miércoles, 25 de noviembre de 2009

México: Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres

Convocatoria

a celebrarse: 5 Y 6 de diciembre 2009, Ciudad de México

Las votaciones en los 16 congresos locales del país, estableciendo "el derecho a la vida desde la concepción" se inscriben en una estrategia para cancelar en el país entero la posibilidad de la despenalización del aborto. Estamos testificando el acuerdo político de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que contempla en algunos lugares, revertir el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo aún en caso de violación, lo cual significa un retroceso con respecto a la legislación anterior, aunado a la persecución y encarcelación de mujeres por haber ejercido su libertad a decidir. Todo ello configura un escenario de violencia y opresión contra las mujeres contrario al avance de nuestros derechos.

En todo el país, distintas organizaciones no gubernamentales, diputadas, organizaciones, colectivos, redes, activistas feministas y de derechos humanos, han llevado a cabo acciones con el fin de parar esta ofensiva. Varias compañeras participantes de estas actividades, hemos llegado a la conclusión de que es necesario sumar esfuerzos para potenciar el impacto de las acciones que realizamos en lo local, estatal, y regional, es decir, nacionalmente.

Frente a la magnitud de la ofensiva nos interesa reflexionar y analizar lo que está pasando, encontrarnos todas para este espacio de socialización. Conocer en voz de las protagonistas en la lucha local, estatal, regional y nacional: ¿Cuál es la situación que se enfrenta? ¿Cuáles las estrategias? ¿Cuáles las conclusiones? ¿Cuáles las propuestas para superar la fragmentación en la que estamos sumergidas?

Por lo que convocamos al:

FORO NACIONAL POR EL DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES

Sábado, 5 de diciembre, de 9 a 19 horas

Domingo, 6 de diciembre de 9:30 a 14 horas

LUGAR: Auditorio principal del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Av. Villalongin # 50. Hay otra entrada por Río Neva #16. El STRM, está cerca del Monumento a la Madre y el cruce de Reforma con Insurgentes. Estación Reforma del Metro-bus. México, D.F.

EJE GENERAL DE TRABAJO: analizar y construir estrategias nacionales de lucha y coordinación sumando fuerzas y esfuerzos en la lucha por la despenalización del aborto y parar la persecución de las mujeres por ejercer su derecho a decidir.

UNITARIAMENTE

ORGANIZACIONES

Baja California Norte: Alaide Foppa, A.C. ; Tod@s Ciudadan@s de Mexicali

Baja California Sur: Centro Mujeres, A.C.; Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C.

Colima: Centro de Apoyo a la Mujer, A.C.; Grupo Ciudadano por la Vida de las Mujeres, A.C.

Distrito Federal: Feministas Socialistas; Colectivo Feminista Socialista Rosa Chillante; Constituyente Feminista; Círculo Feminista; DIDAXIS, Proyectos y Comunicación, S.C; Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual; Grupo Derecho a Decidir; Kinal Antzetik, A.C., Red de Comunicación Electrónica, Modemmujer, A.C.; MujeresNet.Info; Mujeres Trabajadoras Unidas, A.C. (MUTUAC); SPATIUM LIBERTAS, A.C.

Estado de México: Grupo de Mujeres de Chalco; Asociación de Mujeres Mejorando el Orizonte Regional, A.C. (AMMOR); Zotavento-Extremo Oriente

Guanajuato: Alianza Interestatal por el Derecho a Decidir de las Mexicanas (Guanajuato, Michoacán y Veracruz)

Hidalgo: Constituyente Feminista de Hidalgo

Jalisco: Agenda Feminista de Jalisco; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. (CLADEM-Jalisco)

Michoacán: Diversa capítulo Michoacán; Grupo Universitario de Derechos Humanos

Morelos: Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C.; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. (CLADEM-Morelos)

Nuevo León: Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, A.C. (CIMAC); Género, Ética y Salud Sexual, A.C.

Oaxaca: Colectivo Bolivariano de Oaxaca; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Mujeres Unidas en torno al Género, la Equidad y la Reivindicación, MUGER, A.C.; Por Nuestros Derechos, Mujeres en Red-Oaxaca.

Puebla: Observatorio de Violencia Social y de Género de la Sierra Norte de Puebla.

Querétaro: AQUESEX, A.C.; Salud y Género, A.C.

Quintana Roo: Servicio Educación Sexualidad y Salud, SEEDSSA, A.C.; Balance Promoción para el desarrollo y Juventud
Veracruz: Colectivo feminista de Xalapa, A.C.

Yucatán: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales, A.C. (CEPRODEHL); Por Nuestros Derechos... Mujeres en Red; Servicios Humanitarios en Salud Reproductiva, A.C. ; Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE)

Zacatecas: Mujeres Hispanas, A.C. (Capítulo Zacatecas).


A TITULO PERSONAL

Baja California Norte: María del Carmen Rioseco

Baja California Sur: Mónica Jasís Silberg, Alma Oceguera Rodríguez

Colima: Martha Flores Ochoa, Ma. De los Ángeles Márquez Gileta, Clementina Nava Pérez, Catalina Suárez Dávila

Estado de México: Leticia Olvera Domínguez

Guanajuato: Verónica Cruz

Jalisco: Ángela García Reyes, Ma. Eugenia Hernández Mercado, Ma. Guadalupe Ramos Ponce, Angélica Reveles, Luz Elena Rosas, Violeta Sánchez Luna

Michoacán: Anitzel Ramos Velázquez
Morelos: Luisa Rivera Izábal, Patricia Bedolla

Nuevo León: Juana Ma. Nava Castillo, María Aurora Mota

Oaxaca: Patricia Jiménez Alvarado, Ana Ma. Hernández Cárdenas, Iris Marcela López Díaz, Rosario Villalobos Rueda

Puebla: Gabriela Cano Azcárraga

Querétaro: Gisela Sánchez Díaz de León, Nadia Sierra

Quintana Roo: Vanesa González-Rizzo

Sonora: Leticia Burgos, Silvia Núñez

Tabasco: Ma. Lourdes Ruiz Pavón

Veracruz: Rossana Castellanos Oliveros, Montserrat Díaz, Araceli González Saavedra, Adriana Saavedra Hernández

Yucatán: Socorro Chablé, Sandra Peniche, Adelaida Salas

Zacatecas: Griselda Carrillo

Distrito Federal:

Alejandra Ancheita, Margarita Argott, Carmen Benítez, Ruth Betancourt, Ingrid Elisheva Camarena, Gloria Careaga, Josefina Chávez, Elsa Castellanos L., Leonor Cortés, Heather Dashner, Fanny Dargence, Gabriela Dávila Madrid, Teresita De Barbieri, Andrea De La Barrera M., Gabriela Delgado Ballesteros, Julia Escalante De Haro, Leticia García, Muriel García, Isabel González, Rosa Ma. González Jiménez, Frida Hartz, Ana Ma. Hernández Cárdenas, Keren Apuk Hernández, Naomi Yoko Hernández, Susana Huerta, Aimé Jezabel, Yolanda Ledesma, Elsa Lever, Dulce Ma. López Vega, Sara Lovera, Esther Madrid B., Silvia Marcos, Georgina Martínez, Alicia Mendoza, Rocío Mejía, Patricia Mercado, Melisa Morán Esteva, Martha Nava, Rosario Novoa, Leticia Olvera Domínguez, Rosario Ortiz, Patricia Ravelo Blancas, Paula Regueiro, Axela Romero, Rosa Salazar, Elena B. Salcedo Monroy, Ma. De los Ángeles Sánchez, Martha Tagle, Elena Tapia Fonllem, Gloria Tello, Susana Vidales R., Milisa Villaescusa V., Patricia Yllescas y Gabriela Zanabria.


Cedió el Congreso de Veracruz a Presión de Iglesias, Admite Cura

* El PRI busca apoyo con miras a los comicios del próximo año, dice

* Grupos de feministas y católicos discutieron acaloradamente el martes, durante la sesión del Congreso de Veracruz en la cual las fracciones del PRI y el PAN aprobaron una reforma que penaliza el aborto

Periódico La Jornada, Jueves 19 de noviembre de 2009, p. 29. Reportera y corresponsales: Carolina Gómez, Andrés Morales y Mariana Chávez - El sacerdote Teódulo Guzmán, responsable de la congregación jesuita de la parroquia Los Corazones, en Jalapa, Veracruz, admitió que la Iglesia católica y otras denominaciones presionaron para que los legisladores locales aprobaran el martes reformas a la Constitución y al Código Penal del estado para dar personalidad jurídica a los nonatos.

Es una lucha de intereses políticos con miras a los comicios de 2010, y los más beneficiados serían los priístas y algunos sectores de la jerarquía religiosa. Es un tema tan controvertido que debería ser sujeto a un referendo. No se puede tratar a la ligera y mucho menos para ganarse clientela política en víspera de elecciones, señaló Guzmán.
Mientras, Vicente Díaz Sánchez, director general de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), advirtió que la aprobación en 17 estados de leyes que penalizan el aborto es un retroceso, pues restringir la interrupción del embarazo en condiciones seguras aumenta la mortalidad y la morbilidad maternas.
Entrevistado tras la presentación del informe de labores de Mexfam, Díaz Sánchez precisó que legislar contra el aborto de poco sirve para disminuir esta práctica y eleva la incidencia de complicaciones y decesos por realizarlo en forma clandestina. Los abortos realizados en condiciones inseguras son la cuarta causa de muerte materna, precisó.
Apuntó que las leyes que supuestamente buscan resguardar la vida desde la concepción hasta la muerte natural sólo impiden que las mujeres ejerzan su derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número de hijos que quieren tener y su espaciamiento.
El martes el Congreso de Veracruz se sumó a los estados que han aprobado leyes contra el aborto. Mexfam consideró muy preocupante la proliferación de estas reformas y acotó que si bien ninguna organización en el mundo está a favor del aborto, muchas consideran que debe haber leyes que permitan a las mujeres decidir si continúan o no un embarazo, sobre todo cuando no es planeado ni deseado.
Recomendó a la Iglesia católica ocuparse de temas que corresponden a lo espiritual y dejar la salud a los médicos.
En Querétaro, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio, advirtió que no modificará su postura sobre el aborto y continuará defendiendo el derecho a la vida, en respuesta a organizaciones sociales que le han exigido su renuncia o su destitución por no promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 2 de la constitución estatal, aprobada en septiembre pasado, la cual otorga categoría de persona a un óvulo fecundado.

