radilla Pacheco Vs Méxicoordena al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que contempla la jurisdicción militar en casos de delitos cometidos por militares en servicio en contra de civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la jurisdicción militar debe tener un alcance mínimo en tiempos de paz, de carácter restrictivo y excepcional vinculado únicamente a las funciones propias de las fuerzas militares. En este sentido, la jurisdicción militar no es el fuero competente para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, las cualesdeben ser investigadas por la justicia ordinaria, lo que abre la puerta a que las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares encuentren justicia.
El Ejécito mexicano es una de las instituciones nacionales con mayor prestigio, pero involucrarlo en tareas para las que no está calificado merma ese prestigio que tiene entre la población. La participación del Ejército en seguridad pública debe ser con medidas de control y asegurando el respeto irrestricto a los derechos humanos.

8. Atenco: Ejemplo del uso político de la justicia - México D.F., 30 diciembre de 2009 (Cencos).-Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco en el Estado de México contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de México.

La detención de los pobladores de San Salvador Atenco en el Estado de México integrados en el FPDT, se ubica como caso emblemático del uso de la fuerza pública para “resolver” conflictos, en un claro desprecio del Estado por el respeto a los derechos humanos en el marco de la criminalización de los movimientos sociales.
El operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales dejó un saldo de 207 personas detenidas, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales.
Desde entonces, la impunidad rodea los abusos cometidos por elementos de las fuerzas policiacas así como el político de los procedimientos legales y la falta de acceso a la justicia de los detenidos de 2006. En 2009. la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un
dictamenen el que admite las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en mayo de 2006 en Atenco, sin embargo omitió los nombres de las personas que los cometieron, lo que contribuye a que se mantenga laausencia de impartición de justicia.
Asimismo este año, aquellos que tomaron decisiones sobre esta forma de como “hacer justicia y el respeto del estado de derecho”, como Wilfrido Robledo Lamadrid, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los responsables del diseño y la ejecución de los operativos policiales en San Salvador Atenco y Texcoco mientras se desempeñaba como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense en mayo de 2006,
fue nombrado titular, de la Policía Federal Ministerial perteneciente a la Procuraduría General de la República, con lo que queda patente la impunidad en relación a las responsabilidades de este funcionario.
En el caso Atenco, desde 2006 a la fecha se han acumulado irregularidades jurídicas escandalosas que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos con condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio Del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años y a otras 9 personas (Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales) con sentencias a 31 años 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América Del Valle (hija de Igancio del Valle) y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso legal en libertad.
En este contexto, alrededor del FPDT se han sumado voces de la sociedad civil, que denuncian la violación de derechos humanos a las víctimas de la represión en 2006. De esta forma en febrero de este año surgió la
Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atencoen la queparticipan defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, actores, actrices, músicos y personas, que ha realizado diversas acciones para demandar la liberación de las personas que se encuentran en prisión injustamente.
La acción más reciente de dicha Campaña se dio en la SCJN, donde acudieron integrantes del FPDT para entrevistarse con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
En entrevista para Cencos, el abogado Leonel Rivero Rodríguez a nombre de la defensa legal de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, sostuvo que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo “refrendó ante los familiares y abogados de los 12 presos el compromiso que ante ellos había asumido en el mes de enero de 2009, en el sentido de que tan pronto se promovieran las demandas de amparo en contra de las sentencias condenatorias, el ministro haría la propuesta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que ejercitara la facultad de atracción y fuera esa instancia la que resolviera los juicios de amparo. El Ministro Gudiño Pelayo se comprometió a que en la primera (13-enero-2010) o segunda sesión (20-enero-2010) de la Primera Sala llevaría la propuesta de atracción.”

Los defensores legales de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, Leonel Rivero Rodríguez, Sandino Rivero Espinosa y Luisa A. Rivero Espinosa “prospectivamente consideramos que tenemos altas posibilidades de que la Primera Sala de la SCJN conceda el amparo a nuestros representados, y por ende, revoque las sentencias condenatorias que les fueron impuestas.
“Esa situación puede materializarse tal vez entre los meses de junio a septiembre de 2010”, enfatiza la defensa legal de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.

9. Criminalización de la migración - México D.F., 8 de enero de 2010 (Cencos).-El crecimiento del número de personas migrantes en México en los últimos 30 años tiene origen en la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las mexicanas y mexicanos. En gran medida resulta en la expulsión de fuerza de trabajo tanto nacional como de otros países, y que han dirigido a su población en nuestra región hacia Estados Unidos principalmente. México además de ser un país con población migrante, también es un territorio por el que deben cruzar personas hacía Estados Unidos y con ello, enfrentar los riesgos de su travesía sin protección alguna.

