México: Votar o no votar?

Por Rosa Albina Garavito Elías.

En noviembre del año pasado me sorprendí pensando en la posibilidad de anular mi voto el próximo 5 de julio. ¡¿Cómo!? ¿Tanto luchar porque el voto se respete para ahora ir a las urnas a emitir un voto que se contará como nulo; a votar por todos a la vez que es equivalente a votar por ninguno; a manifestar que todos son iguales y que por lo tanto lo más coherente es anular el voto? Sin embargo, no tardé mucho en convencerme de que, para darle nuevas oportunidades a la democracia en nuestro país, lo mejor es anular el voto.
La primera imagen que vino a mi mente fue la de Margarita, una empleada doméstica residente en Santiago de Chile, a quien conocí cuando estudié en ese país en el bienio 1969-1970. Ahí aprendí mis primeras lecciones de democracia. Llegada de un país donde las elecciones a pocos les importaba, salvo a quienes las manipulaban a su antojo para garantizarse la legitimidad legal de la reproducción del viejo régimen priísta, mi primera sorpresa fue observar el desarrollo de las elecciones en un sistema plural de partidos, con libertad de expresión, con ciudadanos concientes que sin presiones políticas acudían a votar por los candidatos de su preferencia. Cuando pregunté a Margarita por quién votaría en la elección intermedia en curso (previa a la que llevó al triunfo a Salvador Allende), me contestó con orgullo: “no me convence ningún partido, ningún candidato, así que votaré en blanco (opción existente en aquellas boletas). Sí, me voy a abstener.” Como Margarita estaba registrada en el padrón electoral de Chillán, tenía que hacer un viaje a esa ciudad de aproximadamente cuatro horas. A pesar de los significativos costos que eso representaba en relación a su exiguo salario, el alto aprecio por su opinión electoral, la llevaba a emprender el viaje con gran convencimiento. No me argumentó que iría a votar porque en ese país el sufragio no sólo es un derecho, sino también una obligación. No, a lo que apeló fue a su derecho de decir no al sistema de partidos y candidatos. Y subrayó su decisión con una amplia sonrisa de satisfacción en una boca desdentada.
Sin duda, Margarita fue la primera ciudadana que conocí. En México pasarían casi veinte años para que emergiera un nuevo sujeto social: el ciudadano; y que ese nuevo sujeto social irrumpiera en masa en las urnas de 1988 (yo entre ellos). Y ahora, después de veinte años más, estoy aquí con la misma convicción de Margarita: anularé mi voto, y esa será mi mejor contribución como ciudadana conciente para que se abran nuevos caminos a una democracia que apenas niña se corrompió y se pudrió en el cinismo.
Pero si hasta hace poco como militante del PRD trataba de construír una democracia desde la izquierda, ahora anular el voto, ¿no fortalecerá más a la derecha de lo que ya la ha fortalecido la alianza PRI-PAN (desde 1988); la impunidad y los poderes fácticos? ¿Por qué no seguir perteneciendo a las fieles filas del voto duro por el PRD? ¿Por qué, como tantos argumentan, no votar por el menos malo? Porque estoy convencida de que la suma de los partidos parió un oligopolio de mafias políticas. Y de ese oligopolio forma parte relevante el PRD. Las evidencias son muchas. El PRD convirtió -como el resto de los partidos- el acceso a puestos de elección popular no en el fortalecimiento de una democracia representativa transparente, sino en el oscuro juego de pequeños intereses cuyo objetivo es repartirse los espacios de poder para autoreproducirse. El artículo 41 constitucional establece que los partidos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática. Sin embargo, por la manera en que el PRD –como el resto de los partidos-
maneja sus finanzas; hace sus campañas internas; promueve el clientelismo y el corporativismo; nombra a sus candidatos; y ejerce el poder que le da el voto ciudadano en las urnas, está lejos, muy lejos de fortalecer la representación ciudadana que es a quien se debe.
Diputados que se reparten sin pudor el presupuesto no ejercido en lugar de enterarlo, como la ley señala, a la Tesorería de la Federación. Elecciones en que se violan las normas internas, aunque después se exija que el resto de las instituciones respeten el Cofipe a la hora de las campañas y las elecciones constitucionales. Compra de votos en todos los procesos; opacidad en el origen de los recursos de sus precampañas. En fin todas las triquiñuelas del viejo régimen priísta. Con un agregado bochornoso: la falta de oficio en la inveterada práctica de la corrupción, los hace fácil presa de los interesados en exhibirlos. Uno de los resultados de esa impericia ha sido el bochornoso espectáculo de los video escándalos de 2004. ¿La ética política de la izquierda? ¡Bien, gracias!