TUSIS: Sin convicciones...



16 Días Contra la Violencia...persisten golpes y asesinatos.

16 ideas para 16 días
La campaña de 2009 invita a todas las organizaciones a promover alguna actividad durante cada uno de los 16 días. Para ello, sugieren una serie de ideas:
Día 1: Infórmate
Envíe su iniciativa a: semcuba@ceniai.inf.cu

Latinoamérica: Persisten golpes, daños psicológicos y muertes
Por Alba Trejo - Bofetadas, puñetazos, moretones, infecciones y sangrado vaginal, depresión y baja autoestima. Estos son los resultados de las agresiones físicas y psicológicas que marcan la vida de las mujeres latinoamericanas, quienes en pleno siglo XXI siguen siendo víctimas fatales de la violencia de género.
Así, cientos de ellas pierden la vida en manos de hombres que, paradójicamente, fueron sus compañeros de hogar.
Cifras alarmantes revelan que en México, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia, Argentina, Venezuela, Dominicana, Uruguay y Chile, entre 50 y 70 por ciento de las mujeres son o han sido golpeadas y amenazadas más de una vez en su vida por su esposo, compañero, novio o ex novio. Así lo indican datos de fuentes oficiales de esas naciones, recopilados por las corresponsales de SEMlac.
Entre esos países, México se ubica como una de las naciones donde cada minuto que transcurre suceden por lo menos tres actos de violencia contra las mujeres, y cada 18 segundos una de ellas es víctima de una golpiza.
El Instituto Nacional de Salud hospitalaria de México reveló que, en un solo año, fueron atendidas más de 7.000 mujeres tras haber sufrido violencia física como empujones, golpes, heridas de armas de fuego o punzo cortantes.
Cada 10 minutos, las autoridades venezolanas reciben una denuncia de una mujer golpeada por su esposo. Las cifras del Instituto Nacional de la Mujer de Venezuela dan cuenta de que en ese país las maltratadas física y psicológicamente se encuentran entre los 20 y 44 años de edad, justamente en la etapa reproductiva de su vida.
Mientras, en Perú, cada hora se reporta que 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar, lo que significa que al final del día 240 peruanas son agredidas, corporal o psicológicamente. Para tener idea de la dimensión del problema: la atención y revisión a víctimas de violencia familiar en ese país constituye el 52 por ciento de los servicios prestados por el Instituto de Medicina Legal. En tanto, el Ministerio del Interior reportó que cada cuatro horas tres mujeres son víctimas de violencia sexual.
De escandaloso podría calificarse, también, el panorama de Argentina. La Comisaría de la Mujer de esa nación sudamericana recibió en 2007, en un período de seis meses, más de 1.170 denuncias de abuso sexual; es decir que, a diario, ocho mujeres padecieron ese acto brutal de violencia. Solo en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud atendió en un año un promedio de 7.146 denuncias en la línea 911 Mujer. El 54 por ciento de las argentinas golpeadas son casadas.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que un 25 por ciento de argentinas son víctimas de violencia y que 50 por ciento experimentará algún tipo de agresión en alguna etapa de su vida.
Al menos cinco millones de los siete millones que suman las guatemaltecas sufren violencia doméstica, según estimaciones de grupos defensores de sus derechos. Tanto así que la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público de la nación centroamericana advierte que a ese lugar acuden al menos 15.000 mujeres al año a denunciar que sufren de violencia doméstica, una cifra que supera las denuncias del resto de naciones latinas, exceptuando México.
Pero el silencio persiste ante esas agresiones. En Dominicana, por ejemplo, es la propia mujer quien, tras ser amenazada de muerte y maltratada, tiene que notificar al individuo y luego llevarlo consigo a la policía para que lo detenga. Eso la obliga a callar ante el temor de no obtener respuestas y sí represalias.
De otra parte, hay naciones como México, donde todavía persiste el temor de buscar ayuda. Según diversas fuentes, 84 por ciento de las mexicanas considera que la violencia es algo natural y un asunto privado que sólo compete a la pareja.
Algo similar ocurre en Guatemala, donde la cultura patriarcal enraizada impide la denuncia de este sector poblacional: apenas el uno por ciento de las guatemaltecas golpeadas en el hogar lo hace.
La situación no es tan fácil tampoco para las bolivianas, pues, según el Defensor del Pueblo, siete de cada 10 vive algún tipo de violencia familiar: sexual, psicológica o económica en su vida.
En Medellín, Colombia, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAVAS) contabilizó durante el primer semestre de 2007 abuso sexual y actos sexuales abusivos contra 201 mujeres y 388 niñas, y registró 2.219 casos de violencia intrafamiliar.
Agregado a los golpes y al daño psicológico, las latinas padecen además lo que se conoce como la forma más extrema de la violencia de género, que es la muerte. Para ellas, el derecho a la vida también es vulnerado en la calle, a tal punto que sus cuerpos son violados y posteriormente torturados y desmembrados, como ocurre en Guatemala.
De enero a noviembre de 2008, por ejemplo, se verificaron 580 de estos crímenes y 161 de estas muertes fueron provocadas por los propios esposos, una cifra elevada si se tiene en cuenta que el número de habitantes en este país no supera los 14 millones.
México no es la excepción en este tema. Allí 20 de cada 100 asesinatos ocurren dentro del ámbito familiar, 10 de ellos son de cónyuges que le quitan la vida a las esposas, tras un historial de violencia intrafamiliar.
En Cuba, el 52 por ciento de estos homicidios suceden en el hogar de la víctima, según un estudio realizado en Ciudad de la Habana, el cual muestra que de 468 casos de asesinato reportados, 136 fueron cometidos contra mujeres; es decir, 28,8 por ciento del total.
Las dominicanas también han sido alcanzadas por la forma más extrema de violencia contra la mujer. En esa nación de ocho millones y medio de habitantes, es asesinada una mujer cada dos días.

25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Ellas pasaron a la historia como Las Mariposas. Las hermanas Mirabal (Patria, Minerva, María Teresa y Dedé) nacieron en Ojo de Agua, cerca a la ciudad de Salcedo, en la región de Cibao de la República Dominicana. Consideradas verdaderos símbolos de la resistencia contra la dictadura de Trujillo, eran encarceladas y acosadas reiteradamente. El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María Teresa fueron asesinadas por la policía secreta.
Sus cadáveres, destrozados y estrangulados, aparecieron en el fondo de un precipicio. La noticia de los asesinatos brutales fue causa de un escándalo nacional y se convirtió en una bomba de tiempo contra la dictadura. Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961 y su régimen cayó un poco después.
Convertidas en todo un símbolo de resistencia para el movimiento feminista internacional, Las Mariposas fueron homenajeadas cuando el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, realizado en Colombia en 1981, decidió declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.
La fecha fue reconocida en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas e incluida en su cronograma oficial, pero no fue hasta el año 2006 en que la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de carácter general en la que se exhortaba a una intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.

Campaña Global "Detengamos la Violencia"


Por Elsa Lever M.*

Detengamos la Violencia (http://www.mujeresnet.info/seccion/detenerlaviolencia.html) es una campaña global lanzada desde MujeresNet.Info para que mujeres y hombres nos unamos a las acciones de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Desafortunadamente las cifras nos urgen a continuar, reforzar y ahondar en el compromiso y la acción por terminar con la naturalización que se ha hecho del ejercicio de la violencia hacia las mujeres. De acuerdo con datos de la ONU, 70 % de las mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de algún hombre a lo largo de sus vidas. Violencia que va desde la psicológica hasta el feminicidio, y que sigue pareciendo "normal" y "natural".

Te invitamos a participar en esta campaña en la red, de dos maneras muy sencillas:

a) Coloca en tu blog, sitio web, red social o espacio virtual cualquiera de los siguientes banners, y rótalos durante todo el año. Recuerda mantenerlos enlazados con la página de esta campaña.

b) Deja en este post la dirección de tu blog, sitio web, red social o espacio virtual donde has colocado algún banner, y comenta qué más estás haciendo para poner tu granito de arena en la solución de esta terrible problemática de México y el mundo.

Entra a la Campaña Global
Detengamos la Violencia
(http://www.mujeresnet.info/seccion/detenerlaviolencia.html), y en Información podrás encontrar un panorama general de la situación de la violencia hacia las mujeres, y en Banners hallarás el material a utilizar desde este mes de noviembre de 2009 y durante todo el año 2010. Revísalo cada mes, porque habrá nuevos.

* Mtra.Elsa Lever M.
Periodista con Maestría en Comunicación por la FCPyS de la UNAM, diplomada en Género por el PUEG de la UNAM, y en Feminismo por el CEIICH de la UNAM, es Directora de http://www.mujeresnet.info/

Directora de MujeresNet.Info - Información con perspectiva de género

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FACEBOOK de MujeresNet: http://www.facebook.com/pages/Mexico-City-Mexico/MujeresNet/125524612231
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Violencia Impune

Por Elsa Lever M.