Vulnerabidad de personas que atraviesan el territorio mexicano

La vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes fue expuesta por Jorge Bustamante, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organzación de las Naciones Unidas, (ONU), en suinforme de agosto de 2009en el que enfatiza que la criminalización de los migrantes por el “delito” de encontrarse en un país sin los documentos adecuados: esto los hace vulnerables a posibles actos de racismo o xenofobia en las sociedades de los países en cuestión.
“La sociedad distorsiona su situación, los considera 'delincuentes' y rápidamente los relaciona con la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y el robo. La condición de indocumentados hace vulnerables a muchos migrantes al punto que son presa fácil de las redes delictivas.”

Aunado a lo anterior, en 2009 las personas migrantes y sus familiares enfrentan en su travesía al crimen organizado, que ha extendido su campo delictivo al secuestro de personas migrantes en tránsito por México. En elInforme Especial sobre Secuestro a Transmigrantespresentado en junio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con información de las comisiones estatales de derechos humanos, ubicó en 10 mil las personas migrantes víctimas de secuestros en el primer semestre del año, lo que dejó ganancias por 25 millones de dólares al crimen organizado.

Al respecto María Canchola, coordinadora de Incidencia y Enlace del Servicio Jesuita a Migrantes en México destacó que “ha sido muy difícil documentar las violaciones a los derechos de las personas; la mayoría de los migrantes secuestrados no están dispuestos a denunciar y en gran medida se debe a que laLey General de Poblaciónimpide a personas de manera irregular en México hacer algún tipo de denuncia.”
La Pastoral de Movilidad Humana que congrega un gran numero de casas albergue para personas migrantes en el país, ha aumentado su relación en materia de seguridad con autoridades como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación así como con congresos estatales locales debido a las agresiones por parte del crimen organizado. Esto a partir de la xenofobia que se desató en el caso de un migrante señalado de asesinar a una persona, y en el que se vio involucrada la Casa Belén Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila.
María Canchola enfatizó que el tema de seguridad “es difícil de abordar porque las autoridades asumen que lo que tiene que hacer es regular el trabajo que hacen las casas de migrantes, justamente eso sucedió después del incidente en la Casa Belén Posada del Migrante, cuando el Congreso local lanzó una llamada y una iniciativa para regular el trabajo del albergue porque entienden que podrán tener el control de los migrantes.”

Por tal motivo la Pastoral de Movilidad Humana entregó una serie de recomendaciones al Senado como la reforma delarticulo 67 de la Ley Federal de Poblaciónque actualmente impide a las personas que están de manera irregular en el país presentar denuncias y se les dé seguimiento sin ser deportadas, esta ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y esta detenida en la Cámara de Diputados, además de la iniciativa que esta en el Senado de incluir en la Ley General de Población el procedimiento de trabajadores migratorios de países como Guatemala y Belice con respecto al convenio existente con México.

Connacionales en EU: México se ha convertido en el país con mayor emigración del mundo, “perdemos cada año mas de medio millón de mexicanos; hoy, México tiene 12 millones de emigrantes o personas nacidas en México residiendo en Estados Unidos y 30 millones de origen mexicano que viven en Estados Unidos contribuyendo a la economía de ese país con mas de 650 mil millones de dólares”, afirmó el Dr. Raúl Delgado Wise presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo en entrevista para Cencos.
La caída de las remesas que los emigrantes enviaron al país en 2009 se han visto mermadas no por el regreso de los mexicanos al país, si no por la falta de empleo en Estados Unidos, sin embargo el volver para las personas migrantes no es su primera opción, ya que en México no existe certeza de fuentes de trabajo. Delgado Wise destacó que “muchas veces las familias mexicanas envían dinero en sentido inverso para que se puedan mantener aquellos migrantes que han perdido sus empleos y esperen mejores tiempos valorando que tienen mejores oportunidades allá; la caída de las remesas tiene que ver con el desempleo que están sufriendo los mexicanos derivado de la crisis profunda que sufre Estados Unidos.”

Tanto María Canchola como Delgado Wise coinciden en que se necesita continuar en la búsqueda de interlocución con las autoridades, y que los espacios de discusión como elForo Global sobre Migración y Desarrolloque México presidirá en 2010, no sirva como un espacio de legitimación del Estado. Los organismos civiles deberán conjuntar esfuerzos para cubrir la mayor parte de espacios con propuestas concretas sin duplicar esfuerzos para combatir la difícil situación que viven los migrantes y sus defensores.
Sin duda uno de los temas en materia de los derechos humanos en México se ubica en las personas migrantes y que día con día enfrentan más condiciones de vulnerabilidad.