Por Sara Lovera desde Palabra de Antígona
La doctora Norma Blázquez Graf en su texto El Retorno de las Brujas, documenta con los datos mas confiables de la literatura difundida en los últimos 50 años, que entre el siglo XIII y el XIV al menos 110 mil mujeres fueron expulsadas, perseguidas y torturadas, 60 mil de ellas ejecutadas, todas acusadas de “brujería”.
El libro, que explica la historia femenina de la creación de conocimiento, sostiene que esa estrategia de exterminio tenía que ver con que las víctimas habían transgredido el poder de la época, negarse al control de su cuerpo y de su pensamiento, por haber actuado y crecido.
Acalladas por su capacidad y sus propuestas de transformar el mundo mujeres, “brujas” o locas, pero finalmente presas de conciencia son ejemplo de que no admitir el sometimiento en todos los planos nos hace vulnerables. Un relato se diría del pasado remoto, instalado por la horrenda historia inquisitoria y funesta.
Ello viene a cuenta en esta hora por el listado creciente de denuncias cotidianas que circulan en las redes ciberespaciales y de comunicación que llegan a mi computadora todos los días: persiguen y amenazan a periodistas mujeres por los temas que tratan, otrora no considerados peligrosos para el poder: la trata, el aborto, la corrupción de funcionarios públicos, la denuncia de pederastia y violaciones, por pronunciarse a favor de la libertad sexual de las mujeres.
Asuntos todos que me conectan con ese pasado y me remiten al famoso texto El Martillo de las Brujas o la guía práctica de los verdugos que debían identificar y someter a sus víctimas.
Pienso que es ahí donde se han inspirado los políticos, caciques, emperadores modernos para mantener en la cárcel a Sara López Gómez por oponerse en Campeche a las intolerables tarifas eléctricas; para atemorizar la libre expresión de Gabriela Gallegos, directora de la revista electrónica Contra Línea de Durango, cuya casa fue asaltada hace unos días por oscurantistas que se llevaron sus materiales de trabajo y sus archivos.
También me remito a la estudiante de la UNAM, Lucía Moret, amenazada por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Y recuerdo el largo peregrinaje de la periodista Lydia Cacho y las amenazas y represiones contra SanJuana Martínez por haber denunciado la pederastia.
Lo grave es que no se trata únicamente de la política conservadora del desgobierno calderonista que ha encarcelado a más de 30 mujeres en Guanajuato por haberse practicado un aborto.
Hoy, escenificamos una política global contra la acción y las palabras de las mujeres defensoras de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, denuncias que se acumulan en las oficinas domésticas de Derechos Humanos o internacionales, ante un silencio que va dañando cada día nuestra humanidad.
Déjenme tomar las palabras de una periodista cono sureña que me escribió desde Argentina:
“Me solidarizo con todas las colegas que vienen sufriendo agresiones de toda índole, tan sólo por atrevernos a denunciar hechos irregulares y corrupción que con desparpajo incurren los que tienen el poder... Soy periodista y me declaro vehemente cuando se trata de "destapar" la corrupción que está frente a mis narices; por ello he sido golpeada físicamente y vivo bajo el acecho permanente de quienes desearían mi desaparición.
“En enero del 2007 dos fornidos funcionarios del municipio de Chosica, distrito al Este de Lima, Perú, trataron de silenciarme, golpeándome en la cabeza y abdomen por que me había atrevido a denunciar la vida licenciosa del alcalde Luis Bueno Quino, acusado penalmente de ser pedófilo y de transmitir el VIH bajo chantaje sexual a sus trabajadores de seguridad ciudadana.
“Hice la denuncia policial respectiva pero como era de esperarse al final yo pasé de ser agredida a agresora, es decir, yo fui quien los golpeó y maltraté. Mi programa de radio fue cancelado, ordenaron a nivel judicial mi captura y se vino la avalancha de denuncias en mi contra.
Y reflexiona: “siguen muriendo más infectados de VIH, siguen aumentando sus incondicionales proveedores de niños (trabajadores del municipio); siguen desapareciendo "circunstancialmente" sus opositores como la periodista Consuelo Ruiz, asesinada en el 2004”.
También ilustra lo que hace unos días sucedió a una funcionaria de la municipalidad de Santa Rosa, en la Pampa, Argentina, Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género. Denuncia que una llamada anónima, con voz masculina advirtió a Molina: “le vamos a cortar el cogote y la vamos a colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente al municipio...”