Motivos para hablar de la violencia contra las mujeres desgraciadamente siguen sobrando. Razones para insistir en la eliminación de esta ya considerada pandemia, continúan siendo inmensas. Casos impunes de violencia no sólo psicológica y física, sino también sexual, incluso de feminicidio, son el marco de este 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Uno de los más recientes, el de Alí Cuevas, estudiante de letras clásicas de la UNAM, en el DF, que fue asesinada por su exnovio Osvaldo Aristóteles Morgan Colón, que corre bajo grandes irregularidades, entre ellas el tráfico de influencias ya que el presunto asesino es hermano de un diputado. Y el de María Fernanda Loranca Aguilar, de 17 años de edad, originaria de San Juan Del Río en Querétaro, México, quien fue hallada en un baldío con huellas de estrangulamiento y de abuso sexual.
Las periodistas tampoco han dejado de ser amenazadas y atropelladas en sus derechos, en una sistemática violencia institucional que parece no acabará nunca. Casos como el de Gabriela Gallegos, propietaria y directora de la Revista Contralíneas y de la Agencia de Noticias y Publicidad Yancuic.com, así como presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), en Durango, México, quien fue víctima de amenazas constantes que culminaron en un robo en su casa, de la cual sustrajeron sólo lo relacionado a su trabajo. María de los Ángeles González Hernández, columnista del periódico Política y el diario digital Al calor político, denunció haber recibido amenazas de muerte, presuntamente provenientes de líderes sindicales locales, por información que ha publicado relativa al gremio, en Xalapa, Veracruz. Asimismo, la coordinadora internacional de la red PAR (Argentina) Mónica Molina, fue amenazada de muerte por su trabajo contra la trata de mujeres para explotación sexual.
Existe también la denuncia desde Lima, Perú, Elizabeth Salinas, quien en enero de 2007 fue golpeada en la cabeza y abdomen porque se había atrevido a denunciar la vida licenciosa del alcalde Luis Bueno Quino,, acusado penalmente de ser pedófilo y de transmitir el VIH bajo chantaje sexual a sus trabajadores de seguridad ciudadana. Después de su denuncia policial respectiva, al final pasó a ser la agresora, quien había golpeado y maltratado a sus agresores. Además su programa de radio fue cancelado, ordenaron a nivel judicial su captura y las denuncias en su contra no han cejado.
Además los casos de las nicaragüenses Patricia Orozco, feminista, histórica defensora de los derechos humanos, periodista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, fue golpeada y detenida ilegalmente por agentes policiales de la delegación departamental de León; Leonor Martínez, del movimiento juvenil, emboscada y vapuleada casi enfrente de su casa por denunciar el asalto a la Constitución; la periodista independiente, María Mercedes Urbina sometida a abusos por el poder judicial, por investigar irregularidades del gobierno local en Nagarote.
Y cómo olvidar la manifestación de violencia hasta dentro de las instituciones que trabajan con y por las leyes del país, que fue protagonizada por el diputado panista Luis Enrique Mercado, quien golpeó a la legisladora Laura Itzel Castillo cuando ella intentaba mostrarle un cartelón de protesta a Javier Lozano Alarcón, que comparecía en ese momento. Como bien quedó asentado en los comentarios generados en su momento, nadie le dio importancia al hecho porque en la Cámara prevalece una cultura machista que naturaliza esos actos, poniendo en evidencia que los discursos que condenan la violencia contra las mujeres, la discriminación y la inequidad son sólo retórica.
Simplemente no podemos dejar de insistir en el tema. Por eso MujeresNet.Info se une a las acciones y lanza desde esta Edición de Noviembre su Campaña Global "Detengamos la Violencia", (http://www.mujeresnet.info/seccion/detenerlaviolencia.html) poniendo a la disposición de todas y todos información sobre el tema y una serie de banners para ser colocados en blogs, sitios webs, redes sociales, etc. ¡Les invitamos a participar! También pueden sumarse a otras campañas, como la de UNIFEM, Di NO-Unete, que busca alcanzar 100 mil Acciones para el 8 de marzo 2010, el Día Internacional de La Mujer, y 1 millón de Acciones para noviembre 2010.
No te quedes en silencio ni con los brazos cruzados. La violencia no es natural. No debemos acostumbrarnos a ella ni justificarla. Una vida sin violencia es un derecho y como tal debemos exigir su cumplimiento.


La Campana contra la Violencia

Palabra de Antígona Por Sara Lovera

Cuando empiece la circulación de este texto habrál legado a Ciudad Juárez o al antiguo Paso del Norte una Campana de 85 kilos y metro y medio de altura para tañer a favor de una vida libre de violencia para las mujeres.
La Campana por la vida, como se le llama, se construyó durante 8 años con llaves caseras que fueron reunidas y fundidas, se entregó a la Asociación Internacional Mujeres de Negro, en el pasado Encuentro Feminista Latinoamericano para que ellas la trasladaran a Ciudad Juárez.
Durante 10 días, las mujeres hicieron tañer ésta simbólica campana en un recorrido de más de mil 500 kilómetros, en 8 capitales de distintas entidades del país, en que se realizaron una gran cantidad de actividades que pusieron el acento en la más desesperada y única demanda: que paren los asesinatos de mujeres en México, especialmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, el lugar mundialmente conocido como del asiento del feminicidio.
La campana por la vida es un símbolo que genera eco ciudadano, porque además en nuestro inconsciente, su figura, su estructura, su imagen está prendida del sentimiento colectivo de todas las llamadas a poner punto final a una injusticia.
Su tañer nos recuerda que sirvió para iniciar la lucha por la Independencia hace casi 200 años, lo es, a pesar de lo plañidero que pueda parecer, para convocar a la identidad nacional cada 15 de septiembre y ahora se ha feminizado, su tañer de hoy en adelante nos recordará que en Ciudad Juárez, mujeres, madres, víctimas y desaparecidas, son la mancha nacional de un sistema patriarcal y autoritario.
Las campanas son eso, el repique para llamar la atención. Ésta que salió de la ciudad de México el 10 de noviembre y que ya recorrió caminos, puentes, pueblos y comunidades se convirtió en un heraldo de anunciación.
La llevaron a cuestas de un camión de redilas, decenas de militantes que realizaron el Éxodo por la vida de las Mujeres, para una vez más dar a conocer y protestar por la impunidad que persiste en México ante la violencia extrema contra las mujeres. Unas dos mil son asesinadas cada año y todavía no existe una manifestación masiva de la sociedad en contra ni un titular de ocho columnas o de primera plana en los diarios del país para exponerlo.
Las del Éxodo son las mujeres que en Ciudad Juárez abrieron la ventana para conocer del feminicidio. Y apenas iban en camino, tras cerrar simbólicamente el Congreso en Guanajuato, cuando se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno mexicano como responsable de la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyos restos fueron localizados el 2001 en el área conocida como Campo Algodonero.
Esta condena, que al cierre de Palabra de Antígona todavía no era difundida oficial y públicamente, es según los abogados de la causa, inapelable y su carácter es "reivindicatorio encaminado a la no repetición de los hechos".
También señala que el Estado mexicano no llevó a cabo las investigaciones pertinentes sobre dichos homicidios ocurridos en noviembre de 2001 y no podrá ser impugnada.
Los alegatos del juicio que comenzó en abril se sostuvieron en los principios y mandatos establecidos en la Convención Interamericana contra todas las formas de Violencia Contra las Mujeres, según explicó a varios medios de comunicación la abogada Andrea Medina Rosas, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quien junto con Karla Michel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, representa a familiares de las víctimas.
La información más reciente indica que en Ciudad Juárez desde que en 1993 se empezaron a registrar los casos de homicidios contra mujeres hasta la fecha se suman 480 asesinatos. No obstante de acuerdo a la investigación que realizó la Cámara de Diputados entre 2005 y 2006, en un lapso de 10 años, fueron asesinadas más de 2 mil mujeres en México, sólo por eso, por ser mujeres.
La resolución de la Corte Interamericana, un organismo de la Organización de los Estados Americanos ha puesto claramente en el banquillo de los acusados al estado y los gobiernos en México, toda vez que para esa investigación, los trabajos del Observatorio contra el Feminicidio, de más de 16 organizaciones civiles, para las madres y familiares de las asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez, significa una clara definición de culpabilidad de un sistema de justicia inoperante, de una discordancia entre los discursos y los hechos, en México y en otras partes del mundo.
Apenas esta semana de la marcha, la que esto escribe, visitó La Paz, Bolivia, donde en un año fueron asesinadas 480 mujeres; lugar de cambio democrático donde en 2009 hay en la lista 17 asesinatos sin solución; lugar que tendrá elecciones el 6 de diciembre, pero en donde todavía no se incorpora, profundamente un concepto feminista de lo que es ser hombre y ser mujeres.
Como en Bolivia, la cuenta de mujeres ultimadas en la región latinoamericana es larga. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Chile y Colombia, en cada uno hay una profunda herida que sanar y en ninguno de esos países u otros como Argentina, Uruguay o El Salvador, los gobiernos, de cualquier signo, han puesto el tema como uno supremo y de seguridad nacional.
Ha quedado claro que no son suficientes las denuncias, pero son necesarias y fundamentales; tampoco son suficientes las leyes, que en México hoy, esas de garantizar una vida sin violencia no operan, pero son necesarias. No es suficiente publicar y difundir esta terrible situación, lo que se necesita es sociedad y mujeres organizadas.
El Éxodo sin duda ha sido un acto de recordatorio, de lucha, de esfuerzo. Las denuncias en este noviembre, fuertes y altisonantes; los recuentos necesarios y trascendentes; la palabra alternativa en miles de signos por el ciberespacio es fundamental. El ocultamiento y desprecio de los medios de comunicación masiva, significativos; el silencio de las y los gobernantes, artero; falta sociedad, falta sensibilidad, falta verdadera voluntad política.
Hoy corremos el riesgo, de tanto hablar de violencia feminicida y mantener intacto el aparato de justicia, digo, corremos el riesgo de acostumbrarnos. Por eso la condena al gobierno de México, producto indiscutible de la tarea de las abogadas Karla Michel y Andrea Medina, indican que, además de la denuncia y la acción litigante se necesita mucho más. La Campana por la vida, que estará desde esta semana como testigo en Ciudad Juárez, será el nuevo símbolo de lucha y memoria. No más cruces, ni imágenes lastimeras, no más discursos vacíos, peticiones sin trascendencia. Se necesitan hechos, movilizaciones, no palabras.

saralovera@yahoo.com.mx

Ocurrencias vs Políticas Públicas

Mujeres y Política por Soledad Jarquin Edgar

Este miércoles se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y en Oaxaca hay mucho que contar sobre este lamentable problema social.