Decía Marx que la sociedad no se plantea los problemas hasta que no tiene su solución. La solución para el PRD ya existe: regresarlo a la sociedad, al movimiento democrático que le dio vida. Pero sus dirigentes, las distintas expresiones de los grupos internos se niegan rotundamente a renunciar a la franquicia, que es en lo que han convertido el registro de ese partido. Todavía en la campaña para la elección de la dirigencia en 2008, en la cual participé como candidata a Secretaria General en fórmula con Alfonso Ramírez Cuellar, esta propuesta logró formularse con precisión: suspender el proceso electoral (amañado desde el inicio por todos los flancos, incluso por la propaganda indebida de AMLO hacia su candidato –como en el viejo presidencialismo priísta-); y convocar a un Comité Ciudadano para que a su vez este organizara la celebración de la Asamblea Constitutiva de un nuevo partido. El requisito para que este proceso fuera sano y diera nacimiento a la expresión de un real partido de izquierda es que la vieja clase política perredista no participara en él, no metiera las manos. La razón es muy sencilla, ese conjunto de dirigentes se quedó enredado en las telarañas del viejo régimen. Desechada la propuesta, lo que seguía era salirse del partido y empezar algo nuevo. La respuesta de “los más demócratas” en el PRD fue: ¡No, no vamos a romper, somos muy institucionales! A los pocos días renuncié al partido que contribuí a fundar con profunda convicción.
¿Y AMLO? ¿Por qué no apoyarlo? Ha mantenido de manera firme una crítica despiadada a las mafias políticas realmente existentes que intentaron eliminarlo como opción a la Presidencia de la República mediante el desafuero, y después manipularon la campaña electoral para finalmente otorgarle el triunfo a Felipe Calderón, con un resultado tan cerrado que es difícil saber quién efectivamente ganó. Un episodio en el que estuvieron coludidos los tres poderes republicanos, lo que habla de la podredumbre de nuestras instituciones; y en el que intervinieron también los poderes fácticos. Sin duda uno de los acontecimientos más sucios y reprobables de la política en México. El problema es que la firme lucha de AMLO no lo exime de prácticas autoritarias propias del priísmo para la toma de decisiones en el movimiento que encabeza. No sería sano resolver la debilidad actual del Poder Ejecutivo con un regreso al viejo autoritarismo presidencial que AMLO significa. Como tampoco ha sido sano que por su decisión indiscutible se incluyan candidatos que hasta hace muy poco fueron tenaces defensores de propuestas que han arruinado al país como la socialización de las pérdidas bancarias mediante la legalización como deuda pública de los pasivos del Fobaproa. U otros que fueron feroces perseguidores de perredistas en los años en que defender el voto era un delito equivalente a la subversión. Cada quien puede tener el origen político que le corresponda, pero cuando se salta a las filas de las supuestas fuerzas democráticas, lo menos que podría y debería exigirse es una autocrítica pública por sus conductas del pasado. ¿O exagero?
¿A quién beneficiará la anulación del voto?
Las elecciones intermedias en México se caracterizan por una alta abstención (60%), lo cual indica la permanencia de la vieja tradición del presidencialismo. El cálculo es que en el proceso en curso esta podría llegar hasta 70%. Si esos diez puntos porcentuales fueran de ciudadanos que acudieron a las urnas a anular su voto, ¿cuál sería el impacto en cada partido? Yo no lo sé. Lo que sí sé, es que constituiría una seria llamada de atención al sistema de partidos en su conjunto, para que vuelvan la mirada a la ciudadanía a la cual se deben. Constituiría también un fuerte golpe a la ya precaria legitimidad social y legal del sistema de partidos en su conjunto. Saber cuál es la masa crítica de ciudadanos cuya conciencia democrática les dicta ir a las urnas a anular su voto, es el primer paso para exigir el cumplimiento de la nueva agenda democrática, que pienso, se cae de madura. Pero el voto nulo es también el primer paso para que la gente se reconozca en su derecho a abrir nuevos caminos para recuperar y desarrollar un sistema democrático real.