En posteriores declaraciones a los medios de prensa, Mónica denunció que es muy probable que las amenazas tengan que ver con el allanamiento de Le Coq Doré, un cabaret de Santa Rosa, clausurado por un procedimiento conjunto entre el Municipio y Gendarmería Nacional, donde se encontró a una menor a quien se explotaba sexualmente.
Mónica impulsó sanciones que eliminó las whiskerías, cabarets y night clubs de las habilitaciones municipales y denunció una red de tratantes de mujeres y niñas con objeto de explotación sexual, que terminó con más de una docena de presuntos proxenetas procesados y el cierre de numerosos prostíbulos encubiertos.
Agrego sólo unas líneas de la emblemática periodista nicaragüense Sofía Montenegro, quien nos informa que la Comisión Permanente de Derechos Humanos de aquel país denunció a Daniel Ortega de crear bandas para agredir a dirigentes de la sociedad civil, donde, recuerda Sofía, “mi nombre está en esa lista destinada a aterrorizar a un grupo de mujeres que somos voceras de organizaciones ciudadanas, tales como Doña Vilma Núñez de Escocia (un verdadero monumento nacional); Luisa Molina, de la Coordinadora Civil; Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua; Juanita Jiménez y Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres”.
Subraya el caso de Leonor Martínez, del Movimiento Juvenil, emboscada y vapuleada casi enfrente de su casa en días recientes por denunciar el asalto a la Constitución que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, así como la insólita situación de la periodista independiente María Mercedes Urbina sometida a abusos por el poder judicial, por investigar irregularidades del gobierno local en la comunidad de Nagarote.
Una denuncia adicional que envió una prominente feminista argentina, agrega otras fechorías de Ortega, como el caso de la nicaragüense Patricia Orozco, feminista, histórica defensora de los derechos humanos, periodista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, la cual fue golpeada y detenida ilegalmente por agentes policiales de la delegación departamental de León. Su trasgresión era haber realizado un taller de derechos de las mujeres.
Sobre esta situación, que ya ha llevado a numerosas feministas a pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han manifestado organizaciones civiles de todo el mundo, así como instancias internacionales de derechos humanos.
En Campeche, a Sara López González, junto a dos personas más le construyeron una acusación de “’privación ilegal de la libertad” y “secuestro” al ingeniero Leovigildo Domínguez López, cuando en realidad dialogaron con él y exigieron a la Comisión Federal de Electricidad suspender los cortes e interrupciones de suministro eléctrico que estaba aplicando a decenas de casas de la comunidad de Candelaria, en septiembre de 2008.
Hoy, Sara está en la cárcel de Kobén en Campeche, desde julio y Amnistía Internacional podría declararla junto a sus compañeros presa de conciencia al conocer que pertenece a una organización civil opositora al desmesurado aumento de tarifas eléctricas.
El caso de la periodista Gabriela Gallegos, advertida y perseguida sin causa visible, sólo por contar algunas realidades duranguenses, por decir, algunas cosas del manejo financiero de gobiernos y empresas, está ya en la mira.
El asalto es claramente una amenaza, porque no se llevaron sino los instrumentos de trabajo, computadoras, grabadoras, máquinas que diseñan su revista, archivos y su último pecado es haber aceptado ser la vice presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras.
Lo cierto es que ha reaparecido en América Latina el Martillo de las Brujas para hacernos entrar en razón. Las mujeres no podemos revelarnos ni pensar o actuar contra la injusticia del uso y abuso de nuestros cuerpos; menos atentar describiendo o actuando como funcionarias, sobre lo que hacen los empoderados y caciques. Algo muy grave está conspirando contra los derechos de las ciudadanas y de las periodistas que decidieron dejar atrás su historia de dominación y su papel de espectadoras en un mundo que se quiere sólo reafirmar como autoritario y hostil a las otras y a los otros.
Noviembre se conoce como el mes de promoción de la tarea para eliminar la violencia contra las mujeres. La última semana en Colombia, con el amparo del gobierno y las instituciones de ese país, un nutrido grupo de periodistas discutirá cómo hacer un periodismo no sexista.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género tiene la gran oportunidad de abordar y resolver sobre la urgencia de promover en el mundo la justicia para las mujeres, sin tanta parafernalia de la tecnocracia de género. En el seno de un gobierno represor, que convendría no avalar con el silencio y la autocomplacencia.
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