¿Y qué se cuenta? Podemos hablar de las muchas víctimas de este problema, donde parece no existe poder humano para evitar tantos daños y no existe porque los esfuerzos en esta materia tienen más parecido a ocurrencias que a políticas públicas con perspectiva de género. A eso hay que agregar el desinterés que muestran algunos funcionarios –mujeres y hombres- para atender a las mujeres, personal de instituciones de todos los niveles y en todos los poderes, a quienes se les llama por cierto burocracia de género.
Los prejuicios sociales y la falta de preparación de los servidores públicos que “dicen atender” la violencia siguen cuestionando y culpabilizando a las mujeres que están atrapadas en ese círculo para evadir su responsabilidad institucional.
Tal es el caso del feminicidio que en Oaxaca sigue causando escozor entre diputados y funcionarios de justicia. La cuenta alcanza la cruenta cifra de 53 mujeres asesinadas por diferentes causas en sólo 11 meses de este 2009. Cifra que como ya se ha dicho es parte de un recuento hemerográfico realizado del Colectivo Huaxyacac y organizaciones civiles de mujeres que han puesto el dedo sobre una dolorosa yaga para las familias de estas mujeres que siguen caminando en el difícil terreno de la injusticia, en tanto sus agresores son protegidos por la impunidad que genera la inacción de instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo Tribunal Superior de Justicia.
Sin descartar claro está al Instituto de la Mujer Oaxaqueña una especie de barril sin fondo, el DIF Estatal que camina sobre agua mansas, lejos de tormentas y torrenciales lluvias y la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, donde lo que hay son niños con piojos, como se ha escuchado decir a una alta funcionaria.
Todavía hoy, en el V Informe de Gobierno, las mujeres aparecen en el rubro Grupos Vulnerables cuando se plantea la violencia que de manera obsoleta siguen llamando intrafamiliar. ¿Cómo pueden ser las mujeres que representan el 53 por ciento de la población un grupo vulnerable? Como hasta cosa de unos años, insisto, seguimos siendo para los señores del poder, unas menores de edad.
Es precisamente ese concepto de vulnerabilidad el que impide una real aplicación de políticas públicas con perspectiva de género para reducir la violencia que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 46 por ciento de las mujeres oaxaqueñas casadas o unidas han sido objeto de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación.
Recién me explicaba en una entrevista la Fiscal para atender delitos de violencia de género contra las mujeres, Ileana Hernández Gómez, muchas de estas mujeres denuncian a sus parejas después de 10 años de violencia. Quizá haya quienes tengan que esperar hasta 40 años para denunciar, como pasó con Rosalba. Quien por su “atrevimiento” recibe hoy el castigo institucional de las autoridades mixes, su pueblo, quienes incluso le prohíben cortar leña en su propio terreno.

En esa situación, los enfadados y enfadadas funcionarias se molestan porque las mujeres denuncian pero no le dan seguimiento a sus casos. Cuando llegan por segunda vez, les preguntan ¿ahora sí va de verdad? Si se arrepienten y vuelven una tercera vez, las mujeres reciben un furibundo regaño porque no se decide.
Lo que hay que decir a estos funcionarios que su trabajo no es cuestionar a las mujeres sino atenderlas, una y hasta cien veces si fuera necesario. Para eso se les paga. Porque la sacudirse años de violencia tiene que ver con la formación patriarcal en la que vivimos y donde las buenas costumbres tatúan el alma y, peor aún, el miedo las paraliza.
Pero además de los golpes con toda clase de objetos y no sólo con los puños cerrados, hay otras violencias, como la sexual que registra cifras oficiales alarmantes, de un delito que atenta contra el derecho a decidir de las mujeres. El mismo derecho que a las oaxaqueñas y las mujeres de otros 16 estados del país les ha sido arrancado poco a poco en un trueque político previo al 2012 entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. En un acto que sin duda violenta a las mujeres.
A los más de 100 delitos de violación sexual cometidos contra mujeres en estos 11 meses de 2009 y reportados sólo en esta Fiscalía, se deben sumar las denuncias presentadas en las subprocuraduría estatales. La cifra será siempre la punta del iceberg porque el subregistro en este tipo de delitos ha sido estimado entre un 60 y 70 por ciento, es decir, la mayoría de las personas agredidas sexualmente –por conocidos o desconocidos- no denuncias y sabe ¿por qué? Por vergüenza, porque la sociedad, moralista y anodina, sigue culpabilizando a las mujeres frente a tan aberrante hecho que no es sino una demostración de sometimiento hacia las mujeres.
Esta semana funcionarios y hasta de algunos pre-candidatos se ocuparan de la violencia contra las mujeres, chorros de tinta se derramarán y se gastarámucha saliva. Habrá muchos pronunciamientos y cantidad de promesas que como hemos visto desde hace varios sexenios se olvidan o se canjean por vales pro presidencias o pro gubernaturas. Habrá también muchas cortinas de humo para no ver una realidad grave. Al final las mujeres seguirán ocupando el rubro de “grupos vulnerables” en los informes, como sucedió por quinta vez con Ulises Ruiz.
Pero algo brilla en el fondo. En Ixtepec, Nora Elizabeth García Cancino, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, realizó en los últimos meses una serie de foros de consulta con la ciudadanía, que traducido a un lenguaje claro se llama escuchar a la gente.
Los resultados apuntan a varios niveles, algunos rebasan el ámbito municipal como el lamentable fenómeno de trata de personas, otra forma de violencia contra las mujeres, que se manifiesta con centroamericanas migrantes a los ojos de las autoridades, de todas las autoridades en la región del istmo que parece no ven nada, lo que de entrada los hace sospechosamente parte del trato y la deshonestidad.
Algunas de las expresiones ciudadanas se entregarán a la Secretaría General de Gobierno, para que el funcionario que ahí despacha haga algo de políticas públicas con perspectiva de género en los municipios del estado, donde por cierto la violencia también cobra muchas vidas de mujeres o las esclaviza como sucede con las centroamericanas.

México, Culpable de Caso de Feminicidio en Juárez: CIDH

Sin posibilidad de impugnación, lo condenó por los asesinatos de 8 mujeres ocurridos en 2001 en un campo algodonero. El Estado no realizó indagatorias pertinentes, debe reparar el daño y arrestar a los culpables, determinó.

La Jornada en Línea . Publicado: 19/11/2009 12:17

México, DF. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al gobierno mexicano culpable de ocho feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La determinación del organismo, la cual señala que el Estado mexicano no llevó a cabo las investigaciones pertinentes sobre dichos homicidios ocurridos en noviembre de 2001, no puede ser impugnada.

Desde abril pasado comenzó el juicio por estos asesinatos contra mujeres en aquella ciudad fronteriza, los cuales comenzaron a ser registrados desde 1993 y que a la fecha suman 480 casos.

Frente a ello, la CIDH -con sede en Chile- inició el proceso ante la presunta impunidad, falta de actuación e investigación por parte de las autoridades, en particular sobre el caso de ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados en el Campo Algodonero.

Según lo señalado por Emilio Ginés, abogado defensor de las familias de las víctimas y miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, dio a conocer que se ha pedido la reparación del daño no sólo a nivel económico, sino con la detención de los culpables. Incluso se solicita que la Procuraduría General de la República y no la estatal se encargue del asunto.

Esta es la primera sentencia condenatoria sobre los casos de crímenes contra mujeres conocidos ya como feminicidio toda vez, apuntó Giles, tienen un mismo perfil y características de las víctimas: mujeres jóvenes, trabajadoras con una débil posición económica y sin posibilidades de acceder a la justicia.

Junto con el abogado español, la defensora Karla Micheel Salas decidió acusar al Estado de una falta de de atención a lo que desde 1993 sucede en Ciudad Juárez, así como de una desprotección por parte del gobierno ya que los crímenes se han mantenido en la impunidad sin que hasta el momento se haya encontrado un culpable.

Informe de la CIDHM: Exigen Aclarar los Feminicidios de Morelos

Cuernavaca, Mor., 18 de noviembre. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) exigió al Congreso local que revise cada uno de los 233 asesinatos de mujeres perpetrados en Morelos durante los últimos 10 años, dio a conocer la coordinadora de la organización no gubernamental, Juliana Quintanilla García.

Indicó que para la CIDHM ningún caso ha quedado resuelto por completo, pues los agresores que son sentenciados apelan y al final se les deja libres (sólo se ha dictado sentencia en dos asuntos).
Las estadísticas de la CIDHM, señaló Quintanilla García, se recabaron con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y este miércoles se entregaron al presidente de la mesa directiva de la legislatura de Morelos, Othón Sánchez Vela.
La activista exigió además que se aplique a la brevedad posible la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para Morelos, y que el Congreso local sancione al gobernador Marco Adame Castillo porque ya violó esa ley, pues tenía cuatro meses para entregar el reglamento y ya lleva dos años sin hacerlo, lo que impide que esta ley opere.
Por la tarde, unos 50 activistas y familiares de mujeres asesinadas se manifestaron en el zócalo de esta capital para exigir castigo a los agresores, y que las autoridades estatales, comenzando por el gobernador Marco Antonio Adame y el procurador de Justicia del estado, Pedro Luis Benítez Vélez, dejen de violar los derechos de las mujeres.
La mayoría de los feminicidios en Morelos han ocurrido en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec Temixco, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jonacatepec, Jantetelco, Puente de Ixtla, Huitzilac, Ciudad Ayala, Emiliano Zapata, Miacatlán y Amacuzac.