Por el lado de la democracia representativa, algunos de los temas pendientes son:
1. Rendición de cuentas,
2. Revocación de mandato,
3. Plebiscito y referéndum;
4. Candidaturas ciudadanas;
5. Transparencia a fondo en el uso de recursos públicos por gobiernos, poderes republicanos, y organizaciones sociales;
6. Disminución sustantiva del financiamiento a campañas y a partidos;
7. Ley de partidos para lograr su efectiva ciudadanización;
8. Ratificación del Gabinete por el Senado de la República.

Por el lado de la democracia participativa:
1. Libertad y democracia sindicales.
2. Democratización del régimen de salarios mínimos;
3. Justicia laboral independiente y expedita;
4. Reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios como entidades de derecho público;
5. Consejo social representativo para la definición de la política económica y social;
6. Sanciones al Poder Ejecutivo por incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes sectoriales;
7. Reglamentación del artículo 25 Constitucional en materia de Sector social, para hacer efectivo el carácter de economía mixta que otorga la constitución a nuestro sistema económico;
8. Desaparición de los poderes fácticos;
9. Democratización de los medios de comunicación;
10. Supresión de los monopolios.

Que la partidocracia se extinga
La legitimidad legal y social de los gobiernos emanados de los procesos electorales es cada vez más precaria. La que tuvo el primer gobierno de la alternancia en el 2000 fue derrochada de manera miserable. Y la que asiste al gobierno de Calderón es más que endeble. La conquista de la democracia formal sucumbió muy pronto frente a la colusión de los intereses de la derecha del PRI y del PAN; y a ello contribuyó la acelerada corrupción del más grande esfuerzo unitario de la izquierda en el siglo XX: el PRD. También los caudillismos priístas a los que sin pudor alguno y con todo el oportunismo electoral de por medio, la izquierda se plegó. Hoy, para recuperar la esperanza en la democracia, sólo contamos con nuestro voto. Es un arma pequeña, pero poderosa. Hacer patente la escasa legitimidad social y la precaria legitimidad legal con un alto porcentaje de votos nulos (¿más que los que se emitan por cualquier partido?) sin duda constituye el primer paso para sanear nuestro sistema de representación política.
En 1988 los diversos sujetos sociales hicieron nacer uno nuevo: el ciudadano, que de manera masiva se lanzó a las urnas a votar en contra del PRI. Hoy que todos los partidos se reprodujeron como un pedazo del viejo PRI, es necesario anular nuestro voto. Las diversas expresiones del movimiento social podrían recuperar el valor del voto para decir no a la comparsa de los partidos que vienen del viejo régimen. Se trata, con alta conciencia cívica y una participación masiva, de romper ese viejo cascarón para dar vida a un nuevo sistema de representación política y social, con nuevas reglas, con transparencia, con democracia participativa.
Hasta ahora la rutina electoral ha venido reproduciendo a la partidocracia existente con grados muy bajos de legitimidad legal y social, y ello ha seguido hundiendo al país. No es casual que en América Latina nos encontremos en los últimos lugares en cuanto a desempeño económico se refiere, después de haber sido por décadas, el país de mayor tasa de crecimiento económico estable de la región.
El pacto social que dio vida a aquel milagro económico se ha roto. Es necesario restablecerlo. Pero no para recrear el corporativismo y autoritarismo de aquel, sino para redefinirlo en los marcos de un sistema democrático representativo y participativo. Para ello no tenemos más arma que nuestro voto. Se trata de que la ética se convierta en la esencia de la política, para que esta se dignifique; para que los políticos sirvan al pueblo y no al revés.
Es necesario liberar la energía democratizadora de la sociedad. La anulación del voto puede ser el primer paso. La actitud de quien se abstiene no yendo a las urnas es muy distinta de quien acude a ellas a anular su voto. En el primer caso denota indiferencia y menosprecio por las conquistas logradas por el movimiento democrático; por ejemplo comicios rigurosamente vigilados. En el segundo caso se trata de reivindicar el valor del voto mediante la abstención activa. Mientras que votar por los partidos existentes equivale a prolongar la agonía del viejo régimen que se recreó en la partidocracia actual.

Redistribuír el poder político, no la miseria
En la víspera del bicentenario de la revolución de independencia y el centenario de la primera revolución social del siglo XX, es necesario iniciar una revolución pacífica desde abajo. Es necesario acudir a las urnas para anular nuestro voto. La resistencia civil a la usurpación del poder y al secuestro de la soberanía popular, no se ha detenido desde que logramos nuestra independencia como nación. Si las conciencias ciudadanas despiertan oportunamente frente al abismo en que el país se encuentra, muy pronto se darán cuenta de que la clase política en el poder, cualquiera que sea su signo político, es la responsable de la larga y profunda crisis que durante las últimas décadas ha estado viviendo el país.
A la crisis económica de larga data, se suman la violentísima crisis de seguridad pública, la masiva violación a los derechos humanos, y ahora la crisis sanitaria. Nada es casual. Si cada una se desarrolló es porque encontró la impunidad, la ineficacia, la corrupción, y el cinismo necesario para someter la cosa pública al interés privado.
Repartir migajas del presupuesto para mitigar la pobreza, mientras la política económica continúa siendo la gran fábrica de pobres, y por el otro de algunos grandes multimillonarios, en realidad constituye una burla a los más necesitados. Lo que se debe distribuir es el poder de decisión. Para ello es necesaria la democracia representativa. Pero no es suficiente, menos cuando se corrompió de manera temprana y acelerada. Por eso es necesario fortalecerla, y además abrir las puertas a la democracia participativa. Que en los centros de trabajo urbanos y rurales, en las organizaciones sociales, en los barrios, en las escuelas; los trabajadores y los ciudadanos tengan voz y voto sobre el salario, el empleo, la política educativa, de salud, de vivienda, de alimentación. Que los pueblos indios sean dueños de su destino.
Porque la política es un bien común, debemos regresarla a los designios de la comunidad, de la sociedad. Es necesario que los partidos sean efectivamente entidades de interés público y no las franquicias económicas que hoy son. Es necesario rescatar a la política y construír desde abajo nuevas organizaciones democráticas, plurales, representativas, transparentes, que sean expresión del México del siglo XXI. Por todas estas razones estoy convencida de anular mi voto el próximo 5 de julio.