(Periódico La Jornada. Jueves 19 de noviembre de 2009, p. 29. Rubicela Morelos Cruz, corresponsal)

Informe sobre violencia feminicida de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Boletín de prensa Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Difusión Cencos México D.F., 19 de noviembre de 2009

El presente informe sobre el Feminicidio en Morelos elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos actualiza datos, presenta conclusiones y solicita acciones para procurar justicia sobre la grave situación que padece un número creciente de mujeres en la entidad y retoma los principales planteamientos elaborados por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada del Congreso de la Unión sobre este tema, que concluyeron en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Morelos.

La violencia feminicida

Morelos presenta un panorama que debe alertar y mover a la sociedad en general, de manera relevante por el número creciente de asesinatos de mujeres.
Del año 2000 a septiembre de 2005 se registraron 122 casos de asesinatos en donde un 15.5% de mujeres que quedaron en calidad de desconocidas.

En el año 2006 se contabilizaron 20 mujeres asesinadas, mismas que fueron encontradas en diversos lugares del estado.

En 2007 se contabilizaron 29 mujeres asesinadas, en el 2008 fueron 31 y en lo que va de este 2009 año son ya 30 las mujeres asesinadas, victimas de esta violencia feminicida. Sumando una cantidad de 232 feminicidios en 10 años. Esta es la triste y dramática realidad que muchos funcionarios no quieren ver.

El mapa del Feminicidio en Morelos

En el caso de Morelos hasta el año 2006, se ubica a Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec y Amacuzac, como los de mayor incidencia de casos de violencia feminicida, sin embargo los asesinatos de mujeres registrados en los diarios locales dan cuenta que para el año 2007 se suman los municipios de Temixco, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jonacatepec, Jantetelco, Puente de Ixtla, Huitzilac, Ciudad Ayala, Emiliano Zapata y Miacatlán, para los años 2008 y 2009. Siendo 17 los municipios en donde han ocurrido estos hechos.

La percepción social del feminicidio

Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores el feminicidio representa un hecho grave en Morelos, ya que los hombres hacen valer su fuerza a través de elementos que demuestren su superioridad ante las mujeres, algunos de éstos son inculcados desde la niñez, en los medios de comunicación e incluso socialmente está bien visto que el hombre utilice herramientas y hasta armas para ciertas actividades características de un modelo masculino visto de manera machista e incluso en los empleos que están destinados a los hombres casi por el solo hecho de ser hombres.

La impunidad tiene responsables

La insensibilidad de los Ministerios Públicos para atender adecuadamente, la falta de preparación en criminalística y antropología forense para realizar investigaciones adecuadas. A pesar de la existencia de tres oficinas (Cuautla, Jojutla y Cuernavaca) para atender denuncias, ha sido insuficiente para atender todos los casos denunciados, y fomenta la impunidad. No se investiga su actuación y por lo tanto no se sanciona a pesar de que la Ley así lo señale.

Legislación y sanciones

La legislación que presenta el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el Código Procesal Civil solo tiene pequeños avances que no toman en cuenta la violencia feminicida, solo aplica algunas sanciones contra el hostigamiento sexual y la violencia intrafamiliar, con la Ley de Prevención y Asistencia Contra La Violencia Intrafamiliar para Morelos, mismos que no han demostrado aún avances respecto a mejoras en la impartición de justicia o en la solución de problemas derivados de la violencia feminicida.

Así los casos emblemáticos demuestran diversas fallas por diferentes autoridades como lo son la procuraduría de justicia y la secretaría de seguridad pública, entre otras. Es necesario señalar que, muchos casos que terminan con la muerte de mujeres, previamente hubo violencia reiterada conocida por vecinos, familiares y en varios casos por autoridades ya sea en demanda de divorcio, denuncias por lesiones y amenazas que algunas son retiradas pero el antecedente no es tomado en cuenta para tomar medidas preventivas.

La atención a la violencia feminicida debe ser prioritaria a las primeras señales para detener la incidencia de más casos de muertes por violencia de género.

La educación sobre el término feminicidio será crucial para comprender la situación del feminicidio en Morelos, es necesario erradicar el pretexto de que emplear usualmente este término pueda conllevar a que un caso se pierda por usarlo legalmente.

Resolver y atender los derechos de las mujeres representará sin embargo más acciones tales como que las mismas diputadas cuenten con una real perspectiva de género y den un contundente alto a la marginación que provocó un rezago de más de 30 años en detrimento de las mujeres en cualquier actividad en la que se desarrollan.

Esta situación es particularmente relevante, porque si bien es cierto en el Congreso de Morelos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se decidió no incluir el término feminicidio en el Código penal bajo el falso argumento de que sería reiterativo al ya existir el homicidio doloso, sin especificar lo que representa esta conducta misógina y machista de uso de la violencia extrema en contra de las mujeres, y otra cosa que la ley en Morelos eliminó es el término impunidad en el capítulo sobre feminicidio, lo que significa que no se valora realmente el papel de la violencia institucional y social que está en la base de estos crímenes de género contra las mujeres.

Finalmente, es evidente la urgencia de eliminar la desigualdad de género y políticas específicas para erradicar la violencia contra las mujeres, avanzar en las campañas de capacitación a funcionarios de todos niveles y en la concientización de la ciudadanía.

Informe completo: 20 mujeres asesinadas en 2006, 122 mujeres asesinadas del 2000 al 2005

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Violencia Hacia la Mujer: Parte Inherente del Sistema Patriarcal y Capitalista

Marcha Mundial de las Mujeres

La violencia hacia las mujeres es estructural, es una propiedad inherente de los sistemas patriarcal y capitalista, y es usada como una herramienta de control de la vida, cuerpo y sexualidad de las mujeres por hombres, grupos de hombres, instituciones patriarcales y Estados. A pesar de que afecta a las mujeres como grupo social, cada violencia tiene un contexto específico y tenemos que comprender cómo, cuándo y por qué ocurre la violencia hacia las mujeres.

La idea general sobre la violencia hacia las mujeres es que se trata de una situación extrema o localizada, involucrando a personas individuales. Pero ella nos toca a todas, pues todas ya tuvimos miedo, cambiamos nuestro comportamiento, limitamos nuestras opciones por la amenaza de la violencia. Otra idea es que la violencia hacia las mujeres es sólo un problema de las clases bajas y de las culturas “bárbaras”. Sin embargo, también sabemos que ese tipo de violencia es transversal y que atraviesa todas las clases sociales y diferentes culturas, religiones y situaciones geopolíticas.
A pesar de ser más común en la esfera privada –como violencia doméstica, sea ésta sexual, física, psicológica o abuso sexual– la violencia hacia las mujeres y niñas ocurre también en la esfera pública, que incluye (pero no se limita a): feminicidio, acoso sexual y físico en el lugar de trabajo, diferentes formas de violación, mercantilización del cuerpo de las mujeres, tráfico de mujeres y niñas, prostitución, pornografía, esclavitud, esterilización forzada, lesbofobia, negación del aborto seguro y de las opciones reproductivas y autodeterminación , etc. El silencio, la discriminación, la impunidad, la dependencia de las mujeres en relación a los hombres y las justificaciones teóricas y psicológicas toleran y agravan la violencia hacia las mujeres.
La violencia, la amenaza o el miedo a la violencia, son utilizados para excluir a las mujeres del espacio público. Las mujeres pagan con sus vidas por trabajar en la esfera pública en lugar de quedarse en casa como lo dictamina la cultura patriarcal, por ir a la escuela o a la universidad, por “atreverse” a vivir su sexualidad abiertamente, por prostituirse a ellas mismas por falta de opciones. En un contexto de criminalización de los movimientos sociales, la represión contra mujeres activistas involucradas con la lucha muchas veces toma la forma de violencia sexual. Además, la discriminación contra las mujeres se compone por la intersección de diferentes formas de opresión: ellas son discriminadas por ser mujeres, pero también por su color de piel, lengua, raza, etnia, clase social (y situación financiera), religión, sexualidad...
La raíz de la violencia hacia las mujeres está en el sistema patriarcal y el capitalismo, que imponen una necesidad de control, apropiación y explotación del cuerpo, vida y sexualidad de las mujeres. El patriarcado funciona a través de dos principios: la noción que las mujeres son propiedad de los hombres (y por eso las mujeres estarían al servicio de los hombres y no podrían decirles que no nunca) y la división de las mujeres en dos categorías: “santas” y “putas”. Como parte de ese sistema, la violencia es la punición para aquellas que no se encuadran en el papel de la “santa” buena madre y esposa. Por ejemplo, es común que los hombres justifiquen que agredieron, verbal o físicamente, a sus esposas porque la comida no estaba lista o porque la ropa que querían ponerse no estaba limpia. También es un castigo para aquellas que son consideradas “putas” y los agresores y la sociedad justifican la agresión diciendo que la mujer estaba caminando sola de noche, o porque son lesbianas y se les debe enseñar a ser heterosexuales, o porque la ropa que la mujer usaba no era decente.
Como parte de la cultura patriarcal, la masculinidad está asociada a la agresividad, y a los jóvenes se les enseña que ser violentos (y no mostrar emociones) es ser un “verdadero hombre”, empujándolos –en algunos casos– a unirse a bandas sexistas o racistas. Nuevas formas de violencia con respecto a jóvenes mujeres, como asedio sexual hacia las estudiantes y violencia de grupos en las escuelas, se revelan y crecen cada día. Las mismas instauran relaciones y divisiones sexistas de papeles entre jóvenes mujeres y hombres sin que haya cualquier discusión pública sobre esos estereotipos devastadores. La noción impuesta por el patriarcado de que las mujeres son la propiedad de los hombres incluye también un aspecto económico que se expresa en la unión entre el patriarcado y el capitalismo, imponiendo una división sexual del trabajo con roles “naturales” para mujeres y hombres. De esta forma, las mujeres son caracterizadas como mano de obra muy barata siempre disponible para el cuidado de los otros y para todo el trabajo que esto implica. Así, asistimos a dos niveles de dominación de las mujeres dentro de los sistemas patriarcal y capitalista: por un lado, hay una explotación del trabajo de las mujeres y, por otro, la violencia como herramienta para mantener la dominación del hombre. Y, por lo tanto, no podemos hablar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres sin demandar la erradicación de los sistemas patriarcal, capitalista y colonialista.
La violencia contra las mujeres y la misoginia son intensificadas en la medida en que los actores y políticas de la globalización neoliberal se afianzan en la economía. El feminicidio[1] aumenta cuando se promueven y firman acuerdos de libre comercio en las Américas (como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte – NAFTA en inglés, bajo el cual los lugares de trabajo, como las fábricas, aprovechan de la flexibilidad de las leyes laborales y ambientales): un gran número de mujeres mexicanas son asesinadas, por ejemplo, cuando cruzan la frontera con los Estados Unidos y en la propia ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. El ataque a los derechos reproductivos y a los servicios de salud ha ido en aumento a medida que los servicios sociales se han ido privatizando o se les ha recortado el presupuesto. Cada vez más, son traficadas mujeres cada vez más jóvenes, a medida que se globaliza la industria sexual. Las mujeres son violadas en guerras desatadas en nombre de la “propagación de la libertad” y en las invasiones realizadas por potencias extranjeras (como la invasión americana a Afganistán) que se “justifican” en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres.

¿Cómo podemos luchar contra la violencia hacia las mujeres?

En muchos países ya hay leyes y convenciones internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW en inglés) que “protegen” a las mujeres, pero no son suficientes, porque muchas veces ni siquiera son aplicadas en la práctica. Aún más, estas leyes y convenciones ponen el foco de la violencia en las mujeres, como si fuera nuestro problema, con el cual tenemos que lidiar, cuando –por el contrario, y como hemos visto anteriormente– necesitamos cuestionar el papel de los hombres en la violencia y denunciar el hecho de que la violencia es estructural.
Sabemos que las medidas punitivas son necesarias, pero insuficientes para erradicar la violencia; en aquellos países donde existen es difícil que lleguen a las mujeres que no pertenecen a la categoría clase media, urbana y blanca. Tenemos que exigir que nuestros Estados se hagan responsables, demandar políticas públicas para las sobrevivientes de violencias, para las mujeres y niños traficados, para los grupos minoritarios (mujeres de color, de determinada religión, etc.), para las mujeres rurales, migrantes e indígenas. Pero además, son necesarias acciones que busquen prevenir y que cohíban los actos de violencia antes de que ocurran.
Tenemos también que discutir el rol de los gobiernos y del Estado. Hoy día el Estado es simultáneamente protector y opresor, a la vez portador del interés general y defensor de los privilegios, y patriarcal y violento (contra las mujeres, pueblos indígenas, migrantes, personas de color[2]). Incluso la policía que hace cumplir muchas de las políticas que demandamos, a su vez es la misma que perpetra la violencia hacia las mujeres, reprime a los movimientos sociales y es parcial en términos sociales y raciales. Reconocemos la contradicción inherente de esta situación, pues el hecho es que, para muchas mujeres, contar con el Estado, que representa un poder exterior y superior, es la única forma que tienen para defenderse contra la violencia en sus comunidades y familias.
Por el contrario, el Estado que nosotras demandamos es aquel que promueva las libertades y derechos para todas y todos, que intervenga en la economía y que esté estructurado con formas diversificadas de democracia participativa y control ciudadano.
Las mujeres siempre han resistido, y siguen resistiendo, en el ámbito individual y colectivo. Siempre que una mujer actúa de esa forma, al desafiar o denunciar la violencia contra ella misma o mujeres de su comunidad, está rompiendo con el paradigma dominante. Necesitamos apoyar su resistencia al condenar y denunciar a los hombres que cometen violencia contra las mujeres, y confrontar públicamente a los hombres y a la sociedad sobre el tema de la violencia hacia las mujeres. También debemos denunciar la complicidad de hombres, Estados e instituciones tales como las fuerzas armadas y religiones. Necesitamos movilizar a la sociedad civil, pensar estratégicamente y promover acciones radicales para la prevención y denuncia de la violencia masculina contra las mujeres. En ese proceso, las mujeres del sector no lucrativo –que brindan servicios que son esenciales para el empoderamiento y atención de las mujeres– y movimientos locales fuertes –donde las mujeres de las comunidades son protagonistas– juegan un papel decisivo.
Nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres queremos generar un debate y una acción política amplia que promueva cambios en nuestras culturas patriarcales y se anticipe a la realización de la violencia, siendo verdaderamente preventiva. Ya se conoce la extensión y la intensidad de la violencia, entonces, no es necesario esperar que exista más una denuncia, sino tener ese tema en la agenda de los grupos de mujeres, en las organizaciones mixtas, en las radios comunitarias, en los periódicos y medios de comunicación de los movimientos. Para eso, creemos que el movimiento feminista debe construir una fuerte y amplia auto-organización de las mujeres luchando por la autonomía (económica, sexual, reproductiva, personal, etc.) y la autodeterminación.
Los grupos de mujeres se fortalecen a través de encuentros de diálogo, debates, manifestaciones, trabajos corporales de auto-defensa. El objetivo no es ubicar a la violencia sexista como un problema de algunas mujeres, sino fortalecernos a todas, aprendiendo y reaprendiendo a resistir, a construir y reconstruir nuestras vidas sin violencia.
Valorizamos como un paso importante en esta lucha el hecho de que movimientos sociales mixtos –que sean urbanos o rurales– se dispongan a enfrentar a la violencia contra las mujeres. Para este fin, declaramos nuestra solidaridad con la Via Campesina en su “Campaña Mundial por el fin de la Violencia contra las Mujeres” que fue lanzada en su 5ta Conferencia Internacional realizada en Mozambique en octubre de 2008. Reconocemos la importancia de que tanto mujeres y hombres se ocupen de responsabilizar a los hombres por la violencia contra las mujeres.

Frente a la violencia hacia las mujeres, demandamos:

§ La adopción de medidas que indiquen el compromiso de los diversos actores para reconocer a las mujeres como individuos y ciudadanas de pleno derecho desde la infancia. Por ejemplo: la utilización de lenguaje inclusivo en materiales didácticos, la promoción de una educación no-sexista que rompa con la división sexual e jerárquica de roles entre niños y niñas, campañas de concienciación popular y la garantía de espacios de participación política;

§ El apoyo con recursos a los movimientos de mujeres y grupos de mujeres sin fines de lucro, que están al frente en el soporte de las que se recuperan de discriminaciones, abusos y violencias;

§ La atribución de responsabilidad a los medios comerciales como portavoces de los sistemas patriarcal y capitalista por la continua mala representación, apropiación y abuso del cuerpo femenino;

§ La prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas por medio de actividades de sensibilización, explicitando cómo ocurre la violencia, cuáles son sus causas, y cómo se manifiesta, así como por medio del estimulo a la auto organización de las mujeres;

§ La condenación del uso sistemático del cuerpo de las mujeres como arma de guerra en conflictos armados, así como el rechazo que ellas enfrentan (y los niños nacidos producto de violaciones) de parte de sus familias y comunidades, siendo culpadas por la violencia que han sufrido;

§ La punición de los perpetradores de la violencia - sea en la esfera privada, sea en la esfera pública - hacia las mujeres.

Y nos comprometimos a:

§ Denunciar las distintas expresiones de la violencia patriarcal hacia las mujeres en los diversos países, como (pero no limitado a), el feminicidio, las mutilaciones genitales, el levirat - sororat[3], ‘crímenes de honor”, turismo sexual, tráfico de mujeres y niñas, esterilización forzada y las situaciones de violencia vividas por las mujeres comprometidas con las luchas, las mujeres encarceladas, las lesbianas y las mujeres con discapacidades;

§ Trabajar para transferir hacia los hombres perpetradores de la violencia el estigma que actualmente recae sobre las mujeres victimas;

§ Denunciar la mercantilización del cuerpo de las mujeres y continuar el debate sobre la prostitución, especialmente por ocasión de la Copa Mundial de Fútbol en 2010;

§ Dar visibilidad a todas las formas de resistencia de las mujeres a la violencia sexista, sobre todo en ámbito colectivo, y de esta forma romper la cultura del silencio en nuestras comunidades que rodean a esta violencia;

§ Combatir la violencia a través de acciones de sensibilización junto a movimientos sociales aliados, y campañas de educación popular que favorezcan la concienciación feminista;

§ Hacer visibles los vínculos entre las políticas patriarcales que perpetúan la violencia contra las mujeres (tales como la impunidad para los agresores, la negación de la autodeterminación reproductiva, criminalización de mujeres activistas, prohibición del aborto, etc.) y actores y políticas neoliberales. Llamar la atención sobre el feminicidio, por ejemplo, y sus vínculos con los acuerdos de libre comercio;

§ Trabajar en alianza con movimientos sociales mixtos (en los cuales hombres y mujeres participan) para garantizar la construcción de un ambiente en el cual la violencia contra las mujeres no sea aceptable (y de espacios físicos libres de violencia) como principio rector de estos movimientos.

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*Texto referente al campo de acción “Violencia hacia las mujeres”, de subsidio a la preparación de la Tercera Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Los textos de todos los campos de acción están disponibles en castellano, inglés y francés en el sitio de la MMM: http://www.marchemondiale.org


[1] El misógino y excepcionalmente brutal genocidio de mujeres, muchas veces acompañado por violencia sexual extrema e impunidad para sus agresores.

[2] Por ejemplo, en 2007, la tasa de encarcelamiento en prisiones estaduales o federales en EEUU, de hombres blancos fue de 773 sobre 100,000, de hombres negros 4,618 sobre 100,000, de hombres hispanos 1,747 sobre 100,000. La tasa de mujeres blancas es 95 sobre 100,000, de mujeres negras 348 sobre 100,000, de mujeres hispanas 146 sobre 100,000 (Sabol, William J., Couture, Heather, Bureau of Justice Statistics, Prison Inmates at Midyear 2007, Washington, DC: US Department of Justice, 2008).

[3] Casamiento forzado de una viuda con el cuñado o de un viudo con la hermana de su difunta esposa.

Perú: Trabajadoras Forzadas a la Informalidad

por Maritza Asencios para IPS.

Lima, noviembre 2009 - En Perú, 51 por ciento del empleo lo genera la economía informal, un sector que tiene rostro femenino, porque más de 60 por ciento de las trabajadoras del país se ven forzadas a la informalidad, lo que se traduce en que sólo 15 por ciento de ellas goce de seguro de salud y cuatro por ciento de derecho a la pensión.

Son datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya coordinadora de Género para la subregión andina, María Bastidas, explicó a IPS que los nichos informales donde trabajan más mujeres son los de cuenta propia (ambulantes y a domicilio), microempresas, labores agrícolas temporales, servicios en los hogares y los familiares no remunerados.
Bastidas, autora del estudio "La trabajadora informal en el Perú", explicó que entre las razones para el predominio de la economía informal se destacan el desajuste entre legalidad y realidad, el déficit del empleo formal, la baja inversión y las secuelas de la crisis de los años 80 y 90, que propició el desarrollo de las llamadas economías de supervivencia.
A ello hay que agregar las migraciones rurales a las ciudades y un problema cultural y educativo que impediría la incorporación a la economía moderna, detalló la experta de la OIT, cuya sede latinoamericana está en la capital peruana.
Lo cierto es que este país sudamericano ha tenido largos períodos de no inversión productiva y casi nula demanda de nuevos trabajadores, mientras que en las etapas en que sí aumentó la inversión no lo hizo igual el empleo formal, debido a las actividades a las que se orienta el capital.
A este modelo estructural, se sumó en la década de los 80 una crisis económica que eliminó decenas de miles de puestos de trabajo, cerró numerosas empresas y forzó a los peruanos a la informalidad laboral.
Perú, con 28,7 millones de habitantes y prácticamente la mitad mujeres, tiene una población económicamente activa de 10,6 millones, de la cual 35,4 por ciento es femenina, según las cifras más recientes.
"Hace 20 años, trabajé en un hospital, pero tenía dos niñas y no tenía dónde dejarlas, así que me fui y ni siquiera como servicio doméstico encontraba trabajo al tener hijas pequeñas", relató a IPS Gloria Solórzano, secretaria de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
"Ahora digo con mucho orgullo que soy ambulante: trabajo desde hace 15 años en La Victoria, a un costado del mercado mayorista" de la capital peruana, informó.
"Por sus cargas familiares, las mujeres tienen que ver como emplearse. Por eso recurren al trabajo informal. Son recicladoras, taxistas, mototaxistas, o hacen servicios múltiples, trabajos domésticos", explicó la dirigente sindical.
En el comercio ambulante, contó, se ven desde adultas mayores hasta jóvenes madres con sus hijos al lado. "No están en la calle porque quieren: no hay trabajo y deben responder por la educación y alimentación de sus hijos", dijo.
Conciencia para cambiar - Para Solórzano, es fundamental crear conciencia en la sociedad, el gobierno, los medios y en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sobre los cambios urgentes y necesarios en el mercado laboral, si se quiere brindar trabajo decente en el país.
"Debe haber una decisión del gobierno de implementar más empleos, pero dignos", subrayó, antes de considerar que posiblemente eso sólo podrá conseguirse con una nueva Constitución, porque la actual, herencia del gobierno derechista de Alberto Fujimori (1990-2000), es una barrera para un cambio en el mercado del trabajo.
Aparte de la falta de empleo, las mujeres optan por la informalidad porque muchas empresas obligan a trabajar 12 horas o más y en ocasiones pagan menos del salario mínimo, pese a que sea ilegal, así que las mujeres logran mayor ingreso y flexibilidad para conciliar trabajo y familia dentro de ese sector.
"Si esos derechos fueran respetados, muchas mujeres nos inclinaríamos por un trabajo formal. Pero además aunque quisiéramos no hay trabajo, pues en el país han sido violadas las leyes laborales, éstas no se cumplen", arguyó Solórzano.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo presentado en octubre abona la posición de la activista sindical: en Perú la brecha salarial entre hombres y mujeres de la misma edad e idéntico nivel educativo se mantiene en 19,4 por ciento, cuando el promedio latinoamericano es de 17, 2 por ciento.
"El trabajo decente para la mujer no existe, y menos en Perú. El trabajo de la mujer no es visible, aún creen que no existimos como trabajadoras", indicó Solórzano.
Para la directiva de la CUT, formalizar la informalidad también requiere de capacitación para que las mujeres se organicen en pequeñas empresas y consigan apoyo en el mercado de sus productos.
Según el economista Edgar Galván, ex director general de PYME (pequeña y mediana empresa) y Cooperativas del Ministerio de la Producción, "hay una tendencia creciente de mujeres conductoras de pymes, por elementos que la refuerzan, como la gestión y la fiabilidad en términos del crédito. Ser mujer tiene una connotación subjetiva de mayor acceso al microcrédito".
Detalló que 70 por ciento de las pymes peruanas son informales y, en consecuencia, su empleo es informal en ese mismo porcentaje. Se trata de empresas de alto componente familiar de trabajadores no remunerados, donde la mayoría son mujeres.
Las pymes conducidas por mujeres se ubican mayoritariamente en los sectores de los servicios y el comercio (60 por ciento) y hay muy pocas en las áreas de transformación e industria.
Para el experto, es esencial capacitar a las responsables de esas unidades económicas para que adquieran una visión empresarial, porque no surgieron como una oportunidad de negocio, sino como una vía de salvación para la supervivencia familiar.
"Son una respuesta a la falta de empleo formal, pero también expresan una distorsión de nuestra educación, pues nos educan para ser empleados y no para ser empresarios, por eso nuestra ‘empresarialidad’ es baja", indicó Galván.
"Es necesario que la mujer emprendedora o conductora de pymes asuma que tiene que generar espacios de capacitación, de asistencia técnica, y buscar un nivel de ‘empresarialidad’ fuerte", concluyó.
Del dominio al liderazgo - Si un sector laboral domina la mujer peruana, ese es del comercio informal, que en 80 por ciento está en manos femeninas, la gran mayoría cabezas de familia y de toda edad y condición civil.
El descubrimiento decidió a Solórzano a fundar hace seis años, junto con otras 11 comerciantes de diversos distritos limeños, la Red de Mujeres Trabajadoras Ambulantes de Mercados, Paraditas (paradas de transporte colectivo) y Campos Feriales.
Actualmente, tienen 16 redes en la capital y su entorno y otras cuatro en diferentes departamentos del país, una cifra que duplicarán en breve.
La Red comenzó en el industrial Cono Norte de Lima, y algunas de sus integrantes pasaron a dirigir sus asociaciones, como Rita Maguiña, actual presidenta de la confederación de trabajadores ambulantes y secretaria de organización de la Red.
"No pensé ser líder, pero al ver los abusos de las autoridades y de los propios dirigentes, decidí participar, apoyar y cambiar la estructura. Me dije, si las mujeres somos la mayoría de trabajadores ambulantes, ¿por qué somos dirigidas por varones?", dijo Solórzano.
"Una lleva en la conciencia buscar un cambio. Si hay muchas mujeres vendiendo en la calle, tengo que buscar un cambio en el país, no para nosotras porque posiblemente no lo vamos a gozar, pero será para nuestros hijos", reflexionó.
"Detrás de una mujer existe un hogar. Quisiéramos tener un hogar con empleo digno, donde los hijos tengan paz para el desarrollo, para el futuro de nuestro país. Porque un parque lleno de flores no saciará el hambre del país", remató Solórzano.

Sexual Assaults, Inadequate Healthcare Among Spate of Issues Facing Women Servicemembers

From Democracy Now!

Amy Godman interviews Anuradha Bhagwati, Executive Director of Service Women’s Action Network, an advocacy group for women veterans. She is a former captain in the United States Marine Corps.

The rate of sexual assaults within the US military also exceeds that of the general population. A Pentagon report earlier this year found one in three female servicemembers are sexually assaulted at least once during their enlistment. Sixty-three percent of nearly 3,000 cases reported last year were rapes or aggravated assaults. Despite what some have called an epidemic of military sexual trauma, the delivery of healthcare to women veterans remains grossly inadequate.

AMY GOODMAN: Unfortunately, health insurance is just one of many serious problems vets face. Veterans account for up to a quarter of all homeless in the country. Up to one in five veterans of the wars in Iraq and Afghanistan suffer post-traumatic stress disorder. Vets face suicide rates double the national average.

Meanwhile, the rate of sexual assault within the military also exceeds that of the general population. A Pentagon report earlier this year found one in three female service members are sexually assaulted at least once during their enlistment. Sixty-three percent of nearly 3,000 cases reported last year were rapes or aggravated assaults. Despite what some have called an epidemic of military sexual trauma, the delivery of healthcare to women veterans remains grossly inadequate.

For more, we’re joined in our firehouse studio by Anuradha Bhagwati. She is the executive director of Service Women’s Action Network, an advocacy group for women vets. She’s also a former captain in the US Marine Corps and a former Democracy Now! producer.

So it’s great to have you back here in this last week of broadcasting from our firehouse studio. Great to have you with us.

ANURADHA BHAGWATI: Thanks, Amy.

AMY GOODMAN: Start off by talking about the issues women face.

ANURADHA BHAGWATI: Alright. Well, one of the things that a lot of people don’t realize is women make up 15 percent of today’s military, so about one in seven soldiers are female. And the face of war has completely changed because of the conflicts in Iraq and Afghanistan.

Women are being used on the so-called front lines every single day. And commanders—and by that, I mean infantry commanders themselves—are violating DOD policy every single day by actually degrading women at the lowest levels of combat. So you have non-infantry support soldiers who are women, and male, serving with the infantry, attached to infantry units, doing combat patrols, kicking down doors.

And because of this need to sort of win hearts and minds on the ground, and because Afghan and Iraqi women are so critical in our relations on the ground with local villages, women are being used to sort of form those relationships on the ground. Women have access to local villages, to homes, that male soldiers don’t. And so, women are often taking off their helmets and going in with headscarves into local homes, doing the searches.

And it’s completely unprecedented. The DOD did not expect this, going into these wars, that women would be virtually fully integrated into the military on the ground. And so, congressional policy hasn’t yet caught up with what’s playing out in these conflicts.

AMY GOODMAN: And here at home, the whole—the figures that I just laid out about what happens to women in the military, the level of assault, I mean, that is just astounding. Lay out what the figures are.

ANURADHA BHAGWATI: Right, it is astounding. Approximately one in three women are sexually assaulted. And I would say virtually every woman experiences some form of sexual harassment in the military. I think it’s underreported, in part because women themselves are so ingrained and indoctrinated to sort of cope in an all-male environment, which is, on a daily basis, extremely abusive, whether that’s verbally or physically, that, you know, in order to survive, say, a four-year tour in the military, you do have to put on a suit of armor that allows you to simply get by from day to day, you know, dealing with kind of the systemic, you know, verbal harassment, you know, pornography in the barracks, this type of thing.

And so, you know, that kind of trauma that results from, again, several years of what’s likely verbal harassment and quite possibly sexual assault can lead to post-traumatic stress disorder, major depression, anxiety disorder, all of which are extremely debilitating conditions. So women who are coming out of the military, whether or not they’ve actually been in combat, been deployed overseas, are likely to suffer from various sorts of trauma. And, you know, any time a soldier experiences trauma, they’re more likely to need help from an institution or a nonprofit coming out.

And the VA is completely—the Department of Veterans Affairs is completely overwhelmed, with veterans, in general, but again, they weren’t prepared for this surge of women veterans coming back from these two conflicts, you know, that they are under-resourced in terms of female counselors, female mental health professionals, female physicians. And for women who have experienced trauma, it is often necessary that they be treated by female health professionals. You know, to walk into a VA hospital having been sexually harassed or sexually assaulted, it can be a nightmare for a woman veteran. You know, she is likely to not come back at all.

AMY GOODMAN: Why a nightmare?

ANURADHA BHAGWATI: Well, it’s an all-male environment, which women veterans are used to, but a lot of the patients can harass, you know, their fellow women patients. The staff members—you know, depending on what hospital you go into, because some VA hospitals are—do treat women fairly well. The ones that I’ve been to do not treat women well. It’s really hit or miss. So you’re sort of—you’re taking a risk by using VA facilities if you’re a woman.

You know, if you have a child, there’s no guarantee of childcare. You may have to travel several hours to reach a VA hospital.

But, you know, if the staff themselves are not trained in what military sexual trauma is, what the ramifications and consequences of sexual trauma is, what that looks like, the likelihood of having experienced it if you’re a woman in the military, you know, you’re really subjecting a woman to the high possibility of further trauma.

AMY GOODMAN: Anuradha Bhagwati, you testified before the House twice—the House Committee on Veterans’ Affairs, Subcommittee on Disability Assistance and Memorial Affairs—last July. Talk about the examples that you used to illustrate what happens in the VA. For example, the Iraq veteran who checked herself into inpatient psychiatric care.

ANURADHA BHAGWATI: Sure. A lot of these units are not equipped to deal with women, so what you often find is that women are being forced to share facilities with male patients. So, in this particular example, an Iraq veteran was going through an extreme episode of PTSD, was feeling suicidal, and so she checked herself into a California VA hospital and was forced to share bathroom facilities with men, was forced to share a facility with a peeping tom, was told by a nurse practitioner that she had to eat with men or she wouldn’t be able to eat at all, she wouldn’t be given any food.

And that kind of treatment is all too common. You know, there’s a real lack of privacy and of understanding that, you know, closed curtains means you have to close the curtain, this type of thing. I mean, I could give you any number of examples at local hospitals here where that’s the case. You know, the VA is looking at having private female clinics in every single hospital, but that’s—you know, that’s years down the road. It’s really up to individual VA managers to make that happen on the ground.

AMY GOODMAN: You also described to the House subcommittee a woman veteran from Afghanistan, single mom who was raped in theater.

ANURADHA BHAGWATI: Yes. I mean, that’s also extremely common. You know, there were about 3,000 reported sexual assaults last year, which is an extremely low estimate. I mean, those were reported, which means that women and men who had experienced sexual assault went through the formal procedures to tell their chain of command. It’s—

AMY GOODMAN: Say that number again. How many a year?

ANURADHA BHAGWATI: It was just over 2,900.

AMY GOODMAN: That’s like nine a day?

ANURADHA BHAGWATI: Something like that. And what we believe is that it’s about half of what is actually occurring. There are several reports that indicate that actual assaults are much higher. To actually report an instance of sexual harassment or sexual assault takes a great deal of courage, but not just courage, a lot of luck. It depends on your commander. It depends on your command climate. It depends on whether they’re actually going to support you. And it’s very likely that your commander will not just not support you, but further punish you or allow further harassment of you by the men and women in your command. So, you know, you’re taking a lot of risk by reporting either sexual harassment or assault. Oftentimes you end up being the victim again. And you cannot transfer out of your unit just like that. You can’t quit your job.

You know, in fact, it’s useful to look at Senator Franken’s recent legislation, sexual assault against military contractors. His legislation would allow a contractor to sue his or her employee for sexual assault, something that isn’t the case for women and men in the military who are sexually assaulted. So if this legislation goes through—

AMY GOODMAN: Wait, explain again?

ANURADHA BHAGWATI: Senator Franken is concerned about—you know, there’s a high-profile case of a military contractor in Iraq who was kept in a Conex box for a week, and she was sexually assaulted by her fellow employees. She wasn’t allowed to sue the contractor at that time. This legislation that Senator Franken is putting through Congress would allow her and all contractors to sue their employees in these cases of sexual assault.

Women in the military who are sexually assaulted cannot sue the Department of Defense for failure to act, right? So there are really very few protections against you if you report a sexual assault or sexual harassment. You can’t quit your job. You can’t just transfer to another unit. You’re completely, you know, at the whim of your commander.

AMY GOODMAN: And the story of the woman who was raped in theater coming back to a VA facility for treatment?

ANURADHA BHAGWATI: Yes, I mean, that’s one of many examples. You know, SWAN, Service Women’s Action Network, the organization I direct, we have clients—we have legal services, pro bono legal services, for women veterans and male veterans who are victims of sexual assault. And it’s very common for veterans who have experienced sexual assault or sexual harassment to just refuse to use the VA after a bad experience. Women under-utilize the VA, to begin with, whether or not they’ve been sexually traumatized in the military.

There is, you know, a male bias in the VA, whether that’s the actual hospitals or the benefits administration. I mean, we’re also seeing in the claims process that, you know, for the average veteran it’s a nightmare to even file a claim for compensation, a disability claim. Say you come back from war with PTSD; it can be an absolute nightmare, you know, months and months of paperwork and wrangling with the bureaucracy. For women, it appears that there is a male bias, especially when it comes to MST claims. And we’re actually working on pushing legislation through Congress right now.

AMY GOODMAN: Military sexual trauma.

ANURADHA BHAGWATI: Military sexual trauma.

AMY GOODMAN: Your final recommendations?

ANURADHA BHAGWATI: You know, trauma from military experience is extremely common. When you’ve been hurt by the military, you’re less likely to trust the VA. It’s extremely important that nonprofits who are serving veterans get the support that they need and that the civilian-veteran partnerships that are out there also get the funding that they need, because, you know, our government is not doing its job right now. We need to pick up the slack for them.

AMY GOODMAN: So you’re recommending the support of nonprofits. What else, when it comes to veterans?

ANURADHA BHAGWATI: I mean, I think we should—we should realize that, you know, veterans are in our midst, right? I mean, if approximately one in four homeless people are veterans, it’s important to look at the shelters that exist in our communities, at the social service agencies. And it’s important to educate everyone involved in serving the normal local population that there are veterans here. They have very specific needs from military service, and unless we address those needs, we’re going to see more indigence, more unemployment, more homelessness.

AMY GOODMAN: Anuradha Bhagwati, I want to thank you very much for being with us, executive director of SWAN. That’s the Service Women’s Action Network, an advocacy group for women veterans. She is a former captain in the United States Marine Corps.